El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la semana pasada que emitiría un decreto en el cual obligaría a los empleados públicos y a las empresas privadas con más de cien trabajadores a vacunarse contra el COVID-19.
Varios políticos, líderes y personalidades mostraron su rechazo a esta propuesta y algunos se comprometieron a demandar una vez entrara en vigencia la política.
Arizona ha sido el primer estado en llevar este asunto a la corte, pues el pasado martes introdujo formalmente la demanda contra el gobierno federal.
El Fiscal general del estado, Marck Brnovich es quien está liderando el esfuerzo, y se espera que otras demandas provenientes de otros estados se sumen a este proyecto.
“El gobierno federal no puede obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19. La administración Biden nuevamente se está burlando de nuestras leyes y precedentes para impulsar su agenda radical,” dijo Brnovich en una declaración, “No puede haber ninguna discusión científica sobre evitar la propagación del virus que no empiece en nuestra frontera sur.”
La demanda del fiscal argumenta que esta medida viola la Cláusula de Igualdad de Protección al favorecer a los migrantes que han entrado al país de manera ilegal por sobre los ciudadanos de la nación.
Más de una docena de gobernadores se han comprometido a demandar al gobierno Federal debido a esta decisión.