OVP denunció muerte de dos reos por problemas de salud en cárceles de Miranda

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes, el fallecimiento de dos presos en las cárceles de El Rodeo II y El Rodeo IV (Miranda), como consecuencia de “cuadros graves de salud”, y bajo custodia del narcorégimen chavista interino.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien, de acuerdo con la información conocida por el OVP, padecía meningitis bacteriana. Actualmente, este penal alberga a más de mil reclusos, pese a estar diseñado originalmente para una población aproximada de 500 personas.

Mientras, en el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo penal, donde permanecen recluidas más de 950 personas, Deivi Enrique García también falleció por motivos de salud el pasado 20 de abril.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde, puesto que la obligación del Estado no comienza cuando un preso llega a una emergencia, sino con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno”, advirtió la ONG en una nota de prensa difundida en su página web.

El OVP advirtió que, en un contexto de sobrepoblación, una enfermedad transmisible como la meningitis bacteriana representa un riesgo para el resto de los reclusos y requiere mecanismos adecuados de prevención, vigilancia y control epidemiológico.

Igualmente, la ONG cuestionó la falta de información pública sobre Rodeo IV, incluida su capacidad instalada y datos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos disponibles y muertes bajo custodia del Gobierno interino.

Las nuevas muertes se producen mientras el interinato chavista anunció que trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y promover mejoras en el sistema penitenciario.

El OVP consideró positiva la participación de un organismo internacional especializado, pero pidió que cualquier visita permita conocer las condiciones reales de las cárceles y no se limite a establecimientos o espacios previamente seleccionados por las autoridades.

La organización también solicitó que el CICR tenga acceso a información sobre muertes bajo custodia, enfermedades, desnutrición, falta de medicamentos, hacinamiento y atención médica, además de poder escuchar de manera confidencial a las personas privadas de libertad.

ONG y PUD confirman entre 81 y 105 liberaciones de rehenes

Caracas. – Entre 81 y 105 excarcelaciones han confirmados las ONG y una organización política que siguen de cerca el proceso de liberaciones de rehenes políticos anunciado por el narcorégimen interino chavista desde el pasado viernes.

Si bien, ambos conteos distan todavía de las 131 liberaciones prometidas por la cúpula criminal controlada por Delcy Rodríguez. Mientras que Foro Penal han verificado la liberación de 81 secuestrados bajo medidas cautelares, incluyendo a cinco militares desde Ramo Verde, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabiliza hasta este miércoles 105 excarcelaciones.

Foro Penal verificó que las excarcelaciones se desarrollan de manera paulatina desde centros como El Rodeo I, Yare II y Ramo Verde. Igualmente, la ONG reportó que, entre los casos recientes confirmados, figuran cinco militares: el mayor César Alejandro Girón Contreras, y los sargentos Johandri Alberto Aguilar Leal, Jhorman Enrique Jiménez, Jhonson Enrique García y Edwin José Noguera. Aunque no actualiza su cifra, Foro Penal advirtió que siguen verificando liberaciones.

En tanto, el conteo de la PUD es hasta el mediodía de este miércoles, según detalló en su cuenta de X, en la que también exigió “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”.

A juicio de esta instancia política, para lograr la libertad de todos los rehenes políticos “solo se necesita voluntad política” y “nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas”, según su propio conteo.

De acuerdo con el reporte, hasta el momento se han documentado 985 personas liberadas desde el 8 de enero de 2026. Sin embargo, aún permanecen privados de libertad más de 455 presos políticos. La organización acompañó la actualización con una lista detallada de los liberados y un gráfico que destaca la cifra pendiente.

El seguimiento de la PUD se enmarca en el chequeo permanente que realiza la «oposición», a la situación de las personas que considera raptadas por motivos políticos en Venezuela. La Plataforma Unitaria mantiene el llamado bajo el hashtag #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos.

Familiares de rehenes políticos pidieron a Dinorah Figuera ser incluidos en el diálogo

Caracas. – La presidente de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Dinorah Figuera, sostuvo este martes un encuentro con familiares de rehenes políticos y ex detenidos, quienes le entregaron una comunicación formal para pedir que la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, sea incorporada a la mesa de diálogo con el narcorégimen chavista interino.

