Caracas. – Dos ONG y familiares de rehenes políticos del narcorégimen chavista, denunciaron este jueves el traslado arbitrario y clandestino, de 32 víctimas, entre las cuales figuran tres ciudadanos colombianos, que se encontraban recluidos en el penal Rodeo I (Miranda).

La ONG Realidad Helicoide emitió un comunicado por sus redes sociales, mientras que el Comité de Familiares de Presos Políticos (Clippve) ofreció, una rueda de prensa junto a varios familiares, para denunciar la irregularidad y exigir información sobre el paradero de los secuestrados.

Clippve explicó que la medida se ejecutó durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, sin previa notificación a los abogados defensores ni a los parientes de los afectados.

Andreina Baduel, defensora de derechos humanos y representante de la organización, cuestionó el procedimiento llevado a cabo a espaldas de las víctimas. “Se evidenció una vez más que el régimen venezolano no tiene una real voluntad política de hacer las cosas en derecho”, afirmó durante la rueda de prensa que se realizó en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. 

Ante el hermetismo y la negativa de las autoridades del Rodeo I, los parientes subieron a una montaña cercana al penal para comunicarse mediante el eco, una labor que fue saboteada por funcionarios del régimen chavista con una corneta.

Las familias exigieron la publicación inmediata, de un listado oficial con los destinos exactos y garantías sobre su integridad.“Subimos a una cuesta que está cerca de El Rodeo I a gritarle a los presos políticos, porque eso fue un mecanismo de comunicación que hemos establecido”, relató Baduel.

Mediante el intercambio a distancia, los detenidos lograron informar que los traslados tuvieron como destino los centros penitenciarios de Guaicaipuro, Yare y La Planta, ubicados en la región capital del país. No obstante, durante la mañana de este jueves, otros dos autobuses con rehenes a bordo, salieron de la citada cárcel con destino incierto.

Antes de las declaraciones de Baduel, defensores de derechos humanos dieron lectura a un comunicado suscrito por el Comité de Presos Políticos, el Movimiento Social Poder Ciudadano, la Fundación Haciendo País y Fundaredes, dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Las organizaciones instaron al funcionario estadounidense a fijar una posición frente a la situación de los presos políticos en Venezuela y reclamaron que la liberación de los detenidos sea considerada una exigencia prioritaria.

Los familiares dejaron saber, que varias de las víctimas trasladadas están vinculadas a los casos «Dron», «Brazalete Blanco» y «Operación Gedeón», todas de carácter militar, que buscaban el aparente derrocamiento, por la fuerza, de Nicolás Maduro.

Caracas. – Los magistrados del Palacio de Justicia del estado Carabobo, que acudieron a la audiencia de apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano, y otros 23 rehenes políticos vinculados al caso Fuerte Paramacay, informaron que se tomarán 10 días hábiles para emitir su pronunciamiento sobre el proceso.

La audiencia, que inició a principios de la tarde de este pasado miércoles, se extendió hasta altas horas de la noche, en una extensa jornada durante la cual, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo escuchó los argumentos de las partes.

A las afueras del recinto, familiares y dirigentes políticos se mantuvieron a la espera de la resolución. El padre del capitán Caguaripano confirmó haber escuchado a su hijo a través de la conexión telemática durante la sesión, mientras los allegados reiteran la exigencia de libertad plena para todos los civiles y militares procesados.

La instancia judicial había admitido un recurso presentado por la defensa de Caguaripano contra la sentencia dictada en primera instancia. Sus abogados sostienen que durante el proceso se produjeron presuntas irregularidades, entre ellas vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa, además de cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.

Tras la revisión del caso, la Corte de Apelaciones podrá mantener la sentencia original, modificar la pena o declarar la nulidad del proceso y ordenar la realización de un nuevo juicio.

Mientras, el coordinador de la ONG Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, informó que la Corte de Apelaciones aplazó la resolución debido a que el caso requiere evaluar puntos de mero derecho y las circunstancias denunciadas por la defensa.

