Tercera jornada de negociaciones abordó temas del CNE, TSJ y respuesta ante terremotos

Caracas. – En la tercera jornada de negociaciones de este sábado 8 de agosto en el Hotel Meliá Caracas, las delegaciones de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del narcorégimen interino, centraron su agenda en tres puntos clave: la estructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la respuesta a los daños provocados por los sismos.

La mesa de trabajo entre representantes continuó en el Hotel Meliá Caracas, donde también se desarrollaron las reuniones durante la jornada del pasado viernes.

Según las discusiones preliminares, se ha puesto sobre la mesa un cronograma que contempla la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el mes de noviembre y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el mes de diciembre.

Este planteamiento sugiere una hoja de ruta que, de concretarse, situaría la realización de posibles elecciones nacionales para el año 2027. No obstante, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil han señalado que estos plazos contrastan con los tiempos establecidos en la legislación venezolana, tales como la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la cual, bajo una aplicación estricta, permitiría completar los procedimientos necesarios en un lapso mucho menor, situando el posible arbitraje electoral incluso para el mes de octubre.

El tercer punto buscó abordar la respuesta a una tragedia que todavía mantiene a miles de familias afectadas. Los daños causados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio causaron gran impacto en el país, principalmente en el estado Vargas, entidad más golpeada, y donde miles de familias quedaron nuevamente sin hogar, tal como ocurrió durante el deslave de 1999.

Este pasado viernes, las discusiones se centraron directamente en el terreno de la reinstitucionalización del país, y la búsqueda de mecanismos para retomar la democracia en Venezuela.

Denunciaron ante la CIDH que el sistema represivo del chavismo continúa intacto

Caracas. – Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron el pasado jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Venezuela continúan vigentes estructuras del narcochavismo vinculadas a la represión y la impunidad, pese a los aparentes cambios que se anuncian a través de los medios.

Esta denuncia se realizó en el marco del 196.° Período de Sesiones de la CIDH, acto en el cual estuvieron presentes representantes de ONG como Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Lateral, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea y Voto Joven, entre otros.

La comisionada Gloria De Mees, relatora para Venezuela, abrió la sesión destacando la ausencia del Estado y advirtió que, aunque en la prensa se reportan reformas y diálogos, la información aportada por las organizaciones “sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas” y que “los derechos humanos no pueden medirse por anuncios sino por resultados”.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del Termómetro de Justicia y Verdad, herramienta elaborada por consenso de 20 organizaciones venezolanas. Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el instrumento se basa en “el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero de 2026. Está integrado por cuatro pilares temáticos, quince indicadores y diez recomendaciones orientadas a evaluar el avance hacia la recuperación del Estado de derecho”.

“La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, señaló Borges.

Las organizaciones enfatizaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Martha Tineo, de Justicia Encuentro y Perdón, señaló que este grupo “atraviesa todos los estratos sociales e incluye mujeres separadas de sus hijos, funcionarios, sindicalistas, ciudadanos comunes, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad”. También denunció la impunidad en casos como el de Fernando Albán, con al menos 18 personas fallecidas bajo custodia estatal.

También, en la sesión participaron familiares de víctimas de la represión, así como de los rehenes políticos que están aún en manos de la Narcotiranía chavista. Estos brindaron sus testimonios, para exigir ante la CIDH que se haga justicia en los casos, como ocurrió con el exconcejal Fernando Albán, asesinado al ser lanzado desde la sede del SEBIN, y cuya viuda, Meudy Osio, denunció que hasta la fecha no existe una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

Igualmente, los allegados de los rehenes políticos elevaron su voz, para expresar que existen personas con enfermedades graves, adultos mayores y ciudadanos que enfrentan consecuencias físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de reclusión.

Otorgaron libertad plena a exjueza María Lourdes Afiuni y familiares piden cerrar el caso

Caracas. – La ex jueza venezolana María Lourdes Afiuni recibió libertad plena tras años de prisión domiciliaria por razones políticas, informó este viernes su familia, que la víspera pidió el cierre de su caso por la grave enfermedad que ella padece.

«La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad», según un comunicado publicado en X por su hermano Nelson Afiuni.

El anuncio se produce apenas un día después de que la familia de la exjueza informara que le fueron detectadas tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo, tras ser hospitalizada de emergencia el fin de semana pasado, y de que solicitara con carácter urgente el cierre definitivo del proceso judicial para permitirle recibir tratamiento médico especializado, incluso fuera del país.

Cabe recordar que María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por orden de Hugo Chávez, luego de ordenar la libertad bajo fianza del empresario Eligio Cedeño, decisión que tomó acatando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) entre 2009 y 2011, y desde entonces ha estado sujeta a un régimen de libertad condicional que, pese a que su defensa sostenía que la condena ya había sido cumplida, le impedía salir de su ciudad de residencia y declarar a la prensa o en redes sociales.

Para la familia, este es un caso “que nunca debió existir” y confían en que esta decisión marque “el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.

Número de presos muertos bajo custodia del narcoestado chavista asciende a 51

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de dos reos, esta vez en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, conocido como El Marite (Zulia), casos con los cuales asciende a 51 el número de presos fallecidos bajo custodia del narcoestado chavista.

