Caracas. – Un general retirado de la GNB, Sixto Morales Núñez, fue capturado este pasado lunes en el departamento colombiano de Arauca, cuando presuntamente intentaba abandonar Venezuela “de manera encubierta”.

Efectivos de la Policía Nacional de Colombia, adscritos al grupo GAULA, lo detuvieron en posesión de un arma, así como de 24 cartuchos calibre 9 milímetros.

Según el reporte de las autoridades colombianas, Morales Núñez fue localizado en las inmediaciones del Puente Internacional José Antonio Páez, que comunica al estado Apure, en Venezuela, con el departamento de Arauca.

El general viajaba como pasajero en un taxi cuando fue identificado e interceptado en un puesto de control.

Cabe señalar que la captura adquiere especial relevancia por el rango que Morales Núñez ocupó dentro de la estructura militar venezolana y por las circunstancias en las que se produjo su detención.

Las autoridades colombianas deberán ahora determinar su situación jurídica, las razones exactas de su desplazamiento hacia Colombia y si existen requerimientos judiciales adicionales relacionados con el exoficial.

Otras versiones sobre este caso, como la del docente Javier Vivas Santana, opositor al narcorégimen chavista, aseguran que Morales Núñez habría sido detenido en Arauca y, al parecer, durante el procedimiento le encontraron armas y una cantidad considerable de dinero.

Vivas Santana sostuvo además que el dinero «se presume es producto de la corrupción» y relacionó el caso con las recientes destituciones de jueces penales en Venezuela.

Morales Núñez aparece en documentos oficiales venezolanos como General de División y tuvo diferentes responsabilidades dentro de la estructura militar y administrativa de la Venezuela controlada por el chavismo.

Entre los cargos que ocupó figura la dirección del despacho del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y funciones relacionadas con la estructura militar venezolana. Su condición de antiguo oficial de alto rango, por tanto, puede ser corroborada independientemente de la información preliminar que circula actualmente sobre el procedimiento en Arauca.

Caracas. – El exrehén político militar Sixto José Salamanca Jiménez fue detenido nuevamente este pasado martes, apenas cuatro días después de haber sido excarcelado del Centro Penitenciario Rodeo III (Miranda).

La denuncia fue realizada por varias ONG, entre ellas Realidad Helicoide y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), las cuales advirtieron de la irregularidad a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que Salamanca se encontraba secuestrado desde el 13 de diciembre de 2019 por el caso «Venezuela Honor y Gloria 2019», un supuesto plan para asaltar la base Gran Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional número 53, ubicadas en Cumaná, estado Sucre, el 15 de diciembre de 2019.

Las ONG explicaron que Salamanca salió de viaje este martes 18 junto a su esposa y, en el trayecto, el autobús donde se trasladaban fue detenido en Cúpira, estado Miranda. En ese punto de control, los funcionarios lo detuvieron nuevamente. Actualmente, Sixto Salamanca se encuentra en la comandancia de la Policía Municipal de Cúpira.

Clippve calificó el procedimiento como una “detención arbitraria” y expresó preocupación por la situación de personas que fueron liberadas bajo medidas cautelares y que, según afirmó, podrían volver a ser encarceladas.

También, exigió a las autoridades venezolanas actuar conforme a la legislación y ordenar la liberación inmediata de Salamanca Jiménez.

La denuncia ocurre pocos días después de que el gobierno anunciara medidas alternativas a la prisión para 131 personas detenidas, luego de una revisión de sus situaciones jurídicas por parte de los tribunales, a solicitud del Ministerio Público.

Caracas. – Cinco efectivos militares rehenes políticos, quienes permanecían privados de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, fueron liberados este martes.

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó que se trató de los casos del mayor César Girón, el sargento mayor de tercera Johandri Aguilar, el sargento primero Jhorman Jiménez, y los sargentos segundos Jhonson García y Edwin Noguera.

La coalición señaló que los cinco eran considerados rehenes políticos y que salieron del centro de reclusión durante la jornada de este martes. Otros medios que reportaron la medida indicaron que las excarcelaciones se produjeron bajo medidas cautelares, aunque todavía no se han divulgado las condiciones específicas impuestas a cada uno.

También se conoció que las excarcelaciones no significan el cierre de las investigaciones y tampoco la eliminación de los cargos que pesan sobre estos militares. Los cinco están sujetos a medidas sustitutivas de libertad a la vez que siguen sus respectivos procesos ante los tribunales venezolanos. Por ello, deben presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, tienen prohibido abandonar el país y una restricción para ofrecer declaraciones públicas a medios de comunicación.

Uno de los casos que llamó la atención es el del mayor Girón Contreras, el cual estuvo cerca de un año y tres meses detenido. El militar ha sido relacionado con la deserción del sargento Julio Ramírez, el cual además era su cuñado.

Cabe señalar que la salida de los cinco militares llega en medio de nuevos movimientos judiciales que tienen relación con personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Además, las liberaciones se dan en el marco de las 131 excarcelaciones de rehenes políticos anunciadas por el narcorégimen chavista.

Este proceso continúa mientras familiares y defensores de derechos humanos esperan información sobre otros detenidos que podrían beneficiarse de las medidas.

Caracas. – La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este pasado lunes que, del total de 83 rehenes políticos excarcelados hasta la fecha, 11 de ellos no figuraban previamente en los registros de presos políticos manejados por esa organización.

Por ello, la ONG alertó a través de sus redes sociales que se encuentra en un proceso de investigación y análisis exhaustivo para determinar si corresponden formalmente a este grupo de personas privadas de libertad.

En una publicación en X, JEP informó que entre las personas cuya excarcelación pudo corroborar hay 17 mujeres y 66 hombres. Pero, sobre los 11 casos que no tiene reportados como rehenes políticos, insistió que buscan determinar si esas personas pueden ser incorporadas formalmente al registro de privados de libertad por motivos políticos.

Tras la actualización de sus cifras, JEP señaló que 448 personas continúan privadas de libertad por razones políticas en el país: 408 hombres y 40 mujeres. La organización insistió en tres demandas principales ante las autoridades estatales.

Primero, exige la liberación plena y definitiva de todos los rehenes políticos, junto con el sobreseimiento de sus causas. Advirtió que quienes han sido excarcelados bajo régimen de presentación periódica ante tribunales siguen sujetos a medidas cautelares que restringen su libertad, generan gastos de traslado y limitan su reinserción plena a la vida cotidiana.

En segundo lugar, pidió transparencia total en el proceso, mediante la publicación de listados oficiales que permitan a las organizaciones de derechos humanos verificar los anuncios. JEP destacó la “brecha evidente” entre las 131 excarcelaciones anunciadas y las 83 que ha podido corroborar hasta el momento. La liberación inmediata e incondicional de los 448 prisioneros políticos restantes.