El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, como ya planteó hace días, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.
«Como ya sabéis, tomamos algo llamado ‘golfo de México’. Lo cambiamos. Y ahora se conoce habitualmente como el ‘golfo de América. Tenemos un golfo y un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizá cambiemos los dos», ha declarado tras rubricar el decreto en presencia de los periodistas en el Despacho Oval.
El presidente ha justificado su decisión reiterando sus acusaciones a los dirigentes del país vecino. «Nos han tratado muy mal. Son gente desagradable», ha incidido, antes de señalar que los canadienses «quieren ser tratados como un estado, pero no son un estado».
Así, ha cumplido con sus declaraciones de este martes, cuando apuntó a dar este paso alegando que no pensaba «seguir haciendo muchos negocios con Ontario». «Se creen con derecho a todo y no podemos permitirlo», ha dicho ahora sobre las autoridades canadienses.
El Ejecutivo de Mark Carney decidió entonces no responder a una medida «deliberada», según indicó su ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.
Este jueves, el primer ministro canadiense ha recordado a Trump que el nombre del lago Ontario «tiene más de 400 años de antigüedad, y es anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de EE. UU.»
En sus redes sociales ha atribuido la orden del presidente estadounidense a los numerosos «cambios» del país. «Sabemos que EE. UU. está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos», ha dicho.
En este sentido, Carney ha asegurado que «los canadienses también saben que dar nombre a la realidad significa llamarlo ‘lago Ontario’: entonces, ahora y siempre».
Cabe señalar que el anuncio llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países que supusieron la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre productos canadienses y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.
El Gobierno de Canadá, por su parte, ha respondido anunciando un paquete de medidas arancelarias que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre, entre los que se incluyen gravámenes entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como artículos básicos como lácteos, pescado o marisco procedentes del país vecino.
Las autoridades de Colombia y EE. UU. han conversado este jueves sobre el refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, en el marco de un encuentro en Tumaco, ciudad sita en la costa del océano Pacífico, fronteriza con Ecuador.
En el mismo ha participado el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, quien ha señalado, en un mensaje en redes, que el propósito de la reunión es «fortalecer la cooperación en seguridad y defensa» entre ambos países, después de que Bogotá haya entrado a formar parte de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), impulsada por Washington.
«Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, fortalecemos alianzas y consolidamos una respuesta firme y coordinada para proteger la seguridad de nuestros países», ha precisado Mora, tras aseverar que la entrada de Colombia en la citada alianza «permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado».
Concretamente, ha precisado la cartera de Defensa colombiana, se ha puesto sobre la mesa el intercambio de información, conocimiento del territorio y experiencias operacionales en aras de «avanzar hacia una mayor interoperabilidad» entre las fuerzas de ambos países, mejorando así la capacidad de respuesta «frente a las redes criminales que utilizan el Pacífico como corredor para sus actividades ilícitas».
Sobre este encuentro se ha pronunciado el propio Donovan, quien ha asegurado que «bajo la bandera de la A3C» ha sido consolidada «una estrategia unificada para dar caza a los líderes de los cárteles, desarticular su logística y privarles de forma permanente de cualquier refugio seguro».
Lo ha hecho tras referirse a la frontera entre Colombia y Ecuador como «un cuello de botella geográfico que los cárteles violentos llevan mucho tiempo explotando», así como un «importante corredor para el tráfico de cocaína por parte de algunas de las organizaciones más violentas del mundo».
Conocida como ‘la perla del Pacífico’, la zona de Tumaco es considerada como uno de los puntos calientes de la actividad de bandas criminales y organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico, las cuales aprovechan la posición estratégica del lugar al ser fronterizo con Ecuador.
Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 644 los turistas desaparecidos, 517 de ellos extranjeros, en las inundaciones registradas el miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, próximo a la frontera con China, que deja al menos 270 muertos.
La Junta de Turismo de Nepal ha actualizado el balance de turistas desaparecidos, entre los que destacan 127 de nacionalidad nepalí, mientras que el mayor número es de 178 personas de origen indio.
