Caracas. – Aunque el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) cerró este pasado viernes en 832,4883 bolívares por dólar, a partir del martes 15 de septiembre el tipo de cambio de referencia del dólar saltará a 842,2067 bolívares, lo que representa un alza de casi 10 bolívares respecto al valor registrado este viernes, superando además la barrera de los 830 bolívares con los que se venía moviendo en la primera quincena del mes.
De acuerdo con la información oficial del BCV con fecha valor del viernes 11 de septiembre, el dólar oficial se situó en 832,49 bolívares, mientras que el euro alcanzó los 968,08 bolívares, el yuan chino 124,15, la lira turca 17,17 y el rublo ruso 9,92.
Debido a que el lunes 14 de septiembre corresponde a un feriado en el calendario bancario nacional, las tasas difundidas por el instituto emisor estarán disponibles e operativas para las transacciones en el sistema financiero desde la tarde del pasado viernes.
El incremento impactará en los precios de bienes y servicios importados, así como en los costos de producción de empresas que dependen de insumos dolarizados. Comerciantes y consumidores anticipan posibles ajustes en etiquetas de alimentos, medicinas, electrodomésticos y otros rubros en los próximos días.
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.
“… El gobierno estadounidense, o cualquier otro, al obligar a los emisores de stablecoins a respaldar su token con bonos de deuda, en realidad se está asegurando financiamiento casi gratuito (…)”
[*]Desde hace un tiempo, la tokenización de instrumentos financieros del mercado tradicional (TradFi), que consiste en crear una representación digital de un activo físico —inmobiliario, arte, materias primas— o financiero —acciones, bonos— en una red BlockChain[1], a tomado bastante impulso, especialmente la tokenización de deuda pública —con EE. UU. en la delantera, con gran diferencia—. Tan sólo en lo que respecta a éste último, y para dimensionar el asunto, note que, a principios de 2023, la capitalización de mercado de deuda tokenizada era inferior a los USD$ 100 millones, pero a mediados de 2025 esta cifra se ha disparado a más de USD$ 7.400 millones, con algunos informes situándola en USD$ 5.600 millones a finales de abril de 2025[2].
Lo anterior representa un crecimiento superior al 5500% en dos años, si la base es la de 5.600 millones, o más de 7370% en poco más de dos años, si la base es 7.400 millones, impulsado por la creciente demanda de los inversores de rendimientos de bajo riesgo que sean nativos del entorno On-Chain. No conforme con esto, proyecciones de la industria, como las de McKinsey, estiman que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los USD$ 2.000.000.000.000 para 2030[3], a medida que se vayan adoptando masivamente. ¡Y todo ello excluyendo las criptomonedas!
En este escenario, resaltan proyectos como ChainLink, Ondo Finance, XRP Ledger —Ripple—, Harbor, entre otros, con sus respectivos tokens nativos, creadas especialmente con el fin de abarcar el mercado de la tokenización de activos del mundo real[4] (RWA, en inglés). Sin embargo, pocos son los que reparan en los riesgos y beneficios de la tokenización, y, paralelamente, mucho menos observan cómo la tokenización de deuda, en particular, responde a la naturaleza del Estado de financiar sus gastos —siempre crecientes— de la forma más barata posible, sin ajustarse los cinturones, y de manera coactiva.
Por ello, con el fin de dar luces sobre el tema, exploraremos los beneficios y riesgos inherentes de la tokenización de activos, los aspectos negativos de erigir este puente entre los “activos del mundo real” y lo “digital” en el mundo financiero, con un enfoque estrictamente técnico, pero sin dejar de abordar el análisis político sobre cómo el Estado se quiere aprovechar del ecosistema BlockChain para llevar su deuda a un público masivo, accediendo con ello a más financiamiento y abaratando los costos de su deuda para financiar el déficit público. Si bien, antes de ello Comencemos.
Sobre los aspectos positivos de la tokenización
En principio, viendo el lado positivo, el proceso de tokenización (i) reduce la dependencia de intermediarios, ya que BlockChain actúa como un sistema de confianza y registro descentralizado donde las transacciones se validan mediante un consenso de la red —no por una sola entidad— y se registran en un libro de transacciones que es inmutable y compartido, permitiendo así que las partes —comprador y vendedor— realicen transacciones de forma más directa —peer-to-peer—, eliminando o reduciendo drásticamente la necesidad de tantos intermediarios que en el TradFi sólo llegaron para aportar confianza y validación, porque esto es algo que las funciones de la propia tecnología ya provee.
En las finanzas tradicionales, en cambio, cualquier transacción requiere de múltiples intermediarios. Por ejemplo, en la compra de acciones es necesario un bróker que te conecte al mercado; la bolsa de valores, que es donde ocurre la compra; una cámara de compensación encargada de verificar que el comprador tenga el dinero y el vendedor las acciones; y un depositario central que custodia las acciones; añadiendo cada uno de ellos tiempo y costes al proceso —cobran comisiones—. Empero, con la BlockChain hay menos intermediarios y, por consiguiente, menores costes y menos burocracia.
También, (ii) se acortan los ciclos de liquidación[5], porque ya no se tendría que esperar, por ejemplo, en los mercados de acciones el famoso ciclo de liquidación en el que se espera uno o dos días —conocido como T+1 o T+2, respectivamente— para que se transfieran los activos y el dinero de forma definitiva a quien corresponda, o en el mercado de bienes raíces no se esperaría semanas o meses entre notarios, registros de propiedad y bancos, pues en la BlockChain la transferencia del token —el activo— y del pago —stablecoin, por ejemplo— ocurren simultáneamente y de forma automática en la misma transacción. A este tipo de transacciones se le conoce como “liquidación atómica”, porque no hay que esperar a que varias entidades verifiquen y/o concilien sus cuentas en días, semanas o meses, sino que se libera capital mucho más rápido —en minutos o segundos—.
