En un mundo que sigue apostando por la intervención estatal en cada aspecto de nuestra vida, y ahora más con el tema del ciberespacio, en nombre de nuestra “seguridad”, las personas ignoran que el orden espontaneo siempre crea el escenario para que los problemas de la comunidad se resuelvan de la mejor manera, sin necesidad de un órgano director. Una muestra de ello es que, de hecho, ese vasto y a veces caótico mundo digital ha catalizado la formación de nuevas modalidades de interacción y organización social que desafían los paradigmas tradicionales de gobernanza y control estatal.

En el mundo digital, han proliferado comunidades en línea que han servido de base para que se constituyan ecosistemas sociales complejos que, para asegurar su viabilidad y cohesión, han debido desarrollar endógenamente sus propios sistemas de ordenamiento y autorregulación, unos que abarcan desde la formulación de normativas y la implementación de mecanismos de reputación hasta la creación de procesos para la resolución de disputas, operando predominantemente sobre la base del consentimiento voluntario de sus miembros, al margen de la intervención directa del aparato estatal.

Estos hechos demuestran que las estructuras de gobernanza en la era digital, emergentes, no constituyen meramente un fenómeno sociotécnico de interés, sino que representan un modelo funcional y observable de gobernanza descentralizada que sirve como otra evidencia de que la interacción entre seres humanos, espontáneamente, tiende a la coordinación a través de instituciones, normas que regulan la conducta en búsqueda de la paz.

Con esto en mente, en el presente ensayo se examinará cómo los principios de la acción humana, en sociedad, se manifiestan en el entorno digital, ofreciendo lecciones sustanciales para la teoría y práctica de la gobernanza más allá de la esfera virtual. Todo ello, a través del análisis de casos de estudio como Wikipedia, Reddit y los proyectos de software de código abierto (OSS).

La génesis del orden normativo en el entorno digital

Antes de todo, es bueno recordar que en cualquier interacción humana surge la necesidad de un marco normativo como respuesta a los problemas inherentes a la misma interrelación humana —comportamiento oportunista (free-riding), conflictos interpersonales, gestión de recursos compartidos, etc.—, por lo cual, en las comunidades en línea, donde muchas veces el anonimato puede exacerbar estas problemáticas, la creación de un orden normativo se convierte en una condición sine qua non para la sana convivencia.

No obstante, algo que resalta es que en diversos espacios este orden no se impone de manera exógena, ni a la fuerza, sino que emerge orgánicamente a partir de las interacciones recurrentes de los participantes, constituyendo así una manifestación del concepto de “orden espontáneo” al que hace referencia Friedrich Hayek en sus obras[1], donde la coherencia y la previsibilidad surgen de las acciones descentralizadas de individuos que siguen reglas de conducta autoimpuestas, o siguiendo con la tradición, repitiendo conductas en un periodo muy dilatado de tiempo, en lugar de un diseño centralizado.

Un ejemplo excepcional de lo mencionado es la plataforma Reddit, un espacio organizado en miles de foros de nicho denominados “subreddits”, en el que cada comunidad posee la autonomía para definir su propio ethos[2] y su propio código de conducta, al punto en el que nos podemos encontrar con que las reglas que gobiernan un subreddit dedicado al debate jurídico son cualitativamente distintas de las que rigen en un debate centrado en la fotografía analógica.

Esta especificidad contextual en la plataforma permite que las normas sean altamente eficientes y pertinentes, ya que son formuladas y aplicadas por los individuos más interesados en la calidad del discurso dentro de ese dominio particular: los propios usuarios, porque la legitimidad de las reglas no emana de una autoridad coercitiva, sino del consenso implícito de la comunidad, y la participación en el subreddit equivale a una aceptación tácita de sus normas. En este marco, quien no cumpla las normas puede ser sancionado de diversas maneras: la eliminación de un comentario, la expulsión permanente o “baneo”, u otras, siendo éstas aplicadas por moderadores voluntarios, miembros de la propia comunidad que se han ganado la confianza de la misma, o se han demostrado de valor para cumplir esa función—. No obstante, algo curioso es que, dado el escenario donde se desenvuelven los hecho —digital—, la eficacia de estos moderadores reside en el poder de la exclusión social, más que en la coacción física.

