Caracas. – La encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la Ley de Amnistía, destinada a lograr la liberación de cientos de personas presas por motivos políticos, “llega a su fin”, asegurando que los casos pendientes podrán revisarse a través de otros mecanismos.
Rodríguez anunció la culminación de la aplicación de esa ley, bajo el argumento de que el instrumento “ya cumplió su ciclo” y que los casos pendientes deben ser canalizados por “otros espacios de convivencia”, el Ejecutivo intenta cerrar una etapa jurídica por la vía de la declaración administrativa.
La ley, aprobada en febrero, contemplaba la liberación de personas procesadas o condenadas por delitos vinculados a hechos políticos durante los últimos 27 años.
Sin embargo, su alcance fue cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que señalaron exclusiones importantes, incluyendo a ciertos detenidos y casos relacionados con acciones armadas o eventos fuera de momentos específicos de crisis.
Según la encargada de la gestión interina chavista, los casos pendientes podrán ser revisados a través de otros mecanismos como el Programa de Convivencia Democrática y Paz y una nueva comisión para la reforma del sistema penal.
La ley también fue cuestionada por actores de la llamada «oposición» política venezolana. Figuras como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, político cercano a la líder y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que fue excarcelado tras la aprobación de la ley, cuestionaron la medida por considerarla “excluyente”.
Mientras, juristas y defensores de derechos humanos aseguran que la finalización de esta ley es un proceso ilegal, al sostener que, en un Estado de Derecho, el Ejecutivo no tiene la potestad de extinguir una ley que emana del Poder Legislativo.
Por ejemplo, el abogado Joel García, dijo que el anuncio de Rodríguez no es solo un error político, sino un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostiene con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.