Asimismo, (iii) democratiza el mercado financiero, permitiendo que los pequeños inversionistas —como usted y yo— participen del “gran pastel” del que llevan años beneficiándose las grandes instituciones, en virtud de que la tokenización permite la propiedad fraccionada de forma muy sencilla, o simplemente hace las operaciones más atractivas a las personas comunes por ser ahora poder hacer lo mismo que los grandes inversionistas de forma más fácil y rápida, aunque en menor escala. La barrera de entrada altísima que existía para las personas comunes simplemente desaparece por completo o parcialmente. A modo de ilustración, en el TradFi difícilmente puedas comprar USD$ 100 de un rascacielos, pero la tokenización permite tomar dicho activo de USD$ 10 millones y dividirlo en 10 millones de tokens de USD$ 1 cada uno. Con ello, pequeño inversionista puede comprar 100 tokens por USD$ 100 y ser dueño del 0.001% del edificio, recibiendo la parte proporcional de los alquileres. Esto, a su vez, (iv) facilita la liquidación de activos que antes estaban atrapados en sistemas rígidos y basados en papel, es decir, hace más fácil la venda de los activos. Al convertir los activos en tokens, se pueden comerciar en mercados secundarios globales que operan 24/7, haciendo que, por ejemplo, vender el 0.001% del rascacielos sea tan fácil como vender una acción en una app, en lugar de un proceso legal de meses.
A todo ello se suman (v) los beneficios de la automatización y la transparencia que brinda un sistema BlockChain. En el TradFi, la gestión de activos requiere trabajo administrativo —lo que se conoce como “back-office”— para calcular la distribución de dividendos, verificar datos, enviar pagos o, en el caso de bonos, gestionar el pago de intereses —cupones—, pero todo ello queda eliminado en la BlockChain al contar con algún Smart Contract, que no es más que un programa informático que se ejecuta automáticamente en la red y cuyas reglas están vinculadas directamente con el token. De este modo, los reembolsos, el cumplimiento y los cronogramas de intereses se cumplen en los términos del contrato programado.
Un claro ejemplo de automatización podría ser la programación de un Smart Contract para que el primer día de cada mes tome los fondos —alquileres, dividendos— depositados en una dirección para distribuirlos automáticamente a todas las direcciones que posean un token específico, en proporción a la cantidad de tokens que tengan cada dirección.
En lo que refiere a la transparencia, algunos de los problemas del TradFi es que los registros de propiedad suelen ser opacos, porque se encuentran en bases de datos privadas de bancos, gobiernos o notarías, o simplemente están entre un cúmulo de papeles que, todo junto, hace difícil auditar quién es dueño de qué cosa en tiempo real. Sin embargo, la Blockchain soluciona estos problemas de facto, en cuento su misma naturaleza es la de ser un libro de registro de transacciones público —o semi-público— e inmutable, dejando vía libre para que cualquier persona pueda verificar el historial completo de un token: cuándo se creó, todas las transacciones que ha tenido y quién los posee actualmente —o, mejor dicho, qué dirección de cartera los posee y cuánto—. En otras palabras, la tokenización en la Blockchain deja un registro de propiedad —procedencia u origen— perfecto, auditable y confiable, lo cual reduce el riesgo fraude o errores humanos y aumenta la confianza en el sistema.
Los riesgos inherentes en la tokenización
Ahora bien, además de los pétalos, toda rosa tiene sus espinas que obligan a tomarla con cuidado. Hasta el momento se ha alabado los beneficios que ofrece el uso de la BlockChain para operar activos del TradFi, pero esto no necesariamente significa que se elimine el riesgo de impago por parte de la entidad emisora del token —imagina una deuda—, puesto que depende de ella, y no de los Smart Contracts o el sistema, contar con los fondos suficientes para responder a las mismas. Dicho de otro modo, la tecnología Blockchain —gracias a los Smart Contracts— es solo un mecanismo de ejecución, no una fuente de dinero; aunque resuelve problemas de proceso —cómo se paga, cómo se transfiere la propiedad—, no resuelve el problema fundamental de la solvencia —la capacidad de pago del deudor—. Así, si la entidad emisora quiebra, por ejemplo, no tendrá dinero para pagar a sus acreedores; sin importar si esos acreedores tienen un bono de papel o un bono tokenizado; el resultado es el mismo: no cobran. Los Smart Contracts no pueden obligar a la empresa a pagar si no cuenta con el dinero para ello, por lo tanto, no estamos ante nada nuevo en cuanto a la naturaleza del instrumento, sino sólo en cuanto a su forma.
Asimismo, te puedes encontrar con errores que pueda tener algún Smart Contract mal programado —porque, al final, es programada por un humano y éste puede cometer errores en el proceso—; riesgo de las plataformas custodia[6]; la incertidumbre regulatoria[7]; la volatilidad, entre otras cosas. De allí la importancia de escoger bien el espacio en donde se accede a los instrumentos, lo cual significa necesariamente que se debe estar bien informado —la responsabilidad recae más que nunca en el inversor—, porque ya no solo depende de analizar la salud financiera de la empresa —la naturaleza del activo—, sino también de analizar la seguridad de la plataforma, la calidad del Smart Contract y la reputación de los custodios —la forma del activo—.
Los aspectos negativos de la tokenización, especialmente el de deuda estatal
Desde luego, la naturaleza y la forma de los activos sólo hacen requerir de las personas cierto conocimiento para que tomen mejores decisiones, mitigando riesgos y obteniendo beneficios, por lo cual no es algo malo en sí mismo, sino simplemente el mercado financiero adaptándose al progreso de la sociedad, de la mano con la tecnología, y con ello expandiéndose y obligando a las personas a que se adapten a ella, según sus gustos. Pero esto no puede solapar un hecho que muchos parecen ignorar, a saber: con la tokenización —especialmente de deuda— se abre puerta a que las mismas puedan ser usadas como garantías o colaterales en operaciones apalancadas —trading—, exponiendo así al mundo cripto —más— a cualquier problema geopolítico y/o de liquidez —se crean nuevas vías para la transmisión de riesgos entre mercados—, aumentando la probabilidad de efectos en cascada en los protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi). Es decir, la misma tecnología que hace a los mercados financieros más eficientes y rápidos —tokenización— también los hace increíblemente frágiles y vulnerables a un colapso en cadena a una velocidad nunca antes vista. Si bien, para entender el riesgo a cabalidad se hace necesario entender la situación en la que nos encontramos actualmente.
