El expresidente de Colombia, y actual Senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, publicó a través de sus redes sociales su apoyo a que Cuba participe en un nuevo proceso de paz.
Uribe, quien fue uno de los principales promotores de la opción del ‘NO’ en el referéndum para las negociaciones con las FARC, que se hicieron también a través de Cuba, hoy asegura que es importante que la isla participe en nuevos procesos de paz, “Cuba ayudaría a una paz, pero seria y diferente a la claudicación del caso Farc,” señaló.
El expresidente, además, afirmó que la participación del país caribeño “ayudaría a crear confianza con un cese indefinido y real de actividades criminales.”
Algunas personas no tardaron en reaccionar y expresaron su disgusto con esas declaraciones. Les presentamos algunos comentarios:
Ante la iniciativa impulsada por el Centro Democrático que le permita a los ciudadanos portar armas libremente, la activista política, Isabel Mejía, ha mostrado su rotundo apoyo a la medida.
Mejía declaró para Contra Poder News, que el país vecino, Venezuela, es un gran ejemplo de lo que sucede cuando el estado le quita a los ciudadanos la posibilidad de defenderse, «en Venezuela Chávez implementó una prohibición de venta de armas de fuego y municiones en 2012, según él, para luchar contra la criminalidad ¿Funcionó? No. Los homicidios aumentaron,» añadió, «en Venezuela el monopolio de la violencia quedó bajo el Gobierno y los delincuentes. Eso sucede en una sociedad desarmada.»
La activista advirtió que, debido a las amenazas internas que diariamente atacan a Colombia, es importante que este proyecto de ley se apruebe con rapidez, «las armas tienen 2 funciones atacar o defenderte, el uso que se les da depende de quien la porta. Si el delincuente sabe que los ciudadanos pueden portar un arma, eso termina convirtiéndose en un factor disuasivo.»
Mejía aseguró que los principales beneficiados de esta medida serían los ciudadanos de clase media y de los estratos más bajos, pues ellos no gozan del beneficio de poder contar con un servicio de seguridad privado y recordó que la policía normalmente llega a las sitios en donde se cometen los crímenes después que el delincuente ya se ha escapado de la escena, «lastimosamente, la intervención de la policía en casos de hurto se da en un alto porcentaje después de cometido el delito. Las personas con ingresos altos tiene acceso a otros medios de protección, por ejemplo escoltas, ¿y el ciudadano estrato medio?,» cuestionó.
«El ciudadano tiene derecho a proteger su libertad, su propiedad y la vida con un arma, de ser necesario,» señaló la activista, al mismo tiempo que destacó la poca efectividad que ha tenido la prohibición de armas para acabar con la delincuencia, «la prohibición del porte de armas no ha impedida que Farc, ELN y otros grupos se armen, pero si ha permitido que ciudadanos de bien queden a merced de los delincuentes. En Bogotá en menos de 8 días se han presentado 3 o 4 tiroteos, todos con armas ilegales.»
Por su parte, el analista político y militar, Johan Herrera, aseguró que a la propuesta le falta mayor flexibilización para que sea verdaderamente efectiva, «no es mala idea en sí, pero entra en un área teóricamente gris,» agregó, «necesita básicamente lo mismo que en Estados Unidos, pruebas de antecedentes penales y psicológicas.»
Herrera, quien en reiteradas oportunidades ha criticado al Centro Democrático, advirtió que se puede tratar de una estrategia política más allá de realmente tratar de ayudar al ciudadano, «conociendo el Centro Democrático, probablemente sea solo un ardid político para ganar votos con miras a presidenciales,» a pesar de ello, sí mostró su apoyo a la iniciativa, «la propuesta es válida, tomando en cuenta la situación actual del país. Pragmáticamente es buena medida para dejar que la gente pueda defenderse tanto de delincuencia como del mismo estado en caso de un petrismo»
El analista señaló que un número importante de colombianos ya están armados, «en realidad en Colombia el porte de armas es bastante común. A diario, en Colombia se ven muertes de ladrones a mano de ciudadanos armados. La ciudadanía ya está armada. El colombiano en su obediencia ante el estado es bastante flojo, eso incluye porte y tenencia de armas. La única diferencia es que no hay un registro,” y destacó que lo que esta iniciativa pudiera traer es mayor organización, «un porte de armas legal, cuando menos deja, un registro; segundo, le da entrada de dinero al estado porque las armas se van a vender por el lado de INDUMIL y se pueden perseguir las armas ilegales de frente.”
