Caracas. – Ocho rehenes políticos militares del llamado caso Baduel o “Paracaidistas” salieron en libertad este pasado lunes, luego que el Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, decidiera otorgarles libertad plena.La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, así como el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), confirmaron la liberación de los siete sargentos de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista (con sede en Maracay, Aragua) y del general Ramón Lozada Saavedra.
Los uniformados habían sido detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre ellos están los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.
Suju reportó, a través de su cuenta en la red X, que la decisión alcanza a la totalidad de los militares procesados en este expediente, uno de los casos más emblemáticos de persecución contra oficiales disidentes.
En enero de 2018 los militares fueron devueltos a su comando en Maracay tras haber sido detenidos inicialmente, pero mientras esperaban una reunión con el entonces general Juan Carlos Du Boulay fueron apresados por otros efectivos de la DGCIM Aragua con una supuesta orden de captura girada desde Caracas.
Tras la captura, los paracaidistas fueron sometidos a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos a un supuesto intento de golpe de Estado que encabezaba el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel.
En el caso del general retirado Ramón Lozada Saavedra fue detenido el 21 de enero de 2017 por traición a la patria e instigación a la rebelión. En 2018 se le otorgó una medida sustitutiva de libertad, aunque un año más tarde fue detenido nuevamente y vinculado a una conspiración para, presuntamente, «asesinar» a Nicolás Maduro.
La liberación se produce en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos anunciado por las autoridades desde inicios de 2026. Familiares y defensores de derechos humanos celebraron la noticia, aunque exigieron justicia por las irregularidades y las condiciones sufridas durante casi una década.
Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial detallado por parte del Ministerio Público ni del Ministerio de Defensa sobre las causas del sobreseimiento o archivo del caso.
