Corrupta jerarca del narcorégimen califica la decisión de la CPI como «politizado, negligente e inactivo»

Caracas. – Como un organismo «politizado, negligente e inactivo» calificó Delcy Rodríguez a la Corte Penal Internacional (CPI) este viernes, tras la decisión del organismo de autorizar la continuación sobre investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La corrupta vicepresidente del narcorégimen se pronunció a través de las redes sociales este 01 de marzo, condenando el dictamen, por unanimidad, de todos los jueces de la corte, aseverando en sus declaraciones que el ente debería atender casos como la guerra de Israel contra el Hamás.

«Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo frente al genocidio en Palestina, donde el gobierno sionista de Israel ha asesinado a miles de niños y mujeres, con la aparente complicidad de la justicia internacional», señaló Rodríguez.

En este sentido, publicó que «Venezuela rechaza infundada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país».

En este sentido, cuestionó las fuentes empleadas por la fiscalía de la CPI para tomar las determinaciones en cuanto a los avances nulos en materia de indagar sobre los delitos de lesa humanidad, indicando que estas nutrientes de información son, aparentemente, de naturaleza «opositora» al régimen.

«¿En qué información se han basado? En las redes sociales de los opositores extremistas de Venezuela, en un informe de Luis Almagro, aquí está el sesgo y la agresión», señaló en su publicación.

Asimismo, denunció que, supuestamente, quedaría en «evidencia la instrumentalización de la justicia internacional con fines políticos contra el país».

Finalmente, la corrupta funcionaria de la tiranía advirtió que «Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios a su alcance».

Oficina de DD. HH. de la ONU confirmó salida de sus 13 funcionarios de Venezuela

Caracas. – La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela confirmó este martes que los 13 representantes que integraban esa comisión ya salieron del país, tras el ultimátum recibido por parte de la Narcotiranía para abandonar el país en 72 horas.

Según informó la vocera de esta oficina, Marta Hurtado, el grupo se encuentra ya en Panamá, país desde el cual continuarán trabajando.

La funcionaria explicó que la oficina dirigida por el Alto Comisionado Volker Turk tiene mandato global, por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Venezuela, aunque no tenga presencia física allí.

Según lo reseñado por la agencia EFE en una nota informativa, el jefe de la Narcotiranía, Nicolás Maduro, dijo que el citado despacho «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

Por ello, numerosos gobiernos, organizaciones internacionales y grupos defensores de los Derechos Humanos han criticado duramente la medida tomada por el régimen, luego que la oficina de la ONU exigiera la liberación de la abogada Rocío San Miguel.

En acto humillante expulsaron a 33 militares acusados de conspirar contra la Narcotiranía

Caracas. – En un acto realmente humillante llevado a cabo en Fuerte Tiuna, habrían sido expulsados 33 efectivos militares este pasado 23 de enero, acusados de supuestamente conspirar contra el narcorégimen de Nicolás Maduro.

Fue la directora del Casla Institute, Tamara Suju, quien reveló la indignante escena, la cual fue en presencia del alto mando de las FANB chavistas, encabezadas por Vladimir Padrino López.

En su cuenta de la red «X», Suju explicó cómo fueron humillados los oficiales y suboficiales señalados de traición, incluyendo al capitán Anyelo Heredia, quien llegó al lugar en silla de ruedas debido a las fuertes torturas sufridas desde su reciente captura.

Un general de división, dos coroneles y seis tenientes coroneles también fueron vejados frente al resto de los uniformados presentes.

La abogada y defensora de los Derechos Humanos explica que los detalles se los hizo llegar un oficial que presenció el protocolo de expulsión y degradación.

«Todos los oficiales llegaron esposados en una sola cadena, esposados de Manos y Pies y cintura, excepto el Cap. HEREDIA que llegó en Silla de Ruedas y que estaba en muy malas condiciones, y claramente no podía caminar», indicó Suju en su publicación.

Agregó que «A todos los desnudaron en pleno patio (mujeres y hombres) y les hicieron ponerse un uniforme, y al Cap Heredia tuvieron que cargarlo para hacer esto porque no podía moverse».

