Advierten sobre fuertes daños estructurales en Rodeo I que ponen en peligro a los reos

Caracas. – La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este jueves, la existencia de un grave riesgo estructural en la cárcel de El Rodeo I (estado Miranda) tras los terremotos del 24 de junio. Los reclusos corren peligro por columnas fracturadas y camas de cemento dañadas, pero las autoridades los obligan a permanecer confinados en sus celdas.

A través de un comunicado difundido en sus cuentas de redes sociales, la organización aseguró que la infraestructura del penal habría quedado “severamente comprometida” por los movimientos telúricos y advirtió sobre el riesgo que, a su juicio, representa mantener a los reclusos en esas instalaciones.

Según la ONG, recientemente un ingeniero inspeccionó las instalaciones de El Rodeo I acompañado por funcionarios policiales. Aunque posteriormente se informó de manera oficial que el penal era habitable, la organización afirmó que los presos políticos les comunicaron que el especialista les habría manifestado, de forma privada, que estaba siendo presionado para emitir esa evaluación.

De acuerdo con la denuncia, los internos sostienen que existen columnas fracturadas y otras afectaciones estructurales que representarían un riesgo para quienes permanecen recluidos.

Asimismo, señalaron que varias de las camas de cemento utilizadas por los privados de libertad también resultaron dañadas durante los sismos, lo que habría deteriorado aún más sus condiciones de permanencia dentro del penal.

El comité también denunció que las autoridades les notificaron a los presos de El Rodeo I que los mantendrían encerrados en las celdas a pesar del riesgo de colapso de la infraestructura.

“¡Denunciar es proteger! Exigimos una inspección civil e independiente de la infraestructura y el cese de los tratos crueles”, aseguró Clippve en su misiva.

Denuncian desaparición de un rescatista en Vargas tras denunciar la falta de apoyo

Caracas. – Familiares, vecinos y rescatistas voluntarios denuncian desde este pasado miércoles, la desaparición del rescatista Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo de La Guaira”, cuyo paradero se desconoce desde la noche del 1 de julio luego de participar en labores de búsqueda y rescate en la zona OPP-26 Caribe, en la parroquia Caraballeda.

Contaron que Cruz había denunciado la falta de maquinaria y de equipos especializados para fortalecer las labores de búsqueda de sobrevivientes, bajo los escombros de edificaciones que se desplomaron por los terremotos del 24 de junio, en el estado Vargas.

“Tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos. Y no nos han ayudado, miren cómo estamos aquí. ¿Tú crees que puede ser posible que esta es la máquina que uno tiene? Estas pobres manos, miren cómo las tengo todas destrozadas”, aseguró Cruz en el video, que se difundió rápidamente en las plataformas digitales.

Posteriormente, comenzó a circular en X otro video, en el que varios usuarios afirman que el rescatista habría sido detenido durante la noche del miércoles, tras un altercado con funcionarios policiales.

De acuerdo con esas versiones, Cruz habría intervenido para impedir que las autoridades se llevaran una máquina que estaba siendo utilizada en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

De acuerdo con una familiar, el grupo en el cual se encontraba el rescatista, necesitaba un martillo eléctrico para romper una viga y continuar las labores de búsqueda. En ese momento, varios hombres vestidos completamente de negro y sin identificación visible se acercaron y ofrecieron facilitar la herramienta.

“Mi cuñado fue a hablar con ellos. Y les dijo que iba con él, pero respondieron que debía ir solo. Él se fue con ellos y, desde ese momento, no sabemos más nada”, relató.

Desde entonces no se conoce el paradero de Cruz ni existe información oficial sobre su ubicación.

Testigos también señalaron que, horas antes de su desaparición, el rescatista habría sostenido un altercado con un hombre que lo amenazó diciéndole: “Tú no sabes con quién te metiste”. Posteriormente circuló un video en el que funcionarios policiales trasladan detenido a un hombre señalado como involucrado en ese incidente, aunque hasta ahora no se ha confirmado su identidad ni una posible relación con la desaparición.

