La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) ha emitido un comunicado rechazando las declaraciones del representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en las cuales afirma que la observación electoral internacional puede garantizar la transparencia del los comicios.
Según Veppex, es imposible conseguir un proceso electoral limpio y transparente bajo la tiranía de Nicolás Maduro y recordó que no todos los sectores opositores han decidido participar en él, como lo afirma Borrell.
A continuación, el comunicado íntegro:
Comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) en relación a las declaraciones de Josep Borrell y las elecciones de noviembre en Venezuela.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) rechaza las declaraciones del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha manifestado que observación electoral de la Unión Europea es una garantía para la oposición en Venezuela en la ilegitima elecciones regionales de noviembre.
Josep Borrell una vez más miente e intenta a través de discursos manipuladores favorecer a la tiranía de Nicolás Maduro, alegando que la presencia de una comisión de observadores de la Unión Europea sería una garantía para el proceso electoral. La elección no es legítima en virtud de que Nicolás Maduro está usurpando el poder, además de ello ha manifestado que toda la oposición ha decidido participar, cuando es completamente falso, 21 diputados de las asamblea nacional, emitieron un documento donde manifiestan que la elecciones regionales de noviembre son completamente ilegitimas, y opositores como María Corina Machado han expresado que no participaran en ese proceso por ser ilegal. Borrell desconoce y desestima al principal factor que no confía y no quiere participar en un proceso electoral en Venezuela, mientras Nicolás Maduro controle el poder que es la sociedad venezolana.
La única forma posible de participar y lograr unas elecciones libres en Venezuela es sin la presencia de Nicolás Maduro y su pandilla de criminales en el poder. Josep Borrell insiste en ayudar a un narcotraficante como Nicolás Maduro quien no solo tiene recompensa por su cabeza sino que ha sido descertificado en la lucha contra el narcotráfico por los Estados Unidos.
Caracas. – Como Robinson Guillermo Hidalgo Mendoza (34), alias «El Robinson», fue identificado un delincuente abatido por el Cicpc, durante un enfrentamiento que tuvo lugar este pasado miércoles en la parroquia El Paraíso.
«El Robinson» era requerido por su participación en, al menos, cuatro homicidios, según lo informó el director del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, a través de sus cuentas en redes sociales.Hidalgo era investigado por el homicidio de Roger Jendenni Galviz Sandoval (38), ocurrido el 25 de diciembre de 2016. También por el asesinato de Wilson Jesús Martínez León (29), Félix Renier Rangel Ávila (23) y Danny Javier Solis Rangel (40), este último ocurrido el 13 de mayo de 2017 en las Minas de Baruta.
Una comisión de la Eje Este de la División de Homicidios logró ubicarlo en la urbanización La Guayanita, en la avenida O’Higgins de la parroquia El Paraíso.
Lejos de acatar la orden de alto, el sujeto desenfundó un arma para hacer frente a los funcionarios, originándose un intercambio de disparos en el cual resultó gravemente herido.
Fue trasladado a un centro asistencial de la zona, donde falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.
El jefe policial también precisó que el antisocial lideraba un grupo hamponil apodado «El Rosario», la cual se dedica a la distribución de drogas y a cometer múltiples homicidios.
Caracas. – Diversas ONG’s y organismos defensores de los Derechos Humanos, recordaron que este viernes, 08 de octubre, se cumplieron tres años del asesinato del concejal Fernando Albán, quien fue lanzado desde el décimo piso de la sede del Sebin, en Plaza Venezuela.
El lamentable hecho se hizo tendencia en la red Twitter, bajo el hashtag Sebin, ya que su muerte se produjo cuando se encontraba injustamente detenido en esas instalaciones en 2018.
Los mensajes no solo rememoraron el suceso, sino que también enfatizaron que, a tres años de haber ocurrido, aún no se ha hecho justicia.Aunque la narcotiranía manejó en un principio la tesis de un suicidio, finalmente ha tenido que aceptar Alban fue víctima de un vil homicidio, en la cual no solo estarían involucrados unos pocos funcionarios del organismo donde estaba detenido, sino también una cadena de mando que permitió el asesinato.
Un grupo de activistas se concentró, en horas de la mañana, en las afueras del Sebin para exigir justicia por este crimen, que aún conmociona a la opinión pública nacional e internacional, y es uno de los hechos con más connotación en el caso que se le sigue a la narcotiranía en la CPI.
Caracas. – Con fuertes protestas, debido a la falta de gasolina, amanecieron este viernes, 08 de octubre, los habitantes de dos ciudades en el estado Anzoátegui: Puerto La Cruz y Barcelona.
Los afectados por la escasez de combustible para sus autos, aseguraron a través de las redes sociales, que semanalmente deben esperar hasta 48 horas en las estaciones de servicio subsidiadas, para poderse abastecer.