En la reunión estuvieron presentes los parlamentarios Ramón López y Jorge Millán, quienes recibieron a Verushcka Silva de Guevara, esposa del preso político Otoniel Guevara. Silva también planteó la situación de Rolando y Juan Guevara, quienes, junto con Otoniel, acumulan más de 21 años en prisión.

En el encuentro también participaron los ex presos políticos y diputados Américo De Grazia, Ángel Aristimuño y Roberto Marrero.

El encuentro ocurre justo cuando se dan las conversaciones entre la ya vencida AN de 2015 y el narcochavismo, representado por Jorge Rodríguez, desde el 18 de junio y, desde el 1 de agosto, tienen una agenda centrada en el fortalecimiento institucional, el sistema electoral y las garantías de participación política.

Los familiares ya habían advertido públicamente en julio que la liberación de los rehenes debía ser prioritaria.

Ahora, formalizaron esa exigencia ante una de las partes del proceso. La petición no es nueva ni aislada: forma parte de un reclamo reiterado por organizaciones de derechos humanos y por las propias familias, que denuncian retardos procesales, condiciones de reclusión y casos de larga data que no han sido resueltos.

La petición de los familiares recibidos ahora por Figuera busca llevar formalmente esa demanda ante uno de los sectores que participa en el proceso.

Durante el encuentro, Figuera ratificó su compromiso con la libertad y la democracia y señaló que una muestra de ello es que dos integrantes de la comisión, Macario González y Marco Bozo, son ex rehenes de la tiranía chavista.

Senadores demócratas exigen a Marco Rubio informar sobre violaciones de DD. HH. del narcorégimen interino

Caracas. – Dos senadores del partido demócrata en EE. UU. pidieron este pasado lunes al secretario de Estado, Marco Rubio, compartir una evaluación sobre las violaciones de DD. HH. en Venezuela durante la gestión de la encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez.

Se trata de Catherine Cortez Masto y Adam Schiff, quienes enviaron una carta a Rubio instando a la institución a reafirmar la política de seguimiento a las denuncias sobre libertades fundamentales en Venezuela, y a mantener los mecanismos de concertación con las autoridades para evitar abusos de poder.

«Instamos al Departamento de Estado a reafirmar su compromiso con la práctica, mantenida durante largo tiempo, de denunciar las violaciones de DD. HH. cometidas por el régimen venezolano y de ejercer presión sobre sus funcionarios para poner fin a tales abusos», escribieron los senadores en su misiva.

Además de mostrar su preocupación «ante las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela», también solicitan que el Departamento de Estado se comprometa a prevenir nuevos abusos.

Los senadores aseguran que los abusos que se produjeron «durante el mandato del expresidente Nicolás Maduro, no han disminuido a pesar de la significativa intervención y el control que el Gobierno de los EE. UU. ejerce sobre los asuntos venezolanos, ni tras la sustitución de Maduro por la presidente interina Delcy Rodríguez».

Los legisladores anuncian que el Congreso seguirá ejerciendo su labor de control y supervisión sobre las “iniciativas de la Administración para apoyar al régimen de Rodríguez” y que, si el Departamento de Estado se negara a abordar las violaciones de derechos humanos, considerarán “utilizar todos los mecanismos disponibles para exigir dicho informe, incluida la Sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior”, la cual prohíbe otorgar apoyo a gobiernos que mantengan un “patrón consistente de violaciones graves” de derechos humanos.

Rehenes políticos de Operación Gedeón están en huelga de hambre por torturas y tratos crueles

Caracas. – Seis días en huelga de hambre tienen ya un grupo de 15 rehenes políticos vinculados con la Operación Gedeón, debido a las brutales torturas, tratos crueles y un grave deterioro físico y psicológico que sufren en el Fuerte Guaicaipuro (Cenapromil) de Miranda.

Las víctimas exigen respeto a sus derechos fundamentales y denunciar el incumplimiento de promesas sobre posibles excarcelaciones. Sus familiares aseguran que no saben nada de ellos y piden a las autoridades que respondan a sus exigencias.

La protesta tiene como fin llamar la atención del ilegítimo ministro chavista de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, ya que detallan que siguen sometidos a torturas y tratos crueles. Además, varios de los militares presos en este lugar ya cumplieron la pena, pero continúan injustamente tras las rejas.

