Familiares de rehenes políticos pidieron a Dinorah Figuera ser incluidos en el diálogo

Caracas. – La presidente de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Dinorah Figuera, sostuvo este martes un encuentro con familiares de rehenes políticos y ex detenidos, quienes le entregaron una comunicación formal para pedir que la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, sea incorporada a la mesa de diálogo con el narcorégimen chavista interino.

En la reunión estuvieron presentes los parlamentarios Ramón López y Jorge Millán, quienes recibieron a Verushcka Silva de Guevara, esposa del preso político Otoniel Guevara. Silva también planteó la situación de Rolando y Juan Guevara, quienes, junto con Otoniel, acumulan más de 21 años en prisión.

En el encuentro también participaron los ex presos políticos y diputados Américo De Grazia, Ángel Aristimuño y Roberto Marrero.

El encuentro ocurre justo cuando se dan las conversaciones entre la ya vencida AN de 2015 y el narcochavismo, representado por Jorge Rodríguez, desde el 18 de junio y, desde el 1 de agosto, tienen una agenda centrada en el fortalecimiento institucional, el sistema electoral y las garantías de participación política.

Los familiares ya habían advertido públicamente en julio que la liberación de los rehenes debía ser prioritaria.

Ahora, formalizaron esa exigencia ante una de las partes del proceso. La petición no es nueva ni aislada: forma parte de un reclamo reiterado por organizaciones de derechos humanos y por las propias familias, que denuncian retardos procesales, condiciones de reclusión y casos de larga data que no han sido resueltos.

La petición de los familiares recibidos ahora por Figuera busca llevar formalmente esa demanda ante uno de los sectores que participa en el proceso.

Durante el encuentro, Figuera ratificó su compromiso con la libertad y la democracia y señaló que una muestra de ello es que dos integrantes de la comisión, Macario González y Marco Bozo, son ex rehenes de la tiranía chavista.

Pareja de venezolanos falleció en Pereira a causa del terremoto

Caracas. – Una pareja de venezolanos, Deisi Rodríguez Mejía (39) y su esposo, Darwin González (49), ambos originarios del estado Táchira, falleció este pasado lunes en la ciudad de Pereira durante el terremoto que se registró en Colombia y que afectó tanto a esa localidad como otras zonas de esa nación.

Ambos perecieron al colapsar la vivienda donde se encontraban. Rodríguez y González, oriundos de Ureña y radicados desde hace cinco años en el departamento Risaralda, se encontraban dentro de su vivienda cuando el fuerte terremoto de magnitud 7,4 provocó el colapso total de la edificación de tres plantas.

El impacto provocó el colapso del inmueble y dejó a los dos venezolanos atrapados entre los escombros. La muerte de Rodríguez y González generó consternación entre sus familiares, amigos y allegados en Pedro María Ureña, municipio fronterizo del estado Táchira.

El caso ya es en una de las historias más dolorosas de la emergencia para la comunidad venezolana que reside en Colombia, sobre todo para familiares y allegados de la pareja en la zona fronteriza del Táchira.

Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto. El movimiento provocó daños en viviendas, establecimientos comerciales y otras estructuras, además de crear escenas de pánico entre los habitantes los cuales salieron de sus casas por el temor de nuevos movimientos.

El desastre de igual forma afectó a otras ciudades del centro del país. Los saldos difundidos en el transcurso de la jornada registraron víctimas mortales en Pereira y Manizales, a la vez que los organismos de socorro seguían este martes con las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

Senadores demócratas exigen a Marco Rubio informar sobre violaciones de DD. HH. del narcorégimen interino

Caracas. – Dos senadores del partido demócrata en EE. UU. pidieron este pasado lunes al secretario de Estado, Marco Rubio, compartir una evaluación sobre las violaciones de DD. HH. en Venezuela durante la gestión de la encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez.