En el acto mostraron videos de Heredia acusando a varias personas pero con dificultades para hablar debido a los daños que le causaron los esbirros: «En este acto estuvo TODO el Alto Mando Militar encabezado por Vladimir Padrino (Redi, Zodi, etc.) y el DGCIM encabezado por Iván Hernández Dala. Todos ellos son COMPLICES de las Torturas ejecutadas al menos contra Heredia, al que obligaron a grabar varios vídeos que luego usaron para mostrarlos editados en uno solo al público, donde, con claros signos de Tortura, sin gesticular ni mover los brazos, acusó a varias personas».

Al final, Suju acusó a Tarek William Saab de complicidad ante estos abominables hechos: «El Fiscal Tarek William Saab también es Cómplice! Exijo un examen independiente de Médicos Forenses para el cap Anyelo Heredia».

En el post se detalla la lista de los 33 militares sometidos a la aberrante expulsión.

Alfredo Romero: «el objetivo es responsabilizar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad»

Caracas. – Para Alfredo Romero, director de Foro Penal, aseguró este pasado miércoles, que el objetivo de esa ONG es lograr «que se responsabilice a las personas que cometieron» crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En una entrevista concedida al canal VPITV, Romero señaló que el «el mayor logro de las organizaciones de Derechos Humanos ha sido llevar a la CPI los crímenes de lesa humanidad», cometidos por la Narcotiranía en Venezuela.

Por ello, aseveró «para nosotros el objetivo de justicia es lograr que se responsabilicen a las personas que cometieron estos crímenes».

Explicó que las averiguaciones, si bien se dirigen al pasado, es decir, investigar los crímenes cometidos y enjuiciar a los responsables de los mismos, también buscan generar a futuro una «situación de paz», al sentar un precedente de que estos delitos no han quedado impunes.

Sin embargo, el defensor de los DDHH admitió «lamentablemente debo decirlo, la represión ha sido tan eficiente, que mantiene el control del poder, no se ha parado ese aparato represivo».

Denunció que «siguen existiendo presos políticos, sigue existiendo esa puerta giratoria: encarcelan y excarcelan presos políticos y siguen existiendo esquemas de violación a los derechos humanos, con el objeto de intimidar y controlar a la población».

Romero denunció, que pese a lo pactado entre el narco régimen, la Plataforma Unitaria y Estados Unidos en Barbados, aún se encuentran tras las rejas 257 presos políticos, que ya deberían haber sido liberados.Son en total 239 hombres y 18 mujeres, de los cuales 138 ya recibieron condenas.

Exigen liberación inmediata de Javier Tarazona, tras 30 meses de injusta detención

Caracas. – Un nuevo llamado para la liberación del director de Fundaredes, Javier Tarazona, se difundió este miércoles en las redes sociales, tras su injusta detención ocurrida hace 30 meses.

La campaña se inició porque, el pasado 2 de enero, Tarazona cumplió los 900 días detenido en la sede del SEBIN, en El Helicoide, Caracas, luego de su arresto el 2 de julio de 2021.

También, el docente universitario, investigador y defensor de derechos humanos, publicó un escrito, difundido por las plataformas digitales, en el cual asegura creer y apostar al encuentro y la reconciliación de todos los venezolanos.

En éste escrito, señaló que el año 2023, “aun el cautiverio me permitió aceptarme, amarme y restaurarme» (…) «Somos uno, libertad es lo que tú haces con lo que te hacen, elegí vivir libre, convirtiendo la calamidad en oportunidad», señaló.

Por su parte, Fundaredes encabezó la iniciativa de exigir su liberación, con un mensaje a través de las redes sociales, en el cual señala: «Javier Tarazona merece tener un 2024 en libertad».

En este sentido, la ONG también compartió imágenes con una fotografía de su director, y un mensaje en el que señalan que los «30 meses de detención arbitraria marcan el inicio» de este nuevo año para el activista y defensor de derechos humanos.

Delsa Solórzano: «mientras haya presos políticos, no me conformaré con un acuerdo mediocre»

Caracas. – Como un «acuerdo mediocre» calificó la dirigente política Delsa Solórzano a la negociación de Barbados, debido a que aún hay 300 presos políticos, así como una gran cantidad de dirigentes perseguidos por el narco régimen de Maduro.