Jessica Castro, familiar del preso político civil Gustavo Hernández, oriundo de Caracas, exigió la libertad inmediata de todos estos rehenes, y explicó las condiciones en las que viven las víctimas en el Fuerte Guaicaipuro.

El calvario de las familias se agudizó tras el traslado arbitrario desde la sede del SEBIN en El Helicoide hacia ese centro de tortura. Según los familiares, cuando las unidades oficiales trasladaban a los prisioneros, ellos intentaron seguir las caravanas, pero les fue imposible al quedar retenidos en las vías por los bloqueos de seguridad.

«No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos”, dijo Castro.

También contó que permanecieron en condiciones sanitarias extremas, pues pasaron tres meses sin bañarse ni cepillarse los dientes, ocasionando la pérdida de piezas dentales y dolores bucales. Enfatizó que también les vulneraron sus derechos al recibir agua contaminada, ya que solo les permitían un solo recipiente de agua por celda (para 3 o 4 personas) que debía durar toda la semana. “El agua tenía larvas y moscas. Debían esperar a que se asentara para poder beberla, bañarse o lavar la ropa”, denunció.

Para el día que les dieron la fe de vida, sus familiares evidenciaron secuelas psicológicas. Estaban desorientados, temblaban y no podían sostener la cucharilla con la que comían. Jesica Castro reconoce que han visto algunos cambios con la nueva dirección, debido a que les han permitido el ingreso de almuerzos y alimentos.

Otro familiar, quien prefirió el anonimato para evitar represalias, confirmó la huelga de hambre: «Sí, es correcto; mañana cumplen una semana en huelga. Hay aproximadamente 15 de ellos en huelga de hambre exigiendo sus derechos”, señaló la fuente.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, también confirmó la situación a través de un contacto telefónico. “Entendemos que varios de los encarcelados por el caso Gedeón han iniciado una huelga de hambre. Estamos evaluando la situación y acompañando su protesta y asistiendo a sus familiares”, dijo.

Narcorégimen y «oposición» continuarán el diálogo en sesión permanente hasta el 12 de agosto

Caracas. – La nueva mesa de diálogo instalada este jueves 5 de agosto, integrada por representantes del narcorégimen chavista interino e integrantes de la ilegitima Asamblea Nacional de 2015, se declaró en sesión permanente hasta el próximo miércoles 12 de agosto cuando se definirá la continuidad de la plenaria.

«Se ha iniciado el proceso de conversaciones entre la Delegación del Gobierno Nacional y la Delegación de la Asamblea Nacional de 2015, con la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso», indicó un comunicado emitido por ambas partes.

El texto indica que el primer ciclo de trabajo se llevará a cabo en sesión permanente hasta el próximo 12 de agosto, fecha en la que las partes evaluarán la continuidad de la plenaria conforme a los avances alcanzados.

«En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas», agrega el documento.

Durante la reunión inaugural ambas delegaciones aprobaron la metodología que regirá las conversaciones, definieron los ciclos de trabajo y ratificaron la agenda temática que será abordada durante el proceso.

«Se ha iniciado el proceso de conversaciones entre la Delegación del Gobierno Nacional y la Delegación de la Asamblea Nacional de 2015, con la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso», señaló inicialmente el comunicado.

Asimismo, las delegaciones informaron que el proceso estará fundamentado en una serie de principios orientados a generar confianza y garantizar el desarrollo de una negociación política.

Entre ellos destacan el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la búsqueda de soluciones políticas, pacíficas, democráticas y constitucionales, el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes, la igualdad política y el trato paritario en la mesa de conversaciones.

También añadieron, que «se acordó informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones», aunque en el encuentro de este jueves no se permitió el acceso a la prensa.

Denunciaron ante CIDH que Delcy Rodríguez consolidó un «sistema de gobernanza criminal»

Caracas. – Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este pasado miércoles, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el interinato chavista liderado por Delcy Rodríguez, ha consolidado un «sistema de gobernanza criminal híbrido» en Venezuela. La acusación formal se presentó durante una audiencia pública enfocada en los impactos ambientales y sociales de las actividades extractivas en el sur del país.

