Caracas. – Los magistrados del Palacio de Justicia del estado Carabobo, que acudieron a la audiencia de apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano, y otros 23 rehenes políticos vinculados al caso Fuerte Paramacay, informaron que se tomarán 10 días hábiles para emitir su pronunciamiento sobre el proceso.
La audiencia, que inició a principios de la tarde de este pasado miércoles, se extendió hasta altas horas de la noche, en una extensa jornada durante la cual, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo escuchó los argumentos de las partes.
A las afueras del recinto, familiares y dirigentes políticos se mantuvieron a la espera de la resolución. El padre del capitán Caguaripano confirmó haber escuchado a su hijo a través de la conexión telemática durante la sesión, mientras los allegados reiteran la exigencia de libertad plena para todos los civiles y militares procesados.
La instancia judicial había admitido un recurso presentado por la defensa de Caguaripano contra la sentencia dictada en primera instancia. Sus abogados sostienen que durante el proceso se produjeron presuntas irregularidades, entre ellas vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa, además de cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.
Tras la revisión del caso, la Corte de Apelaciones podrá mantener la sentencia original, modificar la pena o declarar la nulidad del proceso y ordenar la realización de un nuevo juicio.
Mientras, el coordinador de la ONG Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, informó que la Corte de Apelaciones aplazó la resolución debido a que el caso requiere evaluar puntos de mero derecho y las circunstancias denunciadas por la defensa.
Caguaripano fue condenado por su presunta participación en la denominada “Operación David”, ocurrida el 6 de agosto de 2017, por el asalto a la Brigada 41 Blindada en Fuerte Paramacay, ubicada en Naguanagua, estado Carabobo. El caso también involucra a los otros 23 detenidos considerados rehenes políticos, por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los implicados recibieron una condena de 30 años de prisión en diciembre de 2025, tras ser acusados por la sustracción de armamento militar durante la toma de la instalación castrense.
