El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha respondido con dureza a su rival en la segunda vuelta del 21 de junio, el comunista Iván Cepeda, después de que anunciara que le denunciara pos sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. «Mira como tiemblo, payaso», ha expresado.
En su tono y estilo habitual, De la Espriella ha pretendido restar importancia a las acusaciones de Cepeda, las cuales ha calificado de «falsos procesos judiciales» del pasado, que ya fueron investigados por la Justicia colombiana.
«La Justicia colombiana se pronunció, pero sale a ser tremenda alharaca porque sabe que yo hace una semana lo denuncié ante la Secretaría de Estado, en EE. UU., por la narcopolítica», ha dicho en un vídeo publicado en redes sociales.
De la Espriella también ha cuestionado que Cepeda pretenda presentar esa denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ya que no tiene competencia alguna. «¿Qué clase de locura es esa?», se ha preguntando el candidato favorito para la cita definitiva del 21 de junio.
«Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias, payaso. Te voy a derrotar y te vamos a recoger para siempre. Tú sí eres un bandido, colaborador de delincuentes», ha arremetido, recordando que el comunista había estado al servicio durante las tres últimas décadas de las guerrillas colombianas, como las FARC o el ELN.
«Eso lo sabe el país entero. Así que recógete y prepárate porque te voy a derrotar y te voy a hacer pagar todo el daño que has hecho, bandido», ha insistido Espriella.
Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra
“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”
Julián Ramírez
“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.
La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global
Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:
1. La capa operativa (visible)
Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.
2. La capa logístico-financiera (semivisible)
Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.
3. La capa de protección política y estatal (invisible)
La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.
Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras
Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:
Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.
Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.
Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.
Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.
¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?
La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:
1. Cortoplacismo político
La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.
2. Resistencia burocrática y opacidad
La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.
3. La verdad incómoda
Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.
4. Dependencia estratégica
Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.
La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.
La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.
La amenaza que nadie quiere nombrar
Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.
La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.
La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.
Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.
La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.
La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.
La representante del Pacto Histórico en la Cámara Baja de Colombia, Gloria Arizabaleta, que preside la Comisión de Investigación y Acusación, ha propuesto la suspensión del cargo de presidente al guerrillero y socialista Gustavo Petro hasta el próximo 21 junio, fecha de la segunda vuelta electoral, por su supuesta participación política en campaña.
Arizabaleta sostiene en su escrito de este miércoles que Petro se habría referido en redes sociales al menos en 22 ocasiones de manera directa a estas elecciones, incluidas referencias a los candidatos, sus campañas y a la segunda vuelta que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Cabe señalar que no es la primera denuncia de este tipo que se presenta ante esta comisión. Hasta 290 desde que Petro asumió como presidente en 2022, unas 60 por supuesta participación en política durante campañas electorales, infringiendo así el principio de independencia que marca la ley, así como por la financiación de su campaña.
Sin embargo, ya han sido varios los que han calificado de inconstitucional esta propuesta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, que ha aclarado que solo el Senado tiene capacidad para llevar a cabo una medida de esta envergadura tras una acusación presentada por el pleno de la Cámara de Representantes.
«La Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante», ha afirmado en redes sociales, en línea con lo expresado por otros miembros del Gobierno y del oficialismo, como el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
De hecho, desde la propia Comisión de Acusaciones se ha querido aclarar «que el presidente no ha sido suspendido» y que «no se ha tomado ninguna decisión contra Gustavo Petro» desde ese comité de la Cámara. «No es cierto. Es una información falsa. Es un auto que ni siquiera se ha radicado ni se ha discutido», ha dicho el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.
El fiscal general de Colombia, Gregorio Eljach Pacheco, ha asegurado este lunes que no hay «prueba o indicio» de que se haya variado el censo electoral, como apuntó en la víspera el presidente guerrillero y socialista del país, Gustavo Petro, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que han superado el candidato Abelardo de la Espriella, y el comunista Iván Cepeda.
«En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos, la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el presidente», ha señalado en un vídeo difundido en redes sociales.
El magistrado ha agregado que «tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular». «Las afirmaciones que se nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados. Mis delegados en el proceso electoral dan cuenta de que en ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones», ha asegurado.
Pacheco, que ha pedido a Petro que le haga llegar las evidencias que puedan «respaldar cada una de sus afirmaciones», ha recordado que «no existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que otorgue al presidente competencia para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales, ni en el preconteo, ni en la etapa de escrutinio».
Asimismo, ha aprovechado para mencionar la «buena marcha del proceso electoral» y asegurar que «están dadas las condiciones para realizar la segunda vuelta presidencial con plenas garantías para todos los ciudadanos y los candidatos presidenciales que se mantienen en la contienda», que tendrá lugar el próximo 21 de junio.