Las víctimas que se suman a esta lista fueron identificadas como Leonel Alberto Rincón Cumares y John Jairo Vargas. De acuerdo con el reporte del OVP, los «decesos» habrían ocurrido por «complicaciones de salud y falta de atención médica» durante el mes de julio.

Para el Observatorio, «la crisis humanitaria en los penales condena a pena de muerte a la población», al tiempo que consideró que, tras 15 años de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, «se han vulnerado sistemáticamente los derechos de los privados de libertad».

La ONG también señaló que ambos fallecimientos ocurrieron durante el mes de julio y se suman al de Yoandry Medina González, registrado previamente en el mismo recinto, con lo que ascienden a tres las muertes reportadas en ese centro penitenciario en ese período.

Según el OVP, estas muertes elevan a 51 el número de personas privadas de libertad fallecidas por falta de atención médica en cárceles venezolanas entre abril y julio de 2026.

Igualmente, el Observatorio denunció el hacinamiento en El Marite al señalar que el penal fue diseñado para albergar a 700 reclusos, pero actualmente mantiene una población superior a las 1.000 personas, lo que representa una ocupación superior al 143% y un hacinamiento de más del 43%.

Denuncian hostigamiento contra periodista que intentaba cubrir el diálogo entre el chavismo y la «oposición»

Caracas. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la intimidación contra la periodista Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo, quien fue abordada este pasado jueves por “unos seis hombres en motocicletas, con armas y vestidos de negro”, en medio de la cobertura del inicio del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

El gremio periodístico señaló, que el hecho ocurrió luego de que a los periodistas les negaran el acceso a la reunión, pese a haber sido convocados inicialmente para cubrir el evento. Según el SNTP, al retirarse del lugar, Martínez fue abordada por los sujetos armados y movilizados en motocicletas, quienes le exigieron entregar su teléfono celular.

El sindicato aseguró que los hombres revisaron el dispositivo de la periodista, eliminaron las fotografías que había tomado y fotografiaron su credencial de prensa. Asimismo, indicó que durante el procedimiento los funcionarios discutieron por radio la posibilidad de trasladarla a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aunque finalmente recibió autorización para retirarse.

Martínez informó que los participantes del diálogo se reunieron sin presencia de la prensa. Solo se permitió el ingreso de fotógrafos, a quienes se les impidió usar sus teléfonos durante el acto para evitar la grabación de videos. Ante la negativa de acceso al salón de convenciones donde estaban las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, los periodistas se ubicaron cerca de la carpa instalada en el Parque Simón Bolívar, dentro de la Base Aérea La Carlota.

En respuesta, el SNTP exigió en un comunicado, que la libertad de expresión y el derecho a la información formen parte central de cualquier proceso de diálogo orientado a una transición democrática en el país.

Ante el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno interino, el gremio periodístico subrayó que ambos derechos son indispensables para que una transición tenga legitimidad social, sustento político y capacidad de producir cambios duraderos.

El sindicato recordó que durante años ha documentado detenciones, procesos judiciales, restricciones de cobertura, revisión de dispositivos, bloqueo de medios, cierre de emisoras, confiscación de equipos y exclusión de fuentes oficiales, prácticas que han afectado el pluralismo y la transparencia.

Narcotiranía chavista reprime a vecinos de Turmero que protestaban por las fallas de electricidad

Caracas. – Una fuerte represión por parte de efectivos de la GNB y la PNB sufrieron vecinos de Turmero, estado Aragua, durante la noche de este pasado jueves, cuando salieron a protestar por los extenuantes racionamientos eléctricos a los cuales son sometidos.

Los manifestantes habían salido a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y reclamar por los constantes apagones que afectan a sus comunidades.

La intervención de los cuerpos de seguridad ocurre en medio de una ola de protestas registradas en distintos estados del país, donde ciudadanos denuncian las fallas del sistema eléctrico y exigen respuestas de las autoridades.

Las manifestaciones se concentraron en zonas clave como la avenida Intercomunal Turmero-Maracay y sectores residenciales. Además de trancar las vías, incendiaron neumáticos.

El descontento general por el colapso de los servicios públicos, también generó protestas paralelas en otras zonas de Aragua y Carabobo. Los residentes difundieron varios videos en las redes sociales, en los cuales se puede apreciar como los uniformados atacaron con perdigones a la gente.

Cabe serñalar que esta intervención de los cuerpos de seguridad ocurre en medio de una ola de protestas registradas en distintos estados del país, donde ciudadanos denuncian las fallas del sistema eléctrico y exigen respuestas.

Narcorégimen y «oposición» continuarán el diálogo en sesión permanente hasta el 12 de agosto

Caracas. – La nueva mesa de diálogo instalada este jueves 5 de agosto, integrada por representantes del narcorégimen chavista interino e integrantes de la ilegitima Asamblea Nacional de 2015, se declaró en sesión permanente hasta el próximo miércoles 12 de agosto cuando se definirá la continuidad de la plenaria.

