Trump firma la ley para reabrir el Gobierno federal tras un récord de más de seis semanas cerrado

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado en las últimas horas de este jueves la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país con 43 días, tras la aprobación de un paquete de medidas el lunes en el Senado y este miércoles, poco antes de la rúbrica presidencial, en la Cámara de Representantes.

«Con mi firma, el Gobierno federal reanudará ahora sus operaciones normales y mi Administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el coste de la vida, restablecer la seguridad pública (…) y hacer a EE. UU. asequible de nuevo para todos los estadounidenses», ha declarado Trump en el acto de promulgación.

Trump se ha referido a las últimas seis semanas como «el cierre demócrata» y ha acusado a la oposición de haber «infligido un daño masivo» al país, citando, entre otros argumentos, «20.000 vuelos cancelados o retrasados», ante la carencia de controladores aéreos.

Además, ha lamentado que los demócratas «han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados», alegaciones que ha instado a la población a «no olvidar» de cara a las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.

Poco antes, la Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado el paquete de medidas de financiación enviado por el Senado hace dos días para poner fin a un cierre de gobierno que ha provocado, entre otras cosas, la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) al que ha aludido Trump y del que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor —entre ellos, los de seis representantes demócratas— y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto, con la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026.

Además, incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal, según ha recogido el portal de noticias The Hill, de forma similar a los ocho senadores demócratas que votaron el lunes, junto a los republicanos, por la aprobación del paquete en la Cámara Alta.

Con todo, la ley ha estado a punto de sufrir un revés después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución incluida en el Senado que faculta a sus miembros de este partido a demandar al Gobierno federal por cientos de miles de dólares si sus registros telefónicos se encontraban entre los incautados en la investigación federal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha prometido tramitar de urgencia un proyecto de ley aparte para revocar esa cláusula, una votación que tendría lugar la próxima semana.

Cabe recordar que el Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.

Un grupo de senadores demócratas acordó con los republicanos aprobar la iniciativa a cambio de una futura votación sobre la extensión de las ayudas sanitarias, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pese a que su par en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha defendido su papel y su continuidad.

EE. UU. ofrece USD$ 5 millones por los autores del ataque contra un helicóptero con 13 muertos en Colombia

Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles una recompensa de hasta USD$ 5 millones a cambio de información que permita dar con los responsables del atentado efectuado a mediados de agosto contra un helicóptero en el noroeste de Colombia que dejó trece policías muertos.

«¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al Frente 36 del EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes), de las disidencias de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo)? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación», ha señalado la Embajada estadounidense en Bogotá en su cuenta de la red social X, indicando el monto máximo que está dispuesta a pagar por ello.

La legación diplomática ha recordado que el helicóptero siniestrado era «un Black Hawk perteneciente a EE. UU.», que transportaba a un equipo de la Policía Nacional de Colombia que «realizaba un operativo de erradicación de hojas de coca en la región del Bajo Cauca», cuando fue víctima de un explosivo lanzado por un dron a su paso por Amalfi, en el departamento de Antioquia. Como consecuencia, murieron trece efectivos y otros cuatro resultaron heridos, además de que la aeronave quedó completamente destruida.

Cabe señalar que Colombia vivió entonces una jornada de gran conmoción, puesto que otro ataque —también atribuido a disidencias de las FARC— dejó al menos ocho muertos y cerca de 80 heridos fruto de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartel del Ejército en Cali, en el Valle del Cauca.

El Frente 36 señalado por EE. UU. es una estructura comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, que forma parte del EMBF y que surgió como una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, después de que el primero se mostrara partidario de seguir negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

En octubre de 2024, el Ejecutivo colombiano prorrogó el alto el fuego con el EMBF mientras avanzaba el diálogo, pero una emboscada en abril de este año que se saldó con siete militares muertos echó al traste la tregua.

Lejos de ser dos grupos perfectamente cohesionados bajo un mando único, el EMBF y EMC cuentan con diversos bloques y frentes que operan con cierta autonomía, erigiéndose como herederas de las FARC, cuyos dirigentes históricos o bien están muertos o desmovilizados tras los acuerdos de 2016 de La Habana.

EE. UU. sanciona a 5 personas y 3 entidades de Birmania y Tailandia por estafas millonarias por Internet

Las autoridades de EE. UU. han anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra 5 personas y 3 entidades ubicadas en Birmania y Tailandia, alegando su participación en estafas por Internet, advirtiendo de que solo las redes criminales de este tipo en el Sudeste asiático provocaron pérdidas de al menos USD$ 10.000 millones entre los usuarios estadounidenses en 2024.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha indicado que se trata del Ejército Democrático Benévolo de los Karen (DKBA) —un grupo insurgente birmano— y cuatro de sus altos cargos, sancionados por «apoyar centros de estafas cibernéticas en Birmania que tienen como objetivo a estadounidenses mediante esquemas de inversión fraudulentos».

«Estas mismas redes trafican con personas y contribuyen a alimentar la brutal guerra civil de Birmania. El Gobierno seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para perseguir a estos ciberdelincuentes, dondequiera que operen, y para proteger a las familias estadounidenses de su explotación», ha declarado en un comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

El organismo ha impuesto estas medidas, además, a un ciudadano y dos compañías tailandesas por «vínculos con el crimen organizado chino», acusándolos de haber «colaborado con el DKBA y otros grupos armados para desarrollar estos centros de estafa».

«Los ingresos generados por los trabajadores de estos centros —quienes a menudo son víctimas de trata de personas— financian al crimen organizado y permiten al DKBA seguir financiando sus actividades delictivas», ha recogido en su escrito.

El Tesoro ha enmarcado estas sanciones en su preocupación por las crecientes estafas a ciudadanos estadounidenses perpetradas desde el Sudeste asiático, ordenando a sus agentes y fiscales que pongan especial atención a Birmania, Camboya y Laos en sus investigaciones sobre este tipo de redes criminales.

Cabe señalar que el Gobierno estadounidense ha estimado que las pérdidas provocadas por estafas originadas en esta región supusieron en 2024 al menos USD$ 10.000 millones, representando un 66% más que el año anterior.