Se trata de Catherine Cortez Masto y Adam Schiff, quienes enviaron una carta a Rubio instando a la institución a reafirmar la política de seguimiento a las denuncias sobre libertades fundamentales en Venezuela, y a mantener los mecanismos de concertación con las autoridades para evitar abusos de poder.

«Instamos al Departamento de Estado a reafirmar su compromiso con la práctica, mantenida durante largo tiempo, de denunciar las violaciones de DD. HH. cometidas por el régimen venezolano y de ejercer presión sobre sus funcionarios para poner fin a tales abusos», escribieron los senadores en su misiva.

Además de mostrar su preocupación «ante las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela», también solicitan que el Departamento de Estado se comprometa a prevenir nuevos abusos.

Los senadores aseguran que los abusos que se produjeron «durante el mandato del expresidente Nicolás Maduro, no han disminuido a pesar de la significativa intervención y el control que el Gobierno de los EE. UU. ejerce sobre los asuntos venezolanos, ni tras la sustitución de Maduro por la presidente interina Delcy Rodríguez».

Los legisladores anuncian que el Congreso seguirá ejerciendo su labor de control y supervisión sobre las “iniciativas de la Administración para apoyar al régimen de Rodríguez” y que, si el Departamento de Estado se negara a abordar las violaciones de derechos humanos, considerarán “utilizar todos los mecanismos disponibles para exigir dicho informe, incluida la Sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior”, la cual prohíbe otorgar apoyo a gobiernos que mantengan un “patrón consistente de violaciones graves” de derechos humanos.

Cifra de fallecidos por terremotos del 24-J aumentó a 6.301

Caracas. – A 6.301 aumentó el número de fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes, en una actualización que agregó 176 víctimas fatales al reporte anterior y volvió a poner el foco sobre la magnitud de la emergencia abierta desde el 24 de junio.

De acuerdo con la información publicada en redes sociales por el jerarca chavista Jorge Rodríguez, un total de 73.356 personas han sido atendidas en hospitales como parte de la respuesta desplegada tras la emergencia.

El balance también señala que 53.314 viviendas han sido evaluadas, de las cuales 31.336 son consideradas habitables, mientras que 12.411 presentan restricciones y 9.567 fueron clasificadas como viviendas de alto riesgo.

En materia habitacional, el reporte indica que 287 viviendas han sido entregadas hasta la fecha.

Asimismo, se precisó que —supuestamente— se han recogido 483.525,41 toneladas de escombros, cifra que representa un 23,26% del total previsto en las labores de reconstrucción.

El aumento del número de fallecidos coincidió con un nuevo llamado técnico para revisar las reglas de construcción en el país. El Colegio de Ingenieros de Venezuela planteó este lunes la necesidad de actualizar las normas sismorresistentes y de revisar la planificación urbana. Su presidente, Enzo Betancourt, propuso crear una “Comisión Nacional Sismorresistente” que asuma la evaluación de los colapsos y publique diagnósticos sobre lo ocurrido.

En la nota difundida por esa organización, Betancourt sostuvo que esa instancia debería emitir “informes públicos sobre las causas de los colapsos” y también formular recomendaciones para reforzar la normativa vigente.

Pero la propuesta también añade otra tarea: revisar leyes de ordenamiento urbano, así como criterios de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificios e infraestructura.

Cabe recordar que la última actualización de las normas sismorresistentes venezolanas se realizó en 2019, según la propia agremiación.

Rehenes políticos de Operación Gedeón están en huelga de hambre por torturas y tratos crueles

Caracas. – Seis días en huelga de hambre tienen ya un grupo de 15 rehenes políticos vinculados con la Operación Gedeón, debido a las brutales torturas, tratos crueles y un grave deterioro físico y psicológico que sufren en el Fuerte Guaicaipuro (Cenapromil) de Miranda.

Las víctimas exigen respeto a sus derechos fundamentales y denunciar el incumplimiento de promesas sobre posibles excarcelaciones. Sus familiares aseguran que no saben nada de ellos y piden a las autoridades que respondan a sus exigencias.

