Caracas. – Ciudadanos europeos realizaron una protesta hoy viernes, 27 de mayo, frente a la sede de la Unión Europea (UE) en la urbanización Las Mercedes (Caracas), para exigirle apoyo al organismo contra las invasiones armadas que han sufrido sus propiedades.
El reclamo fue organizado por la asociación Frente Norte Caracas, cuyo vocero, Carlos Julio Rojas, explicó que el 25% de las víctimas de las invasiones de propiedades en Caracas, son de nacionalidad europea.
El dirigente sostuvo que estas personas, la mayoría de la tercera edad, obtuvieron sus bienes con trabajo y sacrificio, por lo cual perderlas de esta manera es una injusticia.
Resaltó que las invasiones contra las propiedades han sido ejecutadas por los grupos armados denominados colectivos, los cuales son afectos al chavismo y a la narcotiranía dirigida por Maduro.
«Podemos ver cómo españoles, portugueses, italianos, su nacionalidad se convierte en un motivo xenofóbico para invadirles sus propiedades. Por eso, la Unión Europea, primero, le pedimos que investigue y se entreviste con estos pequeños casos, que la gran mayoría son decenas, por no decir centenares, de víctimas de violaciones a la propiedad privada», manifestó Rojas.
El objetivo de la protesta fue solicitarle a la UE, pronunciarse ante estos hechos, y que exija, a su vez, a las autoridades venezolanas investigarlas.
Se citaron los casos de Orencio Mariñas, español de 82 años, y de Antonio Dos Santos, portugués de 62 años, como ejemplos.
En el caso de Mariñas, el hombre contó como el edificio en el cual funcionaba su empresa, dedicada a la confección de bolsos, y otras compañías similares, fue invadido por colectivos el 6 de mayo de 2020.
«Llegaron en la noche un grupo de 20 personas armadas, amenazaron con armas a la conserje, tomaron el edificio y entraron a todas las empresas. Había cuatro empresas productoras con 135 puestos de trabajo que se perdieron, y pusieron a cuatro propietarios a pasar hambre», contó.
Mientras, Dos Santos narró como también en 2020, fue desalojado de su casa y un restaurante que poseía, igualmente por colectivos armados.
«Fui a la Fiscalía, fui a la Defensoría del Pueblo, a la PTJ (Cicpc), y me han dejado así. Eso fue en el 2020. No tengo trabajo después de 20 años», reclamó el sexagenario luso.
