Caracas. – El narcorégimen chavista aumentó este pasado jueves el monto del bono “Ingreso Contra la Guerra Económica”, de los trabajadores de la administración pública a 150$, sin embargo, el sector obrero continúa exigiendo el incremento del salario mínimo, el cual continúa en apenas 130 bolívares.
De acuerdo con información publicada por el Canal Patria Digital en sus redes sociales el monto otorgado al personal activo es de 66.450 bolívares aproximadamente, de acuerdo con el cambio fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV), para la divisa estadounidense.
A pesar de este ajuste nominal, el beneficio tiene un alcance sumamente limitado en la economía familiar, considerando que la Canasta Alimentaria Familiar en Venezuela ya se ubica en 677 dólares mensuales, según las últimas mediciones del Cendas-FVM.
Bajo esta realidad, el incremento de 30 dólares apenas permite cubrir una fracción mínima de las necesidades nutricionales básicas —equivalente, por ejemplo, a unos 5 kilos de pollo entero dado el precio promedio actual de 6 dólares por kilo— y resulta insuficiente para costear servicios esenciales o imprevistos, como una consulta médica privada o la reparación de una avería en el hogar.
Sin embargo, hasta los momentos, las autoridades gubernamentales no han realizado un anuncio oficial sobre el aumento.
Cabe señalar que, este 12 de marzo, sindicatos de trabajadores públicos encabezaron marchas en diversos estados del país en exigencia de mejoras en sueldos y salarios, y la derogación del Instructivo Onapre.
Los trabajadores venezolanos esperaban, en realidad, para esta quincena el anuncio de un aumento de sueldo, como se venía rumorando en el país. Lo único que pudieron confirmar, fue el ajuste mínimo en el bono de guerra.
Sindicalistas y empleados consultados en las protestas recientes coinciden en que la medida deja mucho que desear. Representantes gremiales calificaron el bono como insuficiente y ajeno a las necesidades reales.
“No queremos más bonos, exigimos salario digno”, expresaron dirigentes de la Red Sindical Venezolana este jueves durante la protesta, quienes agregaron que el narcorégimen insiste en bonificaciones porque estas no generan obligaciones adicionales para el Estado.
Un salario real integrado elevaría de manera automática esos montos y protegería a los trabajadores en caso de despido o jubilación. En cambio, el bono contra la Guerra Económica, junto con el cestaticket de 40 dólares, suma alrededor de 160 dólares mensuales para el sector público, pero permanece fuera del cómputo legal y se evapora con la inflación.