Recuerde que el TradFi —acciones, bonos, bienes raíces, entre otros— está conformado por mercados maduros, altamente regulados y, aunque tienen sus propias crisis —como 2008—, se caracterizan por tener una baja volatilidad comparativa —particularmente la deuda de alta calidad, como un Bono del Tesoro de EE. UU.—. Esto la separa del mundo DeFi —criptoactivos como Bitcoin, Ethereum, entre otros—, que son mercados totalmente nuevos, menos regulados —o regulados de forma diferente— y se caracterizan por una extrema volatilidad —es más común, por ahora, más fácil ver que un criptoactivo caiga un 20% en un día a que lo haga un activo del TradFi[8]—. Al estar relativamente separados ambos mundos, ambos cuentan con diferentes inversores, diferentes culturas de riesgo y, sobre todo, diferente volatilidad —un bono del Tesoro es relativamente estable; Bitcoin es extremadamente volátil—, por lo que, si el precio de Bitcoin colapsa mañana, los inversores de bonos del Tesoro de EE. UU. apenas se inmutan —el riesgo de uno no se transmite fácilmente al otro—.
Sin embargo, la tokenización crea un puente entre ambos mundos, por lo cual tendrías en una misma plataforma un token de un activo bastante volátil junto a un token que representa un activo estable, pudiendo intercambiarlos entre sí al instante y, con ello, infectando a los TradFi relativamente estables —token de deuda, bono— con la volatilidad de las DeFi —token cripto—. Ahora bien, el riesgo no responde sólo a la coexistencia de los activos en el mismo ecosistema, sino también al cómo interactúan en los protocolos DeFi, ya que en estos el apalancamiento funciona pidiendo prestamos, por lo cual una persona puede poner como colateral los activos tokenizados para pedir préstamos de otro activo. Es decir, alguien podría depositar USD$ 100 de un activo A —colateral— para pedir prestados USD$ 70 de otro activo —activo B—, con el fin de operar con más dinero del que realmente posee.
Si pensamos en la deuda tokenizada, un inversor podría tomar su token de deuda —que representa deuda estable, percibida como segura, de la TradFi— y usarlo como garantía en un protocolo DeFi para pedir prestado un activo volátil como Ethereum y especular, pudiendo dar paso a que se comience a tratar los tokens de bonos del Tesoro de EE. UU. con la misma mentalidad de pánico y euforia con la que tratan a las criptomonedas, introduciendo una volatilidad que nunca antes habían tenido. En tiempos de estrés, al mercado tokenizado no tener —para bien y/o para mal— ciertos cortafuegos del TradFi —como las interrupciones por horarios de mercado, los tiempos de liquidación y los intermediarios—, cuando los inversores comiencen a vender, ya no será a una velocidad “humana” —o mediada por el humano—, sino a una velocidad de los algoritmos, creando un efecto dominó instantáneo si se venden masivamente los tokens —existen Smart Contracts programados para reducir el riesgo y que, al detectar caídas, automáticamente vende los tokens para protegerse, haciendo que el precio caiga aún más—. Este pánico podría propagarse a los tokens de bienes raíces, y así sucesivamente.
A modo ilustrativo, piensa que el sistema financiero actual es como un edificio con múltiples compartimentos y puertas cortafuegos. Si se inicia un incendio en una habitación —algún mercado—, las puertas —fricciones— ayudan a contenerlo, dando tiempo a los bomberos —reguladores o agentes más o menos interesados en evitar una crisis— para llegar y apagarlo antes de que queme todo el edificio —o al menos intentarlo—. En contraste, sin embargo, el sistema financiero total o parcialmente tokenizado es como un enorme almacén de planta abierta, sin paredes ni puertas, lleno de material inflamable, por lo que, si se inicia una chispa en una esquina, el fuego se propagará instantáneamente por todo el espacio sin nada que lo detenga, ardiendo todo al instante.
Siguiendo con el tema de las posiciones apalancadas, imagina que un trader toma una decisión arriesgada, deposita USD$ 1 millón de tokens de bonos del Tesoro como colateral de la solicitud de un préstamo en un protocolo DeFi —y éste, al ver que es una garantía de alta calidad, le presta USD$ 800.000 en USDT—, para luego usar ese dinero en compras de criptoactivos, apalancando su posición. Justo en ese momento, ocurre un evento que causa pánico y los inversores comienzan a huir de forma masiva al dólar en efectivo o activos refugio, o el Banco Central sube las tasas de interés de forma inesperada y agresiva, haciendo que el valor de los bonos existentes se desplome. Con esto, el valor real del Bono del Tesoro de EE. UU. cae un 5% en los mercados tradicionales debido al pánico, y como el token bono es un reflejo digital de dicho bono, su valor también cae instantáneamente un 5%, haciendo que el protocolo DeFi donde el trader depositó su colateral se active y liquide automáticamente el colateral para proteger el dinero de los prestamistas —el colateral de USD$ 1 millón ahora vale USD$ 950k—.
Esto significa que el protocolo DeFi vende los tokens de deuda al mejor postor en los exchanges descentralizados del mundo cripto, y en un escenario donde miles de otros traders han hecho la misma operación —más liquidaciones a la bolsa—, los exchanges se inundan con órdenes de venta de los tokens de deuda, provocando que su precio se desplome mucho más rápido y violentamente. A esto ahora se suma que todo el proceso se replica en los demás protocolos que también aceptaban los tokens de deuda como colateral, por lo cual se añaden más liquidaciones al ecosistema y genera una crisis de liquidez, porque nadie querrá comprar los tokens que se están liquidando.
El resultado final de todo lo descrito es que los protocolos no pueden vender el colateral lo suficientemente rápido para cubrir las deudas, lo que resulta en pérdidas masivas para los prestamistas del protocolo, paralizando todo el sistema. Así, podemos inferir que el mayor peligro de esto es que se usen los tokens de deudas —que provienen de la TradFi— como colaterales “seguros” y se genere una falsa sensación de robustez, porque los participantes creerán que el sistema es más fuerte, lo que los anima a tomar más riesgos y a apalancarse más, asegurando que, cuando la crisis llegue, el colapso sea aún más profundo.
No conforme con esto, ahora toca dar una visión un tanto más político —porque no hay economía sin política—.