Las ONG SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que no ha habido cambios sustantivos en la gobernanza del territorio desde el 3 de enero y a firmaron que el sistema interino de Delcy Rodríguez “ha permitido la consolidación del sistema de gobernanza criminal híbrido”.

Asimismo, afirmaron que Venezuela se ha convertido en un “playground” para estructuras criminales que ejercen control sobre territorios dedicados a la explotación minera, especialmente en el sur del país.

De acuerdo con un informe de SOS Orinoco, se ha identificado la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en 20 de los 21 municipios, entre ellos el ELN y las FARC, señalados como actores con influencia en las zonas de extracción.

«La evidencia recopilada apunta a un sistema de gobernanza criminal hibrida con un impacto transnacional y transfronterizo», indicó Cristina lisa, fundadora de SOS Orinoco.

Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. fue otro punto denunciado durante la sesión. Las organizaciones advirtieron que las autorizaciones de la OFAC no exigen trazabilidad del mineral, ni verificaciones independientes que garanticen que el oro y otros recursos están libres de conflicto.

“Las licencias otorgadas no obligan a excluir áreas controladas por el ELN, disidencias de las FARC, sindicatos mineros, el Tren de Aragua o estructuras militares, ni incorporan salvaguardas ambientales o requisitos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas”, se lee en la denuncia realizada por la ONG SOS Orinoco.

Las organizaciones señalaron directamente a Delcy Rodríguez. Afirman que ella es responsable de la consolidación de este esquema y que asumir el control del aparato financiero y petrolero ha sido clave para ello. Ademas, supervisa las empresas militares, facilitando el control territorial.

La presencia de estos grupos y la falta de garantías institucionales generan temor. Inversionistas internacionales evitan participar en el sector minero.

El Bolívar se devaluó un 15% en julio y el dólar BCV cerró en Bs 746,62

Caracas. – El bolívar cerró julio de 2026 con una devaluación del 15% frente al dólar estadounidense. La cotización oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) finalizó el mes en 746,62 bolívares por dólar, consolidando la mayor variación intermensual registrada en lo que va del año.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), julio comenzó con un dólar en 633,36 bolívares, por lo que se trata de un incremento del 17,8 % en el mes, lo que encarece productos y servicios debido a que están mayormente cotizados en la moneda estadounidense, aunque el euro ganó terreno como referencia para fijar precios.

En lo que va de 2026, la devaluación del bolívar fue del 59,6% debido a la acelerada subida del precio oficial del dólar, que comenzó el año en 301,37 bolívares, lo que significa que desde entonces aumentó un 147,7 %.

Cabe señalar que Venezuela acumula una inflación del 129,8% hasta junio, cuando los precios se incrementaron un 13,8%, siete puntos y medio más respecto a mayo, según el Banco Central.

De hecho, en lo que va de año, el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez mantiene una política de depreciaciones sostenidas del tipo de cambio. De este modo, el bolívar pierde cada día de manera indetenible parte de su valor frente al dólar en los mercados oficiales.

La pérdida de valor de la moneda venezolana también es aguda si se considera su relación respecto al euro. Esta moneda también es usada como referencia tanto en la política cambiaria oficial como en la calle para tasar ciertos servicios y productos.

En las últimas semanas, el narcorégimen interino ha dejado deslizar la tasa del euro hasta acercarla mucho a la del dólar Binance o dólar paralelo. Al mismo tiempo aumenta con fuerza la oferta de divisas en el mercado oficial vendiendo más a la banca.

Según economistas, se trata de un esfuerzo sostenido por reducir la enorme brecha que había persistido entre el mercado oficial y el paralelo, pero que en realidad ha sido infructuoso.

También, el ajuste responde a presiones adicionales sobre el gasto público derivadas de la emergencia por terremotos recientes. Esto alteró las expectativas del mercado e impulsó al BCV a permitir un deslizamiento más rápido del tipo de cambio oficial para mitigar las distorsiones.

La realidad, es que la cotización del dólar acumula más de una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento de la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios, que han perdido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación.

Informe de ONG alerta sobre presencia de 26 grupos armados al sur de Venezuela

Caracas. – La ONG SOS Orinoco identificó formalmente a 26 Grupos Armados Organizados (GAO) que ejercen un férreo control territorial y económico sobre el sur de Venezuela, advirtiendo en un informe sobre la consolidación de una “gobernanza criminal híbrida” en amplias zonas mineras de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y en el Esequibo.