No conforme con reglas explícitas que se han desarrollado en el tiempo, la gobernanza en estas comunidades se apoya en un denso tejido de normas implícitas y “netiqueta”, que constituyen una forma de “ley blanda” —en inglés: soft law; que refiere al comportamiento cortés y respetuoso en línea— y se convierten en estándares de comportamiento que, aunque no codificados formalmente, ejercen una poderosa presión social y son internalizados por los miembros a través de la observación y la participación, facilitando una interacción fluida y reduciendo los costos de transacción social. Básicamente, es lo mismo que ocurre en la sociedad cuando dejan a los individuos desenvolverse libremente, y se traslada al mundo digital; si bien, como nuestra cotidianidad ya está impregnada de controles estatales, en muchos espacios se puede ver cómo el estatismo hace que las personas pierdan el respeto al otro, haciéndolos volver a sus más atávicos deseos[3], en comparación a esas sociedades dónde el control estatal no ha sido tan incisivo. En las redes podemos encontrar todavía este tipo de comunidades donde no llega el control estatal, por lo cual sirven para ilustrar el punto.

La reputación como capital social y mecanismo de gobernanza

En adición, también nos encontramos con que las comunidades digitales han debido instrumentalizar la reputación como un pilar central de su arquitectura de gobernanza, en vista de la ausencia de las señales de confianza presentes en la interacción cara a cara, siendo todo un sistema de reputación que digitaliza y cuantifica, por decirlo de alguna manera, el “capital social” de un individuo a la comunidad, lo cual, a su vez, sirve como un incentivo para el comportamiento prosocial y como un mecanismo para la distribución del poder de moderación —como mencionamos en el apartado anterior—.

En esta línea, nos encontramos con Stack Exchange, una red de sitios de preguntas y respuestas de alta especialización, que cuenta con un modelo de gobernanza meritocrática basada en la reputación, es decir, en la que los usuarios obtienen “puntos de reputación” cuando sus contribuciones son validadas positivamente por sus pares a través de un sistema de votos. Asimismo, la acumulación de reputación no es un fin en sí mismo, sino un medio para adquirir progresivamente derechos de gobernanza, ya que un usuario con una reputación baja solo puede participar de manera básica, mientras que un usuario con una reputación elevada adquiere privilegios significativos —como la capacidad de editar las publicaciones de otros, votar para cerrar o reabrir preguntas y/o acceder a herramientas de moderación avanzadas—.

Stack Exchange nos muestra de forma elegante que los intereses individuales se pueden alinear, en búsqueda de fines comunes —en su caso: respuestas acertadas—, más cuando, para ganar influencia y estatus —reputación—, un miembro debe contribuir de manera constructiva y precisa, mejorando así la calidad del recurso común —la base de conocimiento—. De esta manera, el poder de gobernanza se distribuye entre los miembros más competentes y confiables, que, esperablemente, son quienes tienen un interés creado en preservar la integridad del sistema, siendo un modelo de meritocracia distribuida que permite una moderación a gran escala y de alta calidad con costos económicos mínimos, demostrando una solución eficiente al problema de la gestión de los comunes digitales.

Al leer este apartado, puede que alguno diga que el fin es “tener poder” sobre otros, y puede que sea así, nadie lo niega, pero el punto es que, si ha de ser así, el poder se distribuye entre aquellos más interesados en mantener el sistema sano, y además cuenta con incentivos para ello. La pregunta es, entonces, ¿Preferimos un sistema de gobernanza que incentive a las personas a actuar moralmente, alineada con los intereses de sus comunes, o uno donde los moderadores pueden abusar de su poder, sin tener competencia alguna con otros, y, por si fuera poco, ha de esperarse cierta cantidad de tiempo para desalojarlos de allí —si es que acaso se dejan desalojarse—? Creo que la respuesta es lógica.

Resolución de disputas y aplicación de normas: la justicia descentralizada

Asimismo, en el mundo digital nos encontramos con plataformas en las que las comunidades, conformada por personas que tienen fines distintos, pero aún así se coordinan con otros, aún sin saberlo[4], han desarrollado estructuras cuasi-judiciales internas que operan con notable formalidad, con el fin de resolver conflictos y hacer cumplir sus normas de manera percibida como justa y legítima, manteniendo la viabilidad a largo plazo de la plataforma —todo ello es un sistema de gobernanza—.

