Ridiculizan a Capriles en redes: recomiendan no dejarlo entrar a las casas para que hable

Caracas. – En total ridículo quedó el dirigente político Henrique Capriles en las redes sociales, tras su último video en el cual aparece realizando aseveraciones sobre la supuesta prohibición de alcabalas realizada por Delcy Rodríguez.

En la plataforma X Capriles llegó a ser tendencia este jueves, debido a la gran cantidad de mensajes sobre su video, en el cual aparece hablando desde una humilde vivienda acerca del tema de las alcabalas.

En su discurso, aseguraba haber llegado desde un recorrido realizado por Barlovento (Miranda), en el cual apreció que, pese a la orden girada por Rodríguez, las alcabalas policiales continuaban intactas.

No obstante, el mensaje de Capriles no fue tomado en cuenta por los internautas. Lo que resaltaron fueron las expresiones de fastidio y desespero que mostraban los residentes de la citada casa, mientras el exdirigente de PJ hablaba.

La idea que más causó gracia entre los internautas, fue la recomendación de no dejar las puertas de las casas abiertas, porque no serían los famosos testigos de Jehová quienes entrarían para dar sermones, sino Henrique Capriles, y la experiencia sería peor.

Pero, además de las burlas, hubo mensajes de reflexión sobre la caída en desgracia de quien fue dos veces candidato presidencial, ya que, pese a haber contado con el total respaldo del pueblo venezolano, hoy día es una de las figuras más repudiadas, incluso más que varios jerarcas del narcorégimen chavista.

Cabe destacar, que en la publicación de su propia cuenta en X, Capriles suspendió los comentarios o interacciones, debido a la gran cantidad de insultos y mensajes de rechazo que recibe, como ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores con los mensajes que difundió.

The Washington Post: administración Trump ayudó a Alejandro Betancourt a salir de investigaciones penales

Caracas. – Según una investigación publicada por el diario The Washington Post, altos funcionarios estadounidenses intervinieron en una investigación penal internacional contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, para que la administración de Donald Trump pudiera emplearlo, a fin de ejercer control sobre el narcorégimen chavista y la industria petrolera de Venezuela.

Durante meses, autoridades estadounidenses presionaron a Suiza para que resolviera sin sanciones penales una investigación por presunto lavado de dinero contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Según confirmaron a The Washington Post dos personas familiarizadas con las conversaciones. La intervención buscaba garantizar que Betancourt pudiera viajar libremente y mantener su rol como intermediario entre Washington y la nueva administración venezolana encabezada por Delcy Rodríguez.

Las mediaciones buscaron evitar cargos penales y que se permitiera levantar las restricciones de viaje contra Betancourt, quien reside en el Reino Unido. El empresario tampoco ha sido detenido en Estados Unidos pese a una orden de arresto emitida por autoridades suizas, según las fuentes consultadas por el medio.

Estados Unidos ha permitido a Betancourt entrar al país en repetidas ocasiones para reunirse con miembros del gobierno de Trump, señalaron otras personas conocedoras de sus viajes.

Betancourt, de 46 años, ha enfrentado múltiples investigaciones en la última década —en Suiza, España y Estados Unidos— por presunto lavado de dinero; entre ellas, se examina si participó en un acuerdo de préstamo mediante el cual, según fiscales estadounidenses, se desviaron más de 1.000 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, destaca The Washington Post.

El empresario fue detenido dos veces en el Reino Unido: primero tras una orden emitida por España en el marco de una investigación conexa por lavado de dinero y, posteriormente, en noviembre, a petición de Suiza.

Durante meses, tuvo prohibido salir del Reino Unido mientras las autoridades de ese país evaluaban su extradición a Suiza. Sin embargo, no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos, Suiza, España ni Venezuela.

Figuras claves de la administración Trump, lo han considerado una pieza importante para el acercamiento con el chavismo interino, al punto de considerarlo «un aliado importante» para Estados Unidos, pese al rechazo que genera su imagen entre la población venezolana, debido a los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado, y que forman parte de las terribles penurias que hoy enfrentan los ciudadanos en el país, como, por ejemplo, la terrible crisis eléctrica que azota a todos los estados.

