Caracas. – Delcy Rodríguez habría entregado monedas de oro de 24 quilates al exministro español José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García Izaguirre en 2020, cuando se desempeña como «vicepresidente» del narcorégimen chavista, controlado en ese entonces por Nicolás Maduro.
Así lo revela el medio digital El Español en un reportaje publicado este pasado lunes, en el cual precisa que la entrega del dinero se produjo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 20 de enero de 2020, durante el episodio conocido como el ‘Delcygate’. Meses después, también se habrían producido entregas de lingotes de oro en Caracas.
Según la publicación, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, envió a Víctor de Aldama una fotografía de un lingote de un kilogramo, valorado en unos 50.000 euros en 2020. El medio también sostiene, que las entregas buscaban influir en la posición del Gobierno de Pedro Sánchez frente a Venezuela y frenar su respaldo a Juan Guaidó.
La información se basa en fuentes conocedoras del caso y documentos obtenidos por El Español y selaña que las monedas estaban acuñadas con la imagen del libertador Simón Bolívar y habrían llegado a España junto con otros obsequios destinados al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, e integrantes de su Ejecutivo.
De hecho, la entrega a Ábalos y Koldo fue confirmada por varias fuentes consultadas por el periódico. “La información que forma parte de la causa detalla que Rodríguez habría traído consigo monedas de oro y otros obsequios. Aldama sostiene que (José Luis) Ábalos y Koldo (García Izaguirre) recibieron parte de ese material. También indica que hubo lingotes sin marcar, cuya entrega pudo llevarse a cabo en Venezuela o bien ser comunicada desde allí”, se reporta.
En la declaración que cita el medio de comunicación, Aldama dijo que recibió presuntas fotografías con lingotes de oro después del ‘Delcygate’ enviadas por el exministro de economía venezolano, Simón Zerpa. “La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está tratando de aclarar quién entregó cada pieza, cuál era su valor y si el oro estaba relacionado con comisiones de operaciones petroleras”, se lee en la nota.
La fotografía habría sido recuperada por la Guardia Civil de uno de los dispositivos electrónicos incautados a Aldama durante su detención en 2024. El medio asegura que el empresario confirmó la entrega de monedas y lingotes de oro a Ábalos y Koldo por parte del chavismo.
Del mismo modo, la investigación también incluye conversaciones entre Koldo García y quien entonces era su esposa, Patricia Úriz, recuperadas de los dispositivos electrónicos examinados por la Guardia Civil.
En las conversaciones se abordan supuestos negocios relacionados con el petróleo y operaciones con PDVSA. En otra declaración, el empresario afirmó que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con documentos de la estatal petrolera venezolana. “Aldama relaciona el contenido con una presunta financiación al PSOE y de la Internacional Socialista, aunque no detalló el contenido de los papeles», indica el reportaje.
El medio también habla sobre el rastro del oro, cuya huella es más difícil de borrar que la del dinero en efectivo. “Su pureza, peso, origen y comercialización suelen quedar registrados en compraventas. Cada lingote, aun sin marca visible, puede narrar una historia si se cuenta con el documento correcto”, afirma El Español.
La concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay no constituye un hecho aislado dentro de la diplomacia global, sino la culminación de un largo proceso de alineamiento ideológico por parte del Comité Noruego del Nobel. Anunciado en la semana en que se conmemoraba el tercer aniversario del pogromo del 7 de octubre —mientras diversas protestas globales sacudían las capitales europeas y los mercados internacionales observaban con tensión los frentes abiertos en Medio Oriente—, el galardón recayó sobre la figura que, desde las altas esferas de las Naciones Unidas, estructuró la narrativa internacional contra el Estado de Israel.
De hecho, la noticia encontró a Pillay en un escenario cargado de simbolismo, a saber: en la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde se juzgó a los jerarcas del régimen nazi. Y lejos de la sobriedad institucional exigida por el cargo y el momento, su reacción inicial incluyó burlas sobre compartir el premio con Donald Trump si este llegaba a aplaudirla, en clara alusión a lo que hizo la galardonada con el mismo premio en 2025, María Corina Machado.
