De Derecha Diario

Los cambios introducidos por el oficialismo amenazan con duplicar los gastos de Spotify por derechos de autores con discográficas y editoras, haciendo prácticamente inviable la operatividad en Uruguay. Solo 6 países en el mundo no cuentan con los servicios de la plataforma de streaming, por lo que el caso uruguayo parece insólito.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou sorprendió con un proyecto abiertamente ridículo para regular los derechos de autor. El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto denominado como “Rendición de Cuentas”, a través del cual se incluyen dos artículos que modifican el tratamiento de los derechos en Uruguay.

Cerca del 70% de los ingresos de Spotify se destinan al pago de derechos de autor por la música que se utiliza de las música a las discográficas y editoras, una cifra ya muy elevada en comparación a otros países de la región. 

Pero la ley que aprobó Lacalle Pou podría llegar a duplicar los gastos en derechos de autor, haciendo prácticamente inviable la operatividad de la plataforma en Uruguay. En otras palabras, la ley obligaría a las empresas de streaming a pagar dos veces por la misma música, algo verdaderamente insólito.

Por estas razones, Spotify analiza abandonar el país, y afirma que no podrá seguir operando en Uruguay si no se levanta la ley. Solo 6 países en el mundo no cuentan con el acceso a los servicios que ofrece esta plataforma: Corea del Norte, China, Siria, Irán, Rusia y Cuba. Uruguay podría unirse a esta infame lista de países en caso de ratificar la continuidad de la ley.

La empresa informó que podría abandonar definitivamente el país a partir del próximo 1 de enero de 2024. Los usuarios uruguayos perderían el acceso normal a la plataforma, y muchos apuestan por generar una cuenta en Argentina para recuperar el servicio.

“Cambios que pudieran obligar a Spotify a pagar dos veces por la misma música harían que nuestro negocio de conectar artistas y fans fuera insostenible, y lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”, resolvió el comunicado de la plataforma.

Si bien el Gobierno asegura estar entablando negociaciones con Spotify para evitar que abandone el país, lo cierto es que no podrá haber una resolución satisfactoria en tanto no se derogue la fatídica ley que dispuso el oficialismo.

Con esta acción inentendible, el presidente Lacalle Pou solo se autogeneró un costo político en contra de su propia gestión con una medida ampliamente impopular, y sin nada que poder ganar a cambio. 

La ley solo se valió del poder de lobby de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, en contra de los intereses de los millones de uruguayos que podrían perder sus servicios de Spotify. 

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Así lo confirmó el último dato de las erogaciones del sector público, provisto por el Ministerio de Economía y Finanzas. La mayor parte de la contención del gasto provino de las tarifas de empresas públicas, y desde agosto entró en vigencia la reforma previsional.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay confirmó que las erogaciones mensuales del Sector Público no Financiero (SPNF) representaron hasta los 73.075 millones de pesos al cierre del mes de julio, y el resultado financiero después del pago de intereses de deuda pública marcó un rojo de 7.575 millones de pesos respectivamente.

Con esta última medición, la participación del sector público sobre el PBI retrocedió al 31,2%, tomando la suma de los últimos 12 meses hasta julio y computando el promedio móvil de 3 meses. 

Se produjo un ligero ajuste con respecto a la participación del 33% que alcanzaba el Estado al inicio de la administración del presidente Luis Lacalle Pou. Las erogaciones del Gobierno retrocedieron al nivel relativo más bajo registrado desde 2014.

La mayor parte del ajuste provino de la corrección de las tarifas reguladas por el sector público, principalmente las que atañen a las empresas públicas que el Gobierno se niega a privatizar. En este sentido, las autoridades niegan que se haya producido algún tipo de “ajuste” significativo, sino que más bien los gastos crecieron a un ritmo sistemáticamente inferior al que creció la actividad económica.

Por otra parte, a partir del mes de agosto entraron en vigencia las disposiciones de la reforma previsional que logró aprobar Lacalle Pou a principios de este año. La mayor parte del impacto fiscal de la misma tendrá lugar en los próximos años.