El tema del financiamiento barato para los Estados
Muchas veces, por no decir siempre, los movimientos económicos o regulatorios importantes, especialmente los de una superpotencia como EE. UU., deben interpretarse también como un movimiento político. Las leyes financieras no se crean en un vacío, y entre sus fundamentos puede estar el servir a los intereses estratégicos del Estado. Diáfana ilustración de lo expresado es el hecho de que, hace poco, EE. UU. ha sacado la Ley Genius para establecer un marco regulatorio para las stablecoins respaldadas por el dólar, vendiéndolo como una ley cuyo objetivo es aumentar la transparencia y la estabilidad del ecosistema. Si bien, lo cierto es que exige que las stablecoins sean respaldadas por reservas de 1:1 con dólares estadounidenses o Bonos del Tesoro —deuda estatal—, por lo cual se puede poner en duda el fin inicial y pensar que sólo quieren asegurarse un flujo de dinero en un mercado con crecimiento exponencial en el corto plazo[9] —y que sin duda explotarán a su beneficio, como apunta dicha ley—.
El objetivo declarado —lo que dicen— es muy bonito, ¿Quién no estaría de acuerdo con que se incremente la transparencia y la estabilidad?, pero el mecanismo real —lo que hacen— es exigir a los emisores de stablecoins —como USDC o USDT—, que son tokens cruciales para operar en el ecosistema cripto, que sus emisiones estén respaldadas estrictamente por la moneda o la deuda emitida por el Estado. El gobierno estadounidense, o cualquier otro, al obligar a los emisores de stablecoins a respaldar su token con bonos de deuda, en realidad se está asegurando financiamiento casi gratuito, en la medida en que, además de que democratiza su deuda para que personas comunes puedan tenerla, acrecentando aún más su financiamiento, dicha demanda masiva asegurada puede traducirse en tasas de endeudamiento marginalmente más bajas de lo que serían de otra manera.
Podríamos decir que el Estado ve una oportunidad muy buena, pues encontró una fuente de financiamiento que le serviría de gallina de los huevos de oro por unos cuantos años, y con el pasar de los años cada vez mejor, porque el mercado de los RWA en la BlockChain está creciendo exponencialmente. Y todo apunta a que el experimento del Tesoro estadounidense está funcionando perfectamente, porque cada nuevo inversor en criptomonedas, cada nueva stablecoin emitida, se traduce en una presión de compra sobre su deuda estatal. Dicho de un modo más simple: con la Ley Genius, el gobierno de EE. UU. ha creado una fuente masiva y creciente de demanda forzada para su propia deuda. Si el mercado de stablecoins crece y domina las transacciones on-chain —lo cual es la tendencia—, y el marco regulatorio estadounidense se consolida como el estándar global, estaríamos hablando de que EE. UU. se posicionará como el financiador principal del ecosistema financiero digital global, seguido de cerca por algunos pocos estados —posiblemente—, y que el dólar y la deuda estadounidense serían los pilares de la economía BlockChain con el más mínimo esfuerzo, porque EE. UU. no tiene que buscar compradores para su deuda, sino simplemente regular el mercado cripto para conseguirlos.
Este escenario le da maniobra a EE. UU., o cualquier otro Estado que apele a ello, para el control total sobre el nuevo sistema financiero digital, a través de dos formas: (i)por el financiamiento y la dependencia de los Bonos del Tesoro —y con ello de la salud de EE. UU.—, haciendo que toda la economía blockchain global —DeFi, NFTs, entre otros— tengan como pilar y colateral fundamental de deuda estadounidense; y (ii) por vía de la regulación y supervisión estricta —poder político—, imponiendo reglas de operación, como asegurar que el ecosistema, aunque digital, siga los estándares Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) de la ley estadounidense, dando al Estado influencia directa y capacidad de supervisión sobre los puntos de entrada y salida más importantes del ecosistema —los emisores de stablecoins—. Y, con ello, se tira por tierra toda la filosofía por la cual surgieron las criptomonedas y la BlockChain, a saber: oponerse al sistema financiero global controlado por los Estados y sus Bancos Centrales. En contra de lo esperable, el sistema que se creó para oponerse al control estatal se está convirtiendo, por la vía regulatoria, en el mecanismo más novedoso y eficiente para financiar a ese mismo Estado y extender su control a la esfera digital.
En suma, la regulación de las stablecoins, tal y como se está presentando —porque en ningún momento se vende la idea de que no deban regularse—, a todas luces es el un caballo de Troya de los Estados, con EE. UU. dirigiendo la campaña, para absorber el ecosistema cripto, neutralizar su amenaza filosófica y convertirlo en una herramienta para reforzar el propio poder financiero y político, nacional y global.
Conclusión y reflexión: hay un punto positivo, la tokenización como camisa de fuerza para el Estado
El recorrido técnico y político que se ha realizado hasta el momento es para reflexionar y poner el ojo en cómo el mundo está cambiando y cómo los Estados apelan a estrategias para aumentar su control sobre diversos ámbitos de la vida humana. Pero, haciendo un inciso, quizá, y sólo quizá, en todo esto hay un punto a favor de la comunidad cripto, a saber: el puente que se teje entre ambos mundos (TradFi y DeFi) podría servir como una camisa de fuerza para las instituciones reguladoras —Bancos Centrales, principalmente, y políticas absurdas, que es por naturaleza lo que proviene de los Estados— al momento de tomar una decisión que podría afectar como efecto dominó a todos los mercados.
Esta conexión entre ambos mundos haría que el costo de un error regulatorio o de una política estatal aumente, porque el riesgo de un colapso en cadena que afecte a todos los mercados es mucho mayor y más rápido, lo cual podría obligar a las autoridades a tomar decisiones más prudentes —como evitar subir las tasas de interés de forma agresiva—. En este estricto sentido, sólo en este estricto sentido, aunque parezca irónico o contraintuitivo, dado lo expuesto hasta ahora, capaz todos esos riesgos técnicos son buenos, porque, en el fondo, esos riesgos técnicos del ecosistema interconectado hacen que el Estado, aunque se asegure financiamiento, quede atado al mismo, por el hecho de que si el sistema tokenizado colapsa debido a una política imprudente de algún ente regulatorio, el Estado no solo pierde una fuente de financiamiento, sino que desestabiliza la base de la nueva economía digital que se esforzó por controlar y de la cual depende ahora la salud de su propia deuda. En esencia, la propia herramienta que el Estado está coaptando para su beneficio se puede convertir en una restricción, en cuanto aumenta drásticamente la penalización por una mala política.
[*] Este texto fue originalmente publicado en: Humano Insurrecto. Fue escrito en 2025, aunque no ve luz hasta ahora.