Herrera además, denunció que el mercado negro de las armas está bastante desarrollado y la gente incluso conoce las zonas a las cuales ir en caso de querer armarse, «en el centro de Bogotá, por 400mil pesos usted puede adquirir un revólver calibre 22, de forma ilegal, pero lo puede hacer,» también, recordó que la tenencia de armas en el país sudamericano no es ilegal, sino solo el porte de las mismas.
En Colombia, algunos ciudadanos han sido captados en cámaras con armas cortas y largas, a pesar de los controles estatales.
El Centro Democrático introdujo ante el congreso un proyecto de ley que le permita a los ciudadanos colombianos portar armas.
La iniciativa fue impulsada por la Senadora, María Fernanda Cabal, y el congresista, Christian Garcés, quienes argumentan que “los ciudadanos de bien” deben tener la potestad de poder defenderse ante los criminales.
Algunos adversarios de esta plataforma política reaccionaron inmediatamente de manera negativa, afirmando que la iniciativa aumentará la delincuencia, o que es una muestra del fracaso del gobierno en garantizar la seguridad de los colombianos.
El senador, Roy Barreras, publicó a través de sus redes sociales el repudio hacia esta propuesta de ley, afirmando que “El Centro Democrático es patológicamente persistente en sus propuestas para para hacer trizas la paz: Ahora quiere más armas en las calles.”
Gustavo Bolívar, también senador, dijo que el libre porte de armas sería “seguir atizando el paramilitarismo,” al mismo tiempo que criticó las motivaciones para impulsar esta iniciativa, “El pretexto de la autodefensa es ridículo. Ningún rico anda sin escoltas. Lo que quiere Cabal es favorecer la venta se armas o armar a Colombia.”
Algunos críticos del Centro Democrático, sin embargo, han mostrado su apoyo, como el caso de María José Bernal, quien en el pasado ha señalado a este partido por no diferenciarse más de la izquierda, pero en esta oportunidad se mostro optimista ante la propuesta.
Por su parte, la activista política, Isabel Mejía, recordó que en Venezuela la prohibición de armas se adoptó y la criminalidad en el país se incrementó de manera significativa, “¿A quién le conviene que los ciudadanos estén desarmados? A los delincuentes,” cuestionó.
El pasado 11 de marzo de 2021, Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, pronunció unas palabras lamentables mientras relataba el asesinato de un patrullero ante medios de comunicación colombianos. Para ella, no bastó que alguien matara a la víctima y que mereciera soportar todo el peso de la ley, sino que uno de los asesinos, al ser venezolano, le serviría de excusa para dar una advertencia fuera de lugar sobre lo mala que es la señalada nacionalidad.
La actitud de esta señora, además, comporta una tremenda falta de autoridad moral: en primer lugar, ha criticado a Donald Trump por tener un discurso muy similar al que ella misma pronunció y que se resume en que «la delincuencia aumenta por culpa de los inmigrantes», y en segundo lugar está su propia realidad personal, pues seguro no habrá aprendido nada de la intolerancia que sufriría por su lesbianismo.
Pero peor que ella es la Princesa Panameña, la desagradable señora Zulay Rodríguez, quien todas las semanas se para en la tribuna del parlamento de su país para soltar sapos y culebras por su boca y dirigirlos en contra de los extranjeros, especialmente venezolanos y colombianos. «Deslenguada y belicosa», como la describió Jaime Bayly, ella pertenece al partido gobiernista y justifica su xenofobia en que los venezolanos supuestamente califican de feas y gordas a las mujeres panameñas. Pero también tiene poca autoridad moral pues su propio padre, el fallecido ex-procurador panameño Rafael Rodríguez, fue exiliado político durante el régimen narco-militar de Manuel Noriega, primero en Venezuela (nada más y nada menos) y luego en Estados Unidos.
Los venezolanos no sólo sufren xenofobia en Colombia y Panamá, les pasa en prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo honrosas excepciones como Argentina y Uruguay. Y es que hablar de inmigración supone mover un nervio sensible en ciertos sectores, independientemente de ideologías. Es una bandera que, por desgracia para estos tiempo supuestamente modernos, consigue votantes a raudales.