Cabe señalar que las declaraciones del fiscal llegan después de que Petro manifestara que «no acepta» los resultados del preconteo electoral, alegando que «los algoritmos del software de conteo y escrutinio (…) fueron variados y agregaron 800.000 cédulas más de personas que están en el censo oficial presentado», una denuncia suscrita en un primer momento por Iván Cepeda, si bien se ha desdicho en la jornada de este lunes asegurando que hasta el momento no ha encontrado «evidencia» de este hecho.
La Policía de Portugal ha llevado a cabo este jueves un registro en la sede del Partido Socialista (PS) en la capital, Lisboa, como parte de una investigación sobre una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor socialista y relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios portugueses, con pérdidas que ascienden a casi dos millones de euros.
«El Partido Socialista confirma que la Policía Judicial está en la sede nacional del Partido Socialista, llevando a cabo diligencias relacionadas con actividades que se imputan a uno de sus trabajadores», ha indicado en un comunicado.
El PS ha dejado claro que la formación política, como tal, «no es objeto de la investigación policial». «El Partido Socialista está colaborando con la Policía en todo cuanto le es solicitado por esta a fin de asegurar la buena conducción de las investigaciones y en el respeto íntegro de los principios y reglas del Estado de derecho», ha argüido.
La Policía ha ejecutado, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.
«Hasta la fecha, se han efectuado cuatro detenciones por delitos menores, una detención por un delito grave de posesión ilegal de armas y se han presentado cargos formales contra 37 acusados», ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.
Entre los investigados por la trama se encuentran Duarte Moral, exasesor del ex primer ministro António Costa y su mujer, así como Miguel Coelho, un exfuncionario del distrito de Santa Maria Maior de Lisboa que fue diputado del Partido Socialista entre 1995 y 2019.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“Es facilísimo defender el socialismo cuando no eres tú quien paga el precio… y cuando tu habitación de lujo tiene generador propio mientras la gente común cocina con leña o carbón.”
María José Salinas
Hay una idea que se ha vuelto casi religión en la política moderna: que el gran problema del mundo es la desigualdad. No la pobreza. No la falta de oportunidades. No la corrupción. No la violencia. No la destrucción de la productividad. La desigualdad.
Y cualquiera que se atreva a cuestionar esa narrativa automáticamente es etiquetado como “insensible”, “privilegiado” o “enemigo de los pobres”. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿De verdad una sociedad mejora simplemente porque todos tengan exactamente lo mismo?
Porque bajo esa lógica, Cuba sería un paraíso, Venezuela una potencia y Corea del Norte el pináculo de la justicia social. Pero la realidad es otra. Las sociedades más miserables de la historia no fueron aquellas donde existía desigualdad, sino aquellas donde el Estado intentó eliminarla concentrando todo el poder económico en manos de una élite política.
Y ahí aparece la primera gran paradoja del igualitarismo moderno: dicen luchar contra los privilegios… mientras crean una nueva clase privilegiada. La izquierda contemporánea vive obsesionada con “redistribuir riqueza”, pero rara vez habla de cómo se crea esa riqueza en primer lugar. Porque repartir es políticamente popular y producir es muchísimo más difícil.
Para que exista prosperidad se necesitan empresas, inversión, productividad, innovación, riesgo y trabajo. Se necesita gente creando valor. Pero el discurso populista funciona distinto: primero demoniza al empresario, después castiga al inversionista, luego asfixia al que produce… y finalmente se sorprende porque no hay crecimiento económico.
Es la paradoja eterna del socialismo: atacan al empresario como enemigo social, pero después se preguntan por qué no hay inversión, empleo ni crecimiento. Y lo más curioso es que muchas personas que defienden estas ideas aseguran no ser socialistas. “No apoyo a Morena”, dicen. “No soy comunista”, aclaran. Pero terminan haciéndole exactamente el trabajo intelectual a la izquierda autoritaria: normalizar la idea de que el Estado debe intervenir cada vez más para “corregir” los resultados naturales de la sociedad.
El problema no es que existan ricos. El problema es que existan pobres sin oportunidades La desigualdad no es una anomalía. Es una consecuencia natural de la libertad. Los seres humanos somos distintos: tenemos talentos distintos, ambiciones distintas, niveles de disciplina distintos, capacidades distintas y prioridades distintas. Y eso no es un defecto del sistema, es precisamente lo que hace posible una sociedad plural, dinámica y creativa. Pretender eliminar toda desigualdad es tan absurdo como pretender que todos midamos lo mismo, pensemos igual o tengamos exactamente las mismas habilidades.
La verdadera pregunta no es: “¿Por qué unos tienen más?”, la pregunta importante es: “¿Por qué algunos no pueden salir adelante?” Porque una sociedad puede ser desigual y aun así ofrecer movilidad, oportunidades y prosperidad. Pero una sociedad donde todos son igualmente pobres jamás será justa.
