China entrenó a soldados rusos para combatir en la guerra de Ucrania, según la Inteligencia de la UE

Los servicios de Inteligencia de la Unión Europea (UE) han confirmado que China ha entrenado a soldados rusos, algunos de los cuales han sido desplegados posteriormente en el frente de guerra en Ucrania, según han informado este viernes altos cargos del Servicio de Acción Exterior Europea (SEAE).

Según esas mismas fuentes, el entrenamiento se llevó a cabo en varias instalaciones en territorio chino y habría implicado a «centenares» de soldados rusos, algunos de los cuales habrían acabado combatiendo en la invasión de Ucrania, «en contra de los intereses colectivos» de la UE.

Según el SEAE, este hecho contradice las declaraciones previas de Pekín, que hasta ahora había negado cualquier implicación militar directa en el conflicto de Ucrania.

El asunto será abordado en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que tendrá lugar el próximo lunes en Luxemburgo, en la que los jefes diplomáticos de los Veintisiete mantendrán un debate más general sobre cuestiones de política exterior y de seguridad, así como en la dependencia de la industria de defensa europea de actores económicos chinos.

Zelenski anuncia subidas salariales para los soldados y «nuevas oportunidades» para voluntarios extranjeros

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes subidas salariales en el Ejército, especialmente significativas para los soldados de infantería que se encuentran en primera línea del frente, así como «nuevas oportunidades» para seguir atrayendo a voluntarios extranjeros.

Zelenski ha mantenido en los últimos días reuniones con su equipo de Gobierno y altos mandos de las Fuerzas Armadas para abordar este nuevo plan de mejora de las condiciones laborales y salariales de las tropas, que dependía en gran medida del paquete de ayuda económica de la UE valorado en USD$ 104.000 millones.

El objetivo, ha recordado el mandatario, «es aumentar la estabilidad financiera» de quienes sirven en el Ejército, así como su transformación para los próximos años, un asunto que además está en la agenda de Kiev sobre las garantía de seguridad una vez finalice la guerra, de la que se cumplen ya cuatro años y medio.

«Hay recursos para aumentar los pagos en el Ejército», ha destacado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que desglosa algunas de estas mejoras. Así, ha anunciado mínimos de 30.000 grivnas mensuales (USD$ 670) para quienes se desempeñen en la retaguardia y hasta 300.000 grivnas (USD$ 6.700) para combatientes en primera línea de batalla.

«Cuantas más misiones de combate, mayor será el nivel de salario. Habrá nuevos contratos, significativamente más fuertes, para la infantería», ha contado. «Todo depende de la infantería ucraniana, de nuestra infantería ucraniana», ha remarcado.

«Se incrementarán los pagos para los comandantes de combate ucranianos, lo que debería crear un incentivo positivo para preservar la experiencia de gestión en el Ejército», ha dicho Zelenski, anunciando cambios en la duración de los contratos, que serán de 10, 14 o 24 meses, con «plazos garantizados y aplazamientos reales».

Zelenski ha aprovechado también para agradecer los esfuerzos que los «voluntarios extranjeros» vienen realizando durante el conflicto, «entendiendo que esto concierne a la libertad de muchos otros pueblos».

«He dado instrucciones para abrir muchas más oportunidades para atraer voluntarios extranjeros al Ejército ucraniano, y habrá más mecanismos de reclutamiento en este sentido», ha dicho, sin dar más detalles.

Por último, ha anunciado que se simplificarán los trámites para el traslado de soldado, así como mayores oportunidades de ascenso y promoción dentro de las Fuerzas Armadas, además de incentivos para hacer atractivo el reclutamiento.

El problema del reclutamiento en las filas ucranianas ha sido casi una constante desde el inicio de la invasión rusa hace ya más de cuatro años. Desde el Parlamento se ha propuesto diversas iniciativas para intentar hacer más atractiva la opción de afiliarse de manera voluntaria, a medida que crece el descontento entre la población y aumentan las fugas a otros países para sortear el servicio militar.

Se estima que unos dos millones de ucranianos han logrado evitar el reclutamiento. El Gobierno ha puesto varias iniciativas para paliar esta situación, desde sugerir a sus socios que limitaran ciertos derechos de los ciudadanos ucranianos en sus países de acogida para intentar hacerles regresar, hasta reclutar en la población carcelaria a cambio de beneficios penitenciarios.

Recientemente el Gobierno ha reconocido «trato inhumano» durante la movilización forzosa que se ha impuesto para engordar las filas del Ejército, como se puede ver en los vídeos que circulan en redes sociales en los que ciudadanos en edad de servir son detenidos y trasladados en contra de su voluntad a centros de formación.

La multinacional del crimen: una estrategia para Colombia

Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra

… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.

Julián Ramírez

En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.

La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global

Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:

1. La capa operativa (visible)

Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.

2. La capa logístico-financiera (semivisible)

Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.

3. La capa de protección política y estatal (invisible)

La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.

Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras

Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:

  • Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
  • Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
  • Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
  • Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.

Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.

Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.

Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.

¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?

La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:

1. Cortoplacismo político

La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.

2. Resistencia burocrática y opacidad

La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.

3. La verdad incómoda

Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.

4. Dependencia estratégica

Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.

La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.

La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.

La amenaza que nadie quiere nombrar

Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.

La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.

La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.

Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.

La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.

La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.

Foro Penal: 87 rehenes políticos deberían ser liberados tras superar límites de la prisión preventiva

Caracas. – La ONG Foro Penal señaló este jueves, que 87 rehenes políticos “tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares” al sobrepasar los límites de la detención preventiva que establecen las leyes venezolanas.

Así lo aseguró el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, al publicar en sus redes sociales, que la situación reviste especial preocupación porque, dentro de ese grupo, 57 ciudadanos ya acumulan más de tres años privados de libertad sin haber recibido una sentencia definitiva, superando incluso el plazo excepcional previsto para este tipo de medidas.

Tras la reforma en 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 230 de esta normativa establece un máximo total de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. Al transcurrir este tiempo, las personas deben ser liberadas y juzgadas en libertad.

Esta semana, el Foro Penal confirmó la excarcelación de 15 militares apresados por razones políticas, entre ellos algunos que ya sobrepasaban la prisión preventiva como la teniente Karen Gómez, Tomás Enrique Macías y Guillermo Henry César Siero.

La situación de retardo procesal ha sido reconocida por las autoridades. El miércoles, durante el «relanzamiento» de la comisión de revolución judicial, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, detalló que 21,16% de la población reclusa del país (58.714 personas) llevan más de dos años detenidas y sin sentencia por parte de un tribunal.

De estos, a su vez, 183 llevan más de 10 años sin condena. Himiob afirmó que muchas de las detenciones son producto de la «admisión de hechos» como vía rápida ante el retardo judicial, y no por una real peligrosidad.

Con saqueos, tensa calma y hermetismo oficial continúa ofensiva contra minería ilegal en Bolívar

Caracas. – En medio de saqueos, una tensa calma y el hermetismo que mantiene el narcorégimen chavista interino, transcurre el tercer día de las operaciones militares llevadas a cabo en las poblaciones Las Claritas y Kilómetro 88, al sur del estado Bolívar, para combatir a la minería ilegal en esa zona.

Este jueves se registraron saqueos de algunos comercios y hasta contenedores en Las Claritas, donde las clases están suspendidos y muchos locales han optado por bajar sus santamarías, ante la incertidumbre que impera en la zona.

Fuentes extraoficiales señalan que la operación apunta contra los cabecillas de los grupos criminales que durante años han mantenido bajo control las principales zonas de explotación minera en el sur de la región.

Ante el avance de las tropas y comisiones policiales desplegadas, se reporta que un grupo considerable de mineros ya ha comenzado a acatar la orden de desalojo y a abandonar los yacimientos de forma voluntaria para evitar confrontaciones.

En las calles de Las Claritas ya se ve algunos de ellos cargando sus enseres, herramientas y pertenencias personales a cuestas. Mientras las comisiones se adentran en la selva, el día a día en Las Claritas y el Kilómetro 88 también tiene su propia tónica.

Como medida preventiva y ante la incertidumbre, las actividades escolares en todo el sector han sido suspendidas temporalmente. A esto se le suman severas fallas en los servicios públicos. Algunos pobladores dijeron que el fluido eléctrico ha estado inestable, “yendo y viniendo” de forma constante durante las últimas horas.

La ONG SOS Orinoco atribuyó la gravedad del conflicto a la consolidación de un «sistema de gobernanza criminal» que ha sido promovido por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez durante años, tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

«La presencia de grupos irregulares y sindicatos armados en Bolívar no es espontánea. Responde a una configuración de control territorial y complicidades, con distintos niveles de articulación, promovida y tolerada por el Estado venezolano», denunció en un mensaje por sus redes sociales.

No obstante, a 72 horas de iniciarse las incursiones militares aéreas y terrestres, todavía el narcochavismo interino no ofrece explicaciones a la población. Hasta la tarde de este jueves, ninguna fuente oficial o vocero de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha emitido declaraciones para ofrecer un balance de los resultados obtenidos o confirmar si existen personas detenidas, heridas o fallecidas tras 72 horas de incursión militar.

Desde que arrancó el despliegue a principios de semana, ha trascendido que el objetivo estratégico de la operación es desmantelar la estructura de la banda delictiva (denominada localmente como “sindicato”) que ejerce el control de la zona, liderada por Juan Gabriel Rivas Núñez (alias “El Negro Juancho”), Yohan José Romero (alias “Yohan Petrica” e integrante fundador del Tren de Aragua) y Humberto Martes (alias Humbertico).

Asimismo, fuentes de inteligencia señalan que las comisiones se mantienen tras la búsqueda y captura de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua y requerido por la justicia en EE. UU. Vale mencionar que se maneja extraoficialmente la versión de que “el Niño Guerrero” fue neutralizado por las fuerzas militares.

