La derecha italiana impulsó un duro golpe al elefantiásico “Estado de Bienestar”, eliminando un arsenal de subsidios mensuales para personas que no lo necesitan y pueden insertarse en el mercado laboral. La desocupación de Italia cayó al nivel más bajo de los últimos 14 años.
Tal y como se anunció en la discusión presupuestaria del año pasado, la Primer Ministra Giorgia Meloni eliminó completamente los subsidios mensuales por el programa “renta ciudadana” a todas aquellas personas con capacidad de trabajar pero que decidieron rechazar hasta 2 ofertas laborales concretas.
La quita de subsidios afectó a un total de 169.000 familias que no necesitaban ninguna ayuda social del Estado. El ajuste presupuestario de Meloni excluye a todas aquellas familias con al menos un integrante discapacitado, al menos un integrante menor de edad, o por lo menos un integrante mayor a 65 años.
Los grupos familiares afectados no cumplen con estas excepciones, y están en condiciones de insertarse al mercado laboral sin mayores problemas. No hay ninguna excusa, y el Gobierno rápidamente envió las notificaciones a los usuarios afectados a través de SMS.
“A fin de año, el que pueda ir a trabajar, va a tener que trabajar. Entre los subsidios y robar, está la opción de ponerse a trabajar” anunció la ministra Giorgia Meloni.
Asimismo, todas aquellas personas que hayan perdido la prestación por Renta Ciudadana recibirán un subsidio alternativo por 350 euros mensuales a partir del 1° de septiembre, los cuales se asignarán siempre y cuando la persona siga desempleada y destine una cierta cantidad mínima de su tiempo para la formación y capacitación profesional en centros de desempleo situados a lo largo y ancho del país.
La tasa de desocupación de Italia cayó al 7,4% de la población activa al término del mes de junio, marcando así el mejor registro de los últimos 14 años y acercándose a los niveles previos a la Gran Recesión Internacional del año 2008. La posibilidad de inserción en el mercado laboral italiano resulta cada vez más asequible.
Las medidas buscan contener el déficit del sector público y poder cumplir con las metas previstas para fin de año. El déficit financiero del Estado italiano llegó a representar el 8,2% del PBI en el primer trimestre de 2023, uno de los más grandes de Europa.
La recaudación tributaria permanece en máximos históricos a pesar de los recortes impositivos llevados a cabo por la administración Meloni, y el principal desorden se produce en el tamaño sideral del gasto público que superó el 56,6% del PBI en los primeros 3 meses del año.
El Gobierno apunta a recortar el déficit financiero a la mitad hasta el 4,5% del PBI para diciembre, y el ajuste recaerá exclusivamente sobre las prestaciones del “Estado de Bienestar” sobredimensionado.