La protesta tiene como fin llamar la atención del ilegítimo ministro chavista de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, ya que detallan que siguen sometidos a torturas y tratos crueles. Además, varios de los militares presos en este lugar ya cumplieron la pena, pero continúan injustamente tras las rejas.

Jessica Castro, familiar del preso político civil Gustavo Hernández, oriundo de Caracas, exigió la libertad inmediata de todos estos rehenes, y explicó las condiciones en las que viven las víctimas en el Fuerte Guaicaipuro.

El calvario de las familias se agudizó tras el traslado arbitrario desde la sede del SEBIN en El Helicoide hacia ese centro de tortura. Según los familiares, cuando las unidades oficiales trasladaban a los prisioneros, ellos intentaron seguir las caravanas, pero les fue imposible al quedar retenidos en las vías por los bloqueos de seguridad.

«No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos”, dijo Castro.

También contó que permanecieron en condiciones sanitarias extremas, pues pasaron tres meses sin bañarse ni cepillarse los dientes, ocasionando la pérdida de piezas dentales y dolores bucales. Enfatizó que también les vulneraron sus derechos al recibir agua contaminada, ya que solo les permitían un solo recipiente de agua por celda (para 3 o 4 personas) que debía durar toda la semana. “El agua tenía larvas y moscas. Debían esperar a que se asentara para poder beberla, bañarse o lavar la ropa”, denunció.

Para el día que les dieron la fe de vida, sus familiares evidenciaron secuelas psicológicas. Estaban desorientados, temblaban y no podían sostener la cucharilla con la que comían. Jesica Castro reconoce que han visto algunos cambios con la nueva dirección, debido a que les han permitido el ingreso de almuerzos y alimentos.

Otro familiar, quien prefirió el anonimato para evitar represalias, confirmó la huelga de hambre: «Sí, es correcto; mañana cumplen una semana en huelga. Hay aproximadamente 15 de ellos en huelga de hambre exigiendo sus derechos”, señaló la fuente.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, también confirmó la situación a través de un contacto telefónico. “Entendemos que varios de los encarcelados por el caso Gedeón han iniciado una huelga de hambre. Estamos evaluando la situación y acompañando su protesta y asistiendo a sus familiares”, dijo.

Pensionados pidieron a Dinorah Figuera ser incluidos en el diálogo con el narcorégimen

Caracas. – Una comisión del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores (El Comité), se reunió este lunes con la exdiputada Dinorah Figuera para solicitarle que incluya en la agenda del diálogo con el narcorégimen interino un aumento progresivo de las pensiones.

En la comunicación entregada a Figuera, los representantes de la agrupación solicitaron a los miembros de la Comisión de Diálogo, la inclusión de la crítica situación de los adultos mayores como un tema prioritario en la agenda de diálogo nacional.

La organización hizo un llamado a la acción para que este sector, “históricamente postergado”, tenga voz en la construcción del futuro del país, acompañando su solicitud con un informe detallado sobre las violaciones sistemáticas a sus Derechos Humanos.

El texto denunció las precarias condiciones de vida a las que están sometidos. Según la organización, la asignación mensual actual equivale a apenas 0,17 centavos de dólar, una cifra diametralmente alejada de los 754,45 dólares en los que cerró la cesta alimentaria en junio, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM).

Desde el Comité se enfatizó que esta brecha económica ha derivado en muertes por desnutrición y falta de acceso a tratamientos médicos, situaciones que ya han sido denunciadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La carta también pone el foco en un aspecto particularmente preocupante: el abandono de miles de pensionados venezolanos que residen en el exterior. A estos ciudadanos, se les suspendieron sus pagos desde 2016, generando una deuda acumulada que el Estado debe reconocer y reparar.

La carta entregada este lunes es un acto de exigencia. Los firmantes, encabezados por Urimare Capote y Edgar Silva a nivel nacional y con representantes de diversos estados del país, no buscan únicamente ser escuchados como víctimas. Su petición es profunda: que los adultos mayores tengan voz y presencia activa en la búsqueda de soluciones.

