El “socialismo del siglo XXI” decidió nacionalizar y apropiarse de los fondos para el futuro de millones de personas, a fin de obtener recursos frescos con los cuales financiar el abultado déficit fiscal. Al mismo tiempo se recrudece la corrida contra el peso y la escasez de divisas.
La relativa estabilidad macroeconómica que Bolivia mantuvo en las últimas décadas parece poco a poco llegar a su fin. Completamente colmado por problemas de índole fiscal, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció la expropiación de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de capitalización que le permitió a los bolivianos acceder al derecho a una jubilación garantizada tras la quiebra del régimen de reparto en 1996.
El Gobierno boliviano llevó adelante una política fiscal extremadamente irresponsable en los últimos años: el déficit fiscal se mantiene por encima del 7% del PBI desde el año 2016, y alcanzó un récord histórico de hasta el 12,7% del producto durante la pandemia. La mayor parte del financiamiento fue la deuda pública (interna y externa), aunque una parte significativa logró monetizarse exitosamente debido a la sólida demanda de dinero que se mantuvo gracias al sistema cambiario del país.
La violenta corrida contra el peso llevó a miles de personas a acudir a los bancos para convertir sus ahorros en dólares, temiendo una posible devaluación y un cambio de régimen en el sistema monetario del país. En esta situación, la monetización del déficit se vuelve inflacionaria (no hay demanda contra la cual contrarrestar la emisión), y el socialismo apuesta a utilizar los fondos acumulados en las cajas previsionales.
El presidente Arce dispuso la emisión de Bonos soberanos a 20, 30 y hasta 50 años con tasas de interés que fluctúan entre el 4,8% y el 5,1% anual, los cuales serán usados para consumar progresivamente la estatización del sistema previsional hacia mayo del año 2024.
Bolivia reanudará nuevamente el sistema de reparto estatal, con lo cual los aportes a la seguridad social dejarán de acumularse en cajas de previsión para pasar a respaldar las jubilaciones actuales de acuerdo a los estándares que disponga el Estado.
Del mismo modo en que lo hizo el kirchnerismo en Argentina durante el año 2008, el Gobierno de Arce se vale de una importante caja de recursos con la cual podrá seguir manteniendo el financiamiento del déficit, a costa de resignar el futuro y el esfuerzo de años de aportes para millones de personas.
Sin embargo, y a pesar de las medidas, el frente cambiario todavía permanece a la deriva. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia cayeron en 11.585 millones de dólares desde el año 2015. La autoridad monetaria mantiene un tipo de cambio fijo y libre de mayores restricciones desde el año 2009, en torno a los 6,9 pesos bolivianos por dólar.
La paridad estable permitió anclar las expectativas inflacionarias, y crear una suerte de contracara en demanda de pesos por cada vez que el Gobierno debió monetizar grandes cantidades de déficit fiscal. Sin embargo, la falta de disciplina monetaria y fiscal se cubrió con reservas, y estas cayeron al nivel más bajo de los últimos 16 años.
Cada vez más ahorristas deciden dolarizarse en temor por las posibles represalias del Gobierno, entre otras operaciones temiendo una posible devaluación del tipo de cambio oficial (hasta negado por el oficialismo) o la introducción de restricciones a la compra de divisas (una respuesta similar a la que dio Argentina en 2011).