Una de las primeras decisiones administrativas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al asumir el ejecutivo, fue la cancelación del oleoducto de Keystone XL, la cual le generó crítica dentro de varias uniones de trabajadores, políticos y gobiernos de otros países.

21 estados de la nación norteamericana se han sumado a un esfuerzo conjunto y bipartidista para demandar al presidente por haber tomado esta decisión.

La demanda se introdujo en la Corte del Distrito Sur del estado de Texas y se alega que Biden abusó de su poder al haber cancelado este proyecto en su primer día como presidente. El argumento se estructura gracias a una provisión que se logró incluir en una legislación fiscal que requirió que el presidente de ese momento (2011), Barack Obama, aprobara o determinara que ese mismo proyecto no era de interés nacional dentro de un periodo de 60 días.

Los estados demandantes son: Texas, Montana, Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia del Oeste y Wyoming.