[1] En el fondo, la tokenización convierte los derechos de propiedad de un activo en un token digital que se puede gestionar dentro de la BlockChain. Si desea profundizar al respecto, puede ver: Jame Holdsworth, Matthew Kosinski. 2023. ¿Qué es la tokenización?. Publicado en el portal de IBM. Puede acceder en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/tokenization (Consultado el 20/10/2025).
[4] Curioso que lo llamen así, como si acaso no fuera “real” lo digital.
[5] La “liquidación” es el momento en que una operación se cierra definitivamente, es decir, en el que el comprador recibe el activo y el vendedor recibe su pago.
[6] Irónicamente, aunque la BlockChain permite que seamos nuestros propios custodios —guardando los tokens en una wallet—, la mayoría de las personas usa plataformas o “exchanges” —como Coinbase, Binance, o plataformas de tokenización específicas— por comodidad. Pero al hacer esto se reintroduce a un intermediario en el que ahora confiamos en que no sea hackeada, no quiebre —como el caso de FTX— y no congele nuestros fondos. Haciendo un paralelismo, este es un riesgo que no existe si guardas el dinero bajo tu colchón, por ejemplo, pero sí existe si lo guardas en un banco o, en el caso que nos compete, en una plataforma cripto.
[7] La tecnología se mueve más rápido que las regulaciones a ella. En lo que compete al Estado, todavía están decidiendo qué son estos tokens —¿Son valores, como acciones? ¿Son materias primas? ¿Son un nuevo tipo de activo?—, y existe el riesgo de que un Estado cambie las reglas del juego a mitad de partido, o podrían incluso prohibir ciertos tokens, imponer nuevos impuestos o declarar ilegal la plataforma que estás usando para acceder al ecosistema. Sin duda alguna, esta “incertidumbre” dificulta la planificación a largo plazo, aunque también es cierto que los Estados están avanzando en ello y, en líneas generales, no han sido del todo hostiles con la nueva tecnología.
[8] El 10 de octubre de este año, por ejemplo, BTC abrió en 121.662,41, para luego caer a 102.000,00 en la plataforma Binance, todo en sólo minutos —representando un -16,16%—, y cerró en 112.774,50 —representando un +10,56% desde el piso—. En cambio, NVIDIA abrió en 192,25, cayó a 180,90 —representando un -7,51%, es decir, menos de la mitad de lo que cayó BTC—, para luego cerrar en 181,12 —representando un +0,12% desde el piso—, y movimientos similares podemos encontrar en ETFs como SPY (S&P500), monstrando más volatilidad en el la red DeFi que en TradFi.
[9] Recuerde las proyecciones de McKinsey expuestas al inicio de este texto: se estima que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los USD$ 2.000.000.000.000 para 2030.
Caracas. – El bolívar, moneda oficial venezolana, perdió en agosto un 5,8 % de su valor frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, donde la divisa cuesta este lunes 794,99 bolívares, según la tasa vigente publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El comportamiento del mercado oficial en agosto reflejó una desaceleración en el ritmo de devaluación en comparación con el mes de julio, período en el cual la moneda cayó un 15 % en medio de las contingencias derivadas del evento sísmico registrado en junio.
No obstante, en la primera jornada hábil del mes recién culminado, la tasa oficial se situaba en 748,78 bolívares, registrando un incremento del 6 % a lo largo de las semanas de agosto.
Además, el dólar, que comenzó el año con una cotización oficial de 301,37 bolívares, ha aumentado un 163,7 % en lo que va de 2026, lo que significa también una devaluación de la moneda venezolana del 62 %.
El alza de la divisa estadounidense, además de reducir el poder de compra de los salarios y otro tipo de ingresos recibidos en bolívares, también tiene como consecuencia una subida de los precios.
Según cifras oficiales, Venezuela acumula una inflación del 175,5 % hasta julio, cuando los precios se incrementaron un 19,9 %, 6,1 puntos más respecto a junio.
La cotización del dólar acumula más de una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento de la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios.
Reiteramos la evidencia material de que la legitimidad de las negociaciones habidas entre la oposición y el chavismo es proveída por el tutor.
Y es otra realidad de que una cosa es prioritaria para el contubernio —ejemplo el oro inglés, quién nombra a quién en el TSJ, CNE, etc.— y otra las prioridades de los Estados Unidos.
Enhorabuena.
Debemos estar atentos a lo que hace el tutor, en términos del discurrir lógico de este sin precedentes tránsito político nacional: la mesa de negociaciones es la “verdad formal” y las decisiones de los Estados Unidos con respecto a las bases de la transición es la “verdad verdadera”.
¿Cuánto valemos, cuánto debemos, cuánto cuestan las cosas realmente? Los venezolanos tenemos ya muchas décadas, específicamente desde el viernes negro (1983), cuando nuestro signo monetario, y su valor, se convirtió en misterio dentro de un enigma de subsidios y especulaciones, de devaluaciones tras devaluaciones, de un país de espaldas al mundo financiero, siendo el origen de las más horrendas de las pobrezas, injusticias y de las más egoístas de las desigualdades sociales en virtud del ingreso.
El poder monetario pertenecía al poder y sus acólitos. ¡Ya basta!
La depravación oficial hacia una política irresponsable y populista que buscaba la ilusión de un poder adquisitivo falso expresado en billetes sin valor es la tiranía real que ha padecido el pobre pueblo rico venezolano.
La democracia y el chavismo —este último en grado de enloquecimiento— usaron la máquina de hacer billetes sin valor orgánico a extremos que han llevado a los venezolanos a aclamar al dólar como moneda de adopción. Y tienen toda la razón en dicha elección.
Ha trascendido en la prensa especializada que, por voluntad del tutor, se ha decidido nombrar al profesor de economía de la universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, como el nuevo zar monetario de Venezuela.
Hanke, conocido en el mundo político norteamericano como “Money Doctor” (Médico Monetario), no es desconocido en Venezuela: estuvo asesorando al segundo gobierno de Caldera con recomendaciones similares de corrección monetaria que, opuestas a ellas por el Congreso de entonces, nos ubican hoy como las víctimas de la hiperinflación más grande del mundo (400% anual).
Su receta ha sido simple: atar el signo monetario local al valor del dólar, y en paridad idéntica evitar así el recurrente vicio de un liderazgo latinoamericano que unánimemente celebra crear un populismo que promete un bienestar falso, llenando de papeles sin valor el bolsillo de la gente.
