Caracas. – Seis rehenes políticos del narcorégimen chavista, entre los que figuran tres militares, continúan todavía tras las rejas, pese a haber cumplido ya las injustas condenas a las cuales fueron sometidos.
La denuncia fue realizada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la cual expuso que mientras unos ya completaron sus años de cárcel, otros cuentan incluso con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas por los centros de reclusión.
De acuerdo con los datos revelados por la JEP, uno de los casos corresponde al teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, detenido en 2018 y condenado a 7 años y 6 meses; cumplió su pena en septiembre de 2025 pero sigue preso tras sumársele un cargo por motín.
De acuerdo con la información suministrada, la nueva acusación fue presentada pese a que Soto Méndez no habría participado en alteraciones del orden durante su reclusión. Una situación similar es la del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, también fue detenido el 2 de marzo de 2018, luego de exigir mejoras de equipamiento para la tropa y denunciar presuntas irregularidades internas mientras comandaba un batallón en Fuerte Tiuna.
Cumplió en septiembre de 2025 una condena de siete años y medio por instigación a la rebelión, pero posteriormente fue vinculado al denominado caso de “La Viñeta”.
La nueva acusación lo señala por supuestos delitos cometidos en un período en el que, según el registro, ya se encontraba detenido e incomunicado.Igual ocurre con el teniente coronel Deibis Esteban Mota Marrero fue detenido también el 2 de marzo de 2018, señalado de participar en el denominado “Caso de los Comandantes”.
El Tribunal Supremo de Justicia estableció que su sentencia de siete años y seis meses por instigación a la rebelión culminaba el 9 de septiembre de 2025.
Pese a ello, el tribunal militar encargado de la ejecución de la pena no concretó su liberación. Dos meses después, Mota Marrero fue trasladado desde Ramo Verde hasta Fuerte Guaicaipuro, donde quedó sometido a un nuevo procedimiento penal.
Otro de los casos corresponde a un funcionario de seguridad detenido el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, quien permanece recluido pese a tener la pena cumplida. Otro efectivo, arrestado el 8 de enero de 2020 en Táchira, se encuentra en una situación similar.
El sexto caso corresponde a un civil detenido el 2 de agosto de 2024 en Carabobo y recluido actualmente en El Rodeo I. Según el registro, cuenta con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal que no ha sido acatada por el penal.
Los seis casos documentados por JEP muestran que el cumplimiento formal de una condena no necesariamente deriva en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, mientras familiares y defensores continúan exigiendo que se ejecuten las decisiones judiciales y se garantice el derecho a la libertad.
