Desde principio de año, Italia atraviesa el peor momento de la crisis migratoria que la azota desde 2011. En el primer trimestre, los arribos ilegales crecieron un 300% respecto al mismo periodo del año pasado.
Ante el creciente número de llegadas de inmigrantes a las costas italianas, la primera ministra Giorgia Meloni ha declarado el estado de emergencia migratorio durante seis meses, tras reunirse con los líderes de los demás partidos de la coalición gobernante en la tarde del pasado martes.
Uno de los principales puntos de campaña de Meloni fue el combate directo y sin vueltas a la brutal ola migratoria que sufre Italia desde hace más una década. Luego de la Primavera Árabe en 2011, y la subsecuente caída de múltiples gobiernos en África y Medio Oriente ante el ISIS, millones de musulmanes se escaparon de sus países y emprendieron el viaje a Europa, donde los gobiernos de aquél entonces anunciaron que los recibirían con los brazos abiertos.
Esto inicio un período que ya lleva 12 años en el que millones de personas pertenecientes a países del norte de África, como Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Argelia, y de Medio Oriente, como Siria, Irak, y Yemen arribaron a países de la Unión Europea como refugiados de guerra, y se les otorgó total ciudadanía.
Si bien ISIS fue abatido en 2017 por una coalición militar encabezada por Donald Trump, desde entonces el flujo migratorio no ha frenado. Incluso peor, es cada vez mayor. Se creó toda una industria que se encarga de llevar inmigrantes a las costas de Europa, arrojarlos al mar, y obligar a las autoridades de los países costeros como Italia, Francia o España a rescatarlos y darles ciudadanía.
Incluso peor, estas personas suelen ser “rescatadas” por organizaciones de derechos humanos confabuladas con los traficadores, donde arreglan puntos donde pueden ser arrojados e inmediatamente rescatados. Los barcos con banderas de ONGs europeas deben ser recibidas en los puertos de Europa, y los inmigrantes automáticamente reciben asilo y comienza su trámite para obtener la ciudadanía.
Con esta declaración de emergencia, Meloni pondrá un freno a esta práctica. El decreto le indica al ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y al titular del Ministerio del Interior, Matteo Piantedosi, que los puertos italianos no recibirán un solo barco más sin la previa autorización del gobierno nacional.
“Somos muy conscientes de la gravedad de un fenómeno que está registrando un aumento del 300 por ciento. Permítanme ser claro: el problema no queda resuelto, la solución está ligada solo a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea“, indicó Musumeci, quien anticipó que el estado de emergencia podría durar hasta que Bruselas tome cartas en el asunto e imponga regulaciones a estas organizaciones no gubernamentales.
Los números que se ven este año constatan una verdadera invasión al continente europeo. Desde enero hasta marzo, desembarcaron 31.292 inmigrantes del norte de África en las costas italianas. Comparando con el mismo periodo del año anterior, cuando solo se registraron 7.928 arribos, hay un aumento interanual del 295%.
Desde la llegada de Meloni al poder, y con el objetivo de evitar que entren a la Europa continental (donde por estatuto de la Unión Europea no se los puede deportar), la gran mayoría de barcos que arriban son reenvíados a la isla de Lampedusa, que tiene una capacidad para 400 inmigrantes.
Esta semana, la población inmigrante en Lampedusa superó los 2.000 cupos. En su mayoría, las personas que intentan ingresar a Italia son libios, aunque la reciente crisis política y económica en Túnez llevó a que aparezca un fuerte flujo proviniente de este país, que era la última democracia en el norte africano hasta que Kais Saied dio un golpe de Estado en 2021.
La población inmigrante musulmana en Europa ha tenido más de una década para asimilarse a la cultura europea pero no lo ha hecho. Ante el miedo de sonar racistas o “colonizadores”, como dijo una vez la presidente del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen, hay una actitud laxa frente a los inmigrantes islámicos.
Estas personas reciben jugosos planes sociales de los distintos gobiernos europeos, forman sus propias comunidades y se cierran del resto del país. Hay zonas en Europa completamente tomadas por comunidades islámicas, donde impera el delito, la Ley Sharia y la policía tiene estrictas órdenes de no ingresar.
Esto se ve principalmente en los países nórdicos, como Suecia, Finlandia o Dinamarca, pero también en países como Francia, donde reciben el nombre de “Zone Rouge“, o zona roja, donde la Policía sabe que la población es íntegramente musulmana, no habla el idioma francés y tienen nulo respeto por las autoridades. Meloni prometió en campaña que no permitirá que se formen estas zonas en ninguna parte de Italia.
Poderes extraordinarios
Con el estado de emergencia, el Ejecutivo recibe poderes extraordinarios y se habilitan fondos especiales por una duración de seis meses para combatir el problema. En este periodo, Meloni puede derogar normas vigentes, dictar nuevas leyes (que expirarán luego de los seis meses si no son ratificadas por el Congreso) y permite no aplicar los estatutos de la Unión Europea, quizás el punto más importante de la declaración de emergencia.
Según la membresía a la Unión Europea, Italia no puede cerrarle sus puertos a las ONGs europeas, no puede dejar en ultramar a inmigrantes que piden asilo en su país y debe entregar ayuda económica a los inmigrantes que escapan zonas de guerra. A partir de ahora, nada de esto deberá cumplirse.
Meloni anunció que implementará inmediatamente un sistema de “repatriación” de los inmigrantes ilegales que reciba, que es otra manera de hablar de deportación. Técnicamente, Italia solo puede deportar a los inmigrantes que recibe si estos son atrapados cometiendo un delito.
El gobierno nacional cuenta con un masivo apoyo de los alcaldes de las distintas ciudades de Italia, incluso de partidos de izquierda. Concretamente, dan la cifra de 112.000 personas en los centros de acogida repartidos en Italia que deben ser deportados, la cifra más alta desde el año 2019. Los alcaldes se dirigieron al Ministerio del Interior con un comunicado unánime, titulado: “Es urgente buscar una solución, la situación es inmanejable“.
El Ejecutivo afirma que sigue trabajando para llegar a una estrategia europea común en materia de inmigración. En este sentido, Meloni declaró, tras su reunión con el presidente español Pedro Sánchez en el Palacio Chigi el pasado 5 de abril, que a pesar de las diferencias ideológicas, el gobierno socialista de España se ha comprometido a apoyar su pedido frente al Consejo Europeo en la próxima reunión que se celebrará en junio.