Caguaripano fue condenado por su presunta participación en la denominada “Operación David”, ocurrida el 6 de agosto de 2017, por el asalto a la Brigada 41 Blindada en Fuerte Paramacay, ubicada en Naguanagua, estado Carabobo. El caso también involucra a los otros 23 detenidos considerados rehenes políticos, por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los implicados recibieron una condena de 30 años de prisión en diciembre de 2025, tras ser acusados por la sustracción de armamento militar durante la toma de la instalación castrense.

Caracas. – Tras la muerte de un recluso en el estado Anzoátegui, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció un alarmante incremento de muertes en las cárceles, bajo custodia del actual interinato chavista de Delcy Rodríguez, contabilizando al menos 37 fallecidos entre abril y julio de 2026.

Este lunes, la ONG reportó la muerte de Luis Felipe Moreno Moreno, quien permanecía recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, estado Anzoátegui.

De acuerdo con el OVP, el hombre murió por causas relacionadas con su estado de salud en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, luego de ser trasladado desde el centro penitenciario.

Por ello, la ONG exigió a las autoridades una investigación sobre las condiciones de atención médica dentro de los centros de reclusión y pidió respuestas sobre las medidas adoptadas para garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

También, a finales de julio de 2026 OVP denunció la muerte consecutiva de dos reclusos, uno por tuberculosis y otro por diarrea aguda, lo que elevó la alerta internacional.

“Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas”, señaló el OVP en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, criticó que las medidas adoptadas en años recientes, para intervenir las prisiones más importantes del país, solo empeoraron la situación al dejar a medias muchas medidas, que había prometido aplicar.

“La política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron”, cuestiona el OVP.

Los defensores de los derechos de los reclusos indican que “lejos de solucionar el hacinamiento y el deterioro del sistema”, las llamadas “intervenciones penitenciarias” ordenadas por el régimen chavista “dispersaron a la población reclusa por distintos estados sin resolver las causas estructurales que siguen poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.

El OVP advirtió que las muertes bajo custodia evidencian la necesidad de fortalecer la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario.

La organización sostuvo que muchas enfermedades pueden agravarse cuando no existe diagnóstico, tratamiento o seguimiento médico adecuado, una situación que afecta especialmente a la población penitenciaria.

“Cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”, afirmó el organismo.

Caracas. – Familiares de rehenes políticos en Venezuela protestaron este jueves, ante la sede del Ministerio Público chavista en Caracas, para denunciar que el organismo ha incumplido los acuerdos, a los que las partes llegaron hace un mes, y que consisten en mejorar la situación carcelaria de estos detenidos, las cuales persisten y han empeorado.

La manifestación fue convocada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (ClippVe), cuyos representantes exigieron respuestas de las autoridades y la atención inmediata a las condiciones de reclusión de los detenidos.

«La Fiscalía ha tenido un trato discriminatorio y selectivo, incluso con esta gestión que no se ha reunido con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), porque sabe que tenemos suficiente sustento y moral para denunciar todos los atropellos y violaciones sistemáticas a las que son sometidos nuestros familiares», enfatizó la coordinadora de la ONG, Andreina Baduel.

Los participantes denunciaron presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos, así como la falta de avances en las investigaciones relacionadas con muertes, motines y tratos inhumanos en los centros de reclusión.

Durante la concentración, los voceros del Clippve señalaron que en los últimos dos años se han realizado al menos 15 encuentros y protestas frente al Ministerio Público sin obtener resultados satisfactorios, pese a la entrega formal de documentos y solicitudes.

Durante la jornada, una comisión fue recibida por funcionarios del Ministerio Público, para entregar un documento dirigido al fiscal Larry Devoe, en el que denunciaron presuntos maltratos, falta de atención médica, hacinamiento y retrasos en los procesos judiciales.

Los familiares también expresaron preocupación por los recientes motines ocurridos en cárceles venezolanas, especialmente en el Internado Judicial de Barinas y otros centros penitenciarios, donde se reportaron muertos y heridos en medio de protestas de los reclusos por las condiciones de encierro.

