Las autoridades de Polonia han descartado aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), que ha entrado este viernes en vigor, al asegurar que el país «no aceptará migrantes procedentes de otros países» ni «acarreará con los costes asociados a ellos».
El Ministerio del Interior polaco ha indicado en un comunicado que Varsovia «no cumplirá con todo aquello que amenace su seguridad» y ha insistido en oponerse a «los mecanismos que pudieran reducir, incluso mínimamente, la seguridad de los polacos», una postura que «se mantiene inalterable».
«Polonia solo aplicará aquellas disposiciones que refuercen la protección de las fronteras, endurezcan la política migratoria y aumenten el acceso a los datos para combatir la migración irregular», afirma el texto, que matiza que «no implementará disposiciones que atraigan migrantes irregulares».
Además, ha aclarado que el anterior Gobierno polaco «no tuvo en cuenta las especificidades que presentan las amenazas híbridas que suponen Rusia y Bielorrusia para Polonia». Las restricciones que prevé Polonia se aplican, «en particular, a procedimientos fronterizos, cuya aplicación en las fronteras con Rusia y Bielorrusia podría ser aprovechada por estos países para intentar desestabilizar los sistemas sociales y de asilo de los países miembro de la UE».
«La frontera polaca es también una frontera para toda la UE. A pesar de que Polonia está exenta del mecanismo de reubicación, la premisa, incluso voluntaria, es irreal e inviable en la práctica, y además provocará conflictos dentro de la UE. Por lo tanto, seguiremos abogando por la abolición inmediata de este mecanismo en la política migratoria europea, ha destacado.
En este sentido, ha hecho hincapié en que «solo se incorporarán al ordenamiento jurídico nacional aquellos elementos del Derecho de la UE que mejoren realmente la seguridad migratoria». «Estos incluyen, sobre todo, nuevas regulaciones sobre la política de retorno, la prohibición de instrumentalizar la migración e instrumentos que refuercen los procedimientos en situaciones de amenaza repentina o afluencia masiva de migrantes», ha explicado.
El pacto establece una serie de normas y reglamentos para un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y ofrece a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
Tras años de negociaciones, los Estados miembro acordaron en 2024 un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente se acordó un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, y que deja que se reubique a parte de las personas llegadas o se pague una compensación por cada migrante que se rechace.
