De Alt Media

A diez días de que Alejandro Benítez, el docente salteño muriera en Bolivia tras sufrir un accidente con su moto y su familia reclamara que no tuvo la atención médica necesaria, se renueva la polémica por la falta de reciprocidad en el sistema de salud boliviano para con los argentinos.

En este caso, una mujer de 29 años sufrió un ACV en Tarija, una ciudad boliviana a una hora de la frontera con Argentina. Fue internada en una clínica privada para garantizar su atención y debió pagar $200.000 diarios para cubrir los gastos médicos.

La familia terminó gestionando su traslado ante el Consulado Argentino en esa ciudad. Fue llevada por ruta al hospital de Orán, Salta, porque el avión sanitario costaba US$14.000. Ahora está en la capital salteña, en el Hospital San Bernardo.

Aunque no hay datos estadísticos detallados, las autoridades provinciales estiman que en los hospitales públicos de Salta y Jujuy los pacientes bolivianos que no viven en la Argentina se mueven entre un piso del 8% hasta el 20%. Los gobernadores de esas provincias, al igual que los intendentes y directores de hospitales de las ciudades de frontera, subrayan que Bolivia “no cumple” con el acuerdo “de cooperación” en materia de salud firmado en 2019 con la Argentina.

Esas mismas fuentes coinciden en que los pacientes que llegan desde Bolivia no solo son casos de emergencia; se registran partos, tratamientos de enfermedades crónicas, seguimiento de patologías graves y cirugías de todo tipo.

Días atrás, la directora del hospital Jorge Uro de La Quiaca, Fernanda Elías, dijo a los medios que en los centros de salud argentinos se atienden “a todos los pacientes bolivianos; pero seguimos con el problema del otro lado, que cobran todo y si no pagan, no los atienden. Tampoco les reciben dinero argentino”.

A modo de ejemplo, comentó un caso similar al de la docente: un hombre que sufrió un ACV en Villazón (la ciudad boliviana ubicada del otro lado del puente internacional) y no quisieron atenderlo: cruzó por un paso ilegal “traído en un carrito”, informó La Nación.

De Alt Media

El subsecretario de Salud estadounidense, Rachel Levine, ha sido fuertemente criticado tras afirmar que es necesario «apoyar y empoderar a los menores transgénero que buscan atención de reafirmación de género”.

En una entrevista a MSNBC, Levine, “la primera funcionaria federal del país norteamericano abiertamente transgénero”, denunció el «acoso e intimidación», así como los «ataques por motivos políticos contra los menores transgénero”. «Ahora están sufriendo ataques por motivos políticos a través de acciones estatales contra estos jóvenes transgénero vulnerables. Esto no se basa en datos, estas acciones tienen una motivación política», puntualizó.

Ante ello, «queremos […] afirmar, apoyar y empoderar a estos jóvenes, no limitar su participación en actividades y deportes e incluso limitar su capacidad de obtener un tratamiento de reafirmación de género en su estado», expresó Levine. «Todo lo que se necesita es un adulto de apoyo para hacer una diferencia para un joven LGBTQI+, los jóvenes transgénero, en términos de su riesgo de depresión y suicidio», agregó.

Los comentarios del funcionario suscitaron críticas en las redes sociales. «La subsecretaria de Salud de Biden, Rachel Levine, dice que tenemos que ‘empoderar’ a los niños para que reciban tratamiento de afirmación de género en su Estado. Esto es profundamente perturbador», criticó el miembro republicano de la Cámara de Representantes, Andy Biggs.

Por su parte, el senador por Kansas, Roger Marshall, catalogó la atención de reafirmación de género como «abuso infantil». «El 80 % de los niños superan la disforia de género», señaló el político, agregando que bajo las políticas de «cuidado de género» de Biden, «estos niños pueden sufrir un daño irreversible».