La situación se ha tornado críticas en ambas localidades en los últimos dos meses, al punto de provocar la paralización de muchos servicios y también de la cadena comercial.
En Puerto La Cruz, los conductores se atravesaron en la avenida intercomunal de la ciudad a la altura de Vistamar, para realizar la protesta. Mientras, en Barcelona, cerraron también el otro extremo de la avenida intercomunal, que comunica a esa ciudad con Puerto La Cruz. La gente detuvo el tráfico vehicular para exigir a las autoridades, tomar acciones de inmediato con el suministro de gasolina.
Comisiones policiales hicieron acto de presencia en Barcelona, pero esto solo alteró más el ánimo de los manifestantes, quienes no se retiraron.La gente asegura tener más de dos días en espera para llenar los tanques de sus vehículos.
Caracas. – Tres enfermeras pertenecientes al hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua (Portuguesa), fueron detenidas este pasado jueves, al ser acusadas de cobrar en dólares a los familiares de pacientes de Covid-19.
Las detenidas, identificadas como Betty Josefina Escobar (40), Azdaly Nailet Mejías (37) y Jania Coromoto Veroes (41), fueron apresadas por una comisión de la DIEP (Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas).
El caso guarda relación con una denuncia publicada por la periodista Betilmar Rondón, quien denunció el cobro de divisas que aplica la directiva de ese centro asistencial, a quienes están hospitalizados por la pandemia.
La denuncia de la comunicadora aseguraba que el cobro estaba estimado en 60$ diarios.
El juzgado segundo de control de esa entidad, emitió una orden de aprehensión contra las tres enfermeras, luego de constatar que efectuaban cobros, y en algunos casos, supuestamente fallecieron algunos pacientes a quienes dejaron de atender, después de haberles facturado el monto.
Caracas. – El reciente mensaje de Leopoldo López, a través de redes sociales, invitando a los venezolanos a participar en la próxima farsa electoral de la narcotiranía, en el cual asegura que hay que votar así las elecciones no sean «justas ni verificables», reveló el alto grado de rechazo que su imagen genera en la población.
El dirigente de Voluntad Popular, aseguró en declaraciones a los medios, durante su visita a Estados Unidos, que si bien este próximo escenario de elecciones ilegítimas no tienen condiciones, debe ser aprovechado para «organizar y movilizar a los venezolanos», aunque sus resultados no logren un cambio en la dirección política nefasta que actualmente tiene el país.
La respuesta provocó reacciones muy adversas a su posición, con críticas que presentaron distintos niveles de intensidad.
En lo que va de gestión, el presidente Jair Bolsonaro ya redujo a la mitad el promedio de contratación de agentes en la administración pública con respecto a la administración de Temer, y en un 90% respecto a la de Dilma.
La gestión de Jair Bolsonaro impulsa un importante programa de restructuración del accionar del Estado en la economía, buscando que el sector privado sea el protagonista efectivo detrás de la reparación laboral.
Desde 2019, el nivel promedio anual de contrataciones en el sector público brasileño fue prácticamente frenado en seco, pasando de las 14.530 nuevas contrataciones en 2018 a un mínimo histórico de solo 1.379 en lo que va del 2021, un 90% menos en casi tres años de gobierno.
Bolsonaro consolidó el nivel de empleo estatal más bajo desde la llegada del PT al poder en 2003, y promovió las contrataciones de personal sumamente calificado y necesario para el funcionamiento del gobierno.
La mayor parte de las nuevas contrataciones efectivamente realizadas bajo el actual Gobierno se concentraron en el rubro educativo, y no en la ampliación de una planta burocrática como ocurría en gestiones anteriores. Esto incluye universidades, fundaciones e institutos de investigación.
En comparación con la administración de su predecesor, Michel Temer, la gestión Bolsonaro supuso un recorte del 50% en el nivel de contrataciónestatal, y de esta forma terminando con una impronta gradualista para así poder avanzar más rápidamente.
A diferencia de lo que ocurría bajo el gobierno de Dilma Rousseff, el Estado dejó de entender a las contrataciones públicas como un medio para alivianar la desocupación, y se buscará una mayor desregulación del mercado laboral para dar lugar a la iniciativa privada.
La tasa de desocupación en Brasil cayó del 15,1% al 13,7% entre marzo y junio de este año, acorde a un reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil (IPEA). Estas cifras demuestran que la recuperación laboral está siendo llevada a cabo por el sector privado de la economía, y la reforma laboral de Bolsonaro buscará profundizar la formalización de una gran parte del empleo.
En línea con el sendero reformista de Bolsonaro y su equipo económico, se buscará también la aprobación de una ambiciosa reforma administrativa para mejorar la eficiencia del sector público y modernizarlo a las circunstancias actuales.