La trampa emocional del salario mínimo
Aquí es donde el populismo económico se vuelve peligrosamente seductor, porque suena moralmente hermoso decir: “Hay que subir salarios.” Claro que todos queremos mejores salarios, pero el problema es creer que la riqueza aparece por decreto. Si la prosperidad dependiera únicamente de subir el salario mínimo desde el gobierno, entonces bastaría con establecerlo en 100 mil pesos mensuales y México se convertiría mañana en Suiza. Pero la economía no funciona así.
El salario no nace de un deseo político, nace de la productividad. Cuando subes salarios artificialmente sin aumentar productividad, sin crecimiento económico y sin condiciones para producir más riqueza, el resultado suele ser el mismo: inflación.
Y la inflación es el impuesto más cruel para los pobres, porque mientras los políticos celebran aumentos salariales en conferencias de prensa, las familias terminan pagando:
alimentos más caros,
renta más cara,
transporte más caro,
servicios más caros.
Es decir: te “suben” el sueldo mientras destruyen tu poder adquisitivo. Y entonces llega otra paradoja: “Prometen ayudar al pobre, pero terminan volviendo más caro ser pobre.” Combatir la desigualdad suele terminar castigando el mérito. Existe algo profundamente peligroso en convertir el éxito económico en sospecha moral, porque poco a poco empiezas a escuchar ideas como:
“Nadie necesita ganar tanto.”
“Es injusto que alguien tenga más.”
“Hay que redistribuir.”
“Los ricos deberían pagar todo.”
Y eventualmente la discusión deja de ser cómo sacar gente de la pobreza… para convertirse en cómo castigar a quien sobresale. Eso destruye incentivos. Porque nadie arriesga capital, invierte, emprende o genera empleo para después ser tratado como enemigo público. La historia económica es brutalmente clara: los países que protegieron propiedad privada, libertad económica e innovación generaron prosperidad masiva. Los que intentaron imponer igualdad económica desde el poder terminaron generando:
escasez,
corrupción,
dependencia estatal,
inflación,
fuga de talento,
y pobreza estructural.
No existe un solo ejemplo exitoso de socialismo sostenido que haya generado prosperidad comparable con las economías más libres. Ni uno. La izquierda moderna convirtió la desigualdad en pecado moral Y quizá ahí está el problema de fondo. Hoy pareciera que tener éxito económico automáticamente te vuelve sospechoso.
Mientras tanto, depender eternamente del Estado se romantiza como sensibilidad social. Pero una sociedad sana no debería aspirar a que todos dependan del gobierno para sobrevivir. Debería aspirar a que cada vez más personas puedan valerse por sí mismas, porque hay algo profundamente indigno en un sistema político que necesita mantener ciudadanos dependientes para conservar poder. Y esa es la paradoja final: “El socialismo promete liberar al hombre de la necesidad, pero termina sometiéndolo a la dependencia del Estado.”
El verdadero enemigo no es la desigualdad. El verdadero enemigo sigue siendo la pobreza, l miseria, la falta de movilidad, la destrucción de oportunidades, la dependencia crónica, la ausencia de crecimiento. Las sociedades más prósperas de la historia no fueron aquellas donde nadie sobresalía. Fueron aquellas donde más personas tuvieron la libertad de progresar, porque la prosperidad no nace de repartir pobreza de manera más uniforme, nace de crear condiciones para que más personas puedan generar riqueza, emprender, innovar, trabajar, competir y crecer.
La izquierda moderna lleva años intentando convencernos de que el problema es que algunos tengan demasiado. Pero quizá la verdadera tragedia nunca fue que existieran ricos. La verdadera tragedia es que millones de personas sigan atrapadas en sistemas que castigan exactamente aquello que podría sacarlos adelante, porque en un mundo empeñado en uniformarnos, seguir siendo un individuo libre ya es una forma de resistencia.
La Justicia boliviana ha declarado en rebeldía al expresidente socialista Evo Morales tras no presentarse este lunes ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde tiene lugar el proceso judicial en su contra por un delito de trata de personas, en relación a una relación con una adolescente durante su etapa presidencial.
La defensa del propio Morales ya había adelantado en las últimas horas que el expresidente boliviano no se presentaría al juicio oral que ha arrancado este lunes en la ciudad de Tarija, en el sur del país, que asumiría las consecuencias legales que acarrea su decisión y recurriendo a su vez a instancias internacionales.
cabe recordar que la acusación sostiene que Morales mantuvo en 2015 una relación con una joven entonces de 16 años, con quien tuvo una hija en su etapa presidencial, que se prolongó desde 2006 hasta 2019, cuando salió del país.
A pesar de que la defensa de Morales anticipó que no se presentaría este lunes, se ha desplegado una fuerte presencia policial en los alrededores del tribunal, en el que también se juzga a la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra, según ha detallado la prensa local.
Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que viene acusando, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.
La fuerte adhesión de la que goza Morales en esa parte del país ha evitado hasta ahora que las autoridades llevaran a cabo ningún tipo de operación para detenerlo ante el temor de que se produjeran fuertes disturbios. El nuevo Gobierno de Rodrigo Paz ha declarado que la intención es arrestarle, sin que se hayan producido novedades al respecto todavía.
El presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este viernes que el próximo 20 de julio presentará formalmente ante el Congreso un proyecto para impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en una fecha que coincide con la instalación del nuevo Legislativo surgido de las elecciones del pasado 8 de marzo.
El presidente ha señalado que la presentación de la iniciativa estará acompañada por la entrega de más de cinco millones de firmas de respaldo ciudadano, requisito con el que busca dar impulso político a la propuesta. En este sentido, ha apuntado que su tramitación quedaría en manos del próximo gobierno.
«Entregaremos el 20 de julio cinco millones de firmas para solicitar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para agregar dos capítulos a la constitución; Los actos legislativos para reglamentar los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad con las reformas sociales, y la reforma al sistema político y judicial que arrincone la corrupción en Colombia», ha explicado el mandatario en una publicación en redes sociales.
El objetivo de Petro es impulsar una iniciativa que incluya cambios en el sistema político y judicial, con el propósito de combatir la corrupción y fortalecer el Estado social de derecho, con especial atención a los delitos de corrupción, que deberían tener, a su juicio, las máximas penas previstas en el ordenamiento jurídico y sin beneficios de excarcelación.
«La mayor pena del código penal deben ser los actos de corrupción sin ningún tipo de excarcelación», ha concluido su mensaje.
Así las cosas, Petro ha defendido que la propuesta en cuestión no supondría ni la eliminación ni el debilitamiento de instituciones como el Congreso o la Corte Constitucional, sino una reorientación del marco normativo para ampliar derechos y promover transformaciones estructurales en el país, ha recogido la emisora colombiana Caracol Radio.
De acuerdo con las explicaciones del mandatario, ese mismo día, el 20 de julio, se producirá también su última intervención como jefe de Estado ante el Capitolio Nacional, en el marco del inicio de sesiones del nuevo Congreso.
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que la isla «debe prepararse para una posible guerra» con EE. UU. ante la posibilidad de que Washington «intente agredir» Cuba, tal y como ha venido amenazando el presidente estadounidense, Donald Trump, que insiste en asegurar que el país «caerá».
«Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota», ha declarado el dictador cubano durante una en entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.
En este sentido, ha aclarado que La Habana «no promueve la guerra, no la estimula», pero ha aclarado que, «no le tiene miedo tampoco».
«Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será», ha apuntado, antes de describir la estrategia cubana como la «basada en la doctrina conocida como la guerra de todo el pueblo», que «combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular».
«Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva (…) donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria», ha manifestado.
Al ser preguntado sobre esta posible preparación ante una intervención militar, ha respondido con contundencia: «Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades».
Díaz-Canel ha advertido de que este tipo de acciones «bélicas» tendrían un «coste político internacional» dado que una posible agresión militar sería «rechazada por gran parte de la comunidad internacional, incluida una parte importante de la población estadounidense».
No obstante, es necesario recordar que lo mismo decía el genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro, y ahora se encuentra en una cárcel en New York, enfrentando cargos por narcotráfico.
Caracas. – La encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, ordenó desmantelar el denominado “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores, en Caracas, retirando los retratos del exmandatario argentino y eliminando la decoración con los colores de la bandera nacional.
Varios portales informativos con acceso a los acontecimientos que se desarrollan en Miraflores, reportaron que el espacio fue restaurado a su diseño original, dejando atrás uno de los símbolos más visibles de la cercanía política entre el chavismo y el kirchnerismo.
De acuerdo con las imágenes y la información que trascendió sobre la remodelación, en las paredes del lugar se dejaron de exhibir los retratos y referencias al exmandatario argentino, en un área en la que solía verse sentado a Maduro con el cuadro de Kirchner de fondo.
Este salón había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011 por Hugo Chávez, en una ceremonia realizada durante la visita oficial de la entonces jefa de Estado Cristina Kirchner al país caribeño. Allí mantuvieron ambos un encuentro bilateral y descubrieron la imagen de quien falleciera apenas meses antes, en octubre de 2010.
La decisión se habría tomado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en el marco de una operación militar de EE. UU., y formó parte de una serie de cambios en la sede de gobierno.
En su nueva versión, presenta una estética más sobria, con tonos blancos y grises, e incorpora una silueta del Palacio de Miraflores en rojo. De acuerdo con la misma fuente, el espacio ahora es utilizado para recibir a funcionarios estadounidenses.
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