CIDH discutió el asesinato de Óscar Pérez y seis venezolanos durante la «Masacre del Junquito»

Caracas. – El caso sobre la «Masacre del Junquito», ocurrida el 15 de enero de 2018, en la cual fueron asesinados a sangre fría siete venezolanos, incluyendo al inspector del CICPC, Óscar Pérez, por fuerzas criminales del narcochavismo, fue abordado este miércoles en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia fue realizada en San José, Costa Rica, y se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la Corte IDH.

Durante el proceso interrogatorio, los jueces de la CIDH contaron con declaraciones de Ceila Josefina Agostini Palomo, madre de Abraham Israel Agostini, asesinado junto con Óscar Pérez en El Junquito, y de Giancarlo Fiorella, doctor en Criminología y perito del caso.

El acto de la CIDH se centró en tomar testimonios de familias e investigadores, sobre los hechos ocurridos el 15 de enero de 2018 en El Junquito, donde murieron el exfuncionario policial Óscar Pérez y otras seis personas.

Agostini Palomo denunció persecución transnacional del régimen durante su exilio en Perú. De acuerdo con su testimonio, luego de huir del país también sintió seguimiento y vigilancia.

“Sentí la persecución”, expresó la madre de Abraham Israel Agostini durante sus declaraciones.Mientras, el doctor Giancarlo Fiorella explicó cómo se llevó a cabo el proceso de investigación sobre los hechos ocurridos el 15 de enero de 2018 en el que murieron al menos siete personas basándose en fotografías, videos y material audiovisual compartido por Óscar Pérez.

El perito argumentó que los hechos ocurridos el 15 de enero de 2018 sugieren una posible “ejecución extrajudicial”, en la que murieron al menos siete personas.

“No existe evidencia en el que se observe funcionarios ingresando a la casa, sin embargo, solo de la fase de negociación entre Óscar Peréz y los funcionarios, hay un video en el que se escucha como ellos afirman, a través de comunicaciones radiales, haber ingresado a la vivienda”, explicó.

Igualmente, durante la audiencia, habló sobre la vivienda donde se encontraban los siete ciudadanos, aseverando que esta “quedó destruida y con muchos huecos de bala”. “Hay audios en los que se escucha a las personas que estaban dentro de la vivienda expresar su preocupación por quienes estaban en las adyacencias de la edificación”, dijo.

Fiorella estimó que el número de atacantes fue de al menos 500 personas y vehículos militares que se dirigieron a El Junquito desde distintas zonas de Caracas, de acuerdo con información publicada en medios de comunicación venezolanos.

Igualmente, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, en su intervención, aclaró que no se trata de saber si fue o no un asesinato porque las pruebas (videos presentados) demuestran que sí lo fue, además de que el narcorégimen chavista así lo presentó y afirmó reiteradas veces, sino que el objetivo es preguntarse si hubo uso legítimo de la fuerza y si efectivamente este asesinato tuvo causas o fines legítimos.

Familiares de rehenes políticos exigieron a Fiscalía chavista cumplir acuerdos sobre condiciones carcelarias

Caracas. – Familiares de rehenes políticos en Venezuela protestaron este jueves, ante la sede del Ministerio Público chavista en Caracas, para denunciar que el organismo ha incumplido los acuerdos, a los que las partes llegaron hace un mes, y que consisten en mejorar la situación carcelaria de estos detenidos, las cuales persisten y han empeorado.

La manifestación fue convocada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (ClippVe), cuyos representantes exigieron respuestas de las autoridades y la atención inmediata a las condiciones de reclusión de los detenidos.

«La Fiscalía ha tenido un trato discriminatorio y selectivo, incluso con esta gestión que no se ha reunido con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), porque sabe que tenemos suficiente sustento y moral para denunciar todos los atropellos y violaciones sistemáticas a las que son sometidos nuestros familiares», enfatizó la coordinadora de la ONG, Andreina Baduel.

