Caracas. – La entrega de USD$ 195 millones, así como cooperar con las investigaciones federales sobre los esquemas de corrupción y narcotráfico que se manejan dentro del narcorégimen chavista, fueron los principales acuerdos a los que llegó el empresario Alex Saab este martes, cuando se declaró culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de EE. UU.
La admisión hecha por Saab en un giro que abre nuevas implicaciones para investigaciones sobre corrupción vinculadas al antiguo entorno de Nicolás Maduro. La admisión de culpabilidad evita el juicio con jurado previsto para noviembre y formaliza un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
El empresario colombiano, deportado a EE. UU. el pasado mayo, ha reconocido, asimismo, su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams. Ahora, se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel.
El delito de blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, pero la fiscalía acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango recomendado y solicitar reducciones adicionales si su cooperación, incluso contra cuatro coacusados no identificados, resulta valiosa.
El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó que el caso lo juzgara un jurado. El colombiano, quien ejerció ilegítimamente como supuesto ministro de Industrias en el país, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de que lo deportaran desde Venezuela a EE. UU.
Su deportación se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.
Saab, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.
Ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó al país, donde recibió el citado cargo de forma ilegal.
