La ONU acusa a Maduro de perpetrar crímenes contra la humanidad

La misión de la ONU que examina la situación de Venezuela ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de sumir al país en un «clima de temor» en el que cualquier puede ser víctima del aparato represor, hasta el punto de que las pruebas acreditan ya un nivel de persecución equivalente a crímenes contra la humanidad.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ha denunciado que el Ejecutivo chavista ha intensificado «dramáticamente» la represión para «aplastar» cualquier atisbo de disidencia, dentro de una escalada que ha alcanzado nuevas cotas a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que se han saldado con el exilio del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

En el periodo previo a esas elecciones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el Gobierno y solo en julio de este año más de 120 personas quedaron bajo custodia en el contexto de la campaña electoral de la oposición.

Tras los comicios, las autoridades efectuaron más de 2.000 detenciones en pocas semanas, lo que derivó a su vez en violaciones del debido proceso y en la confirmación de que todo el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la cabeza, «está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social», según el informe.

Venezuela está inmersa «en una de las crisis de Derechos Humanos más graves de la historia reciente», en la medida en que los abusos que están ya documentados, incluidos casos persecución con motivaciones políticas —un tipo de crimen contra la humanidad—, «no son actos aislados o aleatorios» sino que forman parte de «un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a la oposición.

La presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Baliñas, ha denunciado «una intensificación del aparato represivo», pese a los «múltiples» llamamientos lanzados desde dentro de Venezuela y también por parte de la comunidad internacional.

Ya antes de las elecciones, Maduro y otros altos cargos chavistas advirtieron de un posible baño de sangre si no lograban la victoria. Otro de los expertos del grupo, Francisco Cox, ha recordado que la propia misión ya temía que el Gobierno pudiese «activar su aparato represivo» en el contexto electoral. «Y eso es precisamente lo que estamos observando ahora», ha apostillado.

Decenas de ONG instan a la ONU a renovar su misión sobre Derechos Humanos en Venezuela

Una treintena de ONG han instado este lunes a Naciones Unidas a renovar su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de observación encargado de abordar la situación de los Derechos Humanos en el país caribeño, y han hecho hincapié en la importancia de que exista una «rendición de cuentas» a medida que aumenta la «represión postelectoral».

Para estas organizaciones, la misión puede jugar un «rol clave» en este asunto y «mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada» que ha seguido a las elecciones presidenciales del 28 de julio y que, según el chavismo, ha permitido al genocida dictador que somete al país, Nicolás Maduro, revalidar su mandato, en claro fraude electoral.

Está previsto que los expertos de la misión emitan el próximo 19 de septiembre un informe sobre la situación en Venezuela, si bien se requiere una resolución para poder mantener el mandato del grupo después de octubre —tal y como hicieron en el pasado algunos países de Latinoamérica—.

«Tras las elecciones presidenciales, los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», han indicado en un comunicado todas estas organizaciones.

Entre las organizaciones se encuentran Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional, AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Human Rights Watch, entre otras.

En este sentido, han recordado que esta misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de investigar posibles «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014».

Así, buscaba «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y lograr hacer justicia para las víctimas». Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.

Esta misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de Derechos Humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, algo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

En sus informes, esta ha identificado a autoridades de medio y alto rango como posibles responsables de estas violaciones. La misión también se ha referido al papel del poder judicial venezolano en «la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública».

Llenan sótanos de la DGCIM con nuevos detenidos civiles y militares

Caracas. – De nuevos detenidos civiles y militares, estarían repletos recientemente los calabozos de la sede del DGCIM, y a quienes someten a crueles sesiones de tortura, según lo denunció la abogada Tamara Suju.

La defensora de los Derechos Humanos publicó en su cuenta de la red social X, un mensaje sobre la situación de los sótanos de la DGCIM en Boleíta Norte (Caracas), según varias versiones que le han filtrado fuentes de ese organismo represivo.

Suju asegura que, a pesar de ser distintas historias, todas coinciden en que las celdas situadas en el subsuelo de esa estructura albergan a nuevos ciudadanos apresados, probablemente procedentes de la ola represiva postelectoral desatada por la Narcotiranía.

No obstante, también la abogada señala que esta nueva población está conformada tanto por civiles como militares.

Suju agrega: «Pronto daré más detalles de la situación. La Tirania quiere callar a sus familiares y compañeros con terribles amenazas sobre su integridad física».

A fin de saber —y poder denunciar— lo que ocurre con estas nuevas víctimas del narcorégimen madurista, la también directoral del Casla Institute pidió a familiares o conocidos de estos ciudadanos escribirle al correo de este organismo y exponer sus relatos.