La presidenta de Encuentro Ciudadano hizo sus declaraciones este pasado miércoles, durante su participación en el foro «Estado de Derecho en Latinoamérica: Desafíos y amenazas», organizado por la red de mujeres UPLA.

«Tristemente sirve para tratar de legitimar a un régimen que se sostiene en el poder, entre otras cosas, por la indiferencia de muchos», dijo sobre el pacto negociado en Barbados, agregando «mientras haya presos políticos, no me conformaré con un acuerdo mediocre».

«Con mucha vergüenza debemos admitir que el modelo de Chávez ha sido vendido como una especie de cajita feliz, una fórmula que se llevó al resto de la región como mecanismo para sostenerse en el poder a toda costa, y la persecución a la disidencia política es fundamental», criticó en su mensaje.

Igualmente, recordó el caso del activista de su partido, Nelson Piñero, quien fue detenido este año y forma parte del gran lote de reos de conciencia, que permanecen tras las rejas por órdenes de la tiranía madurista.

«En el caso de Encuentro Ciudadano tenemos cuatro presos, el más reciente es Nelsón Piñero, preso por escribir en sus redes sociales, es un preso del gobernador de Carabobo, Lacava, quien pidió que Nelsón fuera detenido por criticarlo», denunció.

Además, reiteró que su partido no forma parte del proceso de diálogo. «Había un compromiso de liberar los presos políticos y eso no ha ocurrido, liberan a dos o tres y encarcelan a varios más, ayer fue ordenada la detención de un comandante de los bomberos de Miranda por que se atrevió a alzar la voz por las terribles condiciones de trabajo en la que encuentran», sostuvo.

Han sido liberados 17 presos políticos y ocho estadounidenses hasta los momentos

Caracas. – Al menos 17 presos políticos, incluyendo a los seis sindicalistas de la empresa Sidor, así como al presidente de Súmate, Roberto Abdul, han sido liberados por el narco régimen hasta los momentos, cifra a la cual se suman ocho ciudadanos estadounidenses.

En la lista de excarcelados este pasado miércoles, destacan los seis sindicalistas: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, quienes fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, y condenados en agosto a 16 años de prisión.

También fue liberado Roberto Abdul, quien fue integrante del comité organizador de la primaria de la oposición realizada el pasado 22 de octubre, y quien permaneció 14 días tras las rejas.Ivonne Barrios, Guillermo Zarraga, Daeven Rodríguez y Leovardo Primera, quienes estaban detenidos por el caso del supuesto «espía norteamericano», por el cual se detuvo a Matthew Jhon Heath, también fueron dejados en libertad.

Otros beneficiados por el canje de Saab fueron el capitán Juan Carlos Guillén Rosales y el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, presos desde diciembre de 2021 en el Destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Apure, vinculados al caso del hato Chaparralito.

Juan Carlos Ochoa, detenido en 2020 por su supuesta participación en planes de conspiración, así como los ciudadanos César Guevara y Luis Narváez, también presos desde 2020, acusados de un presunto boicot en la Refinería El Palito, fueron igualmente excarcelados este miércoles.Se habla extraoficialmente de una lista de 30 detenidos que saldrían tras las rejas, por lo que se espera continúen las liberaciones.

De hecho, Alcides Bracho, uno de los sindicalistas liberados, denunció tras su salida de la prisión, que «hay cerca de 270 presos políticos que deben ser liberados».

Alfredo Romero: detención de Roberto Abdul responde a patrón recurrente de violación de DDHH

Caracas. – La presentación a escondidas ante un tribunal, y sin permitir la presencia de abogados, como ocurrió en el caso del presidente de Súmate, Roberto Abdul, corresponde a un patrón recurrente de violación de Derechos Humanos que aplica siempre la Narcotiranía venezolana, según lo denunció este lunes el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

El activista ofreció una entrevista este 11 de diciembre al medio VPITV, en la cual alertó que ni los familiares, abogados, u otros activistas políticos o de Derechos Humanos han podido tener todavía acceso a Abdul, tras su injusta detención realizada el pasado 6 de diciembre.