«Se ha iniciado el proceso de conversaciones entre la Delegación del Gobierno Nacional y la Delegación de la Asamblea Nacional de 2015, con la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso», indicó un comunicado emitido por ambas partes.

El texto indica que el primer ciclo de trabajo se llevará a cabo en sesión permanente hasta el próximo 12 de agosto, fecha en la que las partes evaluarán la continuidad de la plenaria conforme a los avances alcanzados.

«En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas», agrega el documento.

Durante la reunión inaugural ambas delegaciones aprobaron la metodología que regirá las conversaciones, definieron los ciclos de trabajo y ratificaron la agenda temática que será abordada durante el proceso.

«Se ha iniciado el proceso de conversaciones entre la Delegación del Gobierno Nacional y la Delegación de la Asamblea Nacional de 2015, con la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso», señaló inicialmente el comunicado.

Asimismo, las delegaciones informaron que el proceso estará fundamentado en una serie de principios orientados a generar confianza y garantizar el desarrollo de una negociación política.

Entre ellos destacan el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la búsqueda de soluciones políticas, pacíficas, democráticas y constitucionales, el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes, la igualdad política y el trato paritario en la mesa de conversaciones.

También añadieron, que «se acordó informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones», aunque en el encuentro de este jueves no se permitió el acceso a la prensa.

«No es ‘El Niño’, es Delcy» fue la consigna de los caraqueños durante protesta ante Corpoelec

Caracas. – Bajo la consigna «No es ‘El Niño’, es Delcy», un nutrido grupo de vecinos protagonizó una manifestación durante la mañana de este jueves frente a la sede principal de Corpoelec, ubicada en la urbanización San Bernardino de Caracas.

La manifestación fue convocada y encabezada por la ONG Monitor Ciudad, liderada por su director Jesús Armas, junto con activistas y vecinos de distintas parroquias del municipio Libertador. La consigna empleada por los vecinos surge como respuesta directa a las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien solicitó «paciencia» y ahorro de energía a la población culpando al fenómeno climático.

Armas afirmó que las fallas del servicio eléctrico no responden únicamente al fenómeno climático de El Niño, sino a años de “mal manejo” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por parte de los regímenes de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Aseguró, además, que la emergencia actual es consecuencia del deterioro de la infraestructura eléctrica y la pérdida de capacidad operativa de las plantas termoeléctricas del país. “Se perdió la operatividad de las termoeléctricas”, afirmó, al señalar que el sistema quedó vulnerable ante los períodos de sequía.

El activista aseveró que el 87% de la capacidad termoeléctrica instalada se encuentra inoperativa debido a la falta de inversión y mantenimiento acumulada durante los últimos años. Ante la crisis, el director de Monitor Ciudad planteó la necesidad de permitir la participación del sector privado en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, bajo condiciones de transparencia, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.

Armas señaló que Venezuela necesita atraer inversiones nacionales e internacionales para reconstruir la infraestructura eléctrica, pero alertó que deben evitarse compañías sin experiencia o empresas de maletín en un sector considerado estratégico.

Denunciaron ante CIDH que Delcy Rodríguez consolidó un «sistema de gobernanza criminal»

Caracas. – Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este pasado miércoles, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el interinato chavista liderado por Delcy Rodríguez, ha consolidado un «sistema de gobernanza criminal híbrido» en Venezuela. La acusación formal se presentó durante una audiencia pública enfocada en los impactos ambientales y sociales de las actividades extractivas en el sur del país.

Las ONG SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que no ha habido cambios sustantivos en la gobernanza del territorio desde el 3 de enero y a firmaron que el sistema interino de Delcy Rodríguez “ha permitido la consolidación del sistema de gobernanza criminal híbrido”.

Asimismo, afirmaron que Venezuela se ha convertido en un “playground” para estructuras criminales que ejercen control sobre territorios dedicados a la explotación minera, especialmente en el sur del país.

De acuerdo con un informe de SOS Orinoco, se ha identificado la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en 20 de los 21 municipios, entre ellos el ELN y las FARC, señalados como actores con influencia en las zonas de extracción.

«La evidencia recopilada apunta a un sistema de gobernanza criminal hibrida con un impacto transnacional y transfronterizo», indicó Cristina lisa, fundadora de SOS Orinoco.

Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. fue otro punto denunciado durante la sesión. Las organizaciones advirtieron que las autorizaciones de la OFAC no exigen trazabilidad del mineral, ni verificaciones independientes que garanticen que el oro y otros recursos están libres de conflicto.

“Las licencias otorgadas no obligan a excluir áreas controladas por el ELN, disidencias de las FARC, sindicatos mineros, el Tren de Aragua o estructuras militares, ni incorporan salvaguardas ambientales o requisitos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas”, se lee en la denuncia realizada por la ONG SOS Orinoco.

Las organizaciones señalaron directamente a Delcy Rodríguez. Afirman que ella es responsable de la consolidación de este esquema y que asumir el control del aparato financiero y petrolero ha sido clave para ello. Ademas, supervisa las empresas militares, facilitando el control territorial.

La presencia de estos grupos y la falta de garantías institucionales generan temor. Inversionistas internacionales evitan participar en el sector minero.