Juan Barreto y Mario Silva protagonizan enfrentamiento y revelan pugna entre facciones del narcorégimen

Caracas. – Un enfrentamiento marcado por acusaciones y descalificaciones entre los narcochavistas Juan Barreto y Mario Silva revela desde este el enfrentamiento entre facciones ya alejadas de la actual cúpula interina, así como una aparente disputa sobre quien tendrá el liderazgo para enfrentar a Delcy Rodríguez.

Mientras Barreto acusa a Silva de añorar el retorno del narcotirano Nicolás Maduro para que éste le devuelva los privilegios que le privó Delcy Rodríguez, el propagandista del narcorégimen amenaza a Barreto con tomar acciones judiciales.

En un programa transmitido por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES), Barreto arremetió contra Silva calificándolo de oportunista y de no querer reconocer los desmanes que la tiranía a la cual defendía, cometía antes de la captura lograda por los estadounidenses el 3 de enero.

«Antes no pasaba nada, y se llevaban presos a adolescentes. Ahora «Silva» perdió su quinta, sus 24 escoltas, sus pagos por PDVSA y MPPE, y en este último tenía póliza de HCM, algo que se lo quitaron hasta los propios docentes», dijo.

Para referirse al propagandista ahora desechado por el interinato chavista, Barreto empleó un juego de palabras con el apellido de este, al manifestar «hay que personajes que antes no decían nada, pero ahora sí ‘Silvan'».

Al igual que con Silva, Barreto también señaló a otros personajes del narcorégimen por defender intereses y negocios propios o de mostrar nostalgia por la pérdida de privilegios, prebendas y cargos oficiales tras criticar o acomodar su discurso político actual.

Ahora, en respuesta, Mario Silva anunció este pasado domingo formalmente su intención de emprender acciones legales, por difamación contra el exalcalde mayor chavista de Caracas.

En una transmisión pública, Silva rechazó categóricamente los señalamientos sobre su presunto vínculo como asesor en PDVSA y en el Ministerio de Cultura, así como las afirmaciones respecto a la pérdida de una propiedad residencial. Calificó estas aseveraciones como falsas y aseguró que utilizará el contenido de su programa como respaldo probatorio en un eventual proceso judicial.

También, Silva cuestionó la narrativa de los llamados «chavistas originarios» —]grupo del cual forma parte Barreto— y defendió su trayectoria política, rememorando su papel como miembro fundador y parte de la primera dirección nacional del PSUV.

En su mensaje, Silva enfatizó que no ha recibido aún notificaciones sobre una posible expulsión de la organización política, señalando que, desde inicios de año, ha intentado mantener canales de comunicación interna con la directiva de del movimiento de la narcoizquierda para aclarar su posición.

Chile espera reabrir consulado en Venezuela este mismo mes

Caracas. – Para este mismo mes se espera que el consulado chileno en Venezuela vuelva a operar, según lo anunció este pasado viernes el ministro de Relaciones Exteriores del país austral, Francisco Pérez, desde Colombia.

“Respecto de Venezuela, traemos buenas noticias. Ayer formalizamos nuestras relaciones consulares con Venezuela y tenemos a nuestro equipo en Caracas desplegado”, comenzó diciendo el canciller.

A lo anterior, agregó que el director general consultar ya está en suelo venezolano hace varias semanas. “Nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos estar operando con nuestro consulado en Venezuela”, dijo.

El Consulado General de Chile en Caracas no se encuentra operativo desde el 31 de enero de 2025, fecha en que el chavismo ordenó el cese de funciones de las representaciones consulares chilenas en Caracas y Puerto Ordaz.

Recordemos que la medida ocurrió en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que Venezuela decidiera suspender los vínculos con Chile tras los cuestionamientos del gobierno del entonces presidente Gabriel Boric a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Desde esa fecha, las oficinas consulares chilenas en territorio venezolano dejaron de atender al público, afectando la realización de trámites y servicios para ciudadanos chilenos residentes en ese país.