Un ejemplo de ello es Wikipedia, la enciclopedia colaborativa que todos conocemos, pero muchos ignoran que tiene uno de los sistemas de resolución de disputas más evolucionados en la internet. Dada la naturaleza del proyecto, los conflictos editoriales son inevitables, pero, para gestionarlos, la comunidad ha establecido un proceso escalonado en el que el primer paso es siempre el diálogo directo en las páginas de discusión de los artículos, buscando el consenso. Si lo anterior falla, entonces los editores pueden recurrir a mecanismos más formales, como la solicitud de comentarios —Request for Comment, RfC— para recabar la opinión de la comunidad en general, o la mediación a través de foros específicos. Y para los casos de conflicto más graves o la mala conducta persistente de un usuario, existe un “Comité de Arbitraje”, que es un cuerpo en el que sus miembros son elegidos periódicamente por la comunidad de editores y funciona como la instancia judicial de última instancia de Wikipedia.

En lo que respecta al Comité de Arbitraje, el mismo funciona como un tribunal, pues, analiza las pruebas presentadas por las partes y emite decisiones vinculantes, que pueden incluir desde amonestaciones y restricciones temáticas hasta la prohibición total de participación en el proyecto. Así, el comité se convierte en un ejemplo de poder basado en el consentimiento, porque es de allí que recibe su autoridad para gestionar conflictos. El mismo, no posee medios coercitivos para imponer sus fallos, sino que su poder surge exclusivamente del respeto y la legitimidad que la comunidad en su conjunto le confiere, motivada por el objetivo compartido de proteger la integridad del proyecto.

De los comunes de Ostrom al código: el éxito de las instituciones

Lo explicado hasta el momento, junto con sus ejemplos, pasa desapercibido, pero muestra que las instituciones exitosas, que, al final, llegan para gestionar de forma sostenible los recursos de uso común, enmarcando la conducta, así como organizaciones exitosas, dependen de límites claramente definidos, la congruencia entre las reglas y las condiciones locales, acuerdos de elección entre los miembros que conforman la comunidad, el automonitoreo —los propios miembros se autorregulan y ayudan a regular a otros—, y las sanciones graduadas —en respuesta a contextos específicos y que se enmarcan en mecanismos de resolución de conflictos—. A ello se suma el reconocimiento mínimo de los derechos de organización —que, aunque a menudo dependen de una plataforma corporativa, las comunidades gozan de un grado de autonomía para autogobernarse—, y el hecho de que, sobre todo si la plataforma es demasiado grande, la gobernanza se organizada en múltiples capas, desde lo local a lo global.

Todos estos puntos mencionados conducen al concepto de “gobernanza policéntrica”, donde múltiples centros de toma de decisiones semiautónomos coexisten e interactúan para gestionar un sistema complejo que no da espacios para el caos ni el poder concentrado, sino que es una red policéntrica donde la autoridad se distribuye y se superpone, manteniendo la integridad del sistema. Otro ejemplo de ello son los proyectos de software de código abierto (OSS), como kernel de Linux o el ecosistema de Apache, que se desarrollan y mantienen gracias a la colaboración de miles de desarrolladores voluntarios distribuidos globalmente. Si bien, la gobernanza en estos proyectos a menudo se basa en una meritocracia técnica, donde la influencia se correlaciona con la calidad y cantidad de las contribuciones de código, pero las decisiones se toman a través de procesos deliberativos y sistemas de control, donde las solicitudes de cambios —en inglés: pull request— funcionan como propuestas legislativas que son debatidas, revisadas y finalmente aceptadas o rechazadas por los interesados en mantener el proyecto. En este sentido, existen licencias de software (ej. GPL, MIT) que actúan como constituciones fundacionales que establecen los derechos y obligaciones básicos de todos los participantes.

En este punto, cabe la pregunta: ¿Podría la sociedad tener sistemas de gobernanza como estos? ¿Podríamos dejar el modelo rígido, estático, lento, burocrático, que por naturaleza es el Estatal, donde el poder está concentrado —irrelevantemente de si la separación de poderes no fuera una ficción, porque, en última instancia, son “poderes del Estado”, que “conforman el Estado”, por lo cual son en sí mismos “el Estado”—, para pasar a sistemas de gobiernos policéntricos que respondan mejor al orden extenso, por naturaleza complejo, de la sociedad? Yo creo que sí.