En Venezuela el camino es más claro y expedito: no convertibilidad entre signos monetarios; el dólar se adopta y punto.
Hanke viene de hacer labor de reparación monetaria en el Ecuador de los 90s, economía basada en el dólar cuya receta provee a esa nación, hoy por hoy, de la tasa más baja de inflación en el subcontinente.
Estuvo también reestructurando las políticas monetarias de las naciones antes conocidas como Yugoslavia, salvando la vida entonces de un intento de asesinato ordenado por Milosevic, quien lo catalogó de espía francés. Su devenir profesional lo ha llevado a múltiples asesorías en el orbe.
Con la introducción de Hanke a la indispensable corrección y normalización del poder adquisitivo de los venezolanos, los Estados Unidos incorpora un elemento de protección a la justicia incuestionable en contra de la por todos temida impunidad.
Por primera vez en casi medio siglo, los venezolanos sabrán en realidad inédita para los jóvenes de hoy el valor real de bienes y servicios; estarán protegidos por valores equitativos reales de a trabajo igual-salario igual; renacería la clase media a través de la restitución del crédito; reaparecería la industria de la aseguranza de bienes, dentro de términos más allá de formalidades demagógicas y en premio del sacrosanto valor de los costos reales adquiridos en moneda fuerte.
Será el derribo de las mafias cambiarias y el mercado negro, expresión de un gobierno poseído por una organización criminal.
Venezuela como nación hará un esfuerzo para saldar sus deudas en paridad a sus ingresos petroleros, y podrá estimar el valor de sus reservas y planificar la reconstrucción de su casi absoluta destrucción de todo orden para la felicidad de las mayorías.
En esta ausencia de valor real de nuestra economía, una vez materializada la instauración del dólar como moneda nacional, nuestro petróleo tiene una posición de importancia que, a paridad de la moneda del norte, deberá ser un vehículo de redención social, transformado en educación, calidad de vida y una invitación blindada a la labor empresarial y creación de industrias generadoras de riqueza.
La revista Forbes, esta semana, informa que Venezuela está produciendo solo 1,1 millones de barriles al día, alrededor del 1,3 % del total mundial y un tercio de los barriles logrados en la era pre-Chávez de 3,4 millones en 1998. Sorprendentemente, es solo un poco más del 7 % más que antes de la salida de Maduro. Esta aceleración en sí misma es alentadora.
El país encara tal vez el boom petrolero más significativo en la historia de la civilización. Hoy, Venezuela está extrayendo solo el 0,2 % de sus 380 mil millones de barriles del total de sus reservas cada año. La nación tardaría 350 años en agotar solo la mitad de su suministro subterráneo. La tasa de agotamiento de Venezuela es una cuarta parte de la cifra saudí del 1,2 %, y una quinta parte del 1,5 % de Kuwait. El número de ExxonMobil y otras productoras se estima en el rango del 6 % al 7 % (de consumo de reservas anuales), lo que significa que cuando nuestros icónicos competidores desaparezcan, nosotros seguiremos teniendo el petróleo suficiente para continuar en el negocio.
Acelerando la producción a niveles pre-Chávez, Venezuela tendría alrededor de dos siglos de reservas disponibles, sobreviviendo a los actuales líderes de producción en el mundo. Estimar sus reservas en dólares como moneda local hace de esa riqueza algo inestimable en su promesa de justicia social.
Prioridad es aumentar la producción de petróleo como boleto para reestructurar la carga de la colosal deuda venezolana, estimada en 250 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 150 % del PIB, el número más alto de América Latina y el cuarto del mundo. Caracas estaba enviando crudo a China como parte de un programa de reembolso debido a la deuda chavista con los chinos (15 mil millones de dólares); igualmente se le debe a los rusos. Hoy nuestro petróleo regresa a las refinerías del Golfo de México, quienes no pagan por “trueque” sino con dinero constante y sonante.
Hanke, en sus declaraciones a Forbes, considera que, a pesar de la masiva emigración de venezolanos, existe un talento humano de considerable capacidad (foreign intelligentsia), incluyendo a los millones que permanecen en el exilio; dentro de ellos, las miles de víctimas del holocausto petrolero de inicios de los 2000s.
La acelerada producción de petrodólares no convertidos en moneda devaluada accesible a todos pone a Venezuela en directa solución de sus deudas con la comunidad internacional de acreedores petroleros; también depone las amenazas hacia actuales activos embargados en el exterior, y lo más importante es que igualmente crea las condiciones para indemnificar los daños infringidos por el chavismo a la clase meritocrática petrolera, a la familia institucional militar y a todos aquellos grupos con quienes se ensañó brutalmente el poder por el pecado de disentir.
Al momento de cerrar esta nota, el torturador que se asume líder del parlamento sostenido por las armas americanas arremete de nuevo en contra de un opositor para oponerse a la dolarización. No es de este personaje siniestro la decisión en contrario.
Esta deuda al pueblo de Venezuela debe ser pagada porque sí.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, se ha pronunciado por primera vez este domingo tras la ruptura del acuerdo arancelario con Canadá, país al que ha acusado de querer «disfrutar de los beneficios de ser un estado más» de su país «sin serlo».
«¡Canadá quiere disfrutar de las ventajas de ser un estado, sin serlo! Además, llevan muchos años imponiendo aranceles exorbitantes a nuestros magníficos agricultores. ¡Ya basta!», ha denunciado el presidente en una publicación en sus redes sociales.
EE. UU. responde así al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ha asegurado este sábado que su país ha conseguido escapar «de un mal acuerdo» al denunciar cambios «injustos y antieconómicos» de última hora propuestos por Washington, sobre ámbitos como el acero o los automóviles que «ponían en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo».
Cabe señalar que el fracaso de las negociaciones entre Washington y Ottawa constituye la imposición automática de un arancel estadounidense del 50% a los productos canadienses, a lo que Carney ha asegurado que responderá «dólar por dólar» en los ámbitos «del acero, los lácteros, equipo agrícola o papel».
También ha hablado esta pasada madrugada el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, a través de un mensaje en redes sociales en el que asegura que fue Canadá quien cambió a última hora los términos de un acuerdo que habría convertido a Ottawa en un socio privilegiado.