Pero, ¿Quien es Navi Pillay? Este informe exhaustivo detalla los antecedentes ideológicos, las omisiones institucionales, los conflictos de interés y el historial documentado que, según analistas internacionales y organizaciones de veeduría, deslegitiman el valor moral del galardón otorgado a la ex alta comisionada.
Las raíces doctrinales de Pillay
Para comprender las posturas de la abogada sudafricana resulta indispensable rastrear su etapa formativa durante las décadas de agitación estudiantil en el sur de África. Su vinculación con el Movimiento de la Unidad No Europea —de izquierda— la impregnó de esquemas explicativos derivados del pensamiento trotskista más dogmático. De esa etapa juvenil extractó una mirada sumamente rígida que categorizaba la realidad social únicamente mediante la dicotomía entre opresores y desposeídos.
De hecho, esta lente conceptual no se quedó en las aulas universitarias. Con el correr de los años, la jurista trasladó esa arquitectura mental a los despachos del organismo multilateral más importante del planeta. Lo que en su momento fue una trinchera de resistencia local terminó convertida en una suerte de catecismo institucional con el que se juzgaron complejos diferendos geopolíticos. Es decir, logró trasladar esta visión sectaria a la doctrina oficial de las Naciones Unidas.
La condescendencia de Pillay frente al autoritarismo asiático
En este marco, por ejemplo, la firmeza que la abogada proyectaba al examinar a ciertas naciones desaparecía ante los abusos de las autocracias verdaderamente consolidadas. Durante la entrega del Nobel al disidente que se encontraba en las mazmorras del régimen chino, Liu Xiaobo, y en un marco donde Pekín desplegaba presiones globales para sabotear la ceremonia, la entonces máxima responsable de los derechos humanos en el globo prefirió ausentarse de la ceremonia, marcando un patrón de distanciamiento frente a los opositores al comunismo chino —a quienes aparentemente no quería irritar—.
No conforme con esto, las denuncias formuladas por la exfuncionaria jurídica Emma Reilly, —en su momento— abogada de la Oficina del Alto Comisionado, expusieron documentación y testimonios bajo juramento que revelan que, bajo la gestión de Pillay, la ONU entregó de forma sistemática a las autoridades de Pekín los nombres de disidentes acreditados para testificar ante el Consejo de Derechos Humanos. Las consecuencias directas de estas acciones incluyeron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de los familiares de los activistas, lo que llevó a Reilly a calificar públicamente a Pillay como «cómplice del genocidio uigur», un antecedente que el Comité Noruego optó por ignorar.
La desproporción estadística y la fijación institucional de Pillay
A lo anterior se suma el hecho de que los registros de la Oficina del Alto Comisionado durante el periodo de la sudafricana evidencian un desequilibrio cuantitativo insostenible. Monitoreos independientes demostraron un silencio sepulcral respecto a las atrocidades cometidas en más de una treintena de países clasificados como tiranías cerradas, incluyendo los regímenes como Cuba, Corea del Norte o Venezuela. Pero, en contraste, la atención del despacho se volcó monográficamente sobre el Estado judío.
Casi el 50% de sus pronunciamientos dedicados a la zona del Norte de África y Oriente Próximo apuntaron contra una sola democracia, a saber: Israel. Sumado a esto, la funcionaria blindó el polémico «Punto 7» de la agenda del Consejo, una anomalía reglamentaria que exige someter a escrutinio permanente a la misma nación en cada período de sesiones, una vara de medir punitiva que jamás se aplica a las dictaduras de Damasco, Teherán o Caracas.
Asimismo, su biografía está indisolublemente unida a la Conferencia de Durban (2001) celebrada en su ciudad natal, el cónclave internacional donde se oficializó la estrategia de utilizar la retórica de los derechos humanos para deslegitimar al Estado judío. En 2009, ya como Alta Comisionada, actuó como secretaria general de la conferencia de revisión en Ginebra, donde justificó el bochorno protagonizado por el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad —quien calificó el Holocausto de «pretexto»— y tildó las críticas legítimas de «campaña de desinformación».