Además, hay 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, ocho alemanes y ocho rusos, entre los desaparecidos, que provienen de 33 países distintos.
De todos modos, el balance es mayor porque no incluye a ciudadanos chinos, país limítrofe con Nepal, y cuyas autoridades han confirmado que en torno a un centenar de nacionales se encuentran desaparecidos.
Cabe señalar que el balance hecho público por Nepal incluye a tres desaparecidos de nacionalidad española, si bien el Ministerio de Exteriores de España eleva a cuatro los nacionales sin localizar en las devastadoras inundaciones.
Esta semana, la dirigente política María Corina Machado fue calificada como el «borrego de la semana» debido a sus recientes posturas y acciones públicas, las cuales reflejan una profunda desconexión con la ciudadanía y una falta de coherencia en su discurso. Esto responde a dos factores centrales: sus declaraciones sobre los procesos electorales en el país y sus vínculos con figuras cuestionadas de la política tradicional.
El primer motivo central se encuentra en sus recientes declaraciones, en las que afirmó de manera categórica que los venezolanos no aceptarán ninguna elección en la que ella no participe como candidata. Esta aseveración incurre exactamente en el mismo patrón visto previa al 28 de julio de 2024, fecha para la cual sentenció que «sin mí no hay elecciones», para luego terminar respaldando e impulsando el proceso electoral sin estar inscrita en la contienda. Esta imposibilidad de sostener sus fijaciones públicas deja al descubierto una línea política fluctuante y poco seria.
El segundo factor determinante es la incoherencia de su pretendida diferenciación frente a la política tradicional. A pesar de haberse posicionado bajo el argumento de representar una alternativa distinta, la reciente circulación de un video en redes sociales la muestra manteniendo una conversación telefónica de absoluta familiaridad y confianza con Carlos Ocariz. Esta cercanía expuesta con un dirigente salpicado por el caso «Cuaripano» y ampliamente repudiado por el electorado desmiente la distancia que afirma tener respecto a los vicios de la vieja dirigencia.
No conforme con esto, se recuerda que María Corina Machado ha desaparecido, prácticamente, de la luz pública, por lo que estas posturas erráticas y compromisos tras bastidores confirman que la dirigente apela a discursos contundentes que luego es incapaz de cumplir o mantener, desnudando la desconexión de su estrategia frente al país. En suma, su conducta recurrente en la que sus declaraciones públicas difieren de sus acciones reales provocan que la opinión pública evalúe críticamente el incumplimiento de sus compromisos políticos.
En el marco de la coyuntura migratoria regional, la organización Veppex envió una carta formal al presidente de Colombia, Abelardo de la Espina, en respuesta a sus recientes declaraciones sobre el combate a la delincuencia y la inmigración irregular. La misiva resalta que en Colombia residen aproximadamente 2.800.000 venezolanos, de los cuales cerca de 500.000 no han logrado regularizar su situación migratoria. Desde la organización se enfatizó la necesidad de evaluar cada caso de manera individual, recordando que la crisis en Venezuela no se ha resuelto del todo y solicitando que no se criminalice la migración ni se proceda a deportaciones masivas de personas que no hayan cometido delitos.
Ante este panorama, el ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, aclaró que los ciudadanos bajo esquemas de protección o en condición legal no tendrán inconvenientes, postura que los analistas esperan sea extendida a quienes aún no han podido regularizarse para evitar replicar las medidas punitivas adoptadas en EE. UU. Asimismo, se respaldó la posición oficial de respetar los procesos de aquellos migrantes que han cumplido los trámites legales y cuentan con estatus de refugiados o de admisión.
En la sección del Borrego de la semana se cuestiona las posturas de María Corina Machado, quien, en recientes declaraciones y actuaciones públicas, afirmó que la ciudadanía venezolana no aceptará un proceso electoral en el que ella no sea candidata, personalizando la dinámica política de forma idéntica a lo ocurrido previo al 28 de julio de 2024, cuando proclamó que sin su participación no habría elecciones para luego respaldar el evento sin estar inscrita.
