Caracas. – La defensa legal del narcotirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, intentará frenar el proceso penal en Estados Unidos, argumentando una supuesta «inmunidad diplomática como jefe de Estado», y cuestionando la legalidad de su aprehensión por parte de fuerzas militares estadounidenses.
“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones en el momento en que se presentaron los cargos”, recalcó en su reclamo el abogado de Maduro, Barry Pollack.
El jurista entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.
Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.
El argumento de inmunidad plantea una cuestión jurídica poco habitual en los tribunales estadounidenses. El principio de que los jefes de Estado en ejercicio gozan de protección frente a procesos judiciales en otros países forma parte de una tradición de larga data del derecho internacional y es considerado un elemento fundamental de las relaciones diplomáticas.
Sin embargo, expertos legales consideran que Maduro enfrenta una difícil batalla para convencer al juez federal de distrito Alvin Hellerstein.
Uno de los principales obstáculos es la posición de Washington sobre su estatus. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de las elecciones de 2018, que el Gobierno estadounidense calificó de fraudulentas. Posteriormente, Washington también rechazó como fraudulenta su reelección de 2024.
Se esperaba que Maduro solicitara el miércoles la inmunidad soberana, puesto que vencía el plazo fijado por el juez Alvin Hellerstein para que la defensa presentara sus argumentos.La Fiscalía de Estados Unidos tiene hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, previsiblemente en contra.