«A pesar de la oferta a Canadá para recibir el mejor trato de cualquier exportador importante a nuestro mercado, nuevas demandas y retrocesos de otros compromisos por parte de Canadá han trastocado el delicado equilibrio alcanzado en los últimos días», ha lamentado Greer.
Así, el representante comercial estadounidense ha acusado a Canadá de prolongar su campaña de represalias económicas contra Washington con «prohibiciones totales a ciertos bienes y servicios estadounidenses» y a pesar de que, esta misma semana, Washington mejoró su propuesta con «reducciones arancelarias significativas en acero, aluminio, automóviles y madera».
«Esta es una oportunidad perdida para Canadá de asociarse con EE. UU., que es la economía de más rápido crecimiento en el G7», ha concluido.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha mantenido este sábado una reunión telemática con los jefes de Gobierno de las provincias y territorios del país para abordar la suspensión de las negociaciones comerciales con EE. UU. y coordinar la respuesta de Ottawa ante el conflicto arancelario.
Durante el encuentro, Carney ha expuesto las medidas que el Ejecutivo canadiense prevé adoptar para proteger los intereses económicos del país. Entre ellas figura la imposición de aranceles compensatorios equivalentes, cuya entrada en vigor está prevista para el martes posterior al Día del Trabajo, celebrado el primer lunes de septiembre en Canadá.
El primer ministro ha avanzado que Ottawa prepara también nuevas medidas destinadas a respaldar a los trabajadores y empresas que se estén viendo afectados por los gravámenes estadounidenses, si bien ha señalado que los detalles de este paquete de medidas se harán públicos durante los próximos días.
Carney ha defendido asimismo la necesidad de mantener una actuación coordinada entre el Ejecutivo federal y las autoridades provinciales y territoriales, y ha destacado que Canadá afronta con mayor fortaleza las dificultades cuando sus distintos niveles de Gobierno actúan conjuntamente.
El primer ministro ha puesto en valor el denominado enfoque de «Equipo Canadá», que, según ha señalado, ha desempeñado un papel esencial en la respuesta del país desde el comienzo de la actual disputa comercial con EE. UU.
Además de las medidas de respuesta a los aranceles de EE. UU., Carney ha reiterado la intención de su Gobierno de impulsar una estrategia económica de mayor alcance. Esta pasa por acelerar los proyectos de construcción nacional, ampliar la diversidad de los mercados a los que Canadá exporta sus productos y reforzar el mercado interno mediante la supresión de las barreras comerciales existentes entre las distintas provincias y territorios.
Cabe señalar que la reunión entre Carney y los representantes provinciales y territoriales se produce en un contexto de creciente tensión comercial entre Ottawa y Washington, mientras el Gobierno canadiense busca combinar medidas de protección frente a las tarifas estadounidenses con iniciativas destinadas a reforzar la integración económica nacional y reducir la dependencia de determinados mercados exteriores.
En este contexto, el propio Carney ha advertido previamente este sábado de que «Canadá responderá dólar por dólar a las sanciones de EE. UU. en los ámbitos del acero, los lácteos, equipo agrícola o papel»; una decisión tomada «a regañadientes» dado el impacto que comportará, pero necesaria porque «redunda en el mejor interés de Canadá» al reforzar su posición internacional como un país «fuerte», y por último imprescindible para proteger a los trabajadores del país y garantizar la competitividad en el mercado interno.
Los equipos negociadores de EE. UU. y Canadá no han logrado alcanzar un acuerdo comercial este viernes, por lo que entrarán en vigor aranceles del 50% sobre algunos productos canadienses, tras unas últimas semanas de intensas conversaciones entre ambos países.
«Desde el principio hemos reconocido que EE. UU. ha cambiado y que no volveremos a nuestra antigua relación. Nuestro Gobierno comprendió, antes que muchos otros, que EE. UU. está modificando todas sus relaciones comerciales, imponiendo aranceles a sus aliados más cercanos y cobrando por el acceso a su enorme mercado», ha esclarecido el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un comunicado oficial.
Cabe señalar que la decisión se ha tomado después de que los cambios de última hora propuestos por la parte estadounidense fueran considerados «injustos, antieconómicos y ponían en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo», tal y como ha señalado el comunicado.
Según apuntaba previamente la agencia de noticias Bloomberg, las negociaciones «iban por buen camino» y EE. UU. había llegado a un acuerdo para reducir los aranceles sobre los automóviles canadienses a un 15% y rebajaría al 25% los sujetos al acero y aluminio, objeto de controvertidas discusiones en los últimos meses. Pero, a última hora, no se ha logrado llegar a un acuerdo entre ambas partes.
«A medianoche, EE. UU. tiene previsto imponer un arancel del 50% a productos canadienses por un valor aproximado de USD$ 28.000 millones. Canadá aplicará aranceles equivalentes, dólar por dólar, para proteger a nuestros trabajadores y empresas. En los próximos días, el Gobierno presentará medidas adicionales para apoyar a los trabajadores y las empresas canadienses, sumándose a los casi USD $25.000 millones en ayudas proporcionadas durante los últimos 18 meses», ha anunciado el mandatario canadiense.
A principios de esta semana, Washington estaba dispuesto a reducir a la mitad los aranceles actuales del 50% sobre algunas importaciones de aluminio y acero procedentes de Canadá, pero la presión ejercida por los representantes del sector les llevó a plantearse nuevos límites a dicha reducción. En virtud del posible cupo arancelario, las importaciones que superaran un determinado nivel estarían sujetas al tipo estándar del 50%.
«El acuerdo con Canadá avanza», declaró Trump a los periodistas este viernes. «Solo hago buenos acuerdos, acuerdos mucho mejores para EE. UU., tanto con Canadá como con México», agregó.
De esta manera, EE. UU. pretende endurecer la comercialización de los automóviles canadienses, por lo que ambos países han mantenido conversaciones en el Departamento de Comercio de EE. UU. para ultimar los detalles tras lo que Trump llamó un «trato discriminatorio» a las exportaciones canadienses.
Por su parte, Ottawa no ha logrado su objetivo de reducir los aranceles sobre la madera, así como la eliminación total de la amenaza de los nuevos aranceles del 50% que Trump propuso en julio.
Es necesario señalar que las conversaciones han tenido lugar horas antes de que EE. UU. comenzara a recaudar los aranceles del 50%, que se aplican a importaciones canadienses por valor de unos USD$ 20.000 millones.
