Por Leroy Garret (@LeroGarrett).

Parte de las dificultades que enfrenta la actual administración es intentar hacer legítimo y compatible con las reglas de una práctica jurídica y de precedentes de dos siglos y medio algo que, al mismo tiempo, sostiene de costado las prácticas de mercado negro de un Estado forajido. Es una contradicción terrible y riesgosa que amenaza con destruir cualquier intento de recuperación para la nación sudamericana que tanto ha sufrido.

Los marcos regulatorios, legales y comerciales de EE. UU. y de Occidente en general ofrecen múltiples vías para rechazar, restringir o limitar activos vinculados a corrupción, contratos de tipo servidumbre o trabajo forzado, abusos sistemáticos de derechos humanos o criminalidad relacionada. Es exactamente lo que ya ocurre con el oro venezolano.

El precedente del oro

Las aperturas posteriores al 3 de enero de 2026 permitieron que el oro venezolano (doré) llegara a Estados Unidos bajo arreglos políticos, incluidos los acuerdos de Trafigura con Minerven. Cientos de millones de dólares en metal siguen almacenados porque las refinerías estadounidenses y de otros países se niegan a procesarlo. Los estándares de abastecimiento responsable de la industria (LBMA, guías de debida diligencia de la OCDE) exigen a las refinerías certificar que el metal no está vinculado a grupos criminales, pandillas (pagos de protección al Tren de Aragua, por ejemplo), trabajo injusto o mal remunerado que equipara a forzado, corrupción o destrucción ambiental.

¿Qué pasa con el petróleo?

Prácticamente las mismas restricciones que enfrenta el oro. El origen y, en particular, las condiciones de ese origen son materia de legalidad y decencia en el intercambio económico. No son valores sujetos a negociación o relajación.

Sin embargo, el petróleo se diferencia del oro en aspectos importantes: es un commodity fungible a granel y las refinerías de la Costa del Golfo de Mexico están configuradas para los grados pesados venezolanos. OFAC ha pavimentado el camino de la presunción de legitimidad de origen, pero las sanciones se han suavizado por licencia, no se han levantado por completo.

La implementación de la política estadounidense sobre el petróleo en Venezuela, incluidas zonas grises como la asociación con NABEP, se daba por evolucionando con normalidad hasta el 1 de noviembre, cuando se cayó una grúa de 275 toneladas durante el izaje de un taladro en Macolla MPJ-09 (Campo Junín 5).

Entonces se abrió la caja de Pandora.

Incidentes como este refuerzan el perfil de riesgo que usan las contrapartes del hemisferio occidental y los tigres asiáticos:

• Señalan déficits sistémicos de mantenimiento y ejecución que pueden correlacionarse con condiciones laborales inseguras o insuficientemente protegidas.
• Alimentan los expedientes de debida diligencia que bancos, aseguradoras y compradores conscientes de criterios ESG revisan antes de financiar, asegurar o comprar volúmenes de campos u operadores específicos.
• Si se vinculan a evidencia de contratos coercitivos, retención de salarios o corrupción en la cadena de contratación, se acercan a los disparadores de trabajo forzado y anticorrupción ya mencionados.

La experiencia del relanzamiento del oro y del petróleo demuestra que las aperturas políticas y las autorizaciones estilo OFAC no producen automáticamente aceptación de mercado.

El riesgo residual de sanciones, la prohibición de trabajo forzado de la Ley de Aranceles, la exposición a la FCPA y los estándares del sector privado crean vías paralelas de limitación o rechazo comercial directo cuando los activos están creíblemente ligados a corrupción, prácticas laborales abusivas o criminalidad relacionada.

Son, en efecto, los obstáculos reales para devolver a Venezuela a transacciones comerciales confiables.