La última gran reducción del tamaño del Estado se produjo entre 2003 y 2005, cuando el entonces presidente Jorge Batlle impulsó un drástico ajuste que llegó a alcanzar hasta los 5 puntos del PBI.

Desde el año 2005 las sucesivas administraciones del Frente Amplio expandieron el tamaño y el rol del Estado en la economía. El SPNF pasó de representar el 26% del PBI en marzo de 2005 hasta llegar a una cifra superior al 33% en marzo de 2020, un aumento acumulado de 7 puntos porcentuales del producto.

El déficit primario del SPNF se mantuvo en una cifra cercana al 1% del PBI, mientras que el resultado financiero total escaló al 3,8% del producto al cierre del mes de julio. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sugieren que podría retroceder hasta el 2,2% del PBI para fin de año.

El Gobierno decidió apostar por la rebaja de los impuestos a principios de este año, permitiendo una elevación general del mínimo no imponible sobre el impuesto a los ingresos de personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre las jubilaciones (IASS).

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El dirigente del Frente Amplio que fue guerrillero, atracador de bancos, secuestrador de personas y asesino en la década del ’70 dijo que Milei es muy radical para que le vaya bien a alguien como él en Uruguay.

El ex terrorista, atracador de bancos y ex presidente Pepe Mujica se sumó a la ola de críticas que lanzaron los líderes de la izquierda latinoamericana sobre el efecto Milei en Argentina: “Los uruguayos no comemos vidrio, no se preocupen que no vamos a tener un fenómeno similar“.

El jefe tupamaro, responsable de secuestros de personas durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, dijo con tono mafioso que la escena política uruguaya “nunca podría tener un Javier Milei”, sugiriendo que la casta política de su país no lo permitiría.

Y en un mensaje más macabro todavía, aseguró que incluso si los uruguayos pasan hambre, no girarán hacia las ideas de la libertad. “No hace falta preocuparse. Los uruguayos no seremos engañados por el hambre“.

El ex terrorista José Mujica minimizó el impacto de la victoria de Javier Milei en las elecciones PASO realizadas el domingo pasado en Argentina, y señaló que lo más destacado fue la cantidad de personas que se abstuvieron de votar o emitieron votos en blanco.

“Aquellos que no ejercieron su voto en un país con voto obligatorio, junto con los que emitieron votos en blanco, superan significativamente la cantidad de votos obtenidos por Milei“, mencionó, a pesar de que esto es algo muy común en Argentina.

“Esto refleja un descontento considerable en una parte importante de la población argentina“, manifestó el líder Tupamaro durante una conferencia de prensa el jueves, en el primer evento público de Propuesta Artiguista (PA!), una plataforma política que respalda la candidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Por último, dijo que “en Uruguay somos una región de colinas suaves, y aquellos que gritan mucho, generan mucho ruido“, aseveraciones un tanto hipócritas de parte del ex presidente, quien llegó al poder valiéndose de su figura como guerrillero, atracador de bancos, secuestrador de personas y asesino en la década del ’70.

Indudablemente, fue una figura muchísimo mas polémica que Milei, y llegó sin problemas al poder en Uruguay. Eso si, con la cara lavada por los grandes medios de comunicación.

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El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista y pone fin a la hegemonía de la izquierda en el tema. Se le pagará a las familias de los civiles y militares asesinados por Tupamaros.

En una ley sin precedentes en Latinoamérica, el Senado de Uruguay aprobó y convirtió en ley un proyecto que reconoce el derecho de reparación a las víctimas de la guerrilla comunista, presentado por el partido conservador Cabildo Abierto y que fue duramente resistido por el izquierdista Frente Amplio (FA).

La iniciativa, que ya había sido validada en Diputados, propone indemnizar con hasta 150 mil dólares, además de un reconocimiento moral y social para aquellos que hayan sufrido hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados, por motivos políticos o ideológicos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.

Es una ley ejemplar en la región, que finalmente reconoce el terrorismo civil al mismo nivel que el mal llamado terrorismo de Estado, y otorga algún tipo de resarcimiento a las familias de las personas, tanto civiles como militares, que fueron asesinados en un momento de conflicto interno.

