Caracas. – Familiares del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, exigieron justicia por su vil asesinato a manos del narcorégimen chavista, cuando este sábado se cumplen ya seis años de ese terrible suceso que marcó sus vidas.

Waleska Pérez de Acosta, esposa del fallecido militar de la Armada, recordó la fecha en la que su esposo falleció, cuando en este misma fecha en 2019 fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del tribunal militar para realizar su audiencia de presentación, donde llegó en una silla de ruedas con graves indicios de torturas.

Presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.

Pérez publicó un mensaje en su cuenta de la red X, que se viralizó en minutos, y que llamó la atención de muchos activistas, figuras políticos y ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.

La dama exigió justicia, tras cumplirse seis años del homicidio de este militar, por el cual fueron supuestamente condenados dos efectivos de la DGCIM, quienes al poco tiempo salieron de prisión, tras una farsa más de la tiranía genocida chavista.

«Hoy se cumplen 6 años del asesinato @rafaelacostaarevalo en Venezuela, régimen que aún no responde por sus crímenes, los responsables siguen libres y con nombres, no han logrado silenciar la verdad», publicó Waleska.

Finalizó su mensaje con la siguiente sentencia: «Desde el cielo su alma clama por justicia desde la tierra seguiré hasta el final».

Las respuestas demostrando solidaridad, y uniéndose al clamor de justicia por parte de los allegados de Acosta Arévalo, no faltaron. Muchos venezolanos están seguros que este crimen continúa impune, y quienes están detrás de este hecho merecen ser llevados a prisión.

Caracas. – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, denunció este pasado viernes un aumento en las denuncias por desapariciones forzadas y torturas, entre otros graves crímenes registrados en Venezuela, entre 2024 y lo que va del presente año.

Así lo hizo saber el alto funcionario de la ONU, durante la presentación de un informe oral actualizado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual alertó que numerosas personas «han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos».

En su informe, que parte desde mayo de 2024, Türk asegura que en Venezuela -debido a los desmanes del narcorégimen chavista- las «libertades fundamentales » han experimentado un marcado retroceso durante los años 2024 y 2025, especialmente en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en ese periodo.

En este sentido, expuso que tras las polémicas elecciones presidenciales de julio de 2024, siguieron en mayo de este año unos comicios legislativos y regionales que, según la ONU, se saldaron en campaña con la detención de cerca de 70 opositores y activistas y 17 ciudadanos extranjeros por supuesto terrorismo.

Advirtió, que el uso que hacen los organismos represivos y judiciales del chavismo de la nueva ley antiterrorista, contraviene el Derecho Internacional, entre otras razones porque las personas acusadas bajo este marco «son sometidas a procedimientos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales».

La oficina del alto comisionado ha registrado al menos 32 casos de tortura y malos tratos a personas bajo custodia, entre ellos 15 menores de edad. Además, se documentaron 28 desapariciones forzadas posteriores a las elecciones presidenciales, incluidas 12 personas extranjeras.

También alertó la aprobación de una nueva ley sobre ONG en noviembre, la cual ha provocado el cierre de varias organizaciones civiles que operaban en el país.

Türk hizo referencia al agravamiento de la situación económica del país, destacando el bajo poder adquisitivo de los venezolanos, sobre todo en cuanto a las posibilidades de comprar alimento, situación que ha empobrecido a la población a niveles alarmantes.

Caracas. – La DGCIM se llevó secuestrados a más de 45 trabajadores de los muelles de la refinería Amuay (Falcón) -casi todo el personal operativo de esa instalación petrolera- quienes se encuentran con paradero desconocido según denunciaron sus familiares, y sin conocerse aún las razones por las cuales fueron raptados.

La denuncia fue realizada por el dirigente sindical Iván Freites a través de cuenta en la red social X, en la cual alertó que se trata de «un hecho sin precedentes en la historia de la industria petrolera venezolana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrasó con el personal operativo de los muelles de la Refinería Amuay, en el Centro de Refinación Paraguaná».

Según indicó Freites, la acción ha provocado que «los buques han quedado sin atención, la operación portuaria paralizada». Mientras, los más de 45 obreros de Amuay -según cifras extraoficiales- continúan desaparecidos y sus «familiares temen por sus vidas y guardan silencio por miedo. Nadie da respuestas».

La acción es calificada por Freites como «un nuevo nivel de represión contra los trabajadores petroleros». También denuncia que «este tipo de desapariciones forzadas no se veían ni en las peores dictaduras del continente».

«El régimen de Nicolás Maduro habría recurrido a empresas navieras privadas para mantener la operación portuaria, violando así todo protocolo laboral, sindical y de seguridad operacional», indicó el sindicalista al respecto de este medida adoptada por el narcorégimen chavista.

Finalmente, sentencia en su denuncia: «Exigimos respuestas inmediatas. Exigimos la aparición con vida de nuestros compañeros. Exigimos justicia».

Hay que recordar que el pasado miércoles, se reportó la desaparición de 30 trabajadores del complejo refinador de Paraguaná, también en Falcón, e igualmente a manos de esbirros de la DGCIM. En este caso, los empleados fueron arrestados progresivamente en sus puestos laborales sin respetar el debido proceso y sin informar de su paradero, tal como lo aseguraron los parientes.