Caracas. – Un intercambio de presos políticos venezolanos por los delincuentes enviados al Salvador, propuso este pasado domingo el presidente de ese país, Nayib Bukele, al jefe de la Narcotiranía chavista, Nicolás Maduro.
A través de un mensaje en su cuenta de X, Bukele se dirigió a Maduro haciendo referencia a las continuas quejas de este por los peligrosos criminales que se encuentran en la prisión de máxima seguridad CECOT, luego de haber sido detenidos y deportados por EE. UU., a lo cual le planteó hacer un canje.
La propuesta de Bukele plantea la posibilidad de intercambiar a 252 venezolanos deportados desde EE. UU. y encarcelados en el país centroamericano por la misma cantidad de presos políticos que el régimen de Caracas mantiene tras las rejas.
«Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene», dijo Bukele en el mensaje que publicó en X dirigido al narcotirano chavista.
Bukele aseguró que todos los venezolanos que están en El Salvador «bajo custodia» fueron detenidos en EE. UU. «en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua».
«A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han sido asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito», indicó el presidente salvadoreño.
Bukele le pidió a Maduro liberar, entre otros, a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; al periodista Roland Carreño; a la abogada y activista Rocío San Miguel; a Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado; a cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina en Caracas, y a casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades presos en Venezuela.
La propuesta fue tachada como «cínica» este lunes por el fiscal del narcorégimen, Tarek William Saab, pese a que el trato brindado por la justicia chavista a sus rehenes ha sido duramente cuestionado por la comunidad internacional, debido a los procedimientos dudosos —y carentes de evidencias que los respalden— llevados a cabo para condenar a las víctimas.