Trump anunció el pasado miércoles un aplazamiento de tres días a la imposición de los aranceles, cuya entrada en vigor estaba prevista para el jueves, tras un acuerdo según el cuál se habría retomado la construcción del oleoducto Keystone XL, que uniría Nebraska y Alberta.
Paralelamente, el vicepresidente JD Vance ha defendido la política proteccionista desde una planta siderúrgica en Ohio, destacando los beneficios de las tarifas para la industria nacional de fabricación de metales. Por su parte, sectores de la industria siderúrgica estadounidense han advertido de que cualquier exención o rebaja tarifaria a Canadá pondría en riesgo las inversiones y el empleo local.
El Gobierno de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella, ha revocado este miércoles por presuntas irregularidades una medida aprobada por su predecesor, el guerrillero socialista Gustavo Petro, que prohibía las actividades mineras en la microcuenca de la quebrada La Baja, vinculada al macizo de Santurbán (noreste) y localizada entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.
«El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella abre una nueva etapa para Santurbán: una protección ambiental sustentada en la ciencia y el derecho, construida con las comunidades y orientada a garantizar el agua y la biodiversidad sin desconocer la seguridad y la prosperidad de los territorios», ha señalado el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.
La norma decía que protegía 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja, cerca del municipio de California, y fue firmada el 6 de agosto a menos de 24 horas de que terminara el periodo del Gobierno de Petro. El Ejecutivo ha argumentado que se tramitó omitiendo pasos legales, como resolver una recusación pendiente contra la entonces ministra Irene Vélez, y pese a la existencia de una «tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos».
Asimismo, ha defendido que las irregularidades en su tramitación exponían al Ejecutivo a una anulación posterior en los tribunales, dejando la zona en un vacío legal, por lo que iniciarán ahora «una nueva evaluación técnica y jurídica integral» para determinar cómo proteger esas 1.499 hectáreas.
«La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas», ha zanjado la cartera.
El Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán ha denunciado que «mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto», el Ministerio ha aprovechado para «tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán».
«Está en riesgo el agua de cerca de dos millones de personas. Convocamos a la ciudadanía a acompañar las acciones jurídicas y de movilización que emprenderemos para defender Santurbán. El agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden», ha señalado en redes sociales.
El ahora ministro de Medio Ambiente, Fabio Arjona, señaló que veía con buenos ojos la explotación minera de la zona por parte de la empresa Iris Mining pese a que la administración anterior blindó esas hectáreas amparándose en el principio de conectividad ecosistémica e hídrica y argumentando que la zona es inseparable del macizo.
«Hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que ahí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización. Hay una empresa canadiense que llama Iris Mining. Iris Mining tiene 38.000 mineros formalizados en una mina que tiene en Antioquia. Es un ejemplo de lo que se podría hacer en Santurbán», declaró.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado un aplazamiento de tres días a la imposición de aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para este mismo jueves, tras un acuerdo según el cuál se retomaría la construcción del oleoducto Keystone XL, que uniría Nebraska (EE. UU.) y Alberta (Canadá).
«He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para mañana por la mañana durante un periodo de tres días, dado que Canadá y EE. UU., a la espera de que se ultimen los documentos, han llegado a un acuerdo», ha anunciado en redes el magnate republicano.
El anuncio respondería a la reanudación de los trabajos sobre el oleoducto Keystone XL, según Trump «enterrado hace tiempo por el ‘adormilado’ Joe Biden», su predecesor en la Casa Blanca. «Podría resurgir de entre los muertos», ha celebrado el presidente estadounidense.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha confirmado este aplazamiento, que llega tras unas últimas semanas de «intensas conversaciones con EE. UU. para abordar las cuestiones comerciales pendientes y ofrecer mayor seguridad y beneficios reales a las empresas, los trabajadores, los agricultores y las familias canadienses».
Señalando que, si bien «se han logrado avances sustanciales, aún queda mucho trabajo por hacer», Carney ha subrayado que, mientras «siguen en curso» las negociaciones con Washington, «Canadá sigue centrada en construir una economía nacional más fuerte, más independiente y más competitiva».
Los aranceles previstos por el Ejecutivo de Trump incluyen la imposición de un arancel del 50% a productos que van desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento, así como el sector automovilístico, lo que podría llegar a suponer un impacto económico de USD$ 20.000 millones.
El Gobierno estadounidense justificó los gravámenes bajo el argumento de trato discriminatorio por parte de Canadá a exportaciones como automóviles, alcohol y productos lácteos, temas susceptibles de acaparar buena parte de las negociaciones.
Carney alegó entonces que esta decisión de la Administración Trump se enmarcaba en «una serie de acciones comerciales unilaterales de EE. UU.» descritas como «medidas y amenazas a la soberanía canadiense».
Caracas. – El dinero proveniente de los lingotes de oro venezolano congelados en el Banco de Inglaterra, serán depositados en una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y su utilización en el país será auditada por empresas internacionales calificadas.
Así lo reveló este pasado viernes el exparlamentario Ramón López, integrante de la comisión negociadora de la ya caducada AN de 2015, quien explicó en una entrevista con el canal Venevisión, que la utilización de los fondos estará condicionada a una planificación previa y a mecanismos destinados a garantizar su correcta administración.
López aseguró que el uso del oro venezolano resguardado en el Banco de Inglaterra, que acordaron liberar para la atención de la emergencia tras los terremotos, será auditado con empresas internacionales “para que el gasto sea absolutamente transparente”.
En las bóvedas del Banco de Inglaterra están depositadas 31 toneladas métricas en lingotes de oro, cuyo valor se estima en 4.000 millones de dólares.
Según detalló, la liberación de los recursos estará condicionada a una planificación previa que determine cómo serán utilizados para atender las consecuencias de los terremotos del 24 de junio. Entre las prioridades estarían la reconstrucción de viviendas, centros de salud y escuelas.
López insistió en que el objetivo es garantizar que los fondos tengan trazabilidad y no puedan ser desviados. Para ello, planteó controles permanentes y auditorías realizadas por empresas internacionales.
El exparlamentario también rechazó que exista un intercambio entre el oro venezolano y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia del narcorégimen.
Aseguró que ambos acuerdos fueron tratados por separado y que “no es un canje dar el oro por el Tribunal Supremo”.El acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo contempla precisamente la recuperación de los activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas de los terremotos.
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