El potencial de estos sistemas —entre muchos otros, porque podríamos hablar de de juegos MMORPG, de Organizaciones Descentralizadas Autónomas (DAOs, en inglés), comunidades de modding de videojuegos, Blockchain, o plataformas como Figsare o ResearchGate, en donde los científicos comparten datos y publicaciones de forma anárquica, sin perder la calidad científica—, demuestran empíricamente que la organización social a gran escala es posible sin una autoridad centralizada y coercitiva. Todas ellas, en sus diferentes campos, ofrecen pruebas para la innovación en mecanismos de deliberación, votación y reputación que podrían ser adaptados a otros contextos a nivel macro. Si ello no a avanzado hacia ese nivel es porque la misma regulación estatal, sumado al desconocimiento de la gente y la servidumbre voluntaria, no lo han permitido.

Conclusiones: de lo digital a la sociedad con un sistema policéntrico de gobernanza

De este modo, las comunidades en línea, lejos de ser espacios anómicos, es decir, sin leyes, se han revelado como prolíficos laboratorios para la experimentación en gobernanza voluntaria, esto es: anarquía, bien entendida, gracias a la creación endógena de reglas, sistemas de reputación y mecanismos de resolución de disputas que contribuyen al orden social funcional, adaptativo, dentro de la red, fundamentado en el consentimiento.

Los casos de Wikipedia, Reddit, Stack Exchange y el software de código abierto, entre otros, ilustran la viabilidad de modelos de gobernanza meritocráticos, distribuidos y policéntricos, proporcionando una validación empírica a las teorías Hayek y, en general, de la Escuela Austriaca de Economía, en donde la sociedad, en cuanto sistema complejo —que es lo que se sostiene desde el Creativismo Filosófico, apelando a la filosofía de sistemas y de procesos—, produce mecanismos para enmarcar la conducta humana y, con ello, se mantengan las bases del proceso civilizatorio, desafiando la presunción de que la gobernanza efectiva requiere ineludiblemente la centralización del poder y la coerción estatal.

Por tanto, nos vemos en la obligación de considerar seriamente el potencial de la autorregulación y la organización voluntaria como un paradigma legítimo y poderoso para la coordinación social en el siglo XXI, más cuando parecemos dirigirnos como sociedad al totalitarismo, porque los Estados del mundo quieren, cada vez más, incidir en nuestra vida, socavando nuestra privacidad en la internet, destruyendo con las bases de la Democracia, y, en suma, abusando de su poder para someter a cuentos ciudadanos consideren para alcanzar lo que los mismos miembros del estado consideran: “el bien común”.

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[1] Ver: Friedrich Hayek. La fatal arrogancia: los errores del socialismo. Publicado por Unión Editorial. Capítulo III: “La evolución del mercado, el comercio y la civilización”. También, ver: Friedrich Hayek. Los fundamentos de la libertad. Publicado por Unión Editorial. Capítulo II: “El poder creador de la civilización libre”, Capítulo IV: “Libertad, razón y tradición”, Capítulo X: “Las leyes, los mandatos y el orden social” y Capítulo XI: “La evolución del Estado de Derecho”.

[2] Ethos refiere al conjunto de modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad.

[3] Jesús Huerta de Soto. 2005. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Publicado por Unión Editorial. Al respecto, el autor dice que el mal del racionalismo exagerado, ese en el que se cree que se tiene la sabiduría para controlar a la sociedad —la fatal arrogancia de la que habla Hayek—, que es el pensamiento que sostiene al Estado, hace que el mismo se rebelen, “como Keynes, Rousseau y tantos otros, contra las instituciones, hábitos y comportamientos que hacen posible el orden social, los cuales, por definición, no pueden ser completamente racionalizados, y a los que se califica irresponsablemente de «represivas e inhibitorias tradiciones sociales». El paradójico resultado de esta «deificación» de la razón humana no es otro que eliminar los principios morales, normas y pautas de conducta que hicieron posible la evolución de la civilización, arrojando indefectiblemente al hombre, falto de tan vitales guías y referencias de actuación, a sus más atávicas y primitivas pasiones.” (pág. 131).

[4] Ver el ejemplo del monigote de Jesús Huerta de Soto en ibidem, págs. 52-86.

