Inundaciones, árboles caídos y vías anegadas dejaron fuertes lluvias en Caracas y Miranda

Caracas. –  Anegaciones, inundaciones, caída de árboles y complicaciones viales en distintos sectores de Caracas y Miranda, provocaron las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles en varias zonas del país.

Las precipitaciones también provocaron un aumento considerable en el nivel de varios ríos y quebradas. Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte.

Entre las zonas afectadas se encuentra Prado de María, en El Cementerio, donde se reportó una inundación en la calle El Colegio que habría afectado aproximadamente a 80 viviendas. También se registraron importantes acumulaciones de agua en la calle Cajigal, en la parroquia El Valle, dificultando el tránsito de vehículos y peatones.

Además, informaron sobre la anegación de la carretera Panamericana, específicamente en el tramo correspondiente a Los Teques, estado Miranda, como consecuencia de las fuertes lluvias.

En la parroquia La Vega, por su parte, la quebrada Los Cangilones se desbordó y provocó el desplazamiento de agua, lodo y sedimentos sobre la vía.

Igualmente, en los Altos Mirandinos, específicamente en Montañalta, la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos.

Según las autoridades, actualmente la Onda Tropical n.º 55 está transitando por el territorio venezolano, desplazándose desde el centro hacia el occidente del país, y expertos agregan que el sistema interactúa de manera directa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en altura, lo que refuerza la formación de mantos nubosos.

Maduro y Cilia enfrentarán nuevos cargos por torturas a estadounidenses en Venezuela

Caracas. – Se espera que los fiscales de Nueva York presenten nuevos cargos contra el genocida narcodictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la tortura de estadounidenses que estuvieron bajo custodia de su tiranía en los últimos años, según revelaron fuentes familiarizadas con la investigación a la cadena CNN.

Los nuevos cargos se sumarían a los de conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en su caso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Maduro está acusado por narcoterrorismo.

Estas acusaciones estarían relacionadas con la detención de más de una docena de estadounidenses, durante el tiempo en que Maduro estuvo al frente del narcorégimen. El anuncio podría producirse este jueves.

CNN también reportó que los investigadores también evalúan acusar a otras personas por su presunta participación en los hechos. Maduro y Flores están detenidos en Nueva York y se han declarado no culpables de los cargos que enfrentan.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters citó a un funcionario estadounidense, quien confirmó que Maduro y Flores son objeto de posibles nuevos cargos relacionados con la presunta tortura de estadounidenses detenidos en Venezuela y señaló que el anuncio podría producirse igualmente este jueves.

Ese día, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tiene previsto celebrar una audiencia por la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores. Sus abogados alegan que Flores sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Exmagistrada del TSJ confesó que fue amenazada para inhabilitar a María Corina

Caracas. – Una exmagistrada del TSJ servil a la Narcotiranía, Bárbara Gabriela César Siero, confesó este pasado martes que fue amenazada por el chavismo para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación, que le impuso la Contraloría años antes.

“Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, añadió.

La presión ejercida sobre su persona y cargo, incluyó el encarcelamiento de sus hermanos y cuñada, militares condenados en el marco del caso conocido como «brazalete blanco». César Siero detalló que uno de sus hermanos fue condenado a doce años por conspiración política, mientras que su otro hermano y su cuñada recibieron sentencias de tres años por encubrimiento.

«Fue una coacción en mi contra, teniendo como rehenes a mis hermanos», explicó la exmagistrada, quien describió cómo fue víctima de «falta de acceso a la justicia, violación al debido proceso, violación del derecho a la defensa» mientras ejercía como representante de la legalidad en Venezuela.

Reveló que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente, mantenidos incomunicados y sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos. Asegura, además, que ella y otros miembros de su familia, incluidos adultos mayores y niños, padecieron violencia institucional, psicológica y patrimonial.

Además, la jueza desconocía el lugar de reclusión de sus parientes, no tuvo comunicación con ellas y dijo desconocer los delitos que se les imputaban.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, subrayó.

A parte de la inhabilitación a Machado, también fue obligada a firmar las de Henrique Capriles, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, Leoseni García y Rosa Brandonicio de Escarano. «En mi concepto, como magistrada, bajo la forma en cómo se obtuvieron estas sentencias, están viciada de nulidad, son un fraude”, dijo.