A esto se suma la difusión de un video en redes sociales en el que mantiene una conversación telefónica en términos de alta confianza con Carlos Ocariz, dirigente que genera un profundo rechazo popular asociado al caso «Cuaripano». En este marco, se advierte la desconexión política de la dirigente, quien actualmente permanece ausente de la luz pública tras haber asumido posturas contradictorias que no ha podido sostener en el tiempo.
Sumado a esto, se suman las secciones En polémica, que aborda el tema de las deportaciones de los venezolanos en EE. UU.; Desmantelando a la izquierda, que aborda el tema de las redes digitales y blanqueamiento de Alejandro Betancourt; y el corrupto en la mira también es Alejandro Betancourt.
Caracas. – EE. UU. deportó a Venezuela al excoronel de la GNB, Rafael José Quero Silva, señalado de participar en la detención y tortura de decenas de ciudadanos durante el narcorégimen de Nicolás Maduro.
Quero Silva fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 27 de febrero de 2025, en Miramar, Condado Broward al sur de Florida, y además enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York. Según ICE, ingresó a EE. UU. en 2016, pero no abandonó el país conforme a las condiciones de su admisión.
De acuerdo con informes citados por ICE, el exmilitar supervisó en 2013 la tortura de al menos 74 manifestantes en Barquisimeto, quienes habrían sido sometidos a golpes, descargas eléctricas, amenazas y otros abusos. La agencia estadounidense informó que desde 2003 ha deportado a 1,178 presuntos violadores de derechos humanos y criminales de guerra.
La deportación fue realizada el pasado 19 de agosto, en cumplimiento de una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. «El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsó a Venezuela a Rafael José Quero Silva —un extranjero indocumentado con antecedentes penales y conocido violador de los derechos humanos que participó en la detención y tortura de disidentes políticos durante el régimen de Maduro», informó esa agencia gubernamental este miércoles en el comunicado.
También se conoció que el exmilitar había aparecido como extra interpretando a un agente policial en la producción televisiva en español Mi Familia Perfecta, transmitida por Telemundo en 2018. Tras ser identificado, víctimas y activistas proporcionaron información a las autoridades estadounidenses. El caso posteriormente derivó en investigaciones y en la detención migratoria de Quero Silva.
La demanda sostiene que algunos de los afectados fueron golpeados y que otros resultaron heridos por disparos. Uno de los demandantes recibió un disparo en el abdomen, mientras que otro fue alcanzado por proyectiles a corta distancia, de acuerdo con los documentos judiciales citados por medios estadounidenses.
Los denunciantes también han relatado amenazas, humillaciones y otros abusos físicos y psicológicos durante su detención. Una de las víctimas afirmó que las experiencias sufridas llegaron a generarle pensamientos suicidas.
Caracas. – Las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar que durante años estuvieron instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Caracas, ubicado en el extremo oeste de la avenida Bolívar, fueron removidas sorpresivamente por el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez.
Las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar que durante años estuvieron instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Caracas, ubicado en el extremo oeste de la avenida Bolívar.
El cambio modifica de forma significativa la imagen de la sede del Poder Judicial, cuya estructura estuvo durante años marcada por las grandes representaciones de Chávez y Bolívar en uno de los puntos más transitados del centro de Caracas.
Las imágenes representaban, a juicio de analistas, así como de ciudadanos comunes y corrientes, una especie de indicativo del poder de la Narcotiranía chavista, además de ser también unas especies de demarcaciones territoriales.
Lo cierto es que la sustitución de las gigantografías se suma a otras medidas adoptadas durante los últimos meses por el narcochavismo interino y que han supuesto modificaciones en elementos de la simbología tradicional asociada a la tiranía.
Entre estos cambios, destaca el reemplazo progresivo del color rojo por tonos azules en espacios y elementos vinculados con instituciones públicas y programas gubernamentales.
