El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han alcanzado este jueves nuevos acuerdos en materia militar que superan los USD$ 2.000 millones, la mitad de los cuales para que Kiev proteja su espacio aéreo, así como un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que implementarán las autoridades canadienses.
El mandatario, que ha sido recibido por Carney en la ciudad de Calgary, ha precisado que los acuerdos «ascienden a más de USD$ 2.000 millones, incluido un paquete gubernamental de más de USD$ 1.000 millones destinado a nuestra defensa, principalmente para proteger nuestro espacio aéreo: misiles para los Patriot, munición para los F-16 y la coproducción de drones».
«Hoy hemos alcanzado un acuerdo sobre el ‘Drone Deal’ y se ha firmado el primer documento. Esto nos brindará oportunidades adicionales para financiar la defensa de Ucrania, al tiempo que proporcionará a Canadá una nueva ventaja tecnológica probada en la guerra moderna», ha celebrado Zelenski.
El dirigente ha trasladado a Carney su agradecimiento por estos acuerdos que incluyen el entrenamiento de más de una veintena de pilotos ucranianos en el país norteamericano, lo cual «supondrá un refuerzo significativo» para su fuerza aérea, y un fondo de USD$ 40 millones para veteranos del Ejército ucraniano.
Asimismo, lo acordado este jueves contempla ayudas para el sector energético de Ucrania. «Esto es importante. Contamos con acuerdos concretos en el sector energético que nos fortalecerán tanto de cara a este invierno como a largo plazo», ha señalado.
El primer ministro de Canadá, que ha firmado con Zelenski la «Declaración Canadá-Ucrania para una asociación de 100 años», ha anunciado además una ayuda de hasta USD$ 6 millones para la recuperación y reintegración de «los niños ucranianos deportados ilegalmente y trasladados a la fuerza por Rusia, lo que incluye apoyo para la localización y verificación, la rehabilitación, la reintegración y los servicios comunitarios».
Asimismo, su Ejecutivo impondrá sanciones contra ocho personas a las que acusa de haber «los derechos de los niños ucranianos, incluida su deportación ilegal y su traslado forzoso, así como su exposición al adoctrinamiento y la militarización».