El correo en cuestión es el siguiente: [email protected]

Misión de ONU exige al régimen detener represión y pide investigar violaciones de DDHH

Caracas. – La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela, exigió este lunes al narcorégimen de Nicolás Maduro detener inmediatamente la represión creciente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, así como iniciar investigaciones exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante estos sucesos.

En el comunicado que difundió por las redes sociales, la Misión de la ONU enfatizó que «las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas».

Asimismo, la Misión aseveró haber documentado múltiples abusos, incluidas muertes, detenciones arbitrarias y represión dirigida contra manifestantes y opositores al gobierno.

Los informes que maneja este organismo señalan que las manifestaciones y críticas surgidas tras las elecciones han desencadenado una respuesta represiva por parte del Estado, dirigida por sus máximas autoridades.

En este sentido, los informes precisan que, entre el 28 de julio y el 8 de agosto, ocurrieron 24 muertes relacionadas con las protestas, en su mayoría causadas por disparos siendo la mayoría de las víctimas eran hombres menores de 30 años.

Igualmente, estos documentos reportan más de 1.260 detenciones, entre las cuales se incluyen 100 menores de edad, en el contexto de las protestas postelectorales, la mayoría de ellas personas jóvenes y opositoras a la tiranía madurista.

Además, se ha documentado un patrón de detenciones arbitrarias, imputaciones sin pruebas y violaciones al debido proceso, afectando gravemente el Estado de derecho en el país.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, afirmó: «Las muertes denunciadas durante las protestas deben investigarse a fondo y, si se confirma el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y la participación de civiles armados en connivencia con ellas, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familias merecen justicia».

La misión de la ONU sobre DDHH en Venezuela exige el «cese inmediato» de la represión

El opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), principal formación opositora del país, ha abogado este lunes por «dar tiempo» al Gobierno interno para que convoque elecciones tras la grave crisis interna sufrida a raíz de una serie de protestas que comenzaron el pasado mes de julio y han llevado a la dimisión y huida de la que era hasta ahora la primera ministra, Sheij Hasina.

El secretario general de la formación, Mirza Fajrul, ha indicado que es importante esperar para que las autoridades tengan el tiempo suficiente para «crear la atmósfera necesaria» para realizar dicha convocatoria.

Así, ha especificado que la formación ha trasladado su postura al respecto, según informaciones recogidas por el diario ‘The Daily Star’. «Aquellos que han privado a Bangladesh de sus derechos están ahora quedándose en India y han comenzado a conspirar para mermar nuestra victoria», ha aseverado.

En este sentido, ha puntualizado que las acusaciones de persecución contra minorías religiosas responden a motivos políticos. «Este es un intento de difamar al país y al gobierno interno», ha aclarado antes de acusar al partido de Hasina, la Liga Awami, de seguir yendo «contra los intereses del pueblo a pesar de haber matado a tanta gente» durante las protestas.

«Creemos que el gobierno debe hacer algo sobre este asunto», ha sostenido antes de afirmar que «el Gobierno debe hablar a todos los partidos políticos, pero no con aquellos que han cometido asesinatos».

Narcorégimen apresa injustamente a un alcalde y dos activistas de DDHH

Caracas. – Un alcalde y dos activistas por los Derechos Humanos, se sumaron a la lista de víctimas apresadas injustamente por esbirros del narcorégimen, en las últimas 24 horas en Cojedes, Carabobo y Vargas.

Se trata del alcalde Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo (Cojedes), la profesora Edni López, defensora y trabajadora humanitaria; y el abogado y defensor de DDHH, Kennedy Tejada.

Feo fue detenido por funcionarios de la DGCIM en su entidad, durante horas de la noche de este pasado domingo. En el caso de la docente López, se sabe que lleva más de 24 horas desaparecida, tras haber sido apresada en el aeropuerto de Maiquetía (Vargas), cuando se disponía a viajar hasta Buenos Aires, Argentina.

Mientras, Tejada fue arrestado cuando se encontraba trabajando como abogado y defensor de derechos humanos, consiguiendo información de los posibles detenidos en el comando rural de la PNB en Montalbán, estado Carabobo.

El profesional del derecho verificaba un destacamento de la GNB si había o no detenidos en el lugar, cuando fue sometido por esbirros de la tiranía.

Cabe señalar que estos casos se suman a los de Vicente Scarano, Roland Carreño y dos burgomaestres más, quienes fueron también injustamente apresados el pasado viernes.

