«Para mí sí hay democracia», fueron las palabras del candidato de extrema izquierda a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, sobre la situación del país vecino, Venezuela, «creo que la respuesta la tienen los mismo venezolanos,» agregó.
Tras varios intentos de esquivar la pregunta que le hace el entrevistador, Castillo se ve forzado a decir lo que verdaderamente siente sobre Venezuela, y asegura no considerar que lo que gobierna a Venezuela es una tiranía.
Del Freedom Post
Un juicio por espionaje que involucra a un ex agente de los servicios secretos polacos y un ex empleado de Huawei comienza el martes en un tribunal de Varsovia, mientras algunos estados europeos consideran la posibilidad de excluir el equipo del grupo chino de sus redes de telecomunicaciones 5G .
Polonia arrestó a los dos hombres en enero de 2019 bajo sospecha de espiar para China, en una medida que ha intensificado el debate internacional sobre los posibles riesgos de seguridad del uso de equipos de Huawei en las redes de comunicaciones.
Huawei ha negado repetidamente que las autoridades de Beijing puedan usar su equipo para espionaje, pero Estados Unidos ha estado presionando a los países para que lo prohíban. En Europa, solo Gran Bretaña y Suecia lo han hecho hasta ahora.
Los fiscales polacos alegan que Wang Weijing, de 39 años, con la excusa de ser un ejecutivo de Huawei, pasó más de siete años espiando para China tratando de reforzar la capacidad de la empresa para influir en el gobierno polaco y “permitirle … administrar el estado … la infraestructura tecnológica, ”Muestran documentos judiciales.
El tribunal cerró el caso al público el martes después de una solicitud de la fiscalía. La fiscal Anna Karlinska dijo al tribunal que esto era necesario para proteger los métodos utilizados en las operaciones de contrainteligencia polacas.
Wang, quien ha estado detenido desde su arresto, también está acusado de reclutar a un ex agente del servicio secreto polaco que, según los fiscales, le informó sobre las formas de influir en las redes de radio de los servicios de seguridad pública y rescate del país.
El acusado polaco, Piotr D., que había sido puesto en libertad tras pagar una fianza después de seis meses y había trabajado durante años en las altas esferas del gobierno, está acusado de “ofrecerse como fuente de información” sobre la administración pública.
Ambos hombres niegan haber cometido algún delito.
Los fiscales dicen que el especialista en ciberseguridad, que ha pedido que se retenga su apellido según las reglas de privacidad, informó a Wang de un sistema de monitoreo para evitar que los intrusos accedan a información clasificada enviada a través de redes de comunicación de fibra óptica creadas por la universidad militar de Varsovia.
El abogado de Wang, Bartlomiej Jankowski, dijo que los fiscales no tenían pruebas de ninguna actividad de espionaje por parte de su cliente.
“No hay evidencia de nada ilegal”, dijo a Reuters.
Huawei, que despidió a Wang después de su arresto pero ayudó a financiar sus honorarios legales, dijo a Reuters en un comunicado el mes pasado que sus actividades están “de acuerdo con los más altos estándares de transparencia y cumplimiento de las leyes y regulaciones”.
Jankowski dijo a Reuters que planeaba presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Polonia en los próximos días.
La administración del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Polonia por los arrestos, y el exvicepresidente Mike Pence dijo en 2019 que demostraron el compromiso de Varsovia de garantizar que el sector de las telecomunicaciones “no se vea comprometido de una manera que amenace nuestra seguridad nacional”.
En ese momento, Varsovia buscaba convencer a Estados Unidos de que aumentara su presencia militar en Polonia, alarmado por el aumento de la asertividad rusa.
El gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki propuso un proyecto de ley el año pasado que podría llevar a una exclusión de facto de Huawei de la construcción de redes 5G, pero la propuesta aún no ha sido discutida por el parlamento.
Los operadores móviles europeos se han mostrado reacios durante mucho tiempo a comenzar a invertir en redes 5G, que podrían respaldar fábricas inteligentes y automóviles autónomos, debido a la falta de claridad política sobre si deben acceder a las demandas estadounidenses de excluir al proveedor líder de equipos Huawei y otros proveedores chinos.
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Del Freedom Post
La contaminación emanada por PDVSA ha empeorado desde que Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela llevando a la estatal venezolano a alcanzar la cifra récord en el año 2020.
El último informe desarrollado por el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, califican a la estatal petrolera venezolana PDVSA como una de las las empresa más contaminantes del mundo. La investigación ubica a Venezuela entre los pocos países que no impulsan la transformación energética de fuentes contaminantes a limpias.
El informe señala que Venezuela figura entre los países que propician una mayor “quema” o venteo de gas natural, según la información de Petroguía.
El texto señala que Venezuela entre 2012 y 2020, en vez de mostrar un avance en políticas dirigidas a promover la transición energética, más bien evidencia un retroceso de 44% en el índice que creó el Foro Económico Mundial.
En su último reporte aparece en la posición 111 de un total de 115 países, solo por encima de Líbano, Mongolia, Haití y Zimbabué.
Este último informe señala que la situación obedece a la dependencia de la nación sudamericana al uso de combustibles fósiles y la inexistencia de políticas energéticas dirigidas a usar fuentes renovables como la eólica o la solar.