Mauricio Claver-Carone, quien hasta hace poco se desempeñaba como asesor extraoficial sobre Venezuela para la administración Trump, ha descrito a Betancourt como un “aliado importante” para Estados Unidos. A medida que Estados Unidos afianzaba su control, Betancourt desempeñó un papel fundamental en la negociación de los primeros contratos para acelerar la extracción de petróleo, según fuentes cercanas al asunto.

En enero, el subsecretario de Estado Christopher Landau se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza en relación con Betancourt, según informaron personas con conocimiento de la comunicación, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados.

Personas cercanas a Betancourt señalaron a The Washington Post que la administración recurrió a él en busca de ayuda debido a su historial de éxitos en el complejo y turbulento sector petrolero de Venezuela, una industria plagada de desafíos que incluyen la violencia, una infraestructura deteriorada y una escasez crónica de energía.

En mayo, Suiza retiró su solicitud de extradición presentada en el Reino Unido y se levantaron las restricciones de viaje británicas.

Ese mismo mes, los fiscales suizos afirmaron que su investigación seguía activa y buscaron que fuera detenido en otro lugar.

Mientras, sus defensores lo describen como un socio fiable que compartía el interés declarado de Estados Unidos por reactivar el sector petrolero venezolano. No obstante, su relación con el chavismo se rompió en 2020, después de que el entonces ministro de Petróleo del país confiscara su participación en Petro Zamora, congelara sus activos locales y enviara fuerzas de seguridad a sus propiedades en Venezuela.

Pero, durante la madrugada del 3 de enero —tras la captura de Maduro y su esposa—, Betancourt encadenó una llamada tras otra, según personas al tanto de las conversaciones.

Habló directamente con Rodríguez, quien pronto sería nombrada presidenta interina, incluso antes de que el secretario de Estado, Rubio, contactara con ella para comunicarle los planes de Estados Unidos de «dirigir Venezuela», tal como lo expresó Trump.

«Hubo mucha labor de contención emocional», comentó una persona familiarizada con las llamadas. «Fue una noche larga», contaron el medio estadounidense.

A Rodríguez, aparte de advertirla sobre graves consecuencias si no cumplía al pie de la letra las exigencias de la administración Trump, se le dejó claro que Betancourt sería un intermediario clave para reactivar el sector petrolero del país. Según una persona familiarizada con las conversaciones, ella tendría que coordinar a través de él cualquier asunto relacionado con la industria petrolera nacional.

Sismos de 4.2 y 3.6 provocaron alarma en el país este #27Ago

Caracas. – La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó cinco sismos, ocurridos este jueves en distintas partes de la geografía nacional, pero solo dos de ellos fueron los más alarmantes: uno de magnitud 4.2 en el estado Sucre, y otro de 3.6 en Mérida.

El primer sismo, de magnitud 4,2, tuvo lugar a las 08:58 am horas locales, con epicentro a 8 kilómetros al suroeste de Güiria (Sucre) y una profundidad de 68,3 kilómetros.

Posteriormente, a las 11:36 am, se registró un segundo temblor, de magnitud 3.6, a 13 kilómetros al noroeste de Mérida, con una profundidad de apenas 5.8 kilómetros.

Aunque las autoridades no han informado afectaciones, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a decenas de personas evacuando edificios tras percibir los movimientos telúricos.

Los dos eventos se produjeron en medio de una jornada en la que Funvisis registró otros movimientos de menor intensidad en el país. Medios venezolanos informaron que durante las primeras horas del jueves también se reportaron sismos en localidades del oriente y occidente venezolano, mientras el organismo mantiene el monitoreo de la actividad sísmica nacional.

Funvisis también registró otros sismos de menor magnitud durante este jueves. A las 02:32 am sucedió el primero de ellos a 11 km al sureste de Rio Caribe y de 2.5 de magnitud.

Poco después, a las 04:39 am, se registró otro sismo también de magnitud 2.5 a 24 km al noreste de Rio Caribe. Finalmente, con epicentro a 14 km al sur de El Nula y con 2.9 de magnitud, fue el tercer sismo del día.

Corte de Apelaciones dará veredicto sobre caso del capitán Caguaripano en 10 días

Caracas. – Los magistrados del Palacio de Justicia del estado Carabobo, que acudieron a la audiencia de apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano, y otros 23 rehenes políticos vinculados al caso Fuerte Paramacay, informaron que se tomarán 10 días hábiles para emitir su pronunciamiento sobre el proceso.