Se cumplen siete años del asesinato de Neomar Lander

Caracas. – Familiares y activistas por los Derechos Humanos recordaron que este viernes, 07 de junio, se cumplen ya siete años del vil asesinato del joven estudiante y miembro de la resistencia venezolana, Neomar Lander, ocurrido durante las protestas de 2017.

En las redes sociales, tanto sus allegados como varias ONG defensoras de los DDHH publicaron mensajes rememorando la fatídica fecha en la que perdió la vida Lander y exigiendo que se haga justicia en su caso.

El mensaje que lo popularizó en ese entonces «la lucha de pocos vale por el futuro de muchos», fue el lema que acompañó a la mayoría de las publicaciones.

Cabe recordar que Lander fue alcanzado por una bomba lacrimógena disparada por efectivos de la PNB cuando participaba en una protesta en la Av. Libertador a la altura de Chacao, en contra del narcorégimen de Nicolás Maduro.

Sus allegados, acompañados de algunos activistas, se reunieron en la citada arteria vial para colocar afiches y pancartas rememorando el terrible episodio y exigir justicia sobre este caso, pues ha quedado impune.

Una publicación de una la cuenta DD. HH. del partido Vente Venezuela dice:

También, la activista y defensora de los derechos humanos, Elisa Trotta, escribió en su cuenta de X:

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón publicó lo siguiente:

CIDH denunció al régimen de Maduro por violación de Derechos Humanos

Caracas. – Por violar «sistemáticamente» los derechos humanos para, principalmente, «desalentar la participación política» en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una denuncia contra el narcorégimen de Nicolás Maduro, este pasado jueves.

El organismo autónomo presentó un documento, en el cual expuso: «El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”.

También, hizo referencia a las inhabilitaciones políticas, como la aplicada en contra de la dirigente María Corina Machado, mencionando que, en este caso, las sanciones han sido aplicadas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.

El informe también critica el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela.

Asegura que esta situación ha creado un clima de impunidad ante las graves violaciones de derechos humanos, ya que ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el propio Poder Judicial han actuado con la debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

Cane sañalar que la CIDH atribuye esta falta de acción a la falta de independencia de estas instituciones frente al gobierno.

Amnistía Internacional denunció desapariciones forzadas y torturas cometidas por el narco régimen

Caracas. – Amnistía internacional incluyó en su informe anual al narcorégimen de Nicolás Maduro, al referir en el documento los graves casos de desaparición forzada y torturas, cometidas contra quienes son considerados opositores.

En su informe, la ONG enfatizó tres países en el caso de América Latina: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recalcó a la narcotiranía madurista, por casos de desaparición forzada y tortura en Venezuela, prácticas especialmente aplicadas contra opositores.

Mientras, al régimen cubano lo acusó de “hostigamiento, persecución y encarcelamiento” de disidentes y, sobre Nicaragua, señaló que persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.

En el documento se explicó que el narcorégimen venezolano aplica «la desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos» como parte de la «política de represión ejercida por el gobierno».

Igualmente, explicó que en Venezuela, las víctimas de estas persecuciones, comparecen ante un tribunal, donde son «acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo».

Luego, los injustamente imputados son «trasladadas a un centro militar o policial», donde permanecen «meses, o incluso años, en espera de juicio».

Según el documento «quienes pertenecían -o se consideraba que pertenecían- a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos».

Fiscal de la CPI inauguró oficina para brindar asistencia técnica en Venezuela

Caracas. – Una oficina de asistencia técnica fue inaugurada este martes, 23 de abril, por el fiscal general de la CPI, Karim Khan, durante la agenda que cumple actualmente en su visita al país.

La máxima corte informó a través de sus redes sociales el paso dado por el fiscal con el siguiente mensaje: «En la visita (a) Caracas, el fiscal de la CPI, Karim Khan, abre la oficina de la Fiscalía en Venezuela».

La información difundida por la CPI al respecto, señaló que las actividades de esta oficina serán las de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional, así como de aumentar la presencia sobre el terreno de la Fiscalía.

No obstante, aún se desconoce la ubicación del despacho y los canales de acceso a la misma.

Este pasado lunes, durante la reunión sostenida con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, Khan aseveró: «Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro que no lo voy a ser. Mi trabajo es aplicar la ley».

Igualmente, el fiscal enfatizó que le ha sido otorgada jurisdicción, para continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano, al menos desde 2014.

Esta autorización se le fue concedida, luego de que la Sala de Apelaciones de la CPI decidió confirmar a principios de marzo su labor, tras la apelación hecha por la administración Maduro.