Asimismo, fue retirada la iconografía del Salón “Néstor Kirchner”, ubicado en el Palacio de Miraflores y habilitado durante la gestión de Chávez en homenaje al expresidente izquierdista argentino.
Los cambios en la imagen de las principales sedes gubernamentales ocurren, en medio de una etapa de transformaciones impulsadas por el interinato de Delcy Rodríguez, que ha incorporado nuevas denominaciones, colores y elementos gráficos en su comunicación institucional.
Un ala radical del chavismo se basa en estos cambios provocados por Rodríguez, para acusar a su cúpula de traicionar y abandonar el fatal legado que dejó Chávez tras su muerte.
Caracas. – El Comando Sur de EE. UU. informó este miércoles la eliminación de cuatro narcoterroristas en un ataque realizado el martes contra una embarcación que transportaba drogas, en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, y la cual estaba señalada por operar en rutas de narcotráfico.
La acción se enmarcó en la operación «Lanza del Sur» y responde a las actividades de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por los 18 miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, también llamado Escudo de las Américas.
El general Francis L. Donovan indicó en el comunicado enviado por el Comando Sur, que coordinó la operación, además de asegurar haber contado con inteligencia previa que confirmaba la actividad ilícita del buque.
En el comunicado, el importante componente militar estadounidense (SOUTHCOM), que opera en América Central, Sudamérica y el Caribe, detalló que se trató de un “ataque cinético letal contra una lancha rápida” identificada en rutas tradicionales de tráfico de drogas, tras confirmar mediante inteligencia la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico.
“La operación ha resultado en la muerte de cuatro narcoterroristas”, añadió el comunicado.Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.
Cabe recordar que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación «Escudo del Sur», y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina, operaciones que aún se mantienen para Venezuela.
En ese marco, más de 200 presuntos narcotraficantes han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según estadísticas manejadas por agencias noticiosas internacionales, desde el inicio de las operaciones militares a finales de 2025.
El 25 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un ataque contra una embarcación rápida que operaba en rutas establecidas de narcotráfico en el mar Caribe. Durante el ataque, murieron cuatro narcoterroristas. pic.twitter.com/0MrCvK2lfT
Caracas. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, exconcejal que fue asesinado bajo custodia del narcoestado chavista en octubre de 2018.
La elevación del caso ante la instancia se produce, tras concluir que la Narcotiranía incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su secuestro, tortura y muerte.
La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.
En el comunicado de prensa emitido por la comisión, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del SEBIN sin orden judicial.
Según información aportada por los familiares de Albán, el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el fiscal general, Tarek William Saab, informó públicamente que Albán presuntamente se había suicidado en la sede del SEBIN, versión que fue ampliamente cuestionada por las múltiples irregularidades en el caso.
La familia del dirigente opositor denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Por la muerte de Albán solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas mínimas que al poco tiempo los dejaron en libertad.
Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. El organismo también determinó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba bajo custodia del narcoestado chavista.
La CIDH indicó que los peticionarios que llevaron el caso ante el organismo señalaron que, antes de su muerte, se había abierto contra Albán un proceso penal por presunto terrorismo y otros delitos, que nunca pudieron comprobar.
También señaló que solo fueron procesados dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas posteriormente reducidas que los dejaron en libertad.
Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario.”
Oriana Aranguren
No pocas veces he escuchado a algunos liberales decir que “el pobre es pobre porque quiere”, aludiendo a la idea de que son las decisiones lo que indica el camino que recorrerás durante toda tu vida, independientemente de las circunstancias. No obstante, esto es una simplificación burda que distorsiona los principios fundamentales del liberalismo, por cuanto el verdadero liberalismo jamás ha sostenido que las circunstancias carezcan de importancia. De hecho, la estructura teórica del liberalismo se sostiene en ideas que buscan transformar y erradicar un conjunto específico de circunstancias, a saber: la opresión del absolutismo, el privilegio concedido por el Estado y la arbitrariedad del poder.