Un policía y cuatro delincuentes muertos durante enfrentamiento en El Valle

Caracas. – Edwin Arguinzones, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrito a la División Contra la Delincuencia Organizada (Petare), fue asesinado a tiros, así como otros cuatro presuntos delincuentes, durante un procedimiento policial que tuvo lugar este sábado en la parroquia El Valle, en Caracas.

El tiroteo tuvo lugar en el sector Hueco Loco de la parroquia El Valle, una zona que conecta con la Carretera Panamericana. El hecho ocurrió cuando comisiones policiales realizaban labores de saturación de área e intervención en la zona.

De acuerdo con los reportes policiales, los funcionarios fueron sorprendidos por un ataque armado, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En la emboscada, los delincuentes además de disparar, lanzaron una granada contra los efectivos policiales.

Durante el enfrentamiento, el oficial Edwin Arguizones resultó gravemente herido. Pese a que recibió atención médica, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Arguizone estaba adscrito a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, específicamente a la División Contra la Delincuencia Organizada, con sede en Petare. El funcionario pertenecía a la tercera promoción de agentes de la institución.

La emboscada fue ejecutada por los integrantes de una banda delictiva del sector, lo cual motivó el envío de un fuerte contingente de uniformados para peinar la zona. En el sitio murieron cuatro presuntos delincuentes conocidos bajo los alias de «el Peye», «el Barrabás», «el Manuelito» y un cuarto que aún no ha sido identificado. En el mismo procedimiento, otro funcionario de la policía resultó herido.

Cabe señalar que con la muerte de Arguinzones suman dos los funcionarios asesinados en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) en dos semanas. El 28 de julio mataron al detective Wilson David Garrido Ortega, adscrito al CICPC, mientras se encontraba en una estación de servicio ubicada en La Urbina, municipio Sucre. Un hombre se le acercó, le disparó, huyó a pie y se adentró al río Guaire. 

Inicia segunda fase de demoliciones en Vargas: derribarán 35 edificaciones en alto riesgo

Caracas. – Una nueva fase de demoliciones de estructuras inhabitables inició en todo el estado Vargas, entidad en la cual han identificado, al menos, unas 35 edificaciones que están en alto riesgo tras los sismos del 24 de junio, y que deben ser derribadas de inmediato.

La nueva fase comenzó en la urbanización Playa Grande (parroquia Urimare), en el marco de la remoción de escombros que se realiza en toda esa entidad, con el derribo controlado de las residencias Samantha.

Tras la destrucción de la torre C del complejo OPP 36 (urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi) el pasado 30 de julio, los organismos procedieron este pasado viernes con la segunda implosión en ese sector, y fue en la torre B de Residencias Samantha, como parte de un plan que contempla derribar las citadas 35 estructuras afectadas.

La demolición controlada en Residencias Samantha, ubicada en la avenida principal de Playa Grande, estuvo custodiada por componentes de seguridad en toda la zona, tal como ocurrió el 30 de julio, lo cual generó malestar y protestas entre los residentes de la urbanización.

El procedimiento marca un precedente al ser la primera edificación residencial privada derribada bajo este mecanismo tras los movimientos telúricos de junio. Al mismo tiempo, es la segunda infraestructura en la entidad costera que se derrumba producto de una demolición controlada.

La otra parroquia donde se llevarán a cabo demoliciones controladas es en Caraballeda, en la cual se encuentran muchos de los 35 edificios inhabitables que deben ser demolidos. La Cámara de Construcción de La Guaira ya elaboró un protocolo para ejecutar las implosiones, el cual enfatiza la necesidad de una hoja de ruta que evite repetir los errores de la vaguada de 1999.

Según este manual, un paso fundamental es la aplicación de ingeniería forense y estudios patológicos en cada estructura. Se considera vital para determinar exactamente por qué fallaron las edificaciones, y aprender de estos errores para futuras construcciones.