El Supremo de Brasil ratifica la condena contra Bolsonaro por —supuesto— intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil ha ratificado este viernes por unanimidad la condena a 27 años de prisión por —supuesto— intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, después de que los jueces —entre ellos el relator del caso, Alexandre de Moraes— hayan rechazado las alegaciones presentadas por la defensa.

De Moraes también ha rechazado las alegaciones presentadas por el resto de los seis condenados por liderar la fallida trama golpista de 2022, entre quienes se encuentran los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el de Justicia, Anderson Torres, o el exalmirante de Marina, Almir Garnier.

Los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia también han votado a favor de mantener las condenas. El magistrado Luiz Fux no ha votado porque pasó de formar parte de la primera sala del alto tribunal a la segunda tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro. Con los cuatro votos, la deliberación virtual ha concluido.

El Supremo ha analizado de manera virtual durante la jornada los recursos de aclaración que permiten a la defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas que puedan surgir de los argumentos de los jueces que votaron por condenar a Bolsonaro y su círculo más cercano.

Si bien, los seis acusados —un séptimo aceptó la decisión y ya cumple condena— tienen todavía una oportunidad más de presentar un nuevo recurso bajo este procedimiento. En caso de volver a ser rechazado, se ejecutará la pena.

Cabe señalar que Bolsonaro se encuentra en este momento bajo arresto domiciliario, mientras avanza otra causa contra él por su supuesta implicación en una trama urdida junto a su hijo Eduardo para hacer proselitismo en EE. UU. en contra del actual Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y a favor de su liberación mediante sanciones.

El lugar donde ha de cumplir condena es todavía una incógnita, pero se especula con que podría ser en la prisión de máxima seguridad de Papuda, que cuenta con un ala especial para albergar a presos considerados vulnerables, como políticos, policías y otros funcionarios, o ancianos.

La otra alternativa es una celda especial habilitada en la sede principal de la Policía Federal en Brasilia, un tratamiento similar al que se dio al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando estuvo preso durante 580 días por corrupción en las instalaciones de esta misma institución en Curitiba. Aunque no se descarta tampoco arresto domiciliario.

El TSE de Brasil anula una de las condenas de inhabilitación contra Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha anulado una de las dos condenas contra el expresidente Jair Bolsonaro que le inhabilitaban para presentarse a futuras elecciones, en este caso, la relacionada con el uso electoralista en 2022 de los actos oficiales del 07 de septiembre, fecha en la que se conmemora la independencia de Portugal.

Dicha condena fue impuesta en noviembre de 2023 y acarreaba una suspensión de ocho años.

No obstante, a pesar de la absolución, de la que también se ha beneficiado quien fuera su ministro de Defensa, Walter Braga Netto, Bolsonaro sigue inhabilitado al menos hasta 2030 debido a otras dos sanciones, informa Agencia Brasil.

El fallo —ratificado por el juez Raul Araújo el pasado 5 de junio, pero dado a conocer esta semana— sostiene que tanto Bolsonaro como Netto fueron condenados de manera anticipada por el ya retirado magistrado del TSE Benedito Gonçalves antes de finalizar el caso, usando una primera condena del tribunal para justificar ésta.

Bolsonaro ya había sido inhabilitado en dos ocasiones más por el mismo tribunal, la primera de ellas en junio de 2023 por haber organizado una reunión en el Palacio de la Alvorada —la residencia oficial— con embajadores y diplomáticos extranjeros para atacar sin pruebas la credibilidad del sistema electoral brasileño.

En relación al caso del que ha salido absuelto, el TSE consideró que Bolsonaro y Netto incurrieron en un delito de abuso de poder, así como por el uso fraudulento de recursos públicos y de los medios de comunicación estatales.

Cabe resaltar que Bolsonaro tiene abiertas varias causas más, por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, por apropiación indebida de joyas y otros lujosos regalos oficiales que debieron ir a parar al acervo público, y por la falsificación de los certificados de la vacunación de la COVID-19.

Lula metió preso al presidente del Partido Liberal de Bolsonaro y a sus tres principales asesores

De Derecha Diario

Valdemar Costa Neto, Marcelo Costa Câmara, Rafael Martins de Oliveira y Filipe Martins están acusados de conspirar en contra del Estado de Derecho junto con el ex presidente Jair Bolsonaro, en una causa que armó Lula para eliminar a sus principales opositores.

Luego de inhabilitar a Jair Bolsonaro de la presidencia, el régimen de Lula da Silva lanzó una nueva ola de arrestos, esta vez contra los principales socios políticos del ex mandatario. Esta tarde, la Policía Federal allanó y arrestó a Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, la principal fuerza opositora de Brasil y la más grande en el Congreso actualmente.

Costa Neto es investigado por poner el partido a disposición de supuestos «planes golpistas», que Bolsonaro habría estado diagramando con militares después de perder las elecciones y antes que asuma Lula, en 2022.

Si bien estos cargos no tienen sustento, la existencia de la causa judicial ha permitido a Lula y a los jueces amigos en la Corte Suprema, a investigar a Bolsonaro, sus familiares y sus principales aliados políticos. En el caso de Costa Neto, gracias a esta causa pudieron allanarle su casa, donde encontraron un arma de fuego que no tenía todos los papeles en regla, y fue inmediatamente puesto bajo arresto preventivo.

En el mismo operativo, también se allanó y se arrestaron a tres de los más importantes asesores que tenía Bolsonaro en la Casa de Gobierno cuando era presidente: el coronel Marcelo Costa Câmara, el mayor Rafael Martins de Oliveira y el dirigente liberal, Filipe Martins.

El operativo se llevó a cabo con base en la declaración del teniente coronel Mauro Cid, quien dijo, sin presentar pruebas, que había una conspiración entre Bolsonaro y sus asesores, tanto civiles y militares, para quedarse en el poder después de perder las elecciones contra Lula en 2022.

La causa la lidera el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, el mayor aliado de Lula. El magistrado, un ferviente anti-Bolsonaro cuyo único objetivo en el Tribunal Supremo es ver a Bolsonaro tras las rejas, nombró el operativo como «Tempus Veritatis«, u «hora de la verdad«, en latín.

En la causa, la Policía Federal de Lula ya ha ejecutando 33 órdenes de allanamiento e incautación, cuatro órdenes de aprehensión preventiva y 48 medidas cautelares. Entre las medidas cautelares está la prohibición de contacto entre los investigados, lo cual ha incomunicado a Bolsonaro con sus principales estrategas políticos.

También, el juez forzó la entrega de pasaportes de todos los implicados, bajo el riesgo de que se escapen del país. De esta manera, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien se exilió a Estados Unidos el mismo día que debía entregarle el mando a Lula, pero que luego regresó tres meses después, no puede salir más del país.

Según las delirantes teorías que propone el juez Moraes, Bolsonaro impulsó «actos antidemocráticos» para «abolir el Estado Democrático de Derecho» mediante un «golpe de Estado cívico-militar«, pero finalmente no se animó a hacerlo.