Los participantes denunciaron presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos, así como la falta de avances en las investigaciones relacionadas con muertes, motines y tratos inhumanos en los centros de reclusión.

Durante la concentración, los voceros del Clippve señalaron que en los últimos dos años se han realizado al menos 15 encuentros y protestas frente al Ministerio Público sin obtener resultados satisfactorios, pese a la entrega formal de documentos y solicitudes.

Durante la jornada, una comisión fue recibida por funcionarios del Ministerio Público, para entregar un documento dirigido al fiscal Larry Devoe, en el que denunciaron presuntos maltratos, falta de atención médica, hacinamiento y retrasos en los procesos judiciales.

Los familiares también expresaron preocupación por los recientes motines ocurridos en cárceles venezolanas, especialmente en el Internado Judicial de Barinas y otros centros penitenciarios, donde se reportaron muertos y heridos en medio de protestas de los reclusos por las condiciones de encierro.

“Seguimos denunciando la violación de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas”, señalaron algunos de los manifestantes, quienes portaban pancartas y fotografías de sus familiares detenidos.

Alertan que vidas de 51 rehenes políticos con enfermedades graves corren peligro

Caracas. – Según lo alertó este pasado miércoles la defensora de derechos humanos, Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, por lo menos las vidas de 51 rehenes políticos con enfermedades graves, corren peligro tras las rejas.

Debido a esta situación, Malavé acudió al Ministerio Público para solicitar la revisión de los casos. Indicó a los medios de comunicación que en la información recabada cuentan con los diagnósticos médicos y otros detalles de los detenidos enfermos.

La activista advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas frente a este escenario, se podrían registrar nuevas muertes bajo custodia del Estado. Además, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades frente a las denuncias de familiares y defensores de derechos humanos.

Asimismo, alertó que la falta de independencia de poderes permite que diagnósticos médicos y evaluaciones especializadas sean ignorados o retrasados por trabas burocráticas dentro del Senamecf, mientras numerosos detenidos permanecen encarcelados sin atención adecuada.

Además, calificó de burla las declaraciones de altos funcionarios que han anunciado liberaciones masivas, algo que no ha ocurrido.“La pérdida de credibilidad absoluta en ellos. Primero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se apersonó en un centro de reclusión y dijo que iban a salir; y detrás de eso vino huelgas, madres desmayadas, los muchachos en huelga de hambre. Ahora otra vez, y viene de la presidenta encargada de la República”, denunció.

La ONG registra al menos 631 secuestrados en Venezuela por motivos políticos. La directora aseguró que el sistema de justicia colapsó.

“Colapsó de tal forma que todo el que quería lo utilizaba. Todos: funcionarios del FAES, políticos. De hecho, cuando nosotros conocemos al preso político, le preguntamos: ‘¿Quién es tu carcelero?’, para ver hasta dónde alcanza el poder y hasta dónde nosotros podemos llegar”, manifestó.

Exrehén político José Breijo fue hospitalizado de emergencia por problemas respiratorios

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano, José Breijo, de 73 años, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a un hospital en Caracas (Venezuela) este jueves, tras recobrar su libertad, así como su apartamento, ocupado ilegalmente por un esbirro del narcorégimen.

Breijo recibió su boleta de excarcelación bajo arresto domiciliario el viernes 22 de mayo, luego de casi dos años detenido en Tocuyito.

El operativo fue coordinado por la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y derivó en una mediación con órganos de justicia y cuerpos de seguridad para concretar el traslado de Breijo a un centro de salud, debido a las patologías que presenta actualmente.

Durante la madrugada de este jueves, a una clínica en la capital del país debido a graves problemas respiratorios, según los informes.

El periodista Carlos Julio Rojas estuvo presente junto a Breijo, en el momento exacto en que el personal paramédico y asistencial procedió a trasladarlo desde su vivienda, localizada en la urbanización Bello Monte.

