El Gobierno puso en marcha un nuevo marco tributario que busca ordenar el sistema, reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a los contribuyentes.
Desde este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas clave impulsadas por el Gobierno para modernizar el sistema tributario argentino. La norma, sancionada por el Congreso el pasado 26 de diciembre, apunta a corregir distorsiones históricas, reducir la presión punitiva sobre los contribuyentes cumplidores y fortalecer la seguridad jurídica.
El nuevo marco establece reglas más claras para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados, redefine los parámetros del Régimen Penal Tributario y limita el uso discrecional de herramientas sancionatorias por parte del fisco. De este modo, se busca facilitar la formalización, incentivar el cumplimiento voluntario y reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos.
Evasión: suben los montos y se reduce la criminalización
Uno de los ejes centrales de la ley es la actualización de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. A partir de ahora, el delito de evasión simple solo se configura cuando el monto supere los $100 millones, mientras que la evasión agravada se eleva a $1.000 millones. Esta modificación corrige valores que habían quedado totalmente desactualizados y que exponían a contribuyentes a causas penales por montos marginales.
En la misma línea, también se incrementaron los pisos para multas y sanciones administrativas, con el objetivo de focalizar el control estatal en conductas verdaderamente relevantes y no en errores formales o diferencias menores.
Declaración jurada simplificada y presunción a favor del contribuyente
La Ley de Inocencia Fiscal incorpora una declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no estén categorizadas como grandes contribuyentes.
Quienes adhieran a este régimen y acepten la liquidación propuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtendrán un efecto liberatorio pleno: se considerarán cumplidas las obligaciones formales y materiales del Impuesto a las Ganancias del período declarado.
Además, la norma establece una presunción de exactitud a favor del contribuyente. Solo podrá ser impugnada si la ARCA detecta discrepancias significativas, como incrementos superiores al 15% del impuesto determinado o diferencias mayores a $100 millones.
Menos litigios y plazos de prescripción más razonables
Otro avance relevante es la reducción de los plazos de prescripción. Para contribuyentes inscriptos que presenten sus declaraciones en término y regularicen saldos, el plazo baja de cinco a tres años. Esta medida aporta previsibilidad y pone fin a la incertidumbre permanente que generaban fiscalizaciones extendidas en el tiempo.
En materia penal, la ley también introduce un criterio racional: si el contribuyente cancela de manera total e incondicional el monto evadido y los intereses antes de la denuncia, el organismo no podrá iniciar una causa penal. Incluso si la acción ya comenzó, esta se extingue si se regulariza la deuda en los plazos previstos.
Reglamentaciones pendientes, pero vigencia plena
Si bien resta la reglamentación del Poder Ejecutivo y algunas resoluciones operativas de la ARCA, la ley ya se encuentra plenamente vigente. Estas normas complementarias permitirán definir detalles técnicos, sin alterar el espíritu central de la reforma.
La Ley de Inocencia Fiscal se inscribe en la estrategia del Gobierno de ordenar el sistema tributario, reducir la arbitrariedad y promover un clima más favorable para el ahorro, la inversión y la formalización de la economía. Su entrada en vigencia marca un cambio de paradigma: menos persecución y más reglas claras para quienes cumplen.