Del activismo militante a una magistratura cuestionada
La falta de imparcialidad de la jurista alcanzó niveles inocultables cuando comenzó a estampar su firma en pronunciamientos que pedían aislar comercial y diplomáticamente a las autoridades de Jerusalén —en junio de 2020, Pillay firmó un manifiesto público de la coalición sudafricana BDS exigiendo sanciones punitivas y el boicot generalizado contra «el Israel del Apartheid»—. Pero esto no es nada nuevo, porque antes de ocupar cualquier rol investigativo de supuesta neutralidad, la abogada militó abiertamente en la causa del boicot cultural e institucional contra la sociedad israelí.
En 2021, apenas semanas después de exigir sanciones internacionales a través de cartas públicas dirigidas a la Casa Blanca —justo en momentos en que la población civil del Levante mediterráneo sufría el impacto de miles de proyectiles envíado por terroristas—, la burocracia de Ginebra la puso al frente de un equipo de investigación permanente sobre la misma zona geográfica. De hecho, se ha de destacar que esta designación violó el principio de no prejuzgar, el cual exige a cualquier juzgador inhibirse de causas donde ya fijó postura pública.
Por si fuera poco, cuando uno de los integrantes de su equipo, Miloon Kothari, en 2022 emitió comentarios sobre el supuesto dominio ejercido por los grupos de presión judíos en los medios, la jurista justificó las palabras de su subordinado alegando una descontextualización y minimizando la utilización de tropos conspirativos históricos, aunque el mismo Kothari más tarde terminó desmintiendose al retractarse.
El informe de 2025 y el engranaje de la política estatal sudafricana
Si bien, el punto culminante de esta maquinaria de hostigamiento diplomático se materializó el 16 de septiembre de 2025, fecha en la que la comisión liderada por Pillay desnaturalizó la categoría jurídica de «genocidio» para acomodarla a sus fines políticos, en su crítica a Israel. El documento atribuyó intenciones de exterminio basándose en lecturas subjetivas de discursos públicos, ignorando la complejidad de un escenario bélico donde los grupos armados utilizan estructuras de salud pública y establecimientos escolares como fortalezas y escudos humanos.
Asimismo, la comisión que encabezaba exigió a Israel estándares operacionales bélicos inexistentes en el derecho internacional humanitario y minimizó deliberadamente la masacre perpetrada el 7 de octubre, omitiendo la documentación videográfica y forense provista por las propias organizaciones terroristas.
Todo ello sirvió como el insumo central para la estrategia legal que el gobierno de Sudáfrica presentó ante los tribunales de La Haya, en una demanda por genocidio contra Israel. De hecho, el propio ejecutivo sudafricano y las estructuras del Congreso Nacional Africano (CNA) han reivindicado la trayectoria de Pillay como un triunfo de su propia ofensiva exterior, celebrando el Nobel como un reconocimiento a sus posturas políticas —confirmando que la burocracia internacional actuó como una extensión de los intereses geopolíticos del gabinete de Cyril Ramaphosa—.
Una saga de decisiones cuestionables en Oslo
De este modo, se puede observar cómo la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay condensa la crisis estructural de los organismos multilaterales de Occidente. Al coronar a una figura cuyo historial está jalonado por el sesgo ideológico, la indulgencia frente a regímenes totalitarios, el silenciamiento de disidentes y una obsesión sistemática contra el Estado de Israel, el Comité Noruego ratifica una línea de acción donde el prestigio de los galardones globales se subordina a la validación de agendas ideológicas específicas. Lejos de constituir un hito en favor de la concordia universal, el premio se erige como el testimonio documental de una diplomacia internacional que premia la polarización bajo el eufemismo de los «derechos humanos».
Si bien, es necesario señalar que esta no es la primera vez que el órgano evaluador escandinavo muestra su intención por premiar militancias escoradas hacia la izquierda, a quien le ha lavado la cara a lo largo del tiempo. La historia del galardón atesora momentos donde la legitimidad del premio sirvió para lavar la cara a regímenes autoritarios o figuras de dudosa conducta democrática.
El precedente del sudeste asiático: En los años setenta se intentó condecorar a Le Duc Tho, una de las mentes estrategas del Politburó de Hanoi en medio del conflicto armado, un gesto que mostró la disposición de los evaluadores a premiar a cuadros del comunismo duro.
