Caracas. – Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, un rehén político del narcorégimen recluido en el Internado Judicial Rodeo III (Miranda), falleció este pasado martes bajo custodia del narcoestado chavista, debido a un fuerte cuadro de desnutrición que presentaba.
Sus familiares y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que, pese a su condición delicada de salud, no recibió atención médica “oportuna y adecuada”. “El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”, señaló la ONG en redes sociales.
Según el OVP, su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, sin obtener respuesta.
El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia del preso político en la morgue de Bello Monte, donde se prioriza la entrega del cuerpo. “No habrá declaraciones”, indicó Torres, quien además señaló que Lozada fue detenido en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.
“A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, señaló el OVP al tiempo que recordó la responsabilidad del Estado venezolano como garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.
Yosvet Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.
Junto a él, otros 22 jóvenes fueron apresados. Sus familiares han solicitado atención médica para todos y celeridad en el proceso judicial, pero aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria.
Desde el OVP señalaron, que con este caso se eleva a 22 el número de rehenes políticos fallecidos, documentados en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, indicó la ONG.
