Caracas. – El congresista republicano estadounidense, Carlos Giménez, volvió a lanzar una dura advertencia a Diosdado Cabello, tras conocerse este pasado domingo la entrega a las autoridades de Estados Unidos, del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, uno de los principales socios de Alex Saab, también detenido por la justicia estadounidense y entregado por el propio narcorégimen interino de Delcy Rodríguez.

«Y pronto tendremos a Diosdado Cabello también», escribió el legislador en su cuenta de la red social X, en alusión al actual e ilegítimo ministro de Interior y Justicia de Delcy Rodríguez. Giménez reaccionó a la noticia sobre la extradición de Pulido, y afirmó esperar que Diosdado también termine bajo custodia de la justicia estadounidense.

«Todos estos criminales, narcoterroristas han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar», agregó el funcionario estadounidense a través de la misma plataforma.

En las últimas semanas ha sido notoria la insistencia del representante republicano por el destino de Cabello. En reiteradas ocasiones ha publicado mensajes, en sus redes sociales, indicando abiertamente que ya es la hora de ver al segundo al mando del Cartel de los Soles, frente a un tribunal federal estadounidense enfrentando acusaciones por narcoterrorismo, y crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar, que la recompensa de $25.000.000 por la captura de Cabello continúa en pie. El mismo secretario de Estado de EE.UU. , Marco Rubio, ha asegurado a los medios que esta medida en contra del peligroso jerarca chavista, no ha cambiado.

Caracas. – La ONG Foro Penal ofreció este viernes un nuevo balance sobre los rehenes políticos en el país, en el cual contabilizó 322 detenidos en el país, de los cuales 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado con fecha de corte hasta el 5 de octubre.

Este reciente reporte precisó cinco excarcelaciones y tres personas recientemente identificadas, como secuestrados por motivos políticos. La cifra corresponde a una actualización respecto de la semana anterior. Del total de personas detenidas, 308 son hombres y 14 mujeres, mientras que 182 son civiles y 140 militares. Todos los casos registrados corresponden a adultos.

Igualmente, Foro Penal destacó que desconoce el paradero de uno de los rehenes políticos. El informe también señala que 152 personas han sido condenadas y 170 permanecen sin condena. Además, 31 de los detenidos tienen nacionalidad extranjera.

Este pasado jueves, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió ante el Palacio de Justicia en Caracas la adopción de medidas administrativas y una coordinación institucional, entre los entes que corresponda, para solucionar el retardo procesal en los casos de estos detenidos.

Los activistas, familiares de las víctimas del narcorégimen por motivos políticos, acudieron entonces hasta la sede del Palacio de Justicia para entregar un documento dirigido al presidente del Circuito Judicial de la capital venezolana, John Parody, en el que piden medidas para acelerar la celebración de audiencias.

Después de que en enero pasado EE. UU. capturara a Nicolás Maduro, el chavismo interino dirigido por Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente. Sin embargo, no han cumplido del todo con sus palabras.

Caracas. – Los testimonios contenidos en la nueva acusación presentada este jueves contra el narcotirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, describen patrones de tortura, desaparición forzada y represión a la disidencia similares a los recogidos en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.

Entre los cinco cargos que se le imputan, figura la «conspiración para cometer tortura», la cual describen como «actos bajo color de ley, fuera de EE. UU. para infligir dolor físico y mental severo a personas bajo su custodia, incluidos ciudadanos estadounidenses».

En uno de los señalamientos más resaltantes del escrito de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber tenido una participación personal y directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura. La pena estipulada por ello es de hasta 20 años, o cadena perpetua si de esa conducta resulta la muerte. La conspiración no admite pena de muerte, pero en la acusación mencionan que Maduro personalmente ordenó el asesinato de personas.

En los relatos del documento revela como en noviembre de 2013 ordenó el secuestro de un oficial militar, para presionar a un opositor. Agentes de la DGCIM lo electrocutaron unas 20 veces con un cable vivo, después de mojarle la espalda para que doliera más. Lo golpearon con puños, un cinturón y un tubo; lo colgaron de manos y pies hasta que perdía el conocimiento; le sumergieron la cabeza en agua unas 30 veces para simular ahogamiento; luego lo llevaron a un campamento de las FARC en Colombia, le amenazaron con secuestrar y violar a su hija y le mostraron ropa interior de mujer diciendo que era de ella. En todo esto, Maduro preguntó por el caso, fue informado del trato y, a petición suya, vio el video de la confesión forzada.

A principios de 2014, en una reunión con Cilia Flores, Maduro propuso secuestrar a cinco o siete militares y “sacarles la información” mediante tortura. Flores estuvo de acuerdo. Cuando uno no se quebraba, Maduro hizo un gesto con las manos, atornillando una contra la otra, luego dijo: “apriétenlos más”.

También, a un dirigente opositor arrestado en febrero de 2014 le aplicaron golpizas, privación de sueño, aislamiento y luces y ruidos durante días, parte de ello por instrucciones específicas de Maduro, que preguntaba si todavía se sentía “arrogante” y ordenaba más abuso.

El patrón que describe la fiscalía es que Maduro decidía a quién detener y torturar, preguntaba qué le estaban haciendo, sugería “no los dejen dormir” o “échales agua”, y a veces se reía al oír el relato. Hacia 2010, según el escrito, ordenó torturar a un agente de su propia seguridad sospechoso de deslealtad: lo ataron, lo golpearon con una pala y con las culatas de los fusiles, lo patearon en la ingle, le dispararon en la pierna y lo violaron con el palo de una escoba.

A ciudadanos estadounidenses, por su parte, les atribuyen electrochoques en genitales, asfixia, palizas, privación de comida y agua, e inyecciones que provocaban convulsiones. Un alto oficial de la DGCIM se rio mientras observaba una electrocución.

Una de estas víctimas estadounidenses, mencionado como “víctima 9”, narra que fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025, cuando agentes llegaron a su vivienda buscando a otra persona, y permaneció detenido durante un año. Luego de ser detenido lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial y fue golpeado durante 48 horas. Por ello, de acuerdo con la Fiscalía, sufrió una lesión permanente en un ojo.

La acusación presentada también expone que ordenó asesinar a un capo de Caracas que se atrasó en el pago de la droga que él mismo le había ayudado a surtir. Y por si fuera poco, después de morir Chávez, Maduro se sentó con Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich a saldar la deuda de la coca. Parte del pago fueron minas explosivas, incluidas minas hechas en Cuba.

En 2021 armó en televisión la “revolución judicial” y puso a Cilia de vicepresidenta. A los jueces les ofreció 1.000 dólares al mes y les dijo que las órdenes se cumplen. Una se negó a inhabilitar opositores. Le agarraron a un familiar: agua de letrina, gas en la celda y un cuarto frío llamado “el Congelador”, con luz y música las 24 horas. La jueza cedió. Los opositores no salieron en la boleta electoral.

En 2018 un alto oficial le dijo a un detenido que si no hablaba lo iba a “volver loco” matándole al hijo, y nombró el color del pelo del niño. Lo electrocutaban mientras Maduro miraba el teléfono.

También, un opositor que acababa de volver de la ONU apareció “suicidado” en el piso 10 del SEBIN. Antes habían ordenado darle corriente. Cabe señalar que esta descripción encaja con lo ocurrido al exconcejal Fernando Albán, cuya muerte intentaron hacer parecer un suicidio.

A uno de los estadounidenses secuestrado le metieron un arma en la boca y le dijeron que se despidiera. Siguió vivo solo porque servía para un canje. A otro, liberado en enero de 2026, le advirtieron que no contara lo que le hicieron, y así con otros casos más.