El Gobierno de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella, ha revocado este miércoles por presuntas irregularidades una medida aprobada por su predecesor, el guerrillero socialista Gustavo Petro, que prohibía las actividades mineras en la microcuenca de la quebrada La Baja, vinculada al macizo de Santurbán (noreste) y localizada entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.
«El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella abre una nueva etapa para Santurbán: una protección ambiental sustentada en la ciencia y el derecho, construida con las comunidades y orientada a garantizar el agua y la biodiversidad sin desconocer la seguridad y la prosperidad de los territorios», ha señalado el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.
La norma decía que protegía 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja, cerca del municipio de California, y fue firmada el 6 de agosto a menos de 24 horas de que terminara el periodo del Gobierno de Petro. El Ejecutivo ha argumentado que se tramitó omitiendo pasos legales, como resolver una recusación pendiente contra la entonces ministra Irene Vélez, y pese a la existencia de una «tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos».
Asimismo, ha defendido que las irregularidades en su tramitación exponían al Ejecutivo a una anulación posterior en los tribunales, dejando la zona en un vacío legal, por lo que iniciarán ahora «una nueva evaluación técnica y jurídica integral» para determinar cómo proteger esas 1.499 hectáreas.
«La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas», ha zanjado la cartera.
El Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán ha denunciado que «mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto», el Ministerio ha aprovechado para «tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán».
«Está en riesgo el agua de cerca de dos millones de personas. Convocamos a la ciudadanía a acompañar las acciones jurídicas y de movilización que emprenderemos para defender Santurbán. El agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden», ha señalado en redes sociales.
El ahora ministro de Medio Ambiente, Fabio Arjona, señaló que veía con buenos ojos la explotación minera de la zona por parte de la empresa Iris Mining pese a que la administración anterior blindó esas hectáreas amparándose en el principio de conectividad ecosistémica e hídrica y argumentando que la zona es inseparable del macizo.
«Hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que ahí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización. Hay una empresa canadiense que llama Iris Mining. Iris Mining tiene 38.000 mineros formalizados en una mina que tiene en Antioquia. Es un ejemplo de lo que se podría hacer en Santurbán», declaró.