“Seguimos denunciando la violación de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas”, señalaron algunos de los manifestantes, quienes portaban pancartas y fotografías de sus familiares detenidos.

Caracas. – Según lo alertó este pasado miércoles la defensora de derechos humanos, Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, por lo menos las vidas de 51 rehenes políticos con enfermedades graves, corren peligro tras las rejas.

Debido a esta situación, Malavé acudió al Ministerio Público para solicitar la revisión de los casos. Indicó a los medios de comunicación que en la información recabada cuentan con los diagnósticos médicos y otros detalles de los detenidos enfermos.

La activista advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas frente a este escenario, se podrían registrar nuevas muertes bajo custodia del Estado. Además, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades frente a las denuncias de familiares y defensores de derechos humanos.

Asimismo, alertó que la falta de independencia de poderes permite que diagnósticos médicos y evaluaciones especializadas sean ignorados o retrasados por trabas burocráticas dentro del Senamecf, mientras numerosos detenidos permanecen encarcelados sin atención adecuada.

Además, calificó de burla las declaraciones de altos funcionarios que han anunciado liberaciones masivas, algo que no ha ocurrido.“La pérdida de credibilidad absoluta en ellos. Primero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se apersonó en un centro de reclusión y dijo que iban a salir; y detrás de eso vino huelgas, madres desmayadas, los muchachos en huelga de hambre. Ahora otra vez, y viene de la presidenta encargada de la República”, denunció.

La ONG registra al menos 631 secuestrados en Venezuela por motivos políticos. La directora aseguró que el sistema de justicia colapsó.

“Colapsó de tal forma que todo el que quería lo utilizaba. Todos: funcionarios del FAES, políticos. De hecho, cuando nosotros conocemos al preso político, le preguntamos: ‘¿Quién es tu carcelero?’, para ver hasta dónde alcanza el poder y hasta dónde nosotros podemos llegar”, manifestó.

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano, José Breijo, de 73 años, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a un hospital en Caracas (Venezuela) este jueves, tras recobrar su libertad, así como su apartamento, ocupado ilegalmente por un esbirro del narcorégimen.

Breijo recibió su boleta de excarcelación bajo arresto domiciliario el viernes 22 de mayo, luego de casi dos años detenido en Tocuyito.

El operativo fue coordinado por la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y derivó en una mediación con órganos de justicia y cuerpos de seguridad para concretar el traslado de Breijo a un centro de salud, debido a las patologías que presenta actualmente.

Durante la madrugada de este jueves, a una clínica en la capital del país debido a graves problemas respiratorios, según los informes.

El periodista Carlos Julio Rojas estuvo presente junto a Breijo, en el momento exacto en que el personal paramédico y asistencial procedió a trasladarlo desde su vivienda, localizada en la urbanización Bello Monte.

Aunque en un principio las comisiones estimaban conducirlo hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, posteriormente se confirmó que el septuagenario fue internado formalmente en el Hospital de Clínicas Caracas, un centro de salud privado del este de la capital.

Por su parte, la periodista Marjorie Méndez reportó que la salud de Breijo está comprometida debido a dificultades respiratorias. “Ya esto es un asunto humanitario que debe escalar. Hay que garantizar que sus días los pase tranquilo”, publicó la comunicadora.

Breijo fue arrestado injustificadamente por los cuerpos de seguridad del Estado en el año 2023. En aquel momento, la Fiscalía de la República lo acusó formalmente de cometer presuntos delitos de terrorismo, una calificación penal que las autoridades sustentaron bajo el único argumento de que el ciudadano había tomado una fotografía fija a una bandera que contenía diversas inscripciones en idioma árabe.

Recientemente, un tribunal de control de la causa le otorgó a Breijo, una medida sustitutiva de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su avanzada edad y cuadro clínico. Sin embargo, al momento de ejecutarse el traslado a su hogar, los familiares y la defensa técnica denunciaron que el inmueble se encontraba ilegalmente invadido por un funcionario policial, quien participó de forma directa en el operativo de su detención original en 2023.