¿Para qué votar si al final nada cambia? ¿Para qué involucrarse en los asuntos de la comunidad si las decisiones importantes se toman en despachos lejanos, por personas a las que nunca conoceremos? Estas preguntas, que resuenan cada vez con más fuerza en las conversaciones cotidianas y se reflejan en las crecientes tasas de abstención electoral de muchas democracias consolidadas, no son meros síntomas de cinismo, más bien son el eco de una queja profunda que adolece el sistema que tanto nos ha costado construir: la Democracia, una fatigada.

Tradicionalmente, entendemos la Democracia como el derecho a elegir a nuestros gobernantes, en un escenario de cultura de participación activa, donde los ciudadanos son los protagonistas de su destino colectivo, o al menos así lo venden. Sin embargo, este ensayo argumenta que la expansión desmedida del Estado y su intervención en casi todos los aspectos de la vida, lejos de fortalecer la Democracia, puede estar generando precisamente una fatiga cívica, es decir, que el ciudadano opte por no inmiscuirse en los asuntos públicos y, en casos extremos, hasta se olvide del sentido de comunidad con sus más cercanos.

La paradoja de nuestro tiempo es que, en el afán de crear un Estado que nos proteja y solucione todos nuestros problemas, de hecho, estamos debilitando la voluntad ciudadana para gobernarse a sí misma, demostrando, de esta manera, que no es que la Democracia esté condenada a fallar por sí misma, sino que el exceso de un tipo de régimen la asfixia lentamente: la hipertrofia del Estado.

El Estado omnipresente: cuando la solución se vuelve parte del problema

Para comprender esta dinámica, es crucial definir qué entendemos por “hipertrofia de Estado”. En principio, no se trata simplemente de una cuestión de tamaño presupuestario o de número de funcionarios públicos, sino de su alcance. Un Estado se vuelve excesivo, gigante, cuando trasciende sus funciones esenciales —que, si partimos de un pensamiento más minarquista, es: garantizar la seguridad, impartir justicia y proteger los derechos fundamentales— para convertirse en el gestor principal, y a menudo exclusivo, de la economía, la educación, la salud, el bienestar social e incluso de las decisiones más íntimas de la vida cotidiana, actuando bajo la premisa de ser una entidad omnisciente y benevolente, cuya intervención es necesaria para corregir cualquier imperfección de la sociedad —con la retorica de que es para el mismo bien de la sociedad, el “bien común”—.

Esta omnipresencia e hipertrofia se manifiesta en una abrumadora centralización de las decisiones, es decir, cuando el poder para regular, financiar y administrar se concentra en aparatos burocráticos centrales que reduce drásticamente el espacio para la iniciativa individual y la autoorganización comunitaria, dejando en manos de los políticos el destino de millones de personas. Sin embargo, si el Estado “lo resuelve todo” o, más precisamente, “lo regula todo” —como les gusta a los socialistas—, la pregunta lógica que emerge en la mente del ciudadano es: ¿Para qué debo involucrarme? Esto es: que cuando el Estado es grande, la necesidad de asumir responsabilidades a nivel local o personal disminuye, ya que existe una entidad superior encargada de ello —o que dice encargarse—, por lo que el resultado es una ciudadanía que aprende a esperar en lugar de actuar, a solicitar en lugar de crear, en suma, a no ser proactiva a la hora de solucionar sus mismos problemas —por más pequeños que sean en muchos casos—.

Podemos ilustrar este fenómeno con ejemplos claros y concretos: en la economía, una regulación excesiva, a menudo justificada por la protección del consumidor o la estabilidad del mercado, puede convertirse en una barrera insalvable para la pequeña empresa y el emprendimiento, pues la maraña de permisos, licencias e inspecciones no solo consume tiempo y recursos que podrían destinarse a la innovación, sino que disuade a muchos de siquiera intentarlo. De este modo, el ciudadano no percibe al Estado como un árbitro justo, sino como un guardián burocrático que sofoca la iniciativa y, con ello, la capacidad de la sociedad para generar riqueza y empleo de forma orgánica. ¿El resultado? La responsabilidad de la prosperidad se traslada íntegramente a las políticas gubernamentales.

Pero vayamos ahora a lo cotidiano, a la comunidad: donde vivo, por ejemplo, extremadamente muy pocos vecinos —menos del 2% de una población de 500 casas, donde hay, en promedio, 3 personas por cada una— se preocupan por arreglar el problema de alcantarillado, porque esperan que el Estado venga a solucionarlo, a pesar de que han pasado meses sin respuesta y de que, como estamos en época de lluvia, la calle de desborda casi todos los días. Y estoy segura que podemos encontrar muchos casos como estos en muchos lugares donde el Estado medie todas las interacciones humanas.

