Caracas. – Familiares de los funcionarios del CICPC que fueron secuestrados en enero de este año, luego que se negaran a alterar las escenas donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses, denuncian que se encuentran desaparecidos además de ser sometidos a torturas.
Los investigadores fueron citados a una reunión con Douglas Rico, en la sede del CICPC en San Agustín el pasado 23 de enero, desde donde los trasladaron a recintos militares. Según sus allegados, los primeros días de desaparición ocurrieron en una instalación de la DGCIM en La Carlota, un lugar acondicionado para el castigo corporal sistemático.
Luego, a finales de enero fueron llevados al internado judicial El Rodeo I bajo violencia penitenciaria y, posteriormente, el 3 de septiembre, ejecutaron un traslado sorpresivo hacia Yare II sin informar a sus defensores públicos y demás familiares.
Los expertos, entre quienes figura un militar, se negaron —luego de los sucesos del 3 de enero— a modificar las evidencias sobre las capturas de Maduro y su esposa. Ello les valió para ser falsamente acusados de conspiración y traición a la patria.
Por ello, se encuentran bajo rapto —y ahora desaparecidos— el teniente coronel (Ej.) Manuel Alejandro Osorio Arteaga, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jesús Leonardo Gómez Brito, David Figueredo Sandoval, Héctor José Martínez Yanez, Joharlinn Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava y José Gregorio Rivas Sifontes.
Una reseña elaborada por el portal noticioso Efecto Cocuyo, indica que ocho meses después de las detenciones, ejecutadas entre el 21 y el 26 de enero, el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo mantiene paralizadas las audiencias preliminares de los presos del “nuevo momento político”.
Los allegados de estos funcionarios denunciaron tratos crueles, incluyendo aislamiento en espacios reducidos, suspensiones prolongadas, uso de descargas eléctricas y agresiones físicas que dejaron graves secuelas de salud en los detenidos.
Uno de los ejemplos sobre las afectaciones en la salud de los detenidos, lo constituye el caso del comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes. Su esposa, Marli Morillo, contó al citado medio, que se trata de un paciente con antecedentes de COVID, hipertensión y fibrosis pulmonar, sufrió un colapso respiratorio tras una arremetida con gas lacrimógeno y gas pimienta.
«A raíz del estrés y el calor empezó a sufrir crisis hipertensivas diarias y le tuvieron que añadir otra pastilla más, una para la mañana y otra para la noche”, relató la mujer, quien también denunció, que “juegan con el agotamiento físico, mental y la parte económica, porque si no hubiésemos tenido recursos, tendrían que haber dormido en el piso”.