“Se busca abonar la reconciliación de los patriotas partícipes de dichos enfrentamientos, intentando cerrar una herida que ha dividido a diversas generaciones de nuestro país”, sostuvo el senador cabildante Guillermo Domenech.

Al referirse a la postura en contra del FA, Domenech manifestó su “esperanza de que la aprobación del proyecto, aun cuando no obtenga la unanimidad del sistema político, constituya un hito de reconciliación humana y de restauración de la verdad histórica”.

El Frente Amplio rechazó de cuajo el proyecto y ni uno de sus legisladores votó a favor. A medida que subía el tono de la discusión en el recinto, tomó la palabra el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo ver “una suerte de mezquindad con quienes fueron víctimas, pero no eran víctimas de los nuestros, eran víctimas de los otros, entonces no merecen una reparación”.

Y ahondó: “Hay una suerte de negacionismo: no hay culpa de quienes se alzaron en armas contra el Estado de derecho a principios de los años 60, por tanto las víctimas no merecen reparación”.

Cabe aclarar que actualmente existe en Uruguay, y en países como Argentina, Chile y Brasil, una infinidad de leyes que otorgan reparaciones económicas a los familiares de los terroristas guerrilleros que fueron aniquilados en combate contra las Fuerzas Armadas durante las dictaduras del siglo pasado.

Por lo que esta ley tiene un fuerte componente simbólico en el reconocimiento del otro lado de la guerra interna que sacudió a Uruguay entre los 60s y 70s, y corta con la hegemonía de la izquierda en el victimismo sobre este tema.

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Las mayores rebajas se observaron en los precios del agua embotellada, debido a la quita de impuestos que impulsó el Gobierno. El país converge hacia estándares internacionales de inflación por primera vez en casi dos décadas, gracias a la credibilidad del Banco Central.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el IPC de Uruguay tuvo una caída del 0,36% en el mes de julio, la segunda variación deflacionaria en lo que va del año 2023. Con este resultado, la tasa de inflación interanual se desplomó al 4,79% con respecto al mismo período del año pasado.

La inflación retrocedió al nivel más bajo de los últimos 18 años, la última vez que se situó por debajo del 5% fue en diciembre de 2005. Uruguay converge hacia estándares internacionales de inflación después de un largo período con tasas oscilantes entre el 6% y el 10% anual.

Los precios acumularon un aumento del 3,4% en los primeros 7 meses de 2023, menos de la mitad de lo que se registra en Argentina para un solo mes corriente. En los últimos 12 meses, la tasa de inflación interanual cayó fuertemente desde el 9,56% de julio de 2022.

En lo que va de la administración de Luis Lacalle Pou la inflación se desplomó del 9,16% al 4,79% interanual. El índice  de precios promedio para la división de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó un 0,34% en julio, mientras que la indumentaria bajó hasta un 0,7% con respecto al mes pasado.

Las carnes y sus productos derivados bajaron en un promedio del 0,73%, la leche, los huevos y los productos lácteos aumentaron un 0,75%, el precio de los alquileres subió un 0,44% y el valor de las viviendas se mantuvo prácticamente inalterado en el mes.

El ítem que registró el descenso mensual más importante fue el agua embotellada, que llegó a retroceder hasta un 24,16% en Montevideo y sus alrededores. Esto se debe a la quita de impuestos impulsada por el Gobierno, en respuesta a la escasez de agua que afectó a la región.

La tasa de política monetaria establecida por el Banco Central fue rebajada por segunda vez consecutiva hasta el 10,75% nominal anual a partir de julio, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado. Aún así, se mantiene en un nivel cómodamente positivo en términos reales.

La autoridad monetaria recuperó su reputación durante la gestión de Lacalle Pou, garantizando su independencia del poder político de turno y siguiendo una estrategia completamente ortodoxa para combatir la inflación (similar a la que aplica Brasil con Roberto Campos Neto).

El Banco Central establece un rango objetivo de inflación del 6% como máximo y con un límite inferior del 3%, ligeramente superior al de las economías desarrolladas pero aún dentro de parámetros convencionales. La tasa de inflación ya se encuentra dentro de los rangos establecidos.