La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) informa que ha elaborado un informe sobre la situación política y de derechos humanos en Venezuela, dirigido al Departamento de Estado de EE. UU., la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismos internacionales, autoridades migratorias y medios de comunicación.
El documento advierte que en Venezuela continúan la persecución política, las detenciones arbitrarias, las amenazas y la utilización de los organismos de seguridad contra quienes son considerados adversarios del poder. La amnistía y las liberaciones anunciadas no han beneficiado a todas las personas perseguidas, mientras todavía permanecen presos políticos civiles y militares.
Entre los militares que continúan privados de libertad se encuentran el general Héctor Hernández Da Costa, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro y el capitán Juan Carlos Caguaripano, cuyos casos representan la situación de numerosos integrantes de la Fuerza Armada encarcelados por razones políticas.
El informe también señala que han muerto presos políticos bajo custodia del Estado y que no existen garantías suficientes para el retorno seguro de dirigentes, activistas, periodistas, militares disidentes y ciudadanos exiliados. La continuidad de la persecución mantiene fuera del país a numerosos venezolanos, entre ellos importantes figuras de la oposición.
Ante esta realidad, VEPPEX solicita al Gobierno de EE. UU. y a los demás países receptores que suspendan las deportaciones de venezolanos mientras no existan condiciones verificables de seguridad, respeto a los derechos humanos y garantías de no persecución.
Deportar a una persona hacia un país donde puede ser detenida, perseguida, torturada o sometida a represalias representa un riesgo para su vida y su integridad. Cada caso debe ser evaluado individualmente, respetando el derecho de asilo, la protección contra la tortura y el principio internacional de no devolución.
Además, VEPPEX exhorta a las autoridades estadounidenses a mantener y fortalecer los mecanismos de protección para los venezolanos, especialmente para los perseguidos políticos, exiliados, activistas, periodistas, militares disidentes y personas que puedan enfrentar represalias por sus opiniones o actividades.
Mientras en Venezuela continúen la persecución política, los presos políticos y la ausencia de garantías institucionales, no puede afirmarse que las condiciones que provocaron el exilio hayan desaparecido.
A juicio de la organización, en palabras de su presidente José Antonio Colina, y tal como respalda el informe, Venezuela todavía no ofrece condiciones para un retorno seguro. Deportar venezolanos en estas circunstancias podría colocarlos nuevamente en manos de quienes los persiguieron.
