El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado este viernes una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el Gobierno de Cuba, sus colaboradores y entidades financieras que hayan facilitado transacciones con otras personas y entidades sujetas a restricciones anteriores.
Así, apuntan hacia personas o entidades que apoyen el aparato de seguridad, o «sean cómplices de corrupción» y de «violaciones graves de los Derechos Humanos», ha informado la Casa Blanca, que no precisa quiénes son objeto de estas sanciones.
Se trata de un nuevo ataque del presidente Trump hacia las autoridades de la isla, a la que ha estado sometiendo en los últimos meses a una asfixia económica y energética, con el fin declarado de poner en jaque al Gobierno, animado por el éxito de la operación contra el genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro, detenido a principios de año en Caracas y ahora preso a la espera de juicio por narcotráfico.
Trump no ha escondido su deseo de que Cuba se la siguiente en caer, declarando que sería todo un «honor» para él ser el presidente de EE. UU. que lo consiga. «Después de 50 años, eso sería la guinda del pastel», llegó a decir.
La Casa Blanca justifica estas nuevas represalias por la «nefasta influencia» que la pequeña isla tiene para la seguridad nacional de EE. UU., por ejemplo, dando cobijo a operaciones de Inteligencia de países extranjeros enemigos de Washington, así como por sus estrechos lazos con «patrocinadores del terrorismo», entre ellos el Gobierno de Irán, o el grupo libanés chií Hezbolá.
«El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y difunde activamente la ideología comunista por toda la región, al tiempo que reprime a su población», ha justificado.
EE. UU. impuso a principios de año nuevas sanciones a Cuba y amenazó con aranceles a los países que enviaran combustible a la isla, provocando que México, por ejemplo, cortara el suministro, después del desabastecimiento provocado por el bloqueo del petróleo venezolano, que gestiona ya Washington.
