El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este miércoles la solicitud de más de una decena de organizaciones no gubernamentales internacionales que pedían poder seguir operando en Territorios Palestinos Ocupados y ha avalado así la expulsión de todas ellas de Cisjordania y la Franja de Gaza si no se registran adecuadamente y siguiendo los parámetros exigidos por las autoridades israelíes.
La resolución da un plazo de 30 días a estas organizaciones, entre las que se encuentran algunas como Médicos Sin Fronteras o Acción contra el Hambre, para que entreguen toda la información necesaria sobre su trabajadores palestinos y cumplan con el nuevo proceso de registro.
La solicitud había sido presentada por AIDA, la organización paraguas que aúna las 19 ONG internacionales que operan en estas zonas y que se habían negado a entregar al Estados Israel la lista de trabajadores locales por el temor a que sean señalados y reprendidos a pesar de que Israel insiste en que estas medidas son necesarias por motivos de seguridad.
Según el Gobierno israelí, el objetivo de estas medidas no es limitar la asistencia humanitaria sino «proteger su integridad y garantizar que llega a los civiles a través de canales legítimos». Ahora, la Justicia ha indicado que las organizaciones que sí cumplan con lo establecido, podrán seguir operando en caso de pasar con éxito las revisiones pertinentes, mientras que las que no presenten los datos requeridos tendrán que cesar todas sus operaciones.
El Supremo ha establecido que este proceso es «legítimo y proporcionado» por cuestiones de seguridad y deriva del «deber del Estado de protegerse y proteger a sus residentes mientras habilita la posibilidad de entregar asistencia humanitaria a través de organizaciones internacionales», según recoge un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
«Estos registros se adhieren a los poderes soberanos del Estado de Israel», ha indicado. El ministro para los Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha aplaudido la medida y ha afirmado que «envía un mensaje claro e inequívoco de que Israel no permitirá las actividades terroristas camufladas de ayuda humanitaria».
Los datos del Gobierno apuntan a que hasta marzo de 2026 se presentaron 129 solicitudes de registro que han sido evaluadas. De todas ellas, se han aprobado 30, 19 han sido rechazadas y 47 siguen bajo revisión.