Esto ilustra como un Estado, que dice ser muchas veces “de Bienestar”, que pretende cubrir cada contingencia de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, puede, sin quererlo —o a veces queriendo, no subestimemos las ansias de poder de muchos políticos—, erosionar las redes de apoyo naturales, como es el caso de la caridad, la ayuda mutua y la filantropía, que históricamente fueron pilares de la cohesión comunitaria, y que se ven opacadas o sustituidas por programas estatales impersonales. Si nos detenemos un poco y observamos a las personas en nuestra cotidianidad, veremos cómo diariamente, por solo mencionar un ejemplo, la responsabilidad por el vecino en apuros se delega a una agencia gubernamental, transformando un acto de solidaridad voluntaria en una obligación fiscal anónima. Así, la comunidad deja de ser una red de apoyo mutuo para convertirse en una colección de individuos que dirigen sus demandas hacia el mismo proveedor central: el Estado.

La erosión de la responsabilidad y la iniciativa cívica

Como ya mencionamos, el modelo de Estado omnipresente tiene una consecuencia psicológica y social devastadora: la erosión sistemática de la responsabilidad individual y la iniciativa cívica, puesto que, a medida que el gobierno asume más y más funciones, los ciudadanos son sutilmente reeducados para delegar sus responsabilidades. De esta manera, los problemas que antes se consideraban del ámbito personal, familiar o comunitario —la educación de los hijos, el cuidado de los ancianos, la seguridad del barrio— pasan a ser percibidos como “problemas del Estado”. En resumen, el ciudadano deja de ser un agente activo, un protagonista de su propia vida y la de su comunidad, y pasa a ser un cliente pasivo, un receptor de servicios, un mero espectador de las políticas públicas.

Esta delegación genera una profunda desconexión entre el esfuerzo individual y el resultado colectivo, deja de haber sentido de pertenencia, lo cual lleva a que, cuando surja un problema social, como el deterioro de un espacio público, la respuesta instintiva ya no es “organicémonos para solucionarlo”, sino “exijamos al gobierno que actúe”. Como el ciudadano paga sus impuestos y emite su voto, cree que todo acaba allí, sin reparar en que el vínculo directo entre su contribución y la mejora tangible de su entorno se vuelve opaco y distante en un régimen de Estado centralizado, dominado por un grupo pequeño que, por lo general, se encuentra muy distante de los problemas de la mayoría.

En este punto, se hace necesario recordar que el proceso burocrático es lento, impersonal y, a menudo, frustrante, y, junto a la falta de retroalimentación positiva, aniquila la motivación para participar. Por ello, el libertario debe velar por fortalecer a la comunidades, construir las cosas de abajo hacia arriba, porque una comunidad que se organiza para limpiar un parque o crear una biblioteca local, más que generar un impacto social y un sentido de logro que ninguna acción gubernamental puede replicar, demuestra cuan fuerte es su sociedad, fundamentada en la libre interacción entre sus miembros, unos que cooperan y se coordinan para solucionar problemas comunes. Entendiendo esto, entonces, podemos comprender que, cuando se priva a las personas de estas oportunidades, por extensión se les priva también de los músculos de la ciudadanía.

La Democracia como espectáculo

No obstante, cuando la ciudadanía activa se retrae, puede que la Democracia no desaparezca del todo —ya dependerá de la concepción que tenga cada uno sobre el término—, pero sin duda alguna se transforma en algo muy distinto: un espectáculo, porque la participación se reduce a su mínima expresión, convirtiendo el voto en un acto cada vez más pasivo y ritualista. En lugar de ser la culminación de un proceso de deliberación e implicación continua sobre asuntos públicos, las elecciones se convierten en un acto esporádico de adhesión o de protesta, sin repercusión significativa alguna para un cambio.

En un escenario así, los ciudadanos no eligen a representantes para que ejecuten una voluntad común que ellos mismos han ayudado a formar, sino que escogen a la figura o al partido que promete ser el “gestor” más eficiente de la enorme maquinaria estatal. Es decir, se vota por quien administrará mejor nuestras vidas desde arriba, no por quien nos facilitará las herramientas para administrarlas nosotros mismos desde abajo, convirtiendo a la política en un producto de consumo, y a los ciudadanos en meros espectadores que aplauden o abuchean desde la grada.

