Caracas. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, exconcejal que fue asesinado bajo custodia del narcoestado chavista en octubre de 2018.
La elevación del caso ante la instancia se produce, tras concluir que la Narcotiranía incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su secuestro, tortura y muerte.
La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.
En el comunicado de prensa emitido por la comisión, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del SEBIN sin orden judicial.
Según información aportada por los familiares de Albán, el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el fiscal general, Tarek William Saab, informó públicamente que Albán presuntamente se había suicidado en la sede del SEBIN, versión que fue ampliamente cuestionada por las múltiples irregularidades en el caso.
La familia del dirigente opositor denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Por la muerte de Albán solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas mínimas que al poco tiempo los dejaron en libertad.
Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. El organismo también determinó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba bajo custodia del narcoestado chavista.
La CIDH indicó que los peticionarios que llevaron el caso ante el organismo señalaron que, antes de su muerte, se había abierto contra Albán un proceso penal por presunto terrorismo y otros delitos, que nunca pudieron comprobar.
También señaló que solo fueron procesados dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas posteriormente reducidas que los dejaron en libertad.