El padrinazgo a la izquierda continental: Décadas más tarde, la figura de Adolfo Pérez Esquivel recibió la plataforma internacional del premio para abogar por la permanencia del castrismo en la isla caribeña y aplaudir el avance del modelo bolivariano en Sudamérica.
Mitos construidos por la mercadotecnia: La coronación de Rigoberta Menchú a principios de los noventa buscó proyectar una versión ideologizada sobre el choque cultural en el continente americano. Años después, pesquisas de campo desmantelaron pasajes enteros del testimonio autobiográfico que motivó la distinción, dejando una sombra imborrable sobre la idoneidad de la galardonada.
Legitimación de la violencia armada: La inclusión de Yasser Arafat en la nómina de premiados otorgó patente de corso al cabecilla que institucionalizó el terrorismo contra blancos civiles en Oriente Próximo.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha abierto una investigación contra el senador y excandidato presidencial socialista Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de las primarias de su partido, Pacto Histórico.
El organismo investiga cómo se financió la consulta realizada en octubre de 2025, en la que Cepeda fue elegido como candidato de la formación progresista a las últimas elecciones presidenciales colombianas.
La Sala de Instrucción ha ordenado de oficio la práctica de pruebas y la toma de declaraciones con el fin de determinar si se habrían presentado posibles hechos de corrupción relacionados con la financiación de la consulta.
Cabe recordar que el candidato de izquierda, Cepeda, fue derrotado por un estrecho margen —49,66 frente a 48,7%, poco más de 200.000 votos— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 21 de junio por el entonces candidato Abelardo de la Espriella.
El socialista y guerrillero que funge como presidente —ya saliente— en Colombia, Gustavo Petro, ha acusado al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de «despedazar la Constitución» y ha destacado que se impuso en las últimas elecciones en el país sudamericano «con ayuda extranjera» —aunque sin prueba alguna—, en línea con sus declaraciones cuestionando los resultados oficiales y la derrota de Iván Cepeda.
«Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución», ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que Petro ha destacado que «Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente».
Asimismo, ha asegurado que «jamás» ha dado órdenes «contra la Constitución» a las Fuerzas Armadas, tras las críticas de De la Espriella. «Hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional», ha zanjado.
Cabe señalar, sin embargo, que el mensaje ha sido publicado después de que De la Espriella acusara el martes a Petro de golpismo y apelara a las Fuerzas Armadas para que protejan la Constitución y la democracia, a medida que continúa rechazando los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio.
«Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello», ha advertido, después de que diera indicaciones a los suyos de levantarse del proceso de transición con el actual Gobierno ante su postura de no reconocer su triunfo en las urnas frente el candidato del oficialismo, el también comunista Cepeda.
En un discurso emitido en sus redes sociales, De la Espriella denunció que Petro y Cepeda continúan sin reconocer su triunfo y advirtió de que esa «resistencia pacífica» a la que apelan «no es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder», por lo que ha pedido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y a la comunidad internacional que le apoye hasta que cese este presunto intento de golpe de Estado.
El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha respondido con dureza a su rival en la segunda vuelta del 21 de junio, el comunista Iván Cepeda, después de que anunciara que le denunciara pos sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. «Mira como tiemblo, payaso», ha expresado.
En su tono y estilo habitual, De la Espriella ha pretendido restar importancia a las acusaciones de Cepeda, las cuales ha calificado de «falsos procesos judiciales» del pasado, que ya fueron investigados por la Justicia colombiana.
«La Justicia colombiana se pronunció, pero sale a ser tremenda alharaca porque sabe que yo hace una semana lo denuncié ante la Secretaría de Estado, en EE. UU., por la narcopolítica», ha dicho en un vídeo publicado en redes sociales.
De la Espriella también ha cuestionado que Cepeda pretenda presentar esa denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ya que no tiene competencia alguna. «¿Qué clase de locura es esa?», se ha preguntando el candidato favorito para la cita definitiva del 21 de junio.
«Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias, payaso. Te voy a derrotar y te vamos a recoger para siempre. Tú sí eres un bandido, colaborador de delincuentes», ha arremetido, recordando que el comunista había estado al servicio durante las tres últimas décadas de las guerrillas colombianas, como las FARC o el ELN.
«Eso lo sabe el país entero. Así que recógete y prepárate porque te voy a derrotar y te voy a hacer pagar todo el daño que has hecho, bandido», ha insistido Espriella.
Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra
“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”
Julián Ramírez
“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.
La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global
Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:
1. La capa operativa (visible)
Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.
2. La capa logístico-financiera (semivisible)
Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.
3. La capa de protección política y estatal (invisible)
La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.
Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras
Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:
Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.
Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.
Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.
Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.
¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?
La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:
1. Cortoplacismo político
La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.
2. Resistencia burocrática y opacidad
La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.
3. La verdad incómoda
Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.
4. Dependencia estratégica
Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.
La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.
La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.
La amenaza que nadie quiere nombrar
Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.
La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.
La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.
Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.
La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.
La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.
La representante del Pacto Histórico en la Cámara Baja de Colombia, Gloria Arizabaleta, que preside la Comisión de Investigación y Acusación, ha propuesto la suspensión del cargo de presidente al guerrillero y socialista Gustavo Petro hasta el próximo 21 junio, fecha de la segunda vuelta electoral, por su supuesta participación política en campaña.
Arizabaleta sostiene en su escrito de este miércoles que Petro se habría referido en redes sociales al menos en 22 ocasiones de manera directa a estas elecciones, incluidas referencias a los candidatos, sus campañas y a la segunda vuelta que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Cabe señalar que no es la primera denuncia de este tipo que se presenta ante esta comisión. Hasta 290 desde que Petro asumió como presidente en 2022, unas 60 por supuesta participación en política durante campañas electorales, infringiendo así el principio de independencia que marca la ley, así como por la financiación de su campaña.
Sin embargo, ya han sido varios los que han calificado de inconstitucional esta propuesta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, que ha aclarado que solo el Senado tiene capacidad para llevar a cabo una medida de esta envergadura tras una acusación presentada por el pleno de la Cámara de Representantes.
«La Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante», ha afirmado en redes sociales, en línea con lo expresado por otros miembros del Gobierno y del oficialismo, como el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
De hecho, desde la propia Comisión de Acusaciones se ha querido aclarar «que el presidente no ha sido suspendido» y que «no se ha tomado ninguna decisión contra Gustavo Petro» desde ese comité de la Cámara. «No es cierto. Es una información falsa. Es un auto que ni siquiera se ha radicado ni se ha discutido», ha dicho el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.
El fiscal general de Colombia, Gregorio Eljach Pacheco, ha asegurado este lunes que no hay «prueba o indicio» de que se haya variado el censo electoral, como apuntó en la víspera el presidente guerrillero y socialista del país, Gustavo Petro, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que han superado el candidato Abelardo de la Espriella, y el comunista Iván Cepeda.
«En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos, la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el presidente», ha señalado en un vídeo difundido en redes sociales.
El magistrado ha agregado que «tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular». «Las afirmaciones que se nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados. Mis delegados en el proceso electoral dan cuenta de que en ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones», ha asegurado.
Pacheco, que ha pedido a Petro que le haga llegar las evidencias que puedan «respaldar cada una de sus afirmaciones», ha recordado que «no existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que otorgue al presidente competencia para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales, ni en el preconteo, ni en la etapa de escrutinio».
Asimismo, ha aprovechado para mencionar la «buena marcha del proceso electoral» y asegurar que «están dadas las condiciones para realizar la segunda vuelta presidencial con plenas garantías para todos los ciudadanos y los candidatos presidenciales que se mantienen en la contienda», que tendrá lugar el próximo 21 de junio.
Cabe señalar que las declaraciones del fiscal llegan después de que Petro manifestara que «no acepta» los resultados del preconteo electoral, alegando que «los algoritmos del software de conteo y escrutinio (…) fueron variados y agregaron 800.000 cédulas más de personas que están en el censo oficial presentado», una denuncia suscrita en un primer momento por Iván Cepeda, si bien se ha desdicho en la jornada de este lunes asegurando que hasta el momento no ha encontrado «evidencia» de este hecho.