Asimismo, otra de las consecuencias más peligrosas de este modelo es la intensificación de la polarización y el tribalismo, porque cuando el Estado concentra un poder tan inmenso sobre los recursos, la economía y la vida social, el control del gobierno se convierte en el premio máximo, en un juego de suma cero en el que ganar una elección ya no significa simplemente tener la oportunidad de implementar un programa político, sino obtener el poder de moldear la sociedad entera a imagen y semejanza de la propia ideología, sin contrapeso ciudadano alguno. En este contexto, la facción contraria —la “oposición”— ya no es vista como un adversario con ideas diferentes con quien se puede convivir en un marco de libertad, sino como una amenaza existencial que, si alcanza el poder, utilizará el aparato estatal para imponer su visión y sus valores sobre todos los demás.

En última instancia, la política deja de ser un debate sobre cómo administrar lo común para convertirse en una guerra cultural por el control total, y las personas comienzan a pelear por ver quien puede hacerse con dicho poder, sea de forma directa o indirecta —aprovechando los amigos que sí tienen capacidad de decisión o incidencia—, siendo una confrontación por el control del Estado que absorbe toda la energía cívica, dejando poco espacio para la cooperación y el consenso.

Tan solo vea las discusiones y/o debates de los políticos, o quienes pretenden serlo: el foco de todas ellas, en gran medida —si acaso no por completo— se centra casi exclusivamente en lo que el gobierno hace, deja de hacer o debería hacer; el progreso y el bienestar se miden en términos de gasto público, nuevas regulaciones o programas estatales, distorsionando por completo la noción de una sociedad próspera. Todo, menos fijar la vista en las ideas de libertad, en que la verdadera riqueza se crea a través de la innovación empresarial, la cooperación voluntaria, la fortaleza de las familias y la vitalidad de las comunidades locales.

Hacia una sociedad con alta y fortalecida participación cívica

En conclusión, la tesis es clara y preocupante: el crecimiento desmedido del alcance estatal, aunque a menudo bien intencionado, provoca una peligrosa fatiga democrática, fomenta la pasividad, erosiona la responsabilidad individual, desconecta al ciudadano de los resultados y convierte la política en una batalla campal por el control de un poder centralizado. Es necesario entender que la apatía y el cinismo no surgen de la nada, más bien son respuestas lógicas a un sistema que relega al ciudadano al papel de espectador de su propia vida y sus propios problemas

La solución, por tanto, no puede encontrarse en más intervención estatal o en programas diseñados desde arriba para “fomentar la participación”, porque hacerlo es como intentar apagar un fuego con gasolina, sino que debe pasar por una reconsideración fundamental del papel del Estado, donde se reduzca su alcance y se devuelva el poder y responsabilidad a los individuos, las familias y las comunidades locales. En suma, se trata de aplicar el principio de subsidiariedad, a saber: que los problemas se resuelvan al nivel más bajo y cercano al ciudadano posible. Esto no implica necesariamente la aniquilación del Estado, sino su reubicación en lo que algunos consideran su justo y limitado lugar: como garante de la libertad, no como administrador de la vida —aunque los anarcocapitalistas sostendrían que para todo ello habría que eliminar el Estado por completo; pero eso es otro debate que aquí no compete—.

La tarea es monumental, porque requiere un cambio de paradigma tanto en gobernantes como en gobernados. En nuestro caso, los comunes, los civiles, quienes no pertenecemos a la alta jerarquía de la estructura estatal, comprender este asunto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿Hemos delegado en el Estado, probablemente muy grande, nuestras responsabilidades, al punto en el que ahora nos está privando del oxígeno necesario para ser ciudadanos libres y responsables? Es para reflexionar. Por otro lado, y probablemente tocando un punto más profundo, cabe preguntarse: ¿Es posible mantener una Democracia vibrante cuando el Estado absorbe cada vez más facetas de nuestra existencia, dejándonos sin nada propio que construir, defender y amar? La respuesta que demos a esta pregunta definirá la salud de nuestras democracias en el siglo XXI, una salud que, a mi juicio, es paupérrima, pero aún así deja espacio al debate.