Caracas. – Familiares de rehenes políticos en Venezuela protestaron este jueves, ante la sede del Ministerio Público chavista en Caracas, para denunciar que el organismo ha incumplido los acuerdos, a los que las partes llegaron hace un mes, y que consisten en mejorar la situación carcelaria de estos detenidos, las cuales persisten y han empeorado.

La manifestación fue convocada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (ClippVe), cuyos representantes exigieron respuestas de las autoridades y la atención inmediata a las condiciones de reclusión de los detenidos.

«La Fiscalía ha tenido un trato discriminatorio y selectivo, incluso con esta gestión que no se ha reunido con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), porque sabe que tenemos suficiente sustento y moral para denunciar todos los atropellos y violaciones sistemáticas a las que son sometidos nuestros familiares», enfatizó la coordinadora de la ONG, Andreina Baduel.

Los participantes denunciaron presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos, así como la falta de avances en las investigaciones relacionadas con muertes, motines y tratos inhumanos en los centros de reclusión.

Durante la concentración, los voceros del Clippve señalaron que en los últimos dos años se han realizado al menos 15 encuentros y protestas frente al Ministerio Público sin obtener resultados satisfactorios, pese a la entrega formal de documentos y solicitudes.

Durante la jornada, una comisión fue recibida por funcionarios del Ministerio Público, para entregar un documento dirigido al fiscal Larry Devoe, en el que denunciaron presuntos maltratos, falta de atención médica, hacinamiento y retrasos en los procesos judiciales.

Los familiares también expresaron preocupación por los recientes motines ocurridos en cárceles venezolanas, especialmente en el Internado Judicial de Barinas y otros centros penitenciarios, donde se reportaron muertos y heridos en medio de protestas de los reclusos por las condiciones de encierro.

“Seguimos denunciando la violación de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas”, señalaron algunos de los manifestantes, quienes portaban pancartas y fotografías de sus familiares detenidos.

Caracas. – Según lo alertó este pasado miércoles la defensora de derechos humanos, Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, por lo menos las vidas de 51 rehenes políticos con enfermedades graves, corren peligro tras las rejas.

Debido a esta situación, Malavé acudió al Ministerio Público para solicitar la revisión de los casos. Indicó a los medios de comunicación que en la información recabada cuentan con los diagnósticos médicos y otros detalles de los detenidos enfermos.

La activista advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas frente a este escenario, se podrían registrar nuevas muertes bajo custodia del Estado. Además, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades frente a las denuncias de familiares y defensores de derechos humanos.

Asimismo, alertó que la falta de independencia de poderes permite que diagnósticos médicos y evaluaciones especializadas sean ignorados o retrasados por trabas burocráticas dentro del Senamecf, mientras numerosos detenidos permanecen encarcelados sin atención adecuada.

Además, calificó de burla las declaraciones de altos funcionarios que han anunciado liberaciones masivas, algo que no ha ocurrido.“La pérdida de credibilidad absoluta en ellos. Primero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se apersonó en un centro de reclusión y dijo que iban a salir; y detrás de eso vino huelgas, madres desmayadas, los muchachos en huelga de hambre. Ahora otra vez, y viene de la presidenta encargada de la República”, denunció.

La ONG registra al menos 631 secuestrados en Venezuela por motivos políticos. La directora aseguró que el sistema de justicia colapsó.

“Colapsó de tal forma que todo el que quería lo utilizaba. Todos: funcionarios del FAES, políticos. De hecho, cuando nosotros conocemos al preso político, le preguntamos: ‘¿Quién es tu carcelero?’, para ver hasta dónde alcanza el poder y hasta dónde nosotros podemos llegar”, manifestó.

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano, José Breijo, de 73 años, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a un hospital en Caracas (Venezuela) este jueves, tras recobrar su libertad, así como su apartamento, ocupado ilegalmente por un esbirro del narcorégimen.

Breijo recibió su boleta de excarcelación bajo arresto domiciliario el viernes 22 de mayo, luego de casi dos años detenido en Tocuyito.

El operativo fue coordinado por la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y derivó en una mediación con órganos de justicia y cuerpos de seguridad para concretar el traslado de Breijo a un centro de salud, debido a las patologías que presenta actualmente.

Durante la madrugada de este jueves, a una clínica en la capital del país debido a graves problemas respiratorios, según los informes.

El periodista Carlos Julio Rojas estuvo presente junto a Breijo, en el momento exacto en que el personal paramédico y asistencial procedió a trasladarlo desde su vivienda, localizada en la urbanización Bello Monte.

Aunque en un principio las comisiones estimaban conducirlo hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, posteriormente se confirmó que el septuagenario fue internado formalmente en el Hospital de Clínicas Caracas, un centro de salud privado del este de la capital.

Por su parte, la periodista Marjorie Méndez reportó que la salud de Breijo está comprometida debido a dificultades respiratorias. “Ya esto es un asunto humanitario que debe escalar. Hay que garantizar que sus días los pase tranquilo”, publicó la comunicadora.

Breijo fue arrestado injustificadamente por los cuerpos de seguridad del Estado en el año 2023. En aquel momento, la Fiscalía de la República lo acusó formalmente de cometer presuntos delitos de terrorismo, una calificación penal que las autoridades sustentaron bajo el único argumento de que el ciudadano había tomado una fotografía fija a una bandera que contenía diversas inscripciones en idioma árabe.

Recientemente, un tribunal de control de la causa le otorgó a Breijo, una medida sustitutiva de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su avanzada edad y cuadro clínico. Sin embargo, al momento de ejecutarse el traslado a su hogar, los familiares y la defensa técnica denunciaron que el inmueble se encontraba ilegalmente invadido por un funcionario policial, quien participó de forma directa en el operativo de su detención original en 2023.