En este sentido, entonces, aquel liberal que diga que importan únicamente las “decisiones” incurre en una contradicción, porque al poner de lado las circunstancias, implícitamente deja el camino abierto para que alguien pueda decirle: “si no importan las circunstancias, entonces no importa que el sistema sea socialista, porque, al final, son las decisiones lo único que determina la vida humana”, es decir, aquel liberal que sostenga que solamente importan las decisiones tendría que aceptar que no tiene sentido, entonces, luchar en contra del estatismo. Dicho de otro modo, si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario, puesto que una persona orientada al éxito lo lograría sin importar las tramas burocráticas o la falta de derechos de propiedad.
Las decisiones humanas ocurren dado un contexto, una circunstancia, especialmente social, por tanto, todo lo que compete a las leyes, el sistema económico y, en general, institucional, influye en dicho proceso de elección. La libertad requiere un marco institucional preciso para poder desplegarse con efectividad, y es precisamente por eso que los liberales luchamos en contra del estatismo, porque reconocemos que el entorno institucional importa mucho. Un sistema que destruye el mercado libre, prohíbe la iniciativa privada y concentra el poder en el Estado genera un conjunto de circunstancias sofocantes que anulan la capacidad de elección real de las personas, sofocando de raíz cualquier posibilidad de progreso individual. Precisamente por eso alguien con buenas ideas tendría un camino más tortuoso al éxito —sea como sea que lo perciba— en Venezuela que en Estados Unidos.
Aquellos analistas o estudiosos que, haciéndose llamar liberales, pretenden ignorar los condicionantes estructurales cuando se trata del origen de la pobreza, pero sí los enarbolan con vehemencia al criticar las intervenciones estatales, incurren en la incoherencia. La pobreza rara vez es una simple elección voluntaria —que, ojo, sí hay quienes lo son por elección—, con extrema frecuencia es la consecuencia directa de marcos institucionales extractivos, mercados cerrados, monopolios protegidos, monopolios educativos de pésima calidad y leyes que impiden a los desfavorecidos capitalizar su esfuerzo. Quien atribuye la vulnerabilidad económica únicamente a una falla moral o a la falta de voluntad, olvida que la libertad requiere opciones reales, y que cuando las reglas del juego están amañadas, la mera determinación personal resulta insuficiente para salir adelante.
Por esta razón, la defensa genuina de la libertad exige reconocer que las reglas e instituciones dictan el abanico de posibilidades al que puede aspirar una persona. El liberalismo bien entendido no es una apología del determinismo moralista ni un consuelo para el estatus quo, sino una crítica incisiva contra los impedimentos que traban el desarrollo humano. Luchar por la libertad implica trabajar para que el origen de un individuo no defina implacablemente su destino, lo que exige remover las barreras artificiales —estatales, legales o corporativas— que privan a las personas de la oportunidad de prosperar.
Así, la libertad de elección solo cobra verdadero sentido cuando existen las condiciones mínimas para que dicha elección sea viable y productiva. Y con esto no quiero decir que el Estado deba garantizar esas condiciones mínimas, pues, bien sabemos que el Estado es el principal enemigo a enfrentar en nuestro camino al éxito, simplemente ataco la idea de que la consistencia del pensamiento liberal no se halla en negar la realidad de los condicionantes sociales, sino en distinguir cuáles de ellos son inherentes a la condición humana y cuáles son impuestos de forma coercitiva por el poder.
Como bien ya expresé, defender la libertad y combatir los modelos colectivistas cobra sentido únicamente porque se reconoce que el entorno institucional puede aplastar el potencial de un individuo. Un liberal coherente y maduro debe rechazar con la misma firmeza la tiranía del Estado y el mito de que el contexto no importa, reafirmando que el objetivo final de la libertad es, precisamente, construir una sociedad donde las circunstancias de nacimiento no clausuren los sueños ni el esfuerzo de nadie.
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