Caracas. – Yanín Fabiana Pernía Coronel, una joven rehén política y pareja de otra víctima del narcorégimen chavista, José Miguel Estrada, está padeciendo fuertes trastornos psicológicos y físicos, tras descubrirse que fue abusada sexualmente por 30 custodios de la DGCIM.
Fue la madre de Estrada, Zoraida González quien reveló el caso durante una entrevista a la periodista Maryorin Méndez, al contar que la joven, recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), habría sido víctima de una brutal agresión sexual cometida por funcionarios de custodia.
“Ella fue violada por 30 custodios, ¿Entonces para ella no hay excarcelación? Ella ha sufrido psicológicamente, y vaginalmente está sufriendo por tanto maltrato”, denunció González. La mujer pasa sus días y noches a las afueras de El Rodeo I esperando noticias de su hijo José Miguel, pareja de Yanin, también preso. Desde allí, entre el cansancio y la desesperación, decidió contar lo que sabe y lo que teme que siga ocurriendo.
Según el testimonio, los funcionarios habrían utilizado tanto sus armas de reglamento como violencia sexual directa durante las agresiones. «Ella ha sufrido psicológicamente y vaginalmente está sufriendo de tanto maltrato por la violación sexual que le afectaron esos 30 custodios, que a parte de su pene también le introducían el arma de reglamento”, denunció la mujer, al reclamar medidas humanitarias y protección para la detenida.
Cabe señalar que Yanín Pernía fue detenida en 2018 por el caso del supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas. La mujer, mesoterapeuta de profesión, fue acusada junto a otras personas de participar en el presunto magnicidio frustrado y posteriormente condenada a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela.
Durante su desaparición forzada de una semana, estuvo bajo custodia de la DGCIM y el SEBIN. Allí, según denuncias, fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, sumergida en agua, expuesta a bajas temperaturas sin ropa y víctima de aplastamiento de uñas. La defensora de derechos humanos Tamara Sujú llevó su caso ante la Corte Penal Internacional.