La Policía de Portugal ha llevado a cabo este jueves un registro en la sede del Partido Socialista (PS) en la capital, Lisboa, como parte de una investigación sobre una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor socialista y relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios portugueses, con pérdidas que ascienden a casi dos millones de euros.
«El Partido Socialista confirma que la Policía Judicial está en la sede nacional del Partido Socialista, llevando a cabo diligencias relacionadas con actividades que se imputan a uno de sus trabajadores», ha indicado en un comunicado.
El PS ha dejado claro que la formación política, como tal, «no es objeto de la investigación policial». «El Partido Socialista está colaborando con la Policía en todo cuanto le es solicitado por esta a fin de asegurar la buena conducción de las investigaciones y en el respeto íntegro de los principios y reglas del Estado de derecho», ha argüido.
La Policía ha ejecutado, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.
«Hasta la fecha, se han efectuado cuatro detenciones por delitos menores, una detención por un delito grave de posesión ilegal de armas y se han presentado cargos formales contra 37 acusados», ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.
Entre los investigados por la trama se encuentran Duarte Moral, exasesor del ex primer ministro António Costa y su mujer, así como Miguel Coelho, un exfuncionario del distrito de Santa Maria Maior de Lisboa que fue diputado del Partido Socialista entre 1995 y 2019.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“Es facilísimo defender el socialismo cuando no eres tú quien paga el precio… y cuando tu habitación de lujo tiene generador propio mientras la gente común cocina con leña o carbón.”
María José Salinas
Hay una idea que se ha vuelto casi religión en la política moderna: que el gran problema del mundo es la desigualdad. No la pobreza. No la falta de oportunidades. No la corrupción. No la violencia. No la destrucción de la productividad. La desigualdad.
Y cualquiera que se atreva a cuestionar esa narrativa automáticamente es etiquetado como “insensible”, “privilegiado” o “enemigo de los pobres”. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿De verdad una sociedad mejora simplemente porque todos tengan exactamente lo mismo?
Porque bajo esa lógica, Cuba sería un paraíso, Venezuela una potencia y Corea del Norte el pináculo de la justicia social. Pero la realidad es otra. Las sociedades más miserables de la historia no fueron aquellas donde existía desigualdad, sino aquellas donde el Estado intentó eliminarla concentrando todo el poder económico en manos de una élite política.
Y ahí aparece la primera gran paradoja del igualitarismo moderno: dicen luchar contra los privilegios… mientras crean una nueva clase privilegiada. La izquierda contemporánea vive obsesionada con “redistribuir riqueza”, pero rara vez habla de cómo se crea esa riqueza en primer lugar. Porque repartir es políticamente popular y producir es muchísimo más difícil.
Para que exista prosperidad se necesitan empresas, inversión, productividad, innovación, riesgo y trabajo. Se necesita gente creando valor. Pero el discurso populista funciona distinto: primero demoniza al empresario, después castiga al inversionista, luego asfixia al que produce… y finalmente se sorprende porque no hay crecimiento económico.
Es la paradoja eterna del socialismo: atacan al empresario como enemigo social, pero después se preguntan por qué no hay inversión, empleo ni crecimiento. Y lo más curioso es que muchas personas que defienden estas ideas aseguran no ser socialistas. “No apoyo a Morena”, dicen. “No soy comunista”, aclaran. Pero terminan haciéndole exactamente el trabajo intelectual a la izquierda autoritaria: normalizar la idea de que el Estado debe intervenir cada vez más para “corregir” los resultados naturales de la sociedad.
El problema no es que existan ricos. El problema es que existan pobres sin oportunidades La desigualdad no es una anomalía. Es una consecuencia natural de la libertad. Los seres humanos somos distintos: tenemos talentos distintos, ambiciones distintas, niveles de disciplina distintos, capacidades distintas y prioridades distintas. Y eso no es un defecto del sistema, es precisamente lo que hace posible una sociedad plural, dinámica y creativa. Pretender eliminar toda desigualdad es tan absurdo como pretender que todos midamos lo mismo, pensemos igual o tengamos exactamente las mismas habilidades.
