Caracas. – La organización de derechos humanos y movimiento global Amnistía Internacional emitió un comunicado, este pasado miércoles, en el cual exigió la liberación inmediata de todos los ciudadanos secuestrados arbitrariamente en Venezuela por razones políticas, y advirtió que las recientes excarcelaciones no significan necesariamente el fin de la persecución, mientras centenares de personas permanecen tras las rejas.
De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón desde el pasado 14 de agosto han sido excarceladas alrededor de 80 personas. Entre las medidas de libertad condicional que se han concedido bajo medidas humanitarias se encuentran las de Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, privadas de libertad desde agosto de 2018 y marzo de 2019, las cuales se les mantiene vigente la condena impuesta en 2022 tras procesos judiciales sin garantías.
En este sentido, la organización enfatizó que una persona excarcelada que permanece bajo un mecanismo arbitrario de un juicio penal o de medidas cautelares abusivas no ha recuperado plenamente su libertad, citando como ejemplo los casos de defensores de derechos humanos y presos de conciencia como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas.
También, denunció la falta de transparencia del Estado sobre las custodias de las personas encarceladas por motivos políticos y es así que, Amnistía Internacional y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicaron con profunda preocupación la situación en la prisión el Rodeo I ya que se habían registrado informes recientes donde se habla de presuntas torturas, desaparición forzada y malos tratos hacia los reclusos.
“Continúa sin conocerse la suerte y el paradero de Jorgen Guanares desde su presunta detención el 2 de agosto de 2024; Juan Carlos Marrufo, detenido arbitrariamente desde el 19 de marzo de 2019, necesita atención médica urgente; y Damián Rojas, Roberto Pérez, Renny González, Jonathan Delgado y centenares de personas más siguen detenidas arbitrariamente”, detalló Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional, en el mismo comunicado, publicó una carta modelo de llamamiento dirigido al recientemente designado por el narcorégimen interino como fiscal general, Larry Davoe, mediante la cual manifestó que el reencuentro de las personas recientemente liberadas de la detención arbitraria con sus seres queridos “debió haberse producido hace tiempo”.
Finalmente, solicitó junto a OVP. que se garantice el acceso efectivo a los centros de reclusión del país a los equipos internacionales de protección de los derechos humanos, específicamente a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que puedan ver de primera mano el estado de salud, evaluar las condiciones de reclusión y hacer el debido seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.