El estudio, titulado “Grupos Armados Organizados (GAO) en la actividad minera al sur del río Orinoco, Venezuela: situación al 2026”, sostiene que estas organizaciones no solo mantienen el control de la economía del oro y otros minerales, sino que también ejercen influencia sobre la vida cotidiana en las comunidades donde operan, asumiendo funciones que corresponden al Estado.

Según los datos recopilados por la ONG, la presencia de los grupos fue reportada en 20 de los 21 municipios de la cuenca sur del Orinoco, equivalente al 95 % del territorio analizado. El informe señala que los estados Amazonas y Delta Amacuro registran actividad de GAO en la totalidad de sus municipios, mientras que en Bolívar la presencia se documentó en nueve de sus diez municipios.

La investigación identifica al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), incluyendo sus distintas facciones y disidencias, como las organizaciones con mayor alcance territorial. De acuerdo con el documento, ambos grupos tienen presencia en 16 de los 21 municipios evaluados, lo que representa el 76,1 % del total.

El informe también registró la operación de otras estructuras criminales como la Organización 3R, el Sindicato de Juancho y Humbertico, el Tren de Guayana, garimpeiros brasileños, piratas de río, comités indígenas, sindicatos mineros y bandas locales, entre otros actores que, según SOS Orinoco, conforman un ecosistema criminal dedicado al control de la minería y de otras actividades ilícitas.

La ONG señaló que estos grupos financian sus operaciones mediante el cobro de extorsiones, conocidas como “vacunas”, el control de la extracción y comercialización de minerales, así como la imposición de normas de convivencia dentro de las zonas mineras.

Además, afirmó que en algunas comunidades administran mecanismos de “justicia”, regulan actividades económicas e incluso participan en la distribución de alimentos y medicinas o en el pago de salarios de maestros y personal sanitario.

Asimismo, la ONG explicó que el estudio busca actualizar el diagnóstico sobre la presencia de grupos armados en el sur de Venezuela, analizar sus vínculos con redes de corrupción y documentar presuntas violaciones de derechos humanos y territoriales.

Cabe señalar, sin embargo, que es bien sabido que todos estos grupos criminales son apoyados por el narcorégimen que hoy día encabeza Delcy Rodríguez, o al menos así lo era hasta la captura del genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora, con la tutela de EE. UU., queda por ver qué acciones se tomarán en contra de dichos grupos.

TSJ chavista ordena el reinicio de operaciones de la empresa Servicios Halliburton en el país

Caracas. – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del narcorégimen interino ordenó el reinicio de las operaciones productivas de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, de acuerdo con la sentencia número 327 de la Sala Social.

Mediante una medida cautelar, el tribunal restituyó a la empresa el uso de los bienes embargados, por considerar que estos resultan estratégicos para la industria nacional de hidrocarburos.

La decisión publicada por el máximo tribunal del país resaltó que designarán un veedor judicial que será nombrado por la Sala Social, a expensas de la parte demandada, a los fines de constatar el cumplimiento de los extremos de la presente medida cautelar innominada, contando con amplias facultades de revisión, debiendo levantar un inventario judicial de los bienes muebles e inmuebles objeto de embargo e informar periódicamente a esta Sala respecto a la ejecución de esta medida.

Cane recordar que Halliburton suspendió sus operaciones principales en Venezuela el 30 de diciembre de 2020, como consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de EE. UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Tras su salida, se generaron múltiples demandas laborales por parte de exempleados, principalmente por cobro de prestaciones sociales. Estos procesos, tramitados en tribunales del Circuito Judicial Laboral de Cabimas, estado Zulia, derivaron en el embargo de activos de la compañía.

No obstante, ahora, la Sala de Casación Social, integrada por los magistrados Elías Bittar Escalona, Eneida Alexandra Moreno Pérez y Edelio Isabel González Díaz, consideró que los activos de Halliburton tienen carácter estratégico y crítico para la industria de los hidrocarburos y para la reactivación económica del país.

Un tribunal de Ejecución con sede en Cabimas, estado Zulia, fue comisionado por el TSJ para supervisar la entrega de los bienes.