A esto también se agrega los cuestionamientos que se hacen a PDVSA sobre la opacidad en los avances en la reducción de venteo o la “quema” de gas natural, cuyo volumen se calcula en 2.000 millones de pies cúbicos diarios provenientes de la extracción de petróleo sobre todo en el oriente del país.
El Informe de Seguimiento sobre la Quema Global de Gas del Banco Mundial de 2020, señala que Venezuela es el sexto país donde más se quema gas natural producto del petróleo, a pesar de que esta actividad bajó 41% en 2019 y otro 40% en 2020.
El mismo dossier señala que el venteo de gas aumentó 4% desde el año 2018.
Asimismo añade que la intensidad de quema, es decir, la proporción de emisiones de gas por barril de petróleo “se incrementaron en países petroleros en conflicto como Venezuela, donde aumentó en 50%, y Libia con un incremento de 38%. Esto indica la incapacidad y la falta de recursos para atender este problema”.
En los primeros cinco puestos en volumen de “quema” de gas están Rusia, Irak, Irán, Estados Unidos y Argelia, pero Venezuela en 2020 alcanzó el primer lugar en intensidad de venteo debido a que por cada barril de petróleo se queman 44,5 metros cúbicos o 15.715 pies cúbicos de gas.
A diferencia de la nación sudamericana el resto de los países en esta situación muestran una intensidad igual o inferior de 20 metros cúbicos (706 pies cúbicos) de gas por cada barril.
El último informe del Banco Mundial, señala que en el 2012 en el último año de gestión del fallecido expresidente Hugo Chávez la intensidad de la “quema” de gas natural era de 8,93 metros cúbicos (315 pies cúbicos) por barril.
Durante los ocho años que Nicolás Maduro ha estado en el poder se quintuplicó el volumen de quema por cada barril de crudo extraído, alcanzando récord en 2020.
El diputado radical Álvaro de Lamadrid (JxC, CABA) presentó un proyecto de declaración para excluir por inhabilidad moral a aquellos legisladores que se pasen de bancada o partido para formar nuevos bloques por fuera de los que fueron electos.
La «exclusión» definida en el artículo 66 de la Constitución Nacional sigue siendo un punto de debate entre los juristas, y depende el contenido de la declaratoria puede significar desde la expulsión del recinto hasta la expulsión de la banca.
El proyecto surgió a partir de la polémica por la probable postura del diputado mendocino José Luis Ramón, quien logró el escaño por el Partido Intransigente pero se separó para formar su propio Partido Protectora y ahora se estaría aliando con el Frente de Todos.
En particular, Ramón y su nueva bancada votaría a favor del kirchnerismo para avanzar en la reforma de la ley de Ministerio Público, algo que claramente será una traición a los mendocinos que pusieron el voto por él.
Ramón es conocido dentro de la arena política por sus posturas zigzagueantes favoreciendo en varias ocasiones al poder de turno. De hecho, el bloque Evolución de Martín Lousteau lo expulsó luego de votara en contra del aborto tras haber hecho campaña a favor.
Lo que ocurre con Ramón ahora es que está próximo a vencer su mandato, y el diputado quiere ser el nuevo «Procurador especializado en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios» dentro del Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, si facilita la elección de su próximo dirigente en una contienda donde cada voto es fundamental, ese lugar lo tendrá asegurado el año que viene.
En este sentido, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso se expresó en duros términos a través de su cuenta en Twitter indicando lo oportuno de la postura de Ramón.
El diputado, luego de estas publicaciones, envió carta documento a Alonso para que se retracte de sus dichos. El escándalo está lejos de terminar.
En medio de esta situación, Álvaro de Lamadrid llevó esta prpuesta al plenario del Congreso realizar para que al menos la Cámara de Diputados inhabilite por actitudes inmorales a quien deje su bancada en función de los intereses de otras.
Lamadrid entiende que «hay que terminar con la impunidad de quienes traicionan a los argentinos” y que “la banca no es propiedad del tránsfuga electo, sino del partido de adscripción” conforme su visión.
El problema del transfuguismo (tendencia a pasar de un partido a otro) no es nuevo en Argentina, ni en las democracias representativas del mundo.
En nuestro país el tema tuvo amplio debate público, académico y, especialmente, legal: basta recordar el emblemático caso del Dr. Eduardo Lorenzo, más conocido como Borocotó, cuando se pasó del macrismo al kirchnerismo a sólo diecisiete días de haber asumido su banca bajo el mandato del PRO en 2005 luego de mantener una reunión a solas con el entonces presidente Néstor Kirchner y su entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Curiosamente, la práctica de tentar a opositores con cargos suele ser común en el kirchnerismo. El caso de Borocotó fue llevado a la justicia y fue escandaloso a tal punto que el transfuguismo se lo conoció desde ese entonces en Argentina como “la borocotización de la política”.
Para la Justicia Argentina la cuestión está relativamente dividida, pero, en palabras del abogado constitucionalista Félix Loñigro, “las bancas de Senadores pertenecen a los partidos y las de Diputados al pueblo” conforme al fallo de la Cámara Nacional Electoral.
De todos modos, a menos que se legisle con una ley nacional, la posición de Lamadrid va orientada a ser más una declaración de buena fe antes que un hecho la posibilidad de sanción en la Cámara de Diputados.
Por Martín Yapur, para La Derecha Diario.