Algunos creadores de contenidos en plataformas como Telegram e Instagram, han difundido imágenes de sujetos aparentemente dados de baja en enfrentamientos con los militares desplegados, y aunque aseguran que estas son enviadas por personas ubicadas en el centro de los acontecimientos al sur de Bolívar, no han podido confirmar la veracidad de las fotos mostradas en sus cuentas.

Alertan que mantienen aislados a rehenes políticos trasladados desde El Helicoide a Tocuyito

Caracas. – Los rehenes políticos trasladados desde El Helicoide al Internado Judicial Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, permanecen aislados e incomunicados desde hace una semana, según lo denunciaron defensores de Derechos Humanos enterados del caso.

El ex rehén político Nikoll Arteaga dijo que aún se desconoce cuántos reclusos fueron trasladados y quiénes integran el grupo. Explicó que los detenidos fueron ubicados en el área denominada de “reflexión”, sin que hasta ahora se haya tenido contacto con ellos.

Igualmente, manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentran los trasladados a Tocuyito. Indicó que ninguno ha podido comunicarse con sus familiares, lo cual considera una vulneración de sus derechos.

“Se supone que ese lugar es para el diagnóstico de los presos antes de distribuirlos a otras áreas, pero funciona como un centro de aislamiento donde están expuestos a torturas por un periodo indefinido. Pueden pasar días, semanas o meses”, explicó Arteaga.

Mientras, Kennedy Fernando Tejeda, miembro de Foro Penal Carabobo, aclaró que el artículo 41 del Código Orgánico Penitenciario establece, que el ilegítimo ministerio penitenciario dispondrá secciones diferenciadas, en cada uno de los establecimientos penitenciarios destinadas a la observación.

Según esta normativa, los reclusos deben permanecer en esas áreas por un lapso máximo de 30 días, período durante el cual deben recibir evaluaciones psicológicas, físicas y clínicas. Pero esos procedimientos rara vez se cumplen, señaló Tejeda.

También, Tejeda, quien igualmente es un ex rehén del chavismo, manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentran los trasladados a Tocuyito. Indicó que ninguno ha podido comunicarse con sus familiares, lo cual considera una vulneración de sus derechos.

Finalmente, advirtió que a las víctimas trasladadas a Tocuyito “no se hacen los respectivos exámenes al momento del ingreso. A algunos se les hacía una entrevista, como protocolo burocrático, pero no eran revisados por médicos capacitados, indistintamente si la persona sufría de patologías”.

Pete Hegseth asegura que vendrán noticias desde Venezuela sobre lucha contra el narcotráfico

Caracas. – El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó este pasado miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.

Así lo aseguró el alto funcionario estadounidense durante una sesión de entrenamiento con tropas estadounidenses en su visita a la base de Guantánamo en Cuba. Hegseth arengó a las tropas y aseguró que los cárteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas por la Administración Trump, «están tratando de encontrar nuevas rutas» para introducir drogas en EE. UU.

«Ahora estamos colaborando con los ⁠países en sus propios territorios para localizar dónde operan estos ​terroristas designados ​y dónde ​producen sus drogas», ‌explicó Hegseth a las tropas estadounidenses en Guantánamo.

«De hecho, muy ‌pronto habrá grandes ​noticias procedentes de ​Venezuela sobre ​ese tema, porque ahora ‌contamos con un socio ​allí, en ​Venezuela, dispuesto a colaborar con nosotros», aseveró.

El secretario de Guerra enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia que, según dijo, busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, EE. UU. impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.

Asimismo, señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia EE. UU., lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad.

«Nicolás Maduro, de Venezuela, creyó que podía desafiar a EE. UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos, en plena noche, dentro del recinto más fuertemente protegido de su base mejor fortificada en la capital. Y, ya saben, ni las defensas aéreas rusas ni los guardias cubanos fueron rival para ellos», sostuvo el jefe del Pentágono.

Rehén político en el Rodeo III es asesinado por el narcorrégimen chavista

Caracas. – Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, un rehén político del narcorégimen recluido en el Internado Judicial Rodeo III (Miranda), falleció este pasado martes bajo custodia del narcoestado chavista, debido a un fuerte cuadro de desnutrición que presentaba.

Sus familiares y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que, pese a su condición delicada de salud, no recibió atención médica “oportuna y adecuada”. “El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”, señaló la ONG en redes sociales.

Según el OVP, su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, sin obtener respuesta.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia del preso político en la morgue de Bello Monte, donde se prioriza la entrega del cuerpo. “No habrá declaraciones”, indicó Torres, quien además señaló que Lozada fue detenido en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.

“A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, señaló el OVP al tiempo que recordó la responsabilidad del Estado venezolano como garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.

Yosvet Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.

Junto a él, otros 22 jóvenes fueron apresados. Sus familiares han solicitado atención médica para todos y celeridad en el proceso judicial, pero aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria.

Desde el OVP señalaron, que con este caso se eleva a 22 el número de rehenes políticos fallecidos, documentados en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, indicó la ONG.