Aunque en un principio las comisiones estimaban conducirlo hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, posteriormente se confirmó que el septuagenario fue internado formalmente en el Hospital de Clínicas Caracas, un centro de salud privado del este de la capital.

Por su parte, la periodista Marjorie Méndez reportó que la salud de Breijo está comprometida debido a dificultades respiratorias. “Ya esto es un asunto humanitario que debe escalar. Hay que garantizar que sus días los pase tranquilo”, publicó la comunicadora.

Breijo fue arrestado injustificadamente por los cuerpos de seguridad del Estado en el año 2023. En aquel momento, la Fiscalía de la República lo acusó formalmente de cometer presuntos delitos de terrorismo, una calificación penal que las autoridades sustentaron bajo el único argumento de que el ciudadano había tomado una fotografía fija a una bandera que contenía diversas inscripciones en idioma árabe.

Recientemente, un tribunal de control de la causa le otorgó a Breijo, una medida sustitutiva de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su avanzada edad y cuadro clínico. Sin embargo, al momento de ejecutarse el traslado a su hogar, los familiares y la defensa técnica denunciaron que el inmueble se encontraba ilegalmente invadido por un funcionario policial, quien participó de forma directa en el operativo de su detención original en 2023.

Reos de penal en Barinas protagonizan motín para denunciar torturas

Caracas. – Los reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la entidad llanera, comenzaron este pasado domingo un motín que ya suma varios heridos, y forzó el traslado de 112 internos a un sitio no especificado por las autoridades.

Según lo revelaron los propios reos, el alzamiento se dio para denunciar «torturas» por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal. Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer «SOS», «Nos torturan» o «No más tortura». Varios presos tenían el rostro cubierto y grandes columnas de humo se elevaban del penal, ya que los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

La Guardia Nacional rodeó de inmediato el Injuba en actitud amenazante, buscando conjurar la rebelión. Los familiares, mortificados, afirmaban que aquella era una protesta legítima y pacífica, puesto que los presos estaban desarmados, y afirmaron que los reclusos afirmaron que fueron lanzadas bombas lacrimógenas a los pabellones que encabezaron el motín.

También se informó de disparos a los reos y de algunos heridos. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, 1.200 hombres y 100 mujeres se habían declarado en huelga de hambre. Los reos «aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas», indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También «han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas».

Cabe señalar que a esta situación se suma un precario suministro de alimentos y falta de atención médica, lo cual impera en todas las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Rick Scott responsabilizó al narcorégimen interino del fallecimiento de Carmen Navas

Caracas. – El senador republicano Rick Scott responsabilizó este jueves, al narcorégimen interino chavista por la muerte de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, y prometió que los responsables “serán llevados ante la justicia”.

Scott utilizó sus redes sociales para denunciar, que Víctor Hugo Quero fue “asesinado” por «despreciables matones» del narcorégimen de Nicolás Maduro, y denunció que las autoridades ocultaron su muerte mientras su madre lo buscaba durante meses.

El ocultamiento de la información a Carmen Navas, quien lo buscaba desesperadamente durante meses, fue lo que a su juicio le provocó la muerte, debido al sufrimiento causado por esta situación, tal como lo denunció el senador.

“Víctor fue asesinado por los despreciables matones de Maduro. El régimen ocultó su muerte mientras Carmen buscaba desesperadamente a su hijo durante meses”, escribió.Igualmente, agregó: «Ella murió por la crueldad y la maldad que este régimen infligió sobre ella y su hijo”.

En su mensaje, Scott señaló que Carmen Navas representa el dolor y sufrimiento diario que experimentan los ciudadanos venezolanos bajo el gobierno actualmente liderado por Delcy Rodríguez.

«Toda persona responsable de este crimen de lesa humanidad rendirá cuentas», advirtió el senador republicano.