«El Duque de Alba se quedó en España»
En una de sus electrizantes entrevistas, el Dr. Carlos Rodríguez Braun relató una anécdota en la que él le preguntaba a su madre cómo eran sus antepasados españoles, y ella respondía: «El Duque de Alba se quedó en España», una clara referencia a que los grandes movimientos migratorios son protagonizados por dos tipos de personas, quienes huyen de la pobreza y quienes huyen de la guerra. Aunque en el fondo, quien escapa de un conflicto armado, escapa de una crisis, lo que, para efectos prácticos, significa que todo fenómeno migratorio es esencialmente económico.
Es muy difícil que la gente con buen estatus se vaya de su país aun si este último atraviesa por momentos complicados. La emigración de los acomodados es minoritaria y se debe básicamente a persecuciones o ensañamientos, pasó de hecho con la clase media alta venezolana, que huyó entre 2008 y 2013 a los Estados Unidos y Europa después de haber sufrido secuestros y demás tratos directos con el hampa organizada, la peor epidemia de esos años.
A los recipientes no les molestaba esa inmigración, evidentemente. El que llega con dinero es bien recibido porque está esa sensación de que no quita sino que aporta, una idea tan extendida como errada. No sólo los ricos que emigran aportan, también lo hacen los pobres: un pobre emigra a consciencia de que su país de origen se quedó sin oportunidades, y eso implica que le interesa crecer personalmente. A su vez, quien emigra con el objetivo de crecer, casi siempre genera valor; busca empleo, demanda bienes y servicios con sus ganancias, y beneficia a todos en el proceso. Incluso es mejor su ahorro destinado a inversiones con el potencial de multiplicar las oportunidades disponibles.
La prosperidad de muchos países se debe, más allá del marco jurídico que garantiza un buen ambiente para los negocios, a la constante entrada de personas a su espacio geográfico. El inmigrante es un valor que se suma al sistema productivo sin que este último haya tenido que invertirle previamente, y el caso de los venezolanos es muy ejemplarizante en este respecto: buena parte tiene estudios de alto nivel y experiencia laboral diversa, pues Venezuela era (y sigue siendo a duras penas) un país industrializado, con una actividad económica vertiginosa.
En Uruguay, donde vivo actualmente, han sabido aprovecharse bien de tal realidad permitiendo a los venezolanos regularizar su situación migratoria sin tantas complicaciones. Existen venezolanos ejerciendo en todo tipo de áreas dentro del país rioplatense, yo mismo trabajé durante un tiempo en el rubro de la publicidad y el mercadeo, una de mis especialidades. Y la razón por la cual la política migratoria uruguaya se ha mantenido así por años es su estancamiento poblacional. No obstante, también podemos hablar de buena integración de venezolanos en países como Argentina y Chile, lo que claramente desmiente ese camelo de que los inmigrantes «quitan empleos» y «compiten de forma desleal».
Es verdad que los números tienen mucho que ver en el trato hacia el forastero; nadie niega que los ciudadanos de un país tengan derecho a sentirse abrumados por la cantidad de gente que de golpe y porrazo entra. De las naciones australes de América, la que más migrantes venezolanos tiene es Chile, una cifra que ronda los trescientos mil, que si bien parece mucho, no se compara con el Perú, que tendrá de un millón a un millón doscientos mil, y menos con Colombia, donde se pisan los dos millones.
Es entendible que exilios abrumadores supongan traumas para los países de acogida, sobre todo si estos no fueron receptores de inmigrantes en el pasado. Si bien está la disposición de la gran mayoría de exiliados a integrarse, su entrada masiva se traduce en colapsos: el ritmo de creación de empleo no es tan vertiginoso y depende de la flexibilidad de las regulaciones, lo que fomenta la tan mal vista informalidad. También está la vivienda, cuya demanda crece de manera estrepitosa y con ella el precio.
Y además es inevitable que se cuele una que otra lacra social, personas que van a cometer crímenes o a beneficiarse de ayudas sociales financiadas con las contribuciones nacionales. Aquí me quiero detener un poco porque, como expliqué anteriormente, los expatriados no se van de sus países con el propósito de ser una carga para nadie. Realmente el tema de los crímenes y los flojos es tan minúsculo que resulta cómico que sea utilizado por políticos xenófobos como su principal bandera.
Para cometer crímenes hace falta tener experiencia de campo; a un delincuente no le basta el deseo de salir a robar para hacerlo, debe estar consciente de cómo se organiza el crimen en su contexto elegido o correría el riesgo de ser depurado de forma inmediata, como pasa sobre todo en Latinoamérica, que no es un continente pacífico. Por eso, si vemos las cifras de criminales venezolanos que han sido capturados en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, evidenciaríamos que es irrisoria, ni llegará al uno por ciento del total de capturas.