La audiencia, que inició a principios de la tarde de este pasado miércoles, se extendió hasta altas horas de la noche, en una extensa jornada durante la cual, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo escuchó los argumentos de las partes.

A las afueras del recinto, familiares y dirigentes políticos se mantuvieron a la espera de la resolución. El padre del capitán Caguaripano confirmó haber escuchado a su hijo a través de la conexión telemática durante la sesión, mientras los allegados reiteran la exigencia de libertad plena para todos los civiles y militares procesados.

La instancia judicial había admitido un recurso presentado por la defensa de Caguaripano contra la sentencia dictada en primera instancia. Sus abogados sostienen que durante el proceso se produjeron presuntas irregularidades, entre ellas vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa, además de cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.

Tras la revisión del caso, la Corte de Apelaciones podrá mantener la sentencia original, modificar la pena o declarar la nulidad del proceso y ordenar la realización de un nuevo juicio.

Mientras, el coordinador de la ONG Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, informó que la Corte de Apelaciones aplazó la resolución debido a que el caso requiere evaluar puntos de mero derecho y las circunstancias denunciadas por la defensa.

Caguaripano fue condenado por su presunta participación en la denominada “Operación David”, ocurrida el 6 de agosto de 2017, por el asalto a la Brigada 41 Blindada en Fuerte Paramacay, ubicada en Naguanagua, estado Carabobo. El caso también involucra a los otros 23 detenidos considerados rehenes políticos, por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los implicados recibieron una condena de 30 años de prisión en diciembre de 2025, tras ser acusados por la sustracción de armamento militar durante la toma de la instalación castrense.

Amnistía Internacional exigió liberación plena de rehenes políticos en Venezuela

Caracas. – La organización de derechos humanos y movimiento global Amnistía Internacional emitió un comunicado, este pasado miércoles, en el cual exigió la liberación inmediata de todos los ciudadanos secuestrados arbitrariamente en Venezuela por razones políticas, y advirtió que las recientes excarcelaciones no significan necesariamente el fin de la persecución, mientras centenares de personas permanecen tras las rejas.

De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón desde el pasado 14 de agosto han sido excarceladas alrededor de 80 personas. Entre las medidas de libertad condicional que se han concedido bajo medidas humanitarias se encuentran las de Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, privadas de libertad desde agosto de 2018 y marzo de 2019, las cuales se les mantiene vigente la condena impuesta en 2022 tras procesos judiciales sin garantías.

En este sentido, la organización enfatizó que una persona excarcelada que permanece bajo un mecanismo arbitrario de un juicio penal o de medidas cautelares abusivas no ha recuperado plenamente su libertad, citando como ejemplo los casos de defensores de derechos humanos y presos de conciencia como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas. 

También, denunció la falta de transparencia del Estado sobre las custodias de las personas encarceladas por motivos políticos y es así que, Amnistía Internacional y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicaron con profunda preocupación la situación en la prisión el Rodeo I ya que se habían registrado informes recientes donde se habla de presuntas torturas, desaparición forzada y malos tratos hacia los reclusos.

“Continúa sin conocerse la suerte y el paradero de Jorgen Guanares desde su presunta detención el 2 de agosto de 2024; Juan Carlos Marrufo, detenido arbitrariamente desde el 19 de marzo de 2019, necesita atención médica urgente; y Damián Rojas, Roberto Pérez, Renny González, Jonathan Delgado y centenares de personas más siguen detenidas arbitrariamente”, detalló Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional, en el mismo comunicado, publicó una carta modelo de llamamiento dirigido al recientemente designado por el narcorégimen interino como fiscal general, Larry Davoe, mediante la cual manifestó que el reencuentro de las personas recientemente liberadas de la detención arbitraria con sus seres queridos “debió haberse producido hace tiempo”.

Finalmente, solicitó junto a OVP. que se garantice el acceso efectivo a los centros de reclusión del país a los equipos internacionales de protección de los derechos humanos, específicamente a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que puedan ver de primera mano el estado de salud, evaluar las condiciones de reclusión y hacer el debido seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.