Una rehén política fue abusada sexualmente por 30 esbirros de la DGCIM

Caracas. –  Yanín Fabiana Pernía Coronel, una joven rehén política y pareja de otra víctima del narcorégimen chavista, José Miguel Estrada, está padeciendo fuertes trastornos psicológicos y físicos, tras descubrirse que fue abusada sexualmente por 30 custodios de la DGCIM.

Fue la madre de Estrada, Zoraida González quien reveló el caso durante una entrevista a la periodista Maryorin Méndez, al contar que la joven, recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), habría sido víctima de una brutal agresión sexual cometida por funcionarios de custodia.

“Ella fue violada por 30 custodios, ¿Entonces para ella no hay excarcelación? Ella ha sufrido psicológicamente, y vaginalmente está sufriendo por tanto maltrato”, denunció González. La mujer pasa sus días y noches a las afueras de El Rodeo I esperando noticias de su hijo José Miguel, pareja de Yanin, también preso. Desde allí, entre el cansancio y la desesperación, decidió contar lo que sabe y lo que teme que siga ocurriendo.

Según el testimonio, los funcionarios habrían utilizado tanto sus armas de reglamento como violencia sexual directa durante las agresiones. «Ella ha sufrido psicológicamente y vaginalmente está sufriendo de tanto maltrato por la violación sexual que le afectaron esos 30 custodios, que a parte de su pene también le introducían el arma de reglamento”, denunció la mujer, al reclamar medidas humanitarias y protección para la detenida.

Cabe señalar que Yanín Pernía fue detenida en 2018 por el caso del supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas. La mujer, mesoterapeuta de profesión, fue acusada junto a otras personas de participar en el presunto magnicidio frustrado y posteriormente condenada a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela.

Durante su desaparición forzada de una semana, estuvo bajo custodia de la DGCIM y el SEBIN. Allí, según denuncias, fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, sumergida en agua, expuesta a bajas temperaturas sin ropa y víctima de aplastamiento de uñas. La defensora de derechos humanos Tamara Sujú llevó su caso ante la Corte Penal Internacional.

Provea alerta sobre instalación de una tecnocracia autoritaria en Venezuela, que desplace a los DD. HH.

Caracas. – La organización defensora de Derechos Humanos Provea alertó este jueves, sobre el riesgo de que se consolide una tecnocracia autoritaria en Venezuela, un modelo caracterizado por la estabilización económica, pero sin libertades democráticas ni justicia social.

Durante la presentación del informe anual El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia, realizado en Caracas, Óscar Murillo, coordinador general de Provea, advirtió sobre la posibilidad de que en el país se termine priorizando la recuperación económica, por encima de la justicia, la democracia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La organización, que documenta desde hace más de 30 años violaciones de derechos humanos, alertó que la liberalización económica que ha tenido lugar en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, no puede estar por encima del desmantelamiento del aparato represivo y el retorno al Estado de Derecho.

“Ningún proceso de liberación económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos (…) Esto puede derivar en un camino hacia la tecnocracia autoritaria”, afirmó Murillo durante el evento.

Igualmente, denunció que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas documentadas por la ONG todavía no cuentan con garantías de verdad, justicia ni reparación. Asimismo, exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y cuestionó que la reciente Ley de Amnistía haya sido aplicada de manera “discrecional y arbitraria”.

También, Murillo recordó que en 2024 la ONG publicó el documento Una década oscura para los derechos humanos, en el que evaluó la gestión de Nicolás Maduro y denunció un profundo deterioro institucional y social. Según explicó, las recomendaciones planteadas entonces fueron ignoradas por las autoridades.

Mientras, el informe correspondiente a 2025 analizó las consecuencias del bloqueo a la salida electoral y la respuesta represiva del gobierno frente a las protestas y reclamos políticos, contexto que produjo “dolor y sufrimiento” en numerosas familias venezolanas.

El coordinador general de Provea afirmó que el eclipse “no debe ser eterno” y sostuvo que se necesitará una fuerte movilización social para recuperar la vigencia constitucional y democrática.