Contaré una anécdota: en días recientes vi una noticia en el portal de noticias montevideo.com.uy sobre una venezolana capturada infraganti mientras intentaba enviar paquetes de cocaína a Tailandia. Por supuesto, las redes sociales exploraron con la noticia y obviamente salieron los infaltables comentarios de que Uruguay sufría los embates de una inmigración descontrolada. No obstante, también hubo comentarios más sensatos como: «es la primera vez que escucho de un venezolano cometiendo un crimen acá», cosa que es cierta. Tengo casi tres años como residente de este país y nunca había escuchado de venezolano que hubiesen cometido crimenes.
Entonces, que individuos como la señora López en Colombia y la Princesa Panameña se pongan con esa de que «los venezolanos son los culpables de nuestras desgracias», sólo indica el nivel de demagogia al que está dispuesta a llegar cierta clase política para obtener favores. Utilizan estos argumentos para infringir terror en el ciudadano y que éste, al salir a la calle y encontrarse rodeado por no-nacionales, sienta la necesidad de que un Estado le proteja a punta de coacción.
Los que se mueven también son seres humanos
Más que cualquier otra cosa, el tema de las migraciones me toca muchísimo las fibras. Ahora soy extranjero porque salí de Venezuela en 2018 en un momento muy convulso, no sólo del país, también de mi vida personal. Experimenté en carne propia lo que se siente. Si bien ha sido una anécdota muy enriquecedora (sobre todo a nivel literario), no es algo que recomiende, y menos si ocurre de manera forzada. Resulta difícil describir las consecuencias emocionales que provoca el hecho de huir de un país calamitoso, pero lo peor son esas posiciones incómodas en las que te encontrarás si no preparaste bien tu salida.
Jamás había sido tan complicado mudarse de un país a otro como en el presente, pues se requieren papeleos exhaustivos, pensados justamente para dificultar eso que a los liberales nos gusta: el libre tránsito de personas y mercancías. En ese sentido, Latinoamérica es un caso penoso, tanto que sus politiqueros se llenan la boca con críticas hacia el enrevesado sistema migratorio estadounidense, cuando en sus propios países la gente tarda años en obtener estatus legales, y no por culpa de las normas, sino de la burocracia.
Es increíble además cómo las sociedades se desmemorian en un dos por tres y les hacen sufrir a los inmigrantes lo que a ellos no les hicieron sufrir cuando estuvieron la misma posición. Yo, que pertenezco a la generación del milenio, todavía recuerdo cómo incluso en los primeros años del chavismo seguían llegando personas de todas partes de Latinoamérica a vivir en Venezuela. Durante el Siglo XX el país recibió gente de todas partes del mundo, pero no fue sino hasta los setentas que los ingresos se volvieron masivos, la mayoría provenientes de países vecinos y Europa, y no estoy hablando de miles, sino de millones.
Venezuela no sólo acogió al papá de la Princesa Panameña, sino a muchos familiares de quienes hoy despotrican del exilio venezolano. Sin ir muy lejos, tengo una cuñada con ascendencia árabe, una con ascendencia armenia y una con ascendencia colombiana. En mi país se les reconoció el derecho a la identidad y se les dio facilidades para trabajar y prosperar. Tal es así, que buena parte de la clase media alta venezolana estuvo formada en sus buenos tiempos por personas extranjeras que pudieron prosperar con ahorro y trabajo duro.
Yo no soy un patriota, por eso no celebro a próceres ni banderas, pero sí me enorgullece haber nacido en un país que en su momento tuvo una calidad de civilización tal que el hecho de que alguien fuera inmigrante no suponía un tema, un país donde hubo presentadores de televisión, músicos y demás gente muy amada que no había nacido en el territorio nacional, donde el crimen lo pagaba la persona y no el gentilicio, donde hubo la cantidad justa de prejuiciosos para asumir que no estábamos en un país perfecto, pero sólo eso… Esa civilidad mía se la debo a Venezuela, a nunca haber escuchado en mi entorno familiar o cercano un insulto contra un extranjero.
El punto de vista liberal-libertario
Las fronteras son mecanismos arbitrarios que tienen los Estados para ejercer su poderío sobre determinados territorios y poblaciones. La mayoría fueron demarcadas a lo bestia, sin tomar en cuenta razones históricas, étnicas, etc., y son ahora los principales focos de conflictos armados. Simplemente se recurrió en su momento a la regla y al compás, y a la disposición de tres o cuatro oligarcas del primer mundo que querían repartirse la tierra como botín.
Las fronteras provocan alergia a los liberales porque suponen la consolidación del poder político, que ha hecho uso de la fuerza para obligarnos a aceptar conceptos como el de patria, que no son más que técnicas para aislarnos del resto y así controlarnos más fácilmente. Es así como, mientras más férrea sea una frontera, menos amiga de la libertad sería y más mensajes de hostilidad enviaría al exterior.
El mundo que tenemos hoy es, lamentablemente, un lugar de límites inflexibles donde el resguardo no sólo se ejerce con las armas sino con la burocracia, y es que para entrar o salir de la gran mayoría de países se necesita más que un simple documento de identidad, se requieren trámites inocuos que sólo sirven para justificar los sueldos de un montón de parásitos.
Si bien mi ideal anárquico supone un mundo de tránsitos enteramente libres, no estoy acá para proponer idilios irrealizables en el corto plazo. En tal sentido, como radical libertario podría conformarme con un modelo migratorio similar al uruguayo, donde una persona no necesita más que un pasaporte (o cédula) y un certificado de antecedentes penales para poder vivir y trabajar en el país.
No sería más que permitir a los seres humanos decidir sobre el entorno donde quieren prosperar. También aunaría a esto lo que hacemos cada vez que publicamos esta clase de artículos: promover la mentalidad libertaria, porque no se trata de que se acoja a los inmigrantes como si fueran bebés de pecho (el modelo europeo), sino de (como hace el Estado uruguayo) regularizarlos para que puedan trabajar y tributar como cualquier otro ciudadano.
Un sistema migratorio así de amigable provocaría que los éxodos, que seguirán ocurriendo nos guste o no, sean fenómenos menos traumáticos para las partes involucradas; permitía además que no se pierda el flujo natural de las cosas y que nazcan nuevas y prósperas instituciones a partir de los enriquecedores intercambios culturales.
A pesar de los esfuerzos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de culpar a los venezolanos de la criminalidad de la capital colombiana, la migración de ese país la desmintió y aseguró que solo el 6% de los crímenes son cometidos por los extranjeros provenientes del país vecino.
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, aclaró durante una entrevista para VPItv que la causalidad criminal en su país no esta asociada al migrante y resaltó la importancia de siempre recurrir a las estadísticas para señalar los hechos de este tipo.
“Siempre debemos basarnos en la estadística, lo que arroja esta situación en Colombia es que el crimen de migrante venezolano no ha superado el 6%”, informó.
Tras el revuelo que causaron las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá Claudia López al acusar a los venezolanos de los índices delictivos en la capital del país, Espinoza reiteró que el delito, no distingue nacionalidad y que cualquier acto delictivo cometido por una persona sin importar su origen tiene que ser objeto de investigación y judicialización.
Aclaró que “la gran mayoría de los migrantes venezolanos son gente que se comporta bien. Por eso la posición del presidente Iván Duque en apoyarlos”.
Proceso de regularización de venezolanos
Desde el pasado 1 de marzo están corriendo 90 días destinados a generar las pautas e informar a todos los migrantes venezolanos sobre cómo se realizará el proceso de regularización de ciudadanos a través del Estatuto Temporal de Protección aprobado por el presidente Iván Duque.
Entretanto, Espinoza aclaró que “los Permisos Especiales de Permanencia fueron prorrogados, es decir que no vencen, con lo cual se garantiza una mayor cobertura de regularidad». En segundo lugar, explicó que todavía es perfectamente posible tramitar un Permiso Especial para el Fomento a la Formalización (PEPFF), en el caso de que las personas tengan ofertas de trabajo».
Espinoza recordó que se trata de una medida de regularización y apoyo a la población migrante venezolana. «En Colombia tenemos más de 1.7 millones de venezolanos, en donde básicamente vamos a cubrir a tres grupos: Los migrantes regulares, los migrantes irregulares y en tercer lugar aquellos venezolanos que ingresen de manera regular a territorio nacional los dos primeros años de vigencia de este Estatuto».
Recordó que el beneficio no aplica de manera automática a todos los migrantes, ya que es un trámite que se procesa uno a uno y si una persona representa un riesgo o tiene deudas pendientes con el estado colombiano, «el estado colombiano se reserva el derecho a negar esa cobertura, sobretodo si la persona tiene deudas con la justicia».
Reiteró que Colombia apoya al pueblo venezolano en su lucha por escapar de la devastadora crisis que los obliga a buscar otras tierras para establecerse, y apela siempre a la buena voluntad que la mayoría ha demostrado. «Creemos en el pueblo venezolano, es una gente absolutamente positiva, buena, resiliente, saliendo adelante y tenemos que apoyarlos de manera decidida».
Aun así destacó que este tipo de procesos de regularización migratoria como el que adelanta el gobierno de Iván Duque no se pueden hacer de un día para otro porque el migrante no sabría que hacer, es necesario un proceso de sociabilización y sensibilización.
Se mantiene cierre de la frontera
Al ser consultado por el cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela, Espinoza informó que la medida esta proyectada hasta el 1 de Junio, sin embargo, «la apertura podría darse antes, en la medida en que las condiciones de pandemia se vayan normalizando».
La autoridad migratoria explicó que en este momento Colombia esta en fase de vacunación, haciendo un trabajo exhaustivo para lograr disminuir los contagios y bajar la presión en los centros de salud. Dijo que la intención al mantener el cierre fronterizo es «evitar que colapse el sistema de salud o que se genere un gran contagio, contagio que tampoco distingue de nacionalidades», expresó.
El activista, Julio Mejía, ha iniciado una recolección de firmas para apoyar una carta que será enviada a la Universidad de NorthWestern, de donde es egresada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, haciendo referencia a los comentarios xenófobos hechos en contra de los venezolnaos.
En la carta, Mejía le explica a la institución educativa que quieren hacer un llamado de atención acerca de «los ataques xenófobos en contra de la comunidad de los migrantes venezolanos en Colombia hechos por la alcaldesa de Bogotá y alumna de PhD de Nortwestern en el 2019, Claudia López,» así mismo, el comunicado asegura que la alcaldesa, «ha impulsado de manera sistemática la narrativa que los problemas de inseguridad en Bogotá están asociados con la inmigración de venezolanos.»
Entre las peticiones directas que se le pide a la Universidad, es que «remuevan todas las notas y cobertura de la alcaldesa en el sitio web,» y también, se hace un llamado a que la institución tome cartas en el asunto y de manera pública le exijan a López «cesar los ataques de xenofobia en contra de los venezolanos.»
A continuación, el documento íntegro (inglés):
A través de sus redes sociales, Mejía ha pedido apoyo en la firma de este documento por parte de intelectuales venezolanos y colombianos.
El Alcalde del Municipio Envigado, Braulio Espinosa Márquez, publicó a través de sus redes sociales un mensaje en contra de los migrantes, a pesar de no haber mencionado ningún grupo en específico, resaltó que «no se debe confundir solidaridad con falta de autoridad,» refiriéndose al apoyo que le ha dado el país sudamericano a los milllones de migrantes que ha recibido.
Espinosa señaló que hay una alta criminalidad debido a los migrantes, «delinquen, trafican, hurtan y atropellan ciudadanos nacionales.»
Así mismo, el alcalde exigió la «expulsión inmediata o sanciones ejemplares» en contra de quienes, a su juicio, están generando esta problemática en las ciudades de Colombia.
Ante estos hechos, el Movimiento Libertario de Venezuela, emitió una comunicación rechazando de manera rotunda sus declaraciones. En el comunicado se enfatiza que «estos discursos alimentan la xenofobia» y se denuncia que estos comportamientos «dificultan la inclusión (de los inmgirantes) en la sociedad colombiana.»
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió nuevamente contra los migrantes venezolanos, acusándolos de ser responsables de la criminalidad que se vive en la ciudad, «no es la primera vez y lo hemos denunciado. Tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Primero asesinan y luego roban.»
Así mismo, López aseguró «respetar profundamente las políticas del gobierno nacional» que reciemtemente le otorgó un estatus de protección a los migrantes venezolanos en Colombia; sin embargo, la alcaldesa insistió en que «los colombianos necesitan garantías» mientras que «a los venezolanos todo se les ofrece.»
Estas declaraciones por parte de la alcaldesa, generaron rechazo por parte de algunos ciudadanos venezolanos y colombianos, les presentamos algunas reacciones:
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