Se buscará ampliar la digitalización de la estructura estatal para facilitar la provisión de los servicios públicos y aminorar el impacto de los costos burocráticos sobre las cuentas fiscales.
A pesar de haber expirado los 6 meses de prisión preventiva constitucional, la Justicia nuevamente denegó la libertad de Añéz, quien denuncia que es torturada en su celda de La Paz.
Ya han pasado 207 días desde que la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, fue aprehendida de forma ilegal por el régimen de Evo Morales y Luis Arce. Una detención plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y cargada de revanchismo de los masistas por no haber podido retener el poder en 2019.
El pasado 2 de octubre, el juzgado penal de La Paz denegó la acción de libertad a favor de Añez, la cual había sido pedida por sus abogados luego de haberse extendido por más de 20 días su detención preventiva inicial de 6 meses.
Su detención fue por supuestos delitos de Sedición y Terrorismo durante su gobierno, pero el periodo constitucional para tener a una persona detenida sin que inicie el juicio ya expiró. Por esto, la Justicia cómplice de la dictadura socialista presentó una medida cautelar para ampliar su detención por otros 5 meses, imputándola por otros delitos como Resoluciones Contrarias a la Constitución, Lesiones Graves y Lesiones Seguidas de Muerte, todas causas inventadas por el masismo.
La ex mandataria se encuentra involucrados entre ellos por las denominadas “masacres” de Sacaba y Senkata en 2019, donde es investigada por genocidio. Al mismo tiempo se procesan juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por presuntos delitos cometidos con el caso de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio (FUNDEMPRESA).
Durante el desarrollo de la audiencia en forma virtual, la ex autoridad tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra por primera vez desde su detención. Durante su alocución insistió en su inocencia y recordó la cadena de hechos que prueban la constitucionalidad de su mandato. Es importante notar que también denunció los abusos a los que es sometida en su estadía en la cárcel, la cual se ha convertido en un espacio de tortura para ella.
Alegó ser dañada física y psicológicamente por los policías del régimen, que las autoridades no le permiten acceder a su medicación, y que sus capacidades cognitivas han sido disminuidas por padecer una anorexia nerviosa, al punto de tener que anotar todo lo que desea expresar ante sus fallas de memoria.
Su hija, y ex encargada de gestión social de la presidencia de Bolivia, Carolina Ribera, puso en conocimiento público que posterior a la audiencia, encontró a su madre en su celda puesta en posición fetal y con tendencias a la inanición.
Según Ribera, el objetivo del régimen es acabar con la vida de su madre, y los responsabilizó si este hecho llega a consumarse. La familia denuncia que toda esta situación es un preludio para que “aparezca suicidada” en algún momento de los próximos meses, asesinada por el régimen.
Recordemos que la ex mandataria ha venido sufriendo en este tiempo un grave deterioro en su salud física acompañada de la negligencia gubernamental. Se le han negado traslados a centros médicos para que sea atendida por profesionales, no se ha considerado sus patologías de base como hipertensión, su antecedente de COVID-19, y sus degeneraciones cognitivas y psicológicas, que la han llevado a intentar quitarse la vida e insistir en los pensamientos suicidas.
Dentro de los múltiples procesos penales, que junto a los relacionados a las “masacres”, que no son más que ataques terroristas hechos por los mismos masistas, se la busca vincular con más de 75 presuntos hechos de corrupción sindicados contra ex ministros de su gabinete, con los cuales, el gobierno busca asegurarle una cadena perpetua si se consigue emitir sentencias por todas las causas que le aquejan.
Para este mismo objetivo, la justicia copada por el socialismo de Evo Morales, ha segmentado el caso de “Golpe de Estado” en tres etapas: una basada en los días previos a la renuncia de Morales y el motín policial, otra, en la llegada de Añez al poder, y una tercera contra quienes “conspiraron” para deponer a Evo de la presidencia.
Lo paradójico de este absurdo procesal es que la ex presidente Añez aparece en el conflicto recién el 11 de noviembre de 2019, posterior a la renuncia voluntaria y huida a México de Evo Morales y su séquito, cuando se considera la posibilidad para que asuma el mando en el senado y posteriormente la presidencia. Presidencia que fue reconocida por el Tribunal Constitucional de Bolivia.
Añez ha escrito en la pared de su celda en La Paz un mensaje para “la dictadura de Arce”, apuntando contra “jueces y fiscales al servicio del régimen” y recordándole al Tribunal Constitucional que ellos avalaron su mandato e inclusive fue invitada a la inauguración del año judicial 2020 por su presidente Paul Enrique Franco. Este mensaje fue luego replicado en las redes de Jeanine Añez, que están actualmente en posesión de su familia.
Luis Hugas, conductor de Zurda Konducta, fue captado en los Estados Unidos en donde, supuestamente, estaría tomando unas imágenes para un filme. Analizamos la hipocresía.
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