“Esto en definitiva es violatorio a los derechos humanos y al debido proceso, al derecho a la defensa y es algo que ya hemos denunciando ante diferentes instancias nacionales e internacionales porque ya ha ocurrido anteriormente. Pasó igual con el defensor de DDHH Javier Tarazona, igual a escondidas sin abogados. Es un patrón que ocurre de manera constante en este tipo de casos”, condenó Romero.

Igualmente, explicó que el tribunal 4to de terrorismo, ante el cual fue presentado, avisó a los allegados de Abdul sobre la suspensión de la audiencia. Sin embargo, luego el citado tribunal se trasladó a El Helicoide, “a los efectos de no permitir el acceso de abogados y que no se conociera el contenido del expediente”, reclamó el activista.

También, dijo que a la esposa de Abdul solo le permitieron llevarle ropa y medicinas, pero no ha tenido contacto con él desde el pasado 6 de diciembre.

En este escenario, cabe recordar que tanto Abdul, como los demás integrantes de Vente Venezuela, y los dirigentes políticos en el exilio son acusados por la fiscalía del régimen por los presuntos cargos de “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

CPI: apenas un 4% de crímenes investigados por la Narcotiranía registran avances

Caracas. – Durante la segunda audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los representantes del narcorégimen de Nicolás Maduro, no les quedó más remedio que admitir avances en apenas un 4% de los casos considerados como crímenes de lesa humanidad.

Los representantes de la tiranía en esta audiencia, el abogado británico Ben Emmerson, el letrado Aitor Martínez Jiménez, y el canciller Yván Gil, ofrecieron resultados sobre unos 124 casos que documentaron ante la corte.

Sobre esta muestra, Jiménez detalló que «113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados».

Es decir, el porcentaje de casos realmente investigados suma apenas un 4%, ya que de 124 hechos punibles, solo cinco registran condenas. Ante los cuestionamientos de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la delegación del régimen debió confesar, finalmente, que ninguno de los casos ha sido concluido con una condena definitivamente firme.

Por su parte, la Fiscalía de la CPI argumentó que, de 62 casos de crímenes examinados por esa instancia, «47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, [que] es la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Pero, por otra parte, el juez Marc Perrin de Brichambaut hizo un llamado de atención a los voceros del narcorégimen por el lenguaje «inadecuado» empleado en estas dos sesiones, para referirse tanto a la Corte como a otros organismos.

Varios portales indicaron que esta reprimenda es el resultado de las descalificaciones realizadas principalmente por Gil, quien en su intervención de este miércoles, que se atrevió a afirmar que el aparato de justicia de la tiranía madurista era más efectiva que la CPI.

CPI concluyó que narcorégimen se niega a investigar crímenes de lesa humanidad

Caracas. – La Corte Penal Internacional (CPI) concluyó en la audiencia celebrada este miércoles que el narcorégimen venezolano se niega a investigar hechos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Según lo señaló el juez de la Sala de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro, en cuanto a cumplir con las investigaciones sobre casos que podrían ser considerados crímenes graves, y de lesa humanidad, son totalmente falsos.

«Las autoridades venezolanas informaron a la Corte que están investigando. La Sala Preliminar concluyó que Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes», dijo el magistrado.

Para empezar, la Narcotiranía presentó 250 casos en el idioma español, aún sabiendo que la corte exige que estos sean traducidos al inglés o al francés, alegando ser «pobre» para costear la traducción de todos esos documentos, de los cuales se analizaron unos 60 casos considerados «representativos».

Por su parte, Paolina Massidda, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, afirmó de manera contundente que «la posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos».

Igualmente, advirtió que las víctimas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes y señala que los elementos contextuales son vitales para determinar dichos crímenes. «Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas», alegó.

También, trascendió que los representantes del narcorégimen —el canciller Yvan Gil, el secretario de DDHH Larry Devoe, y la directora de DDHH del Ministerio Público Karen García— argumentaron que las exigencias de la CPI no precisaban bien los detalles, en cuanto al alcance que debían tener las averiguaciones.

Sin embargo, la representante de la Fiscalía de la CPI desmintió esos alegatos al señalar que «no se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a lo que podía responder Venezuela».