La verdadera pregunta no es: “¿Por qué unos tienen más?”, la pregunta importante es: “¿Por qué algunos no pueden salir adelante?” Porque una sociedad puede ser desigual y aun así ofrecer movilidad, oportunidades y prosperidad. Pero una sociedad donde todos son igualmente pobres jamás será justa.
La trampa emocional del salario mínimo
Aquí es donde el populismo económico se vuelve peligrosamente seductor, porque suena moralmente hermoso decir: “Hay que subir salarios.” Claro que todos queremos mejores salarios, pero el problema es creer que la riqueza aparece por decreto. Si la prosperidad dependiera únicamente de subir el salario mínimo desde el gobierno, entonces bastaría con establecerlo en 100 mil pesos mensuales y México se convertiría mañana en Suiza. Pero la economía no funciona así.
El salario no nace de un deseo político, nace de la productividad. Cuando subes salarios artificialmente sin aumentar productividad, sin crecimiento económico y sin condiciones para producir más riqueza, el resultado suele ser el mismo: inflación.
Y la inflación es el impuesto más cruel para los pobres, porque mientras los políticos celebran aumentos salariales en conferencias de prensa, las familias terminan pagando:
alimentos más caros,
renta más cara,
transporte más caro,
servicios más caros.
Es decir: te “suben” el sueldo mientras destruyen tu poder adquisitivo. Y entonces llega otra paradoja: “Prometen ayudar al pobre, pero terminan volviendo más caro ser pobre.” Combatir la desigualdad suele terminar castigando el mérito. Existe algo profundamente peligroso en convertir el éxito económico en sospecha moral, porque poco a poco empiezas a escuchar ideas como:
“Nadie necesita ganar tanto.”
“Es injusto que alguien tenga más.”
“Hay que redistribuir.”
“Los ricos deberían pagar todo.”
Y eventualmente la discusión deja de ser cómo sacar gente de la pobreza… para convertirse en cómo castigar a quien sobresale. Eso destruye incentivos. Porque nadie arriesga capital, invierte, emprende o genera empleo para después ser tratado como enemigo público. La historia económica es brutalmente clara: los países que protegieron propiedad privada, libertad económica e innovación generaron prosperidad masiva. Los que intentaron imponer igualdad económica desde el poder terminaron generando:
escasez,
corrupción,
dependencia estatal,
inflación,
fuga de talento,
y pobreza estructural.
No existe un solo ejemplo exitoso de socialismo sostenido que haya generado prosperidad comparable con las economías más libres. Ni uno. La izquierda moderna convirtió la desigualdad en pecado moral Y quizá ahí está el problema de fondo. Hoy pareciera que tener éxito económico automáticamente te vuelve sospechoso.
Mientras tanto, depender eternamente del Estado se romantiza como sensibilidad social. Pero una sociedad sana no debería aspirar a que todos dependan del gobierno para sobrevivir. Debería aspirar a que cada vez más personas puedan valerse por sí mismas, porque hay algo profundamente indigno en un sistema político que necesita mantener ciudadanos dependientes para conservar poder. Y esa es la paradoja final: “El socialismo promete liberar al hombre de la necesidad, pero termina sometiéndolo a la dependencia del Estado.”
El verdadero enemigo no es la desigualdad. El verdadero enemigo sigue siendo la pobreza, l miseria, la falta de movilidad, la destrucción de oportunidades, la dependencia crónica, la ausencia de crecimiento. Las sociedades más prósperas de la historia no fueron aquellas donde nadie sobresalía. Fueron aquellas donde más personas tuvieron la libertad de progresar, porque la prosperidad no nace de repartir pobreza de manera más uniforme, nace de crear condiciones para que más personas puedan generar riqueza, emprender, innovar, trabajar, competir y crecer.
La izquierda moderna lleva años intentando convencernos de que el problema es que algunos tengan demasiado. Pero quizá la verdadera tragedia nunca fue que existieran ricos. La verdadera tragedia es que millones de personas sigan atrapadas en sistemas que castigan exactamente aquello que podría sacarlos adelante, porque en un mundo empeñado en uniformarnos, seguir siendo un individuo libre ya es una forma de resistencia.
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