La exmagistrada calificó el proceso como un «fraude procesal», argumentando que «una integrante del Tribunal Supremo de Justicia fue coaccionada para realizar esas sentencias. Inclusive no se siguió el procedimiento establecido para llegar a estas conclusiones».»El régimen todavía sigue instalado aquí bajo ciertas prácticas, esto no ha terminado para nosotros”, advirtió.

Seis rehenes políticos, incluyendo tres militares, siguen presos pese a cumplir condenas

Caracas. – Seis rehenes políticos del narcorégimen chavista, entre los que figuran tres militares, continúan todavía tras las rejas, pese a haber cumplido ya las injustas condenas a las cuales fueron sometidos.

La denuncia fue realizada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la cual expuso que mientras unos ya completaron sus años de cárcel, otros cuentan incluso con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas por los centros de reclusión.

De acuerdo con los datos revelados por la JEP, uno de los casos corresponde al teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, detenido en 2018 y condenado a 7 años y 6 meses; cumplió su pena en septiembre de 2025 pero sigue preso tras sumársele un cargo por motín.

De acuerdo con la información suministrada, la nueva acusación fue presentada pese a que Soto Méndez no habría participado en alteraciones del orden durante su reclusión. Una situación similar es la del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, también fue detenido el 2 de marzo de 2018, luego de exigir mejoras de equipamiento para la tropa y denunciar presuntas irregularidades internas mientras comandaba un batallón en Fuerte Tiuna.

Cumplió en septiembre de 2025 una condena de siete años y medio por instigación a la rebelión, pero posteriormente fue vinculado al denominado caso de “La Viñeta”.

La nueva acusación lo señala por supuestos delitos cometidos en un período en el que, según el registro, ya se encontraba detenido e incomunicado.Igual ocurre con el teniente coronel Deibis Esteban Mota Marrero fue detenido también el 2 de marzo de 2018, señalado de participar en el denominado “Caso de los Comandantes”.

El Tribunal Supremo de Justicia estableció que su sentencia de siete años y seis meses por instigación a la rebelión culminaba el 9 de septiembre de 2025.

Pese a ello, el tribunal militar encargado de la ejecución de la pena no concretó su liberación. Dos meses después, Mota Marrero fue trasladado desde Ramo Verde hasta Fuerte Guaicaipuro, donde quedó sometido a un nuevo procedimiento penal.

Otro de los casos corresponde a un funcionario de seguridad detenido el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, quien permanece recluido pese a tener la pena cumplida. Otro efectivo, arrestado el 8 de enero de 2020 en Táchira, se encuentra en una situación similar.

El sexto caso corresponde a un civil detenido el 2 de agosto de 2024 en Carabobo y recluido actualmente en El Rodeo I. Según el registro, cuenta con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal que no ha sido acatada por el penal.

Los seis casos documentados por JEP muestran que el cumplimiento formal de una condena no necesariamente deriva en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, mientras familiares y defensores continúan exigiendo que se ejecuten las decisiones judiciales y se garantice el derecho a la libertad.

ONU renovó por dos años Misión de Investigación de DD. HH. en Venezuela

Caracas. – El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este pasado martes una resolución, que prorroga dos años el mandato de la Misión Independiente de Investigación para Venezuela, días después de que ésta señalara en su último informe, que la maquinaria represiva del narcorégimen chavista seguía «intacta» tras la captura de Nicolás Maduro.

La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. El bloque de naciones que impulsó activamente este mandato regional, estuvo encabezado por los Estados patrocinadores de la iniciativa (entre ellos Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay), complementado por el voto favorable de las potencias de Europa Occidental, América Latina y Asia aliadas con la defensa de los derechos humanos que integran el periodo correspondiente del Consejo.

La decisión mantiene durante otros dos años (2028) un equipo de expertos, encargado de recopilar información, establecer responsabilidades y presentar sus conclusiones ante el Consejo. La misión fue creada en septiembre de 2019 para investigar las violaciones cometidas desde 2014 y ya había recibido una extensión anterior que llevaba su mandato hasta octubre de 2026.

Antes de la votación, la delegación chavista enviada por Delcy Rodríguez ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continuara su mandato, subrayando que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido».

«Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo contemple una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática», agregó la delegación.

En días previos, la experta Sofía Macher, presidenta de la misión, había argumentado que la labor de esta era más importante que nunca, para poder acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente frente a un eventual escenario de transición política.