Valdemar Costa Neto, Marcelo Costa Câmara, Rafael Martins de Oliveira y Filipe Martins están acusados de conspirar en contra del Estado de Derecho junto con el ex presidente Jair Bolsonaro, en una causa que armó Lula para eliminar a sus principales opositores.
Luego de inhabilitar a Jair Bolsonaro de la presidencia, el régimen de Lula da Silva lanzó una nueva ola de arrestos, esta vez contra los principales socios políticos del ex mandatario. Esta tarde, la Policía Federal allanó y arrestó a Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, la principal fuerza opositora de Brasil y la más grande en el Congreso actualmente.
Costa Neto es investigado por poner el partido a disposición de supuestos «planes golpistas», que Bolsonaro habría estado diagramando con militares después de perder las elecciones y antes que asuma Lula, en 2022.
Si bien estos cargos no tienen sustento, la existencia de la causa judicial ha permitido a Lula y a los jueces amigos en la Corte Suprema, a investigar a Bolsonaro, sus familiares y sus principales aliados políticos. En el caso de Costa Neto, gracias a esta causa pudieron allanarle su casa, donde encontraron un arma de fuego que no tenía todos los papeles en regla, y fue inmediatamente puesto bajo arresto preventivo.
En el mismo operativo, también se allanó y se arrestaron a tres de los más importantes asesores que tenía Bolsonaro en la Casa de Gobierno cuando era presidente: el coronel Marcelo Costa Câmara, el mayor Rafael Martins de Oliveira y el dirigente liberal, Filipe Martins.
El operativo se llevó a cabo con base en la declaración del teniente coronel Mauro Cid, quien dijo, sin presentar pruebas, que había una conspiración entre Bolsonaro y sus asesores, tanto civiles y militares, para quedarse en el poder después de perder las elecciones contra Lula en 2022.
La causa la lidera el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, el mayor aliado de Lula. El magistrado, un ferviente anti-Bolsonaro cuyo único objetivo en el Tribunal Supremo es ver a Bolsonaro tras las rejas, nombró el operativo como «Tempus Veritatis«, u «hora de la verdad«, en latín.
En la causa, la Policía Federal de Lula ya ha ejecutando 33 órdenes de allanamiento e incautación, cuatro órdenes de aprehensión preventiva y 48 medidas cautelares. Entre las medidas cautelares está la prohibición de contacto entre los investigados, lo cual ha incomunicado a Bolsonaro con sus principales estrategas políticos.
También, el juez forzó la entrega de pasaportes de todos los implicados, bajo el riesgo de que se escapen del país. De esta manera, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien se exilió a Estados Unidos el mismo día que debía entregarle el mando a Lula, pero que luego regresó tres meses después, no puede salir más del país.
Según las delirantes teorías que propone el juez Moraes, Bolsonaro impulsó «actos antidemocráticos» para «abolir el Estado Democrático de Derecho» mediante un «golpe de Estado cívico